En las elecciones venideras vuelve y juega este mamotreto, pues Duque sostiene con sobra de razones que se hace menester un gran acuerdo nacional para introducirle ajustes que en verdad hagan de él un instrumento para la construcción de una paz estable y duradera,mientras que Petro insiste en su propósito de ejecutarlo tal como está, con las modificaciones adoptadas por la Corte Constitucional y el Congreso.
Este documento es tedioso a más no poder, pero el voto en conciencia obliga a repasarlo, si es que ya se lo ha leído, o a abordarlo por primera vez, pues así Petro ande ahora exhibiéndose como paladín de la democracia liberal, su contenido muestra que está hecho a la medida de las aspiraciones de las Farc, para situarlas al borde de la toma del poder que les permita llevar a cabo ese proyecto totalitario y liberticida que aquel niega, pero lleva in péctore.
Los lectores pueden consultarlo en el siguiente enlace: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
Si lo prefieren, aquí aparece un resumen del mismo: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/index.html
Sus temas fundamentales son: Política de Desarrollo Agrario Integral; Participación Política; Solución al Problema de las Drogas Ilícitas; Punto sobre las Víctimas del Conflicto Armado; Fin del Conflicto; Implementación, Verificación y Refrendación.
Se cuenta que en una reunión con empresarios Santos les dijo que, como las Farc llevaban medio siglo batallando por el campo, para hacer la paz había que entregárselo. Y tal es el cometido de la Reforma Rural Integral que se convino en el primer capítulo del NAF.
No es fácil sintetizarlo en pocas líneas. Uno de sus propósitos es la alteración radical del esquema de propiedad de los terrenos rurales con el propósito de distribuirla a familias y organizaciones campesinas. Todos los propietarios actuales están en la mira. Los procedimientos para despojarlos son variados: revisión de titulaciones; incremento asfixiante del impuesto predial; expropiación; extinción del dominio por uso inadecuado (por ejemplo, la ganadería).
Todo ello irá acompañado de la promoción de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, que incluyen distintos programas tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población campesina. Estos compromisos implicarán gastos ingentes cuya estimación se ha hecho de forma aproximada y darán lugar a la creación de estructuras burocráticas y a la destinación de recursos cuyo manejo esperan las Farc que se les confíe. Piénsese, pues, en el poder que le otorgará el control de varios billones de pesos a un partido político que apenas obtuvo 50.000 votos en su primera salida electoral.
Este capítulo se inspira en la ideología del Socialismo del Siglo XXI, que mira con muy malos ojos al empresariado agropecuario y todo lo que implique modernización del sector. En términos de Álvaro Gómez Hurtado, parte de una visión miserabilista que ignora sus potencialidades productivas. Es un proyecto de colectivización susceptible de desestabilizar la economía, como sucedió en Venezuela. Es bien sabido que las hambrunas del siglo XX se produjeron precisamente bajo regímenes socialistas.
El segundo capítulo dice promover la apertura política para construir la paz. Dizque para profundizar la democracia, se habla de garantías para los partidos y los movimientos políticos de oposición, así como para los movimientos y organizaciones sociales, específicamente en lo que concierne a la movilización y la protesta "pacífica"(esta incluye los disturbios, No. 2.2.2). Es lo que aquí he denominado la democracia tumultuaria que tanto le gusta a Petro y que, una vez generalizada, conlleva la destrucción de la autoridad. Lo acordado hace prácticamente imposible el mantenimiento del orden público. Por otra parte, se incluyen garantías dizque en favor de la tolerancia y la no estigmatización, en virtud de las cuales no será posible llamar en adelante las cosas por su nombre (por ejemplo, decirle criminal a Santrich).
El tercer capítulo versa sobre el modus operandi del cese de hostilidades bilateral y definitivo que dará lugar a la reincorporación de las Farc a la vida civil. Acá hay aspectos que ya son irreversibles y otros que tienen que ver con las bases guerrilleras que Duque dice que hay que atender. Pero queda en pie la cuestión de si las Farc han cumpliido realmente con la dejación y entrega de armas, así como con la desarticulación de sus frentes, habida cuenta del fenómeno de las disidencias. Además, se estipulan privilegios exorbitantes que tienden a hacer de las Farc un partido hegemónico dotado de ventajas inadmisibles dentro dentro de una sana concepción de la democracia.
Santos ha dicho que el precio estipulado es irrisorio en comparación con las vidas que se han salvado, pero incurre en grave confusión, pues no se lo acordó para que dejáramos de matarnos con las Farc, sino para que estas dejaran de matarnos. Son dos cosas muy distintas.
Comentario especial merece el numeral 3.4 sobre garantías de seguridad y lucha contra organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as (sic) de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
Esto se explica porque las Farc quieren protegerse de sus enemigos ancestrales. Pero, ¿quién protegerá a las comunidades de las asechanzas de las mismas Farc o sus sucesoras, las disidencias?
En esta sección hay dos figuras muy inquietantes: la Unidad Especial de Investigación (3.4.4) y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional (3.4.5), que guardan oscuras semejanzas con los cuerpos de seguridad y policía política de los regímenes comunistas, al estilo de la KGB soviética, la Stasi de Alemania Oriental, el G-2 cubano o la Sebin venezolana.
Uno de los capítulos más controvertidos del NAF es el 4o., relacionado con el problema de las drogas ilícitas. Ahí se puso de manifiesto la estupidez de los negociadores del gobierno y la audacia de los de las Farc. Aquellos cayeron como chorlitos aceptando que el narcotráfico se considere como conexo con el delito político, contra expresa prohibición del artículo 10 de la Convención de Viena, y limitando de tal manera la acción de las autoridades que ha dado lugar a un inusitado crecimiento de los cultivos de coca y, por consiguiente, de la producción de cocaína. Ningún gobernante responsable, que Santos no lo es, puede comprometerse a mantener incólume esta sección del NAF.
El Acuerdo sobre Víctimas del Conflicto contiene un supuesto "Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición" en el que las víctimas son convidados de piedra, según lo han puesto de presente sus auténticos defensores, tales como la senadora Sofía Gaviria y el periodista Herbin Hoyos. Con ellas parece estar cumpliéndose el "quizás, quizás, quizás" que ofreció el hoy extraditable alias Santrich. En cuanto a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), bien claro ha quedado que son instrumentos al servicio de las retaliaciones de las Farc y la impunidad de sus capos. Son dos monstruos institucionales que mejor sería hacer desaparecer, mientras más pronto mejor.
Si la Corte Constitucional guardara la debida coherencia sobre sus doctrinas acerca de los "principios basilares" que informan la Constitución, habría tenido que declarar que el modus operandi de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final (CSIVI) implica una flagrante trasgresión del principio de la soberanía del pueblo colombiano, al igual que el procedimiento de selección de los integrantes de la Comisión de la Verdad y la JEP, pues dejan en manos de extranjeros asuntos que sin duda alguna deberían ser del resorte de nuestras autoridades.
Dentro de los principios generales de implementación se considera el enfoque de género, vale decir, la ideología de género, que ofende las creencias de católicos y cristianos. El mismo Santos reconoció hace poco que este tema dio lugar al 35% de los votos de rechazo del NAF. En rigor, mediante tal principio se promueve una revolución cultural de vasto alcance a espaldas de la voluntad popular y hasta en contra suya.
Estas son, a vuelo de pájaro, algunas glosas sobre temas que merecen considerarse más en detalle, a fin de que lo convenido contra derecho por Santos y dizque refrendado tramposamente por el Congreso logre la adhesión del pueblo y conduzca de veras a los propósitos que lo animaron.
No es fácil sintetizarlo en pocas líneas. Uno de sus propósitos es la alteración radical del esquema de propiedad de los terrenos rurales con el propósito de distribuirla a familias y organizaciones campesinas. Todos los propietarios actuales están en la mira. Los procedimientos para despojarlos son variados: revisión de titulaciones; incremento asfixiante del impuesto predial; expropiación; extinción del dominio por uso inadecuado (por ejemplo, la ganadería).
Todo ello irá acompañado de la promoción de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, que incluyen distintos programas tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población campesina. Estos compromisos implicarán gastos ingentes cuya estimación se ha hecho de forma aproximada y darán lugar a la creación de estructuras burocráticas y a la destinación de recursos cuyo manejo esperan las Farc que se les confíe. Piénsese, pues, en el poder que le otorgará el control de varios billones de pesos a un partido político que apenas obtuvo 50.000 votos en su primera salida electoral.
Este capítulo se inspira en la ideología del Socialismo del Siglo XXI, que mira con muy malos ojos al empresariado agropecuario y todo lo que implique modernización del sector. En términos de Álvaro Gómez Hurtado, parte de una visión miserabilista que ignora sus potencialidades productivas. Es un proyecto de colectivización susceptible de desestabilizar la economía, como sucedió en Venezuela. Es bien sabido que las hambrunas del siglo XX se produjeron precisamente bajo regímenes socialistas.
El segundo capítulo dice promover la apertura política para construir la paz. Dizque para profundizar la democracia, se habla de garantías para los partidos y los movimientos políticos de oposición, así como para los movimientos y organizaciones sociales, específicamente en lo que concierne a la movilización y la protesta "pacífica"(esta incluye los disturbios, No. 2.2.2). Es lo que aquí he denominado la democracia tumultuaria que tanto le gusta a Petro y que, una vez generalizada, conlleva la destrucción de la autoridad. Lo acordado hace prácticamente imposible el mantenimiento del orden público. Por otra parte, se incluyen garantías dizque en favor de la tolerancia y la no estigmatización, en virtud de las cuales no será posible llamar en adelante las cosas por su nombre (por ejemplo, decirle criminal a Santrich).
El tercer capítulo versa sobre el modus operandi del cese de hostilidades bilateral y definitivo que dará lugar a la reincorporación de las Farc a la vida civil. Acá hay aspectos que ya son irreversibles y otros que tienen que ver con las bases guerrilleras que Duque dice que hay que atender. Pero queda en pie la cuestión de si las Farc han cumpliido realmente con la dejación y entrega de armas, así como con la desarticulación de sus frentes, habida cuenta del fenómeno de las disidencias. Además, se estipulan privilegios exorbitantes que tienden a hacer de las Farc un partido hegemónico dotado de ventajas inadmisibles dentro dentro de una sana concepción de la democracia.
Santos ha dicho que el precio estipulado es irrisorio en comparación con las vidas que se han salvado, pero incurre en grave confusión, pues no se lo acordó para que dejáramos de matarnos con las Farc, sino para que estas dejaran de matarnos. Son dos cosas muy distintas.
Comentario especial merece el numeral 3.4 sobre garantías de seguridad y lucha contra organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as (sic) de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
Esto se explica porque las Farc quieren protegerse de sus enemigos ancestrales. Pero, ¿quién protegerá a las comunidades de las asechanzas de las mismas Farc o sus sucesoras, las disidencias?
En esta sección hay dos figuras muy inquietantes: la Unidad Especial de Investigación (3.4.4) y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional (3.4.5), que guardan oscuras semejanzas con los cuerpos de seguridad y policía política de los regímenes comunistas, al estilo de la KGB soviética, la Stasi de Alemania Oriental, el G-2 cubano o la Sebin venezolana.
Uno de los capítulos más controvertidos del NAF es el 4o., relacionado con el problema de las drogas ilícitas. Ahí se puso de manifiesto la estupidez de los negociadores del gobierno y la audacia de los de las Farc. Aquellos cayeron como chorlitos aceptando que el narcotráfico se considere como conexo con el delito político, contra expresa prohibición del artículo 10 de la Convención de Viena, y limitando de tal manera la acción de las autoridades que ha dado lugar a un inusitado crecimiento de los cultivos de coca y, por consiguiente, de la producción de cocaína. Ningún gobernante responsable, que Santos no lo es, puede comprometerse a mantener incólume esta sección del NAF.
El Acuerdo sobre Víctimas del Conflicto contiene un supuesto "Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición" en el que las víctimas son convidados de piedra, según lo han puesto de presente sus auténticos defensores, tales como la senadora Sofía Gaviria y el periodista Herbin Hoyos. Con ellas parece estar cumpliéndose el "quizás, quizás, quizás" que ofreció el hoy extraditable alias Santrich. En cuanto a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), bien claro ha quedado que son instrumentos al servicio de las retaliaciones de las Farc y la impunidad de sus capos. Son dos monstruos institucionales que mejor sería hacer desaparecer, mientras más pronto mejor.
Si la Corte Constitucional guardara la debida coherencia sobre sus doctrinas acerca de los "principios basilares" que informan la Constitución, habría tenido que declarar que el modus operandi de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final (CSIVI) implica una flagrante trasgresión del principio de la soberanía del pueblo colombiano, al igual que el procedimiento de selección de los integrantes de la Comisión de la Verdad y la JEP, pues dejan en manos de extranjeros asuntos que sin duda alguna deberían ser del resorte de nuestras autoridades.
Dentro de los principios generales de implementación se considera el enfoque de género, vale decir, la ideología de género, que ofende las creencias de católicos y cristianos. El mismo Santos reconoció hace poco que este tema dio lugar al 35% de los votos de rechazo del NAF. En rigor, mediante tal principio se promueve una revolución cultural de vasto alcance a espaldas de la voluntad popular y hasta en contra suya.
Estas son, a vuelo de pájaro, algunas glosas sobre temas que merecen considerarse más en detalle, a fin de que lo convenido contra derecho por Santos y dizque refrendado tramposamente por el Congreso logre la adhesión del pueblo y conduzca de veras a los propósitos que lo animaron.
Como lo conversamos este es el meollo
ResponderEliminarGracias Dr. Vallejo por ilustrarnos más con sus atinados análisis. Funesto acuerdo para el país, la democracia y la institucionalidad. JM Santos traicionó al pueblo y a la constitución que juró defender.
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