Sodoma y Gomorra

Dos hechos recientes que han suscitado en el país diversas reacciones ilustran sobre la situación moral de nuestra sociedad.

El primero toca con las denuncias de acoso sexual que formuló una funcionaria de la Defensoría del Pueblo contra el máximo jerarca de esa entidad, lo que dio lugar a que el mismo se viera forzado a renunciar a su cargo.

El segundo se refiere a la escabrosa grabación que un integrante de la Policía Nacional divulgó de una conversación suya con alguien que en ese momento era Senador de la República y hasta hace poco Viceministro del Interior, que coincidió con una serie de informaciones que se han dado a conocer sobre una red de prostitución masculina en dicho cuerpo armado, hechos que ocasionaron el retiro del Viceministro, el del Director General de la Policía y, de contera, el de la periodista que publicó la grabación.

Haré algunos comentarios sobre la grabación de marras:

- Ante todo, su contenido es susceptible de escandalizar hasta el más libertino que quepa imaginar. Es algo absolutamente sucio cuyos detalles daría vergüenza reproducir aquí.

- La conversación transcurre en el vehículo de dotación oficial del Senador y fue grabada por un oficial de la Policía. Este, según se ha dicho en la prensa, fue abusado sexualmente por un alto oficial e hizo la grabación con el ánimo de probar los nexos del  Senador con prácticas censurables en el interior de la Policía Nacional.

- Desde el punto de vista jurídico, la grabación no prueba esos nexos y tampoco podría utilizársela contra el Senador, pues se trata de prueba obtenida de modo fraudulento y con violación de sus derechos.

- Pero, desde el punto de vista ético, deja por el suelo tanto al Senador como al oficial de la Policía que efectuó la grabación. Este último se deja ver como un malvado. Su actitud es demoníaca, pues le tiende al Senador una celada para extraerle las más ignominiosas confesiones.

- Sobre los aspectos éticos de la publicación que hizo Vicky Dávila, remito a dos escritos que arrojan bastante luz al respecto, procedentes el uno de María Jimena Duzán (http://www.semana.com/opinion/articulo/maria-jimena-duzan-el-fin-del-periodismo/461264#) y el otro, de María Isabel Rueda (http://app.eltiempo.com/opinion/columnistas/el-linchamiento-de-vicky-maria-isabel-rueda-columnista-el-tiempo/16515870). No sobra, además, considerar lo que a modo de descargos declaró Vicky Dávila en reportaje con Daniel Coronell que acaba de publicar la revista Semana (http://www.semana.com//opinion/articulo/daniel-coronell-almendras-amargas-vicky-davila-habla-de-su-salida-de-la-fm/461229#cxrecs_s).

- Si Vicky Dávila obró con la intención, muy legítima por cierto, de poner el dedo en la llaga en asunto que evidentemente afecta el bien común, su proceder es irreprochable, así haya afectado la sensibilidad de los allegados al Senador. El derecho a la intimidad no es absoluto, máxime si se considera el contexto dentro del cual se dio la conversación del Senador con el oficial de la Policía. Aquel olvidó un dicho viejo de siglos y muy sabio por lo demás: "Si no quieres que se sepa, no lo hagas".

- Por supuesto, si las intenciones de Vicky Dávila eran otras, tal como lo han insinuado por ahí, el juicio ético sobre su proceder dependerá de la calidad de las mismas. Alguno ha dicho, en efecto, que su propósito era derribar al general Palomino, pero terminó pisándole callos a Santos.

- Entra en juego así un tema de enorme gravedad: ¿Sí o no, influyó Santos en el despido de Vicky Dávila de su puesto en la FM? El asunto es análogo al que se plantea en una excelente película que acaba de presentarse en los teatros, "Conspiración y Poder", que deja flotando en el ambiente la inquietud acerca de si el presidente Bush hijo actuó sobre la CBS para censurar al equipo periodístico que denunció que se había valido de sus influencias para que lo incorporaran a la Guardia Aérea Nacional como piloto, eludiendo de ese modo el llamado a filas para servir en la guerra de Vietnam.

- En alguna parte leí que un personaje de Sófocles hablaba del apetito carnal designándolo como un "amo cruel y avasallador". Pero un amigo me dice que es Glaucón el que en un diálogo platónico hace esa aseveración. Venga de donde viniere, el dicho está preñado de buenas razones que el pensamiento que impera hoy en día desconoce de modo rampante. Si bien las ideas tradicionales sobre la sexualidad pueden adolecer de prejuicios, tabúes y, en general, afirmaciones infundadas, las que en los tiempos que corren se han impuesto, más por obra de la ideología que de la ciencia, no son menos cuestionables, pues en nombre de los sagrados derechos del individuo siembran las semillas de los abrojos de la disolución del cuerpo social.

- Son ideas que parecen seguir la consigna de Iván Karamazov, el célebre personaje de Dostoiewsky, para quien "Si Dios no existe, todo está permitido". Y puesto que a Dios se lo ha desterrado en el pensamiento actual tanto de la moral como del derecho, poniendo en su lugar el sacrosanto deseo humano, no pocos tienden a exaltar el apetito carnal como lo máximo en lo que a la realización del ser humano concierne y, por consiguiente, como el núcleo mismo de la libertad o, como suele decirse hoy en día, de la emancipación tanto del hombre como de la mujer. Sexo sin el autocontrol que Bertrand Russell consideraba necesario para evitar descalabros tanto en la vida individual como en la de relación, y sin responsabilidad por otro resultado que no sea el goce mismo, es la gran divisa que hoy proclaman los medios de comunicación, los productos culturales y la educación, cuando no la ley misma, tal como lo están imponiendo los "progresistas" en los países avanzados.

- Mucha gente que se considera ilustrada y liberada exalta estas tendencias como si se tratase de grandes progresos en el camino del ser humano hacia la conquista de la felicidad, ignorando cuán ilusoria es esta última y de cuántas cadenas se cargan las personas cuando dan rienda suelta a sus pulsiones, sobre todo esas de orden sexual que Buñuel identificó en una película memorable como atinentes a "El Oscuro Objeto del Deseo".

- Ese oscuro objeto se pone de manifiesto en la procaz conversación entre el Senador y el Capitán de la Policía, en los  exhibicionistas "selfies" que el Defensor del Pueblo le envió a su secretaria, en la red de prostitución policial puesta al servicio de los turbios apetitos de los congresistas. Pero sus seducciones no se quedan ahí, sino que se extienden a la sociedad entera. Lo que se ha denunciado es apenas parte mínima de la ruina moral que por obra de unas concepciones perversas acerca de la sexualidad humana se ha extendido a todo lo largo y ancho de la sociedad colombiana.

- "Sodoma y Gomorra" es el título de la sección de "En busca del tiempo perdido" en que Proust se interna en la subcultura de las perversiones sexuales. Esas valoraciones, esos comportamientos, en fin, esos modos de vida que las sociedades humanas en general han considerado desviados y nada recomendables a lo largo de siglos, eran hace un siglo propios de personas que actuaban a la sombra y en círculos más o menos cerrados. Las tendencias ideológicas que predominan en la actualidad han hecho que el espíritu de esas ciudades malditas se esparza por doquiera, de modo que los vicios nefandos que acaban de conocerse en el interior de la Policía Nacional probablemente afecten a muchas otras entidades públicas y privadas, y sean más frecuentes que lo que se cree.

- No obstante ello, la gente del común se asquea y escandaliza frente a tamaño cúmulo de perversiones. La vieja moral, que probablemente sea, ni más ni menos, la moral natural, sigue vigente en no pocos espíritus y reacciona contra el ambiente depravado que reina en muchos escenarios de la vida colombiana. No tardará en surgir en nuestro país una corriente que agite la vieja bandera gaitanista de la "Restauración Moral de la República".

El Corazón de las Tinieblas

Cualquiera sea la pregunta que se haga en el plebiscito que plantea convocar Santos en procura de una refrendación popular de los acuerdos que suscriba con las Farc, su trasfondo es tenebroso a más no poder.

De hecho, esa pregunta dirá lo siguiente: "¿Aprueba, sí o no, la dictadura de Juan Manuel Santos?

El proyecto de Acto Legislativo que está a consideración del Congreso y comenté en mi último artículo, va precisamente en ese sentido: hacer de Santos un dictador. 

Él, en efecto, dispondrá sobre las reformas constitucionales que se someterán a la "improbación" del Congreso, a sabiendas de que difícilmente sus opositores podrían reunir los votos suficientes para negarlos por mayoría, y gozará de amplísimas facultades extraordinarias para expedir hasta por el término de 180 días toda la legislación que se considere pertinente para el cabal desarrollo de los acuerdos con las Farc.

Todo eso sucederá si el Congreso aprueba ese proyecto de Acto legislativo y la Corte Constitucional no lo declara inexequible. El plebiscito solo servirá para darle un lustre de legitimidad popular a la dictadura.

Llamo la atención sobre lo siguiente:

-Implícitamente el proyecto de marras estipula que las reformas constitucionales y legales que promueva el Gobierno para dar cumplido efecto a los acuerdos con las Farc deberán ceñirse a estos últimos. Ello se propone de modo explícito para las modificaciones que a las iniciativas gubernamentales proponga el Congreso, según reza el literal h) del artículo transitorio sobre Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, pero se supone que también lo que proponga el Gobierno deberá ajustarse a lo acordado en La Habana.

Así las cosas, a las Farc se les dará gusto en dos temas sustanciales:

- Su aspiración a que lo que se firme en La Habana se considere como acuerdos especiales que según ciertas interpretaciones de los Protocolos de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario se incorporarían ipso facto al derecho interno. En tal virtud, esos acuerdos entrarían a hacer parte del llamado Bloque de Constitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico, sin necesidad de que se surtan formalidades o procedimientos adicionales.

- Su aspiración, además, a que el contenido de los acuerdos de La Habana tenga la calidad de "cláusulas pétreas", es decir, inmodificables incluso por el Constituyente.

De hecho, entonces, los negociadores del Gobierno y las Farc en La Habana configuran un poder constituyente, todo lo estrambótico que pueda parecernos, que está sentando las bases de un nuevo ordenamiento político, económico y social, sin que los colombianos nos percatemos de ello ni, desde luego, podamos participar en su concepción y decisión. Ese poder constituyente tiene un solo freno. la voluntad de Juan Manuel Santos, que según su arbitrio puede avalar o frenar ese proceso.

Llama la atención que las Farc, que son una agrupación narcoterrorista sin Dios ni Ley y han despreciado hasta el cansancio toda juridicidad, se muestren ahora tan sutiles en estos achaques. Pero hay que entender que la soga con que amarran a Santos y su cohorte no los liga a ellos. El día de mañana podrán decir que el Estado no les cumplió y, por consiguiente, volverán a sus andadas. Para curarse en salud, los llamados a verificar la ejecución de los acuerdos son sus patrocinadores de la izquierda regional.

No cabe duda de que todas las reformas constitucionales y legales que va a impulsar Santos tendrán el aval de las Farc. En realidad, él será solo un dictador nominal, pues el hombre fuerte, el poder tras el trono, será el tristemente célebre "Timochenko".

Como reza el título de una famosa novela de Balzac, aquí nos hallamos frente a "Un Asunto Tenebroso". O, como en la otra no menos famosa de Joseph Conrad, estamos llegando en nuestra travesía a "El Corazón de las Tinieblas".

En conclusión, votar No en el plebiscito es rechazar la dictadura de Santos y su sumisión a las Farc.

¡COLOMBIA, DESPIERTA ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE!

Revolución en Marcha

El desarrollo de los acuerdos que se pretende celebrar con las Farc en La Habana implicará, en caso de que se los firmare, una cantidad ingente de profundas reformas constitucionales y legales que implicarán, a no dudarlo, una verdadera revolución cuyos alcances no estamos todavía en capacidad de prever a cabalidad, pero de seguro traerán consigo gravísimas repercusiones en todos los escenarios de la sociedad colombiana.

Mi apreciado amigo Rafael Uribe Uribe se ha dado a la tarea de recopilar lo que se sabe que piden las Farc y el gobierno ya les ha concedido o se apresta a concederles. Los lectores pueden consultar el resultado de su investigación en http://rafaeluribe.blogspot.com y específicamente en http://rafaeluribe.blogspot.com.co/2015/11/cronica-613.html. 

Destaco uno solo de esos pedidos, tal como lo presenta la Crónica:

Fonanpaz

Se creará un Fondo Nacional para el Fin del Conflicto, la Reconciliación y la Construcción de la paz, FONAPAZ de origen constitucional con una vigencia mínima de diez años cuyas asignaciones presupuestales no pueden ser inferiores al 4% del PIB y no podrá afectarse por la sostenibilidad fiscal ni por la regla fiscal.

Se alimentará redefiniendo la estructura del gasto público especialmente el de defensa, creando una contribución especial a grandes capitales nacionales, extranjeros y grandes empresas del agro. Otra contribución extra a la extracción de recursos naturales, mineros y energéticos ¿incluiría la generación de energía? Participación en el fondo Nacional del Ahorro, las Regalías y recursos provenientes de la Comunidad Internacional ¿la que no ha podido conseguir Juampa en sus anuncios del postconflicto en la Comunidad Europea? Y la chistosa: exigir a los Estados Unidos destinar todos los recursos de ayuda militar a Colombia para el fondo. Será manejado por La Comisión Nacional del Plan ¿quienes integrarían esta comisión? 

Con miras a darles vida jurídica a las exigencias de la guerrilla narcoterrorista, el gobierno ha sometido a la consideración del Congreso el proyecto de acto legislativo “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. (Vid. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/proyecto-acto-legislativo-paz-2015.pdf=)

Este proyecto, que ya fue aprobado en primer debate, se ocupa de dos grandes temas:

-Las reformas constitucionales que deberán expedirse para cumplir el Acuerdo.

-Las reformas legales pertinentes sobre lo mismo.

Respecto de lo primero, se pretende que la Constitución se reforme al tenor del siguiente procedimiento:

-La iniciativa solo la tendría el Gobierno.

-El trámite se efectuaría en dos debates.

-El primer debate de estos proyectos se surtiría en una Comisión Legislativa para la Paz integrada por los miembros de las comisiones primeras de Senado y Cámara y doce Congresistas adicionales designados por las mesas directivas de ambas cámaras en conjunto, preservando la representación proporcional de los partidos y asegurando la representación de las minorías étnicas.

-El segundo debate tendría lugar en las plenarias de cada una de las Cámaras.

-Los proyectos sólo podrían tener modificaciones en el primer debate, siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional.

-En este procedimiento las cámaras sólo podrían improbar los proyectos. Surtido el trámite, si no hubiere habido improbación por mayoría absoluta, se sancionarán o promulgarán los proyectos según el caso, con las modificaciones que se hubieren introducido en el primer debate.

-Lo aprobado estaría sometido al control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, pero solo por motivos formales, no de fondo.

En cuanto a las reformas legales, se tendría lo siguiente:

-Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigencia del Proyecto de Acto legislativo para la Paz o a la firma del Acuerdo Final con las Farc (lo que fuere posterior), se otorgarían facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final. Estas facultades podrían prorrogarse por una sola vez durante 90 días más mediante decreto Presidencial.

-Vencido el término de las facultades, las reformas legales deberían adoptarse por el Congreso mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, de modo similar a los actos legislativos, pero el segundo debate se surtiría ante el Congreso en pleno.

En un escrito anterior formulé mis glosas jurídicas acerca de este proyecto, que a no dudarlo implica, más que una reforma de la Constitución, la sustitución de la misma o algo peor, su subversión.(Vid. http://jesusvallejo.blogspot.com.co/2015_09_01_archive.html).

Los dirigentes del país no parecen haberse percatado de lo que significan los dos "articulitos" que integran el proyecto de marras.

Como quien no quiere la cosa, por esta vía se aspira a que un Congreso emasculado y sometido a la coyunda gubernamental expida de hecho una nueva Constitución al gusto de las Farc. Y todo su desarrollo legislativo quedaría por el término de 90 días en poder de Santos, quien también de hecho asumiría podres propios de un dictador.

No insistiré en los estropicios jurídicos que conlleva esta torpe iniciativa, pues el respeto por la juridicidad ha desaparecido del todo entre quienes nos dirigen. Hago hincapié, en cambio, en las implicaciones de toda índole que se derivan de consagrar como dictador a Juan Manuel Santos, un gobernante ya desacreditado que no cuenta con respaldo popular y cuyas condiciones morales e intelectuales suscitan todo género de cuestionamientos.

No quiero posar de alarmista, pero el panorama que esta iniciativa ofrece es simple y llanamente aterrador.

¡COLOMBIA, DESPIERTA ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE!

Palmo de narices

No otra cosa le ocurrió a Santos en su reciente peregrinación a Washington, de la que esperaba el visto bueno de las autoridades norteamericanas para su claudicación frente a las Farc.

Allá le dijeron con entera claridad que a las Farc no las retirarán de la lista de organizaciones terroristas mientras conserven sus armas y perseveren en sus actividades criminales.

Si a Santos le quedaran restos de sensatez y de decoro, se habría dado cuenta de que, en un mundo civilizado que padece los terribles flagelos del terrorismo y el narcotráfico, abogar por los narcoterroristas de las Farc no deja de ser una estupidez.

Así las Farc hayan disminuido sus atentados contra la población civil, sus frentes siguen alzados en armas y constituyen severas amenazas contra las comunidades que ya el Estado se niega a proteger dizque para no poner en peligro los acuerdos con los subversivos. Estos siguen sembrando minas, reclutando menores, extorsionando a la gente, promoviendo desplazamientos forzados y ejerciendo control territorial en muchas regiones del país. La base de ese control no es el apoyo de las comunidades, sino el terror con que las amedrentan. No necesitan utilizar sus armas; con solo mantenerlas a su disposición ya van logrando sus objetivos políticos.

Hace tiempos leí en Bogotá un ingenioso graffiti que rezaba así: "El amor es ciego, pero los vecinos no".

Lo que en términos generales podemos llamar el "establishment" colombiano parece embobado con Santos y se hace tanto el de la vista gorda como el de la oreja mocha frente a lo que él hace y dice. Da la impresión de que todo se lo traga con embeleso. Pero la gente de la calle, según las encuestas, no participa de ese entusiasmo y piensa que el país va por muy mal camino. Y nuestros vecinos del norte, que son las víctimas por excelencia  del narcotráfico no ven con buenos ojos que, gracias a la complacencia de Santos con las Farc, Colombia ya supere a Perú y Bolivia juntos en producción de cocaína destinada a envenenar al pueblo norteamericano.

No es improbable que el gobierno de los Estados Unidos mantenga presente lo que el nuestro quizás tenga ya archivado por ahí en algún cajón, a saber: la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas sicotrópicas, en cuya introducción se formulan las siguientes declaraciones:

"Las Partes en la presente Convención

"Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad, 

"Profundamente preocupadas asimismo por la sostenida y creciente penetración del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en los diversos grupos sociales y, particularmente, por la utilización de niños en muchas partes del mundo como mercado de consumo y como instrumentos para la producción, la distribución y el comercio ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, lo que entraña un peligro de gravedad incalculable,

"Reconociendo los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con él, que socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados,

"Reconociendo también que el tráfico ilícito es una actividad delictiva internacional cuya supresión exige urgente atención y la más alta prioridad,

"Conscientes de que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles,

 "Decididas a privar a las personas dedicadas al tráfico ilícito del producto de sus actividades delictivas y eliminar así su principal incentivo para tal actividad,

"Deseosas de eliminar las causas profundas del problema del uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, comprendida la demanda ilícita de dichas drogas y sustancias y las enormes ganancias derivadas del tráfico ilícito,

"Considerando que son necesarias medidas de control con respecto a determinadas sustancias, como los precursores, productos químicos y disolventes, que se utilizan en la fabricación de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y que, por la facilidad con que se consiguen, han provocado un aumento de la fabricación clandestina de esas drogas y sustancias,

"Decididas a mejorar la cooperación internacional para la supresión del tráfico ilícito por mar,

"Reconociendo que la erradicación del tráfico ilícito es responsabilidad colectiva de todos los Estados y que, a ese fin, es necesaria una acción coordinada en el marco de la cooperación internacional, 

"Reconociendo también la competencia de las Naciones Unidas en materia de fiscalización de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y deseando que los órganos internacionales relacionados con esa fiscalización actúen dentro del marco de las Naciones Unidas,

"Reafirmando los principios rectores de los tratados vigentes sobre fiscalización de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y el sistema de fiscalización que establecen,

"Reconociendo la necesidad de fortalecer y complementar las medidas previstas en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, en esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, con el fin de enfrentarse a la magnitud y difusión del tráfico ilícito y sus graves consecuencias,

"Reconociendo también la importancia de robustecer e intensificar medios jurídicos eficaces de cooperación internacional en asuntos penales para suprimir las actividades delictivas internacionales de tráfico ilícito,

"Deseosas de concertar una convención internacional que sea un instrumento completo, eficaz y operativo, específicamente dirigido contra el tráfico ilícito, en la que se tomen en cuenta los diversos aspectos del problema en su conjunto, en particular los que no estén previstos en los tratados vigentes en la esfera de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas,

"Convienen en lo siguiente: ..."

Lo que sigue es la parte normativa de la Convención, en la que los Estados asumen distintas obligaciones, dentro de las cuales se cuenta la de erigir como delitos una serie de conductas relacionadas precisamente con el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Y para enfatizar estas obligaciones, el numeral 10 del artículo 3, que versa sobre delitos y sanciones, establece que:

"10. A los fines de la cooperación entre las Partes prevista en la presente Convención, en particular la cooperación prevista en los artículos 5, 6, 7 y 9, los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de las Partes."

Tiene que producir entonces justificada alarma en la comunidad internacional que el gobierno colombiano resuelva acordar con una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosa del mundo, como son las Farc, que su actividad como tal es constitutiva de delitos políticamente motivados, debe considerársela como conexa con el delito de rebelión y amerita tratamiento benigno, como si de una actividad inspirada en consideraciones altruístas se tratase.

Por supuesto que burlarse de otro no es algo de buen recibo en las esferas diplomáticas, pero a solas o a espaldas de Santos y sus agentes internacionales no han de faltar los que se  estén riendo a mandíbula batiente de la ocurrencia de manifestar que en virtud de los acuerdos de La Habana las Farc estarían dispuestas a mudar su carácter de actores del narcotráfico para transformarse en fiscalizadores del mismo, lo que, dicho en buen romance, equivaldría a amarrar gato con longaniza o a poner a los ratones a cuidar el queso.

Hace algún tiempo escribí en este blog un artículo titulado "Seamos serios". Por Dios, señor Santos, no nos crea bobos.

¡COLOMBIA, DESPIERTA ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE!