La Uña De La Gran Bestia

Es bien sabido que las Farc han gozado del soporte de un Partido Comunista Clandestino (PCC) del que hacen parte personajes que ocupan altas posiciones en las distintas esferas dirigentes de nuestro país.

En su libro "Me niego a arrodillarme", el coronel Hernán Mejía Gutiérrez se atreve a ofrecer datos sobre el asunto. Señala, nada menos, que a Juan Manuel Santos y Sergio Jaramillo Caro como colaboradores del PCC y afirma que fue por sus denuncias que ellos desataron una implacable persecución en su contra.

El tiempo dirá si esos señalamientos del coronel Mejía están bien fundados o no. Pero lo cierto es que el PCC ya está sacando abiertamente las uñas.

El exabrupto de la consejera de Estado que admitió contra disposición expresa de la Constitución Política una demanda electoral sobre el plebiscito del 2 de octubre pasado, invocando audaces consideraciones políticas y ordenando que se pusiera en acción el NAF (Nuevo Acuerdo Final con las Farc), ofrece un indicio grave de la presencia del PCC en la corporación de que ella hace parte. Ha trascendido que las Farc tuvieron conocimiento previo de esa insólita providencia y que el esposo de la consejera, que fue hace algún tiempo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es uno de los juristas encargados de elaborar el ordenamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz prevista en el NAF.

Por ahí se va desenredando el ovillo del PCC, cuyos hilos parecen extenderse a otros sectores que influyen decisivamente en la vida nacional, tales como la política, la universidad, la prensa, la jerarquía eclesiástica, la empresa, las ONG e incluso las fuerzas armadas.

El PCC ha sido hasta ahora una sociedad secreta, como su propio nombre lo indica. Ha actuado entonces ciñéndose rigurosamente a las pautas de ese tipo de organizaciones. Pero, con las Farc obrando abiertamente  al asalto del poder, pasará probablemente a actuar como una sociedad discreta, del mismo modo que lo hace la Masonería.

Sus cuadros se irán poniendo de manifiesto cuando Santos, obedeciendo las consignas de Timochenko, integre el gobierno de transición con las Farc. Esa transición no tiene otro sentido que poner en marcha los dispositivos de la revolución socialista en Colombia.

Así hablen de paz y de reconciliación, la Farc no han ocultado que su  propósito final es instaurar  en nuestro país un régimen socialista al estilo del cubano y el venezolano. Dicho con toda crudeza, aspiran a someternos a un sistema totalitario y, por ende, liberticida. Es verdad que hablan de profundizar la democracia, de gobernar para el pueblo, de hacer efectivas la libertad y la igualdad, de realizar el sueño emancipatorio que anima a la ideología marxista-leninista, pero esos conceptos no solo difieren notablemente de los que proclama el pluralismo de las democracias occidentales, sino que son del todo incompatibles con ellos. 

El NAF no está pensado para la convivencia pacífica de quienes promueven distintas concepciones sobre el bien común, pues su estructura y su modus operandi están diseñados para ubicar a las Farc en posiciones de preponderancia sobre las demás fuerzas políticas. Bien mirado, ese documento no es un acuerdo de paz, sino de rendición del Estado ante las Farc, cuyos capos ya están bien enterados de la falta de carácter de nuestra clase dirigente, que se ha mostrado incapaz de ponerles freno a sus proditorias ambiciones. Los privilegios exorbitantes que les concede el NAF están pensados para que en poco tiempo se impongan, por distintos medios, sobre los otros partidos y movimientos políticos.

Dado su espíritu revolucionario, no cabe esperar de las Farc y su cómplice, el PCC, una sujeción leal a las reglas de juego de nuestro sistema político. De hecho, ya saben bien cuán dúctiles son esas reglas y con qué facilidad se las puede violar, pues Santos les ha suministrado ejemplos elocuentes acerca de cómo destruir el ordenamiento institucional. 

En rigor, las Farc invocarán la Ley del Embudo: la parte amplia, para ellas; la estrecha, para los otros. Tienen a su favor la suprema instancia política, en la que en rigor ya reposa la soberanía estatal: la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final).

Es un lugar común aquello de que quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. Por desgracia, nuestra clase dirigente carece de una conciencia histórica bien fundada y definida. Ignora, en consecuencia, la naturaleza intrínsecamente criminal de los sistemas totalitarios y los feroces rasgos demoníacos de la moralidad revolucionaria.

Leo en estos momentos un libro esclarecedor, "El Diablo en la Historia", de Vladmir Tismaneanu. Su tema es el totalitarismo del siglo XX en sus dos peores versiones, el comunismo soviético y el nazismo alemán. En sus páginas 181 a 183 transcribe varios pasajes muy ilustrativos del Catecismo Revolucionario del terrorista ruso Sergei Nechaev, que influyó notablemente en las consignas de Lenin. Quienes estén interesados en leer ese documento a todas luces estremecedor pueden descargarlo pulsando el siguiente enlace:

https://bibliotecanacionandaluzasevilla.files.wordpress.com/2008/10/catecismo-de-un-

revolucionario.pdf

Nosotros hemos padecido los estragos de una clase política amoral, la de los Ñoños y los Musas, los Roys y los Benedettis, por no decir  el Samper y el Santos. Preparémonos ahora a sufrir el castigo de una clase política formada en las consignas de ese tenebroso catecismo.

Dios nos guarde.

El Imperio de la Arbitrariedad

Estamos presenciando algo verdaderamente insólito: las tres ramas del poder público coludidas para demoler la Constitución de la que derivan su autoridad. Es, ahora sí, la Revolución en Marcha.

Bajo el impulso del gobierno, que se apresta a ejercer la dictadura al tenor de lo que le ordenen las Farc, el congreso y las altas cortes han resuelto desconocer el voto mayoritario que se produjo el dos de octubre pasado contra el Acuerdo Final que se firmó con las Farc y, llevándose de calle todo lo que Santos había prometido, lo que la Corte Constitucional dijo en el fallo sobre la Ley Estatutaria del Plebiscito, lo que se dispuso en el Acto Legislativo No. 1 de 2016, la lógica jurídica más elemental y los más obvios principios del decoro, a través de una política de tierra arrasada ya dan por hecho que el NAF está vigente y es como un mal espíritu que se ha apoderado del cadáver de la Constitución Política de 1991.

Esta, en efecto, ha dejado de existir para abrirle paso al NAF, que por una interpretación abusiva de los Protocolos de Ginebra y el texto del artículo 93 de la finada Carta, más que integrarse a esta como parte del Bloque de Constitucionalidad, ha adquirido como por arte de magia el rango de normatividad supraconstitucional.

La Corte Constitucional dijo claramente en la sentencia C-379/16 que el triunfo del No en el Plebiscito implicaría que el Acuerdo Final no se podría implementar y ni siquiera habría posibilidad de someterlo nuevamente a la consideración de la ciudadanía. Pero,  haciendo gala de su mentalidad de tahúr, Juan Manuel Santos resolvió maquillar ese documento, hizo la pantomima de reunirse con supuestos voceros del No dizque para tomar nota de sus observaciones, y suscribió con las Farc un Nuevo Acuerdo Final (NAF) que es sustancialmente idéntico al que el voto ciudadano rechazó y, según la Corte Constitucional, debía desecharse. 

Sabiendo que la ciudadanía no estaba dispuesta a refrendar el NAF, los rábulas que lo rodean urdieron nuevas trampas, como la de sostener que el voto de los congresistas sobre una mera proposición podría sustituir el de los ciudadanos para efectos de la refrendación popular que el artículo 5o. del Acto Legislativo No. 1 de 2016 exigió para que sus disposiciones entraran a regir.

Desdiciéndose de la doctrina que había sentado no más el 18 de julio de este año sobre los efectos del plebiscito, la Corte Constitucional resolvió en fallo que dio a conocer esta semana que el NAF podría refrendarse a través de un tortuoso procedimiento ad-hoc que ella resolvió inventar. 

Y, sin parar mientes siquiera en los detalles de ese procedimiento, el gobierno y el congreso dieron por hecho que ya se habían dado los supuestos de la refrendación y emprendieron sin reato alguno la tarea de implementar el NAF por medio de lo que se ha dado en llamar el "Fast-Track" previsto en los artículos 1o. y 2o. del Acto Legislativo No.1 de 2016.

Todo lo escrito en los textos constitucionales, todo lo que sea admisible en materia de interpretación de los mismos, en fin,  todo lo que la sana lógica entraña, se derrumba como un castillo de naipes frente al arrebato con que se quiere dar gusto a las Farc para entregarles en bandeja la institucionalidad colombiana.

Es así como se da por hecho que el NAF está vigente, cuando el artículo 4o. del mencionado Acto Legislativo dispone que habrá que incorporarlo al derecho interno mediante un "procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial", tal como puede leerse pulsando el siguiente enlace: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%2001%20DEL%207%20DE%20JULIO%20DE%202016.pdf

Según lo que viene sucediendo, a nadie le interesa este artículo con el que se pretendía rodear de la apariencia de solemnidad de tratado de derecho internacional lo que se acordase con las Farc. El gobierno y el congreso dan por hecho que el NAF está vigente y puede ponérselo en ejecución sin este requisito que pondría en calzas prietas a los magistrados para sostener sin ruborizarse que con el mismo apenas se reforma la Constitución y no se la sustituye.

Nada de eso se requerirá. El NAF ya está en acción y, cuando empiece la avalancha de decretos y proyectos de ley que las Farc le exigirán a Santos, el país se dará cuenta cabal de que la suprema instancia interna reside ya en la CSIVI que actuará bajo la tutela de los gobiernos de Cuba, Venezuela, Chile y Noruega.

La soberanía, que según el artículo 3o. de la finada Constitución Política de 1991 residía exclusivamente en el pueblo colombiano, radica ahora en poder de gobiernos extranjeros y de su agente, las Farc. El pobre Santos será apenas un títere de ellos.

La Corte de los Milagros

La "Cour des Miracles" es un lugar del viejo París, aledaño a Les Halles, que Víctor Hugo, en "El Jorobado de Nuestra Señora", describe como escenario de reuniones nocturnas de prostitutas, mendigos, ladrones y demás gente de avería que se juntaban para celebrar, con la indecencia que los caracterizaba, sus execrables desafueros.

Don Ramón del Valle-Inclán utiliza estas palabras, traducidas al castellano, para titular una de las novelas que integran su "Ruedo Ibérico", que ilustra sobre el nauseabundo ambiente de decadencia y corrupción que se impuso bajo el reinado de Isabel II de España en el siglo XIX.

Dados estos antecedentes, quizás pueda parecer irrespetuoso, por decir lo menos, referirse a nuestra Corte Constitucional como una "Corte de los Milagros". Pero no cabe duda de que los hace, aunque no en el sentido positivo y restaurador de los milagros que pueblan el relato evangélico, sino mirándolos más bien como prodigios de los que se siguen  resultados deletéreos y funestos, y son verdaderas muestras de la acción demoníaca que día a día se proyecta con más vigor y ferocidad en estos lóbregos tiempos que corren.

Hace poco tuve curiosidad por acercarme a un libro de Julien Benda que gozó de mucha nombradía a mediados del siglo XX, "La Traición de los Intelectuales", cuyo título en francés reza "La Trahison des Clercs". En el Prefacio que escribió para la reedición de 1946, Benda, después de citar como epígrafe una reflexión de Charles Renouvier sobre la falta de fe en una verdad trascendente que a la sazón afectaba al mundo y hoy se pone de manifiesto con más veras, insiste en que los hombres cuya tarea es defender valores eternos y desinteresados, como la justicia y la razón, la han traicionado en beneficio de la satisfacción de intereses prácticos que contradicen tan altos ideales.(Vid. http://classiques.uqac.ca/classiques/benda_julien/trahison_des_clercs/benda_trahison_clercs.pdf).

Dice el artículo 241 de la Constitución Política que a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y la supremacía de la misma, "en los estrictos y precisos términos de este artículo".

Como es bien sabido, los magistrados, al igual que todo otro servidor público, al tomar posesión de sus cargos han debido jurar solemnemente obedecer y respetar el ordenamiento de la Constitución y las leyes, así como cumplir fielmente los deberes propios de los oficios que se les asignan. Han jurado, por consiguiente, guardar la integridad y la supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos del mencionado artículo 241.

Si algún servidor público está comprometido, como lo dice Benda, a defender la justicia y la razón, es el juez y, más precisamente, el juez constitucional. Todo el ordenamiento de la institucionalidad de la república, todas las reglas que garantizan el buen funcionamiento de los poderes públicos, todos los derechos de los asociados, en fin, todo aquello que hace posible la convivencia civilizada en una sociedad compleja como la que vivimos, depende en muy buena medida de que el juez constitucional cumpla con su deber de identificar, interpretar y aplicar correctamente ese gran pacto social que constituye la Carta Fundamental del Estado.

Si bien es cierto que todo documento jurídico se presta a diversas interpretaciones, también lo es que las hay razonables, mediocres y abusivas. Las primeras cumplen a cabalidad  con el cometido de defender los elevados valores de la justicia y la razón; las últimas, en cambio, los traicionan en aras de la arbitrariedad, que representa, ni más ni menos, la negación del derecho.

La sentencia de exequibilidad que ayer divulgó la Corte Constitucional acerca del Acto Legislativo No. 1 de 2016 es arbitraria en grado sumo. No solo interpreta amañadamente su artículo 5, que exige refrendación popular del "Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", sino que va claramente en contravía de la doctrina varias veces reiterada por la misma Corte acerca de la necesidad de distinguir entre los actos de sustitución y los de reforma de la Constitución, para efectos de examinar la competencia del Congreso en ejercicio de su poder constituyente derivado o secundario.

Según esa doctrina, el Congreso puede, mediante acto legislativo, reformar la Constitución, pero de ninguna manera está autorizado para sustituirla en todo o en parte. Así lo corroboró en sentencia C-053-16, del 10 de febrero del año en curso, en la que declaró la inexequibilidad de disposiciones del Acto Legislativo No. 2 de 2015 que a su juicio coartaban el principio básico de la autonomía judicial. (Vid. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-053-16.htm).

Ahora le parece a la Corte que el otorgamiento de un cúmulo indeterminado y enorme de facultades extraordinarias al Presidente de la República, que de hecho lo convierten en dictador, y el extremo cercenamiento de los poderes de deliberación del Congreso, así como la sujeción del ordenamiento constitucional a un Acuerdo Final que altera prácticamente toda su estructura, constituyen mero ejercicio del poder de reforma de que goza el Congreso.

Y para mayor ultraje, desconoce la primacía de la democracia participativa sobre la meramente representativa que sustenta el origen mismo de la Constitución Política de 1991, ignorando, además, las formas de participación democrática que regulan en detalle la Constitución misma y las Leyes Estatutarias que la desarrollan, atreviéndose descaradamente a sustituirlas mediante un procedimiento ad-hoc espurio y difuso tendiente a suplantar la rotunda manifestación de la voluntad popular que se produjo el dos de octubre pasado.

Digo, pues, que esta Corte lo es de Milagros, pues ha obrado el prodigio de demoler de un plumazo la menguada y endeble institucionalidad con que hasta ayer contábamos. A partir del fallo que acaba de dictar, con el cual finiquita el avieso golpe de estado que Juan Manuel Santos ha urdido para someternos a la férula de las Farc y el Partido Comunista Clandestino (PC3) que la controla, Colombia ya no se regirá por un ordenamiento jurídico regular, sino que estará sometida al imperio de la arbitrariedad. Cualquier cosa podrá suceder entre nosotros a raíz de esta malhadada sucesión de atentados contra el derecho.

Es bien sabido que cuando los que mandan pierden el decoro, los llamados a obedecer pierden el respeto.Y así está sucediendo en nuestro país. Ya se escuchan voces que invitan al desconocimiento de las autoridades, a la desobediencia civil, a la resistencia, a la rebelión y, en suma, a la anarquía, pues nuestra Corte de los Milagros ha obrado el prodigio de desquiciar los principios de legitimidad,esos "genios invisibles" que según Guglielmo Ferrero  hacen viable el gobierno de la comunidad política.

Vuelvo sobre lo dicho atrás acerca del juramento que violaron los magistrados de nuestra "Corte de los Milagros", para observar que de ese modo han incurrido en perjurio. El perjurio trasgrede el Segundo Mandamiento de la Ley de Dios, pero como ya no creen en nada trascendente, no les importa desafiarlo. Tampoco creen, por desgracia, en los imperativos del honor, la decencia, el decoro. Han perdido la vergüenza, como los astrosos personajes de Víctor Hugo o los esperpentos de Valle-Inclán.

Recabo en las palabras de Julien Benda para acusarlos, además, de alta traición a los valores superiores de la justicia y la razón. Con sobra de motivos, Dante arroja a los traidores al noveno círculo del Infierno, do mora el propio Lucifer. Culpables son de la destrucción de su patria.

La Constitución de 1991 ha dejado de existir

Cuenta la historia que al celebrarse en Bogotá la noticia del desastre radical en la batalla de La Humareda, Rafael Núñez se dirigió a los asistentes desde el balcón de la Casa de Nariño para decirles estas tajantes palabras:"Señores, la Constitución de 1863 ha dejado de existir".

Según escribió alguna vez Germán Arciniegas, de ese modo se ingenió un inusitado procedimiento de derogatoria constitucional, el "balconazo", que dio origen a la postre a la Constitución de 1886.

Esta alcanzó, en medio de múltiples vicisitudes, la venerable edad de 105 años. Pero, a poco de celebrarse su primer y único centenario, se impusieron las voces que reclamaban un cambio constitucional a fondo.

Alfonso López Michelsen venía diciendo, en efecto, que era necesario darle "cristiana sepultura" a esa vetusta Constitución. Y ese cometido lo llevó a efecto César Gaviria, aunque no con las debidas consideraciones que sugería López, sino del modo más burdo que fuera concebible.

Al comenzar su gestión gubernamental, Gaviria expidió, en efecto, un decreto de estado de sitio que convocaba al electorado para que diera su parecer sobre la convocatoria de una asamblea constituyente que reformara ciertos temas precisos de la Constitución y, en caso afirmativo, procediera a elegir sus integrantes.

Ese decreto era a todas luces inconstitucional, pero fue tanta la presión que se ejerció sobre la Corte Suprema de Justicia para que le diera vía libre, que la entonces encargada de la guarda de la integridad de la Constitución dio el brazo a torcer con el voto definitorio del magistrado Hernando Gómez Otálora, quien lo justificó diciendo que sobre el texto expreso de aquella que ordenaba que solo podría reformársela por el Congreso, prevalecía el valor supremo de la paz que se aspiraba a lograr por obra de unos acuerdos secretos convenidos con el M-19 y otros grupos de alzados en armas.

Ese fue el primero de los tres golpes que en otras ocasiones he dicho que dieron al traste con la Constitución de 1886. Pero con el mismo no se buscaba eliminarla, sino ajustarla a las nuevas realidades políticas de la sociedad colombiana, conservando sin embargo su estructura fundamental.

Instalada la Asamblea Constituyente, lo primero que se le ocurrió fue declararse soberana y arrojar por la borda las talanqueras que se le habían impuesto para acotar su campo de acción. Decidió, en consecuencia, que gozaba de poder amplio y suficiente para liquidar la antigua Constitución y expedir una nueva, la que hasta ayer rigió mal que bien en Colombia. Fue el segundo golpe, este sí, letal.

El tercer golpe se produjo con la decisión de la Asamblea de revocar el Congreso que acababa de ser elegido en 1990. Los constituyentes de 1991 consideraron que la adorable criatura que habían gestado no podía confiarse a quienes, parafraseando un dicho que a menudo repetía mi padre, eran unos viejos perros vagabundos, llenos de corrompisiñas. "!A odres nuevos, vino nuevo", parecieron exclamar, sin percatarse de que los congresistas que vendrían después se hundirían en lodos de corrupción más hediondos que aquellos en que nadaban los de tiempos atrás.

El 4 de julio de 1991, preludiando el espectáculo de los Tres Tenores, Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolff, al unísono y en destemplada vociferación, anunciaron en ramplona ceremonia el parto de la nueva Carta Fundamental que trazaría, según César Gaviria, la hoja de ruta de un promisorio futuro para Colombia,

Ese engendro, que no me canso de llamar el Código Funesto, entró ayer en coma por obra de la Corte Constitucional que tenía el deber de velar por su integridad y su supremacía. El parte médico se hizo constar en el Comunicado que puede leerse pulsando el siguiente enlace:

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2052%20comunicado%2013%20de%20diciembre%20de%202016.pdf

Con ello se da el puntillazo final al ominoso golpe con que Santos ha pretendido ajustar nuestra débil y macilenta institucionalidad al gusto de la más perversa agrupación criminal que haya podido asolar a Colombia a lo largo de todo su ajetreado transcurso histórico.

En lenguaje que muchos no han vacilado en calificar como cantinflesco, la Corte Constitucional encarga al Congreso de poner a andar un auténtico Bebé de Rosemary, el Nuevo Acuerdo Final (NAF) urdido dizque para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera con los monstruos de las Farc.

Las bases de la Constitución que de hecho regirá en el inmediato futuro están consignadas en ese abominable documento que hace añicos todo el ordenamiento de la Constitución de 1991.

Según la Corte Constitucional, los dispositivos que previó el A. L. 1 de 2016 para ejecutar el NAF cobrarán vigencia a partir de su refrendación popular, pero no como fluye de una lectura honrada de su texto, sino de esta instrucción torticera que aparece en el Comunicado de la Corte, a saber:

"La refrendación popular que ponga en vigencia el Acto Legislativo 1 de 2016 debe ser (i) un proceso (ii) en el cual haya participación ciudadana directa, (iii) cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, en un escenario de búsqueda de mayores consensos, (iv) proceso que puede concluir en virtud de la decisión libre y deliberativa de un órgano revestido de autoridad democrática, (v) sin perjuicio de ulteriores espacios posibles de intervención ciudadana que garanticen una paz “estable y duradera”. Según lo anterior, puede haber refrendación popular con participación ciudadana previa, caso en el cual se le reconoce poder al pueblo para ordenar la readecuación de lo específicamente sometido a su consideración, aunque tras la expresión ciudadana es legítimo que el proceso continúe y concluya en virtud de las competencias de una o más autoridades instituidas que le pongan fin. Cuando una autoridad de esta naturaleza (que puede ser el Congreso de la República) decida conforme a los anteriores principios que el acuerdo final surtió un proceso de refrendación popular, el Acto Legislativo 1 de 2016 entrará en vigencia, sin perjuicio del control constitucional posterior que tendrá lugar cuando los actos especiales respectivos surtan su revisión ante la Corte. El hecho de que esta decisión fije los principios para interpretar la entrada en vigencia del Acto Legislativo, pero no establezca si se verifican o no, se debe a que para asumir competencias de control sobre el citado acto reformatorio basta con que haya sido promulgado y tenga vocación de entrar en vigor, mas no que además se encuentre vigente."

Resulta que la propia Constitución y las Leyes Estatutarias que se ocupan del tema de la Democracia Participativa, es decir, del ejercicio de la soberanía en forma directa por el pueblo colombiano regulan en detalle los procedimientos respectivos y los efectos que a cada uno corresponden. Pero a Corte Constitucional, extralimitando descaradamente sus atribuciones, ha resuelto inventar otro procedimiento ad-hoc de ejercicio de la soberanía popular para la refrendación del NAF,

Ese procedimiento es confuso y disparatado a más no poder. No corresponde al referendo, al plebiscito, a la consulta popular, ni al cabildo abierto que el orden vigente contempla como mecanismos de Democracia Participativa. Es un verdadero Frankenstein armado con trazos de todos ellos y que se pondrá a andar sin saberse de qué maneras ni por qué caminos.

Acá sí que vale la pregunta que en otra ocasión les hizo Fernando Londoño Hoyos a los congresistas cuando incurrieron en un nocivo desaguisado:¿Qué se estarían fumando los magistrados de la Corte Constitucional cuando concibieron tamaña criatura?

Sea de ello lo que fuere, nuestra institucionalidad acaba de entrar en un estado cataléptico, con una Constitución herida de muerte y en coma profundo, y un NAF llamado a sustituirla en su integridad, pero que no ha entrado todavía en vigencia, pues deberá esperar lo que resulte del endiablado régimen de transición que se les ocurrió ingeniar a los sedicientes y sediciosos guardianes de la integridad y la supremacía de nuestra moribunda Carta Fundamental.

Triste Comedia

La ceremonia de premiación de Juan Manuel Santos hoy en Oslo no deja de ser una grotesca farsa.

Bien se ve que que los otorgantes del Premio Nobel de la Paz desconocen lo que esta verdaderamente representa y toman esa distinción más bien como un instrumento de publicidad política, probablemente pagada y, en todo caso, enderezada a producir consecuencias que no necesariamente tienen que ver con el buen entendimiento entre los seres humanos y la armonía en las colectividades.

¿En qué consiste la paz por la que se dice que se ha esforzado en lograr Santos a punto tal que llega a considerárselo digno de un máximo reconocimiento?

No es, evidentemente, la paz de los espíritus, que es fruto de un denodado y ejemplar esfuerzo moral.

A los otorgantes de esta distinción no parece importarles que el acuerdo a que llegó Santos con las Farc sea hijo de la mentira, la traición, las maquinaciones tortuosas, el asalto a la buena fe de los colombianos, la vergonzante claudicación ante uno de los grupos criminales más perversos que hay en el mundo actual y la destrucción de nuestra institucionalidad, entre otras muchas lacras.

Santos ha preferido satisfacer la exigencias de los criminales de las Farc, así sea al precio de desafiar a la mayoría de los colombianos dándoles la espalda y defraudando sus legítimas aspiraciones.

Esa inmensa mayoría no quiere ni les cree a Santos ni a las Farc. No espera que el acuerdo entre ambos traiga la anhelada paz, pues de hecho lo que de sus términos resulta es la exaltación de la criminalidad más perversa que haya podido haber asolado a este desventurado país. Su contenido no trasunta la reconciliación entre los colombianos, sino su sujeción a una fanática minoría que pretende instaurar un sistema totalitario y liberticida inspirado en los modelos cubano y venezolano. 

Las Farc quedarán ahora en mejor posición estratégica para avanzar en el logro de ese funesto propósito. La seguridad democrática las obligó a refugiarse en las selvas y en los traicioneros países vecinos. Ahora librarán su lucha bajo la protección del Estado y desde las amplias parcelas de poder que la claudicación de Santos y sus conmilitones les ofrece.

Lo han dicho una y otra vez sus cabecillas: lo acordado con Santos no representa el fin de sus hostilidades contra la institucionalidad y el pueblo de Colombia, sino un momento victorioso que les facilitará la toma del poder total en un día no lejano. 

Para ellos, la lucha revolucionaria continuará bajo otros parámetros y en contextos diferentes. Pero su propósito sigue siendo el mismo: instaurar en Colombia el Socialismo del Siglo XXI.

Los ilusos sueñan con que estas aspiraciones se ventilen como es de usanza en las democracias maduras, es decir, mediante la confrontación racional de ideas y programas llamada a decidirse libremente por el pueblo en los certámenes electorales.

No es ese el talante de los revolucionarios que siguen el principio de la combinación de todas las formas de lucha. Se servirán de la normatividad juridica y las garantías institucionales en cuanto convenga a sus intereses, pero si es del caso las distorsionarán y desconocerán a su antojo. Y no renunciarán al empleo de la fuerza cuando ello fuere menester.

El pueblo colombiano no se regocija con el premio que inmerecidamente se le está otorgando a Santos. Es escéptico acerca de lo que traerá consigo el acuerdo con las Farc y teme fundadamente que vamos camino de nuevas y peores confrontaciones que las que pretenden superarse con el mismo. Sabe que no está lejana una persecución implacable contra los que descreen de las bondades de ese acuerdo. Y lo domina el estupor al presenciar la seguidilla de burlas, trampas y maquinaciones con que se está dando un golpe de estado letal para nuestra endeble institucionalidad.

Santos ha defraudado la confianza de los colombianos. Y los izquierdistas que mandan en Noruega creen que sus indignos procederes  lo hacen merecedor del aplauso mundial.

No, hoy no es un día de fiesta para Colombia. La comedia que se representa en Oslo no suscita la alegría, sino el desconsuelo y, desde luego, la indignación que producen las exhibiciones impúdicas.

Santos es, en efecto, un desvergonzado que nada respeta.

¡Váyanse con ese manto a misa!

Llama la atención la ingenuidad de muchos que piensan que la puesta en marcha de los acuerdos con las Farc no acarreará grandes males para Colombia, pues creen que dicha organización está debilitada y el pueblo nunca aceptará que se tome el poder.

Sobre lo primero hay que reconocer que las Farc estaban severamente debilitadas en 2010, gracias a la política de seguridad democrática que ejecutó el gobierno de Uribe Vélez. Pero bajo la política más que condescendiente, claudicante, del actual gobierno de Santos, aquellas han recuperado espacios que habían perdido y ganado unos nuevos que las hacen sentirse victoriosas. No es un grupo al que se le ha ofrecido una tabla de salvación, como sucedió con el M-19 en 1991, sino uno que emerge ahora con ínfulas de triunfo. Basta con repasar las declaraciones de sus voceros y los hechos de la actualidad para darse cuenta de que sus acciones van en alza.

Es verdad que el pueblo no quiere a las Farc y ese es uno de los factores determinantes del triunfo del No en el plebiscito. Pero hay que advertir que la opinión pública, como sentenció Montaigne acerca del ser humano, "es cosa vaga, vana y ondulante". La acción de la propaganda; el condicionamiento de las ideas, las percepciones y las emociones de la gente; en fin, la obra de los factores de poder, todo ello hace que las tendencias de la opinión se modifiquen de maneras muchas veces inesperadas.

Si se lee con detenimiento lo que se acordó con las Farc, será fácil entender que todo está planeado para que en el inmediato futuro cambie radicalmente el contexto del poder político en Colombia y se altere su equilibrio en favor de esa organización revolucionaria marxista-leninista.

El NAF (Nuevo Acuerdo Final) les ofrece a las Farc beneficios exorbitantes que permitirán que sus dirigentes manejen presupuesto, burocracia, programas sociales, medios de comunicación y, en general, recursos de poder que les otorgarán apreciables ventajas electorales. Las Farc saben bien que personajes tan oscuros desde todo punto de vista como los Musas, los Ñoños, los Roys o los Benedettis basan su poder en las maquinarias políticas que controlan. Sus dirigentes entrarán a controlar buena parte de esas maquinarias en procura de los votos que las mismas dispensan y para desalojar a sus actuales detentadores.

Nuestras elites políticas, económicas, intelectuales y sociales en general no se han percatado de la profunda reforma electoral que Santos ha acordado que llevará a efecto para darles gusto a las Farc. Nadie sabe en que consiste lo que se está cocinando, pero cuando salga vendrán el llanto y el crujir de dientes. Los que están haciendo cábalas sobre las elecciones de 2018 se quedarán entonces con los crespos hechos, pues las reglas de juego cambiarán radicalmente en beneficio de los guerrilleros.

La Reforma Rural Integral les asegurará a las Farc, además, el control territorial que les permitirá después el asalto de la Colombia urbana.

El NAF contiene por otra parte dispositivos para lavar la mala imagen de las Farc y enlodar a sus opositores, de todo lo cual se espera que se sigan cambios favorables para ellas en la opinión pública. 

Dentro de esos dispositivos hay que mencionar lo que se prevé acerca de la Memoria Histórica, que será tema de una comisión encargada de pronunciarse sobre las causas y el desarrollo del conflicto. Lo más probable es que ello derive en conclusiones que avalen lo que el comunista Santiago grita a los cuatro vientos en Europa, es decir, que el pueblo colombiano ha padecido la opresión de una casta explotadora y genocida que ha obligado a los legítimos defensores de sus justas aspiraciones a rebelarse por la vía armada. Entonces la opinión popular virará en favor de sus fementidos libertadores.

La Jurisdicción Especial para la Paz no funcionará para sancionar a los integrantes de las Farc, pues el grueso de sus integrantes gozará rápidamente del beneficio de una amnistía general para los delitos que no estén bajo la jurisdicción posible de la Corte Penal Internacional. Ese beneficio se extenderá al narcotráfico, por considerárselo como delito conexo con la rebelión, contra lo que expresamente dispone la Convención de Viena. Y en lo que concierne a los demás delitos internacionales, la JEP se lavará las manos diciendo que no median pruebas suficientes contra los capos de las Farc que los involucren en delitos atroces, pues los testigos no comparecerán a declarar contra ellos. Pero, en cambio, esa JEP se aplicará con saña a perseguir a militares, ganaderos, empresarios, dirigentes políticos, periodistas y en general personas que se consideren vinculadas con el paramilitarismo y acciones violentas contra las comunidades populares, dentro de la idea ya mencionada del comunista Santiago acerca de la naturaleza criminal de nuestras elites sociales.

El NAF contempla la creación de una Gestapo que actuará bajo los lineamientos de la seguridad cubana para combatir a quienes se considere como enemigos de la paz y colaboradores del paramilitarismo. Además, se perseguirá a los que estigmaticen a las Farc por sus crímenes contrs el pueblo colombiano. Ya no se podrá decir de sus capos que son narcoterroristas, ni secuestradores, ni violadores de niños o promotores de abortos, etc. 

Tal como sucedió en los países de Europa oriental que cayeron bajo la órbita del poder soviético, se desatará la persecución por todos los medios al alcance de las autoridades contra quienes nos opongamos al nuevo orden. Vendrán entonces las intimidaciones, las restricciones y, en general, las medidas de represión para desacreditar a los que militen en movimientos políticos contrarios a las Farc o para impedir sus acciones.

No en vano ha alertado el coronel en retiro John Marulanda acerca del acceso que tendrán las Farc a informaciones relevantes para la seguridad nacional y el control de la ciudadanía. Todos estaremos bajo la mira de la seguridad cubana.

El cogobierno que reclamó Timochenko en el circo del Colón no es un impromptus, sino una consigna que en pocos días se le impondrá a Santos. Entonces veremos con alarma, pero también con indefensión, cómo se activarán los mecanismos de un régimen totalitario destinado a destruir   nuestras libertades tradicionales.

Ese cogobierno ya está erigido por lo alto con la Comisión de Seguimiento, Verificación y Solución de Controversias que estará por encima del Congreso y del mismo Presidente de la República, pues será la encargada de dar visto bueno a todas las iniciativas de reforma constitucional o legal a que haya lugar para la implementación del NAF. Nuestro régimen jurídico quedará, por consiguiente, bajo el control de Raúl Castro.

Llorarán entonces nuestros dirigentes políticos y empresariales como mujeres lo que no supieron defender como hombres.

Tenemos una democracia muy imperfecta. Es algo que bien sabemos. Pero lo que viene no conducirá a su mejoramiento, sino a su destrucción. Será una democracia totalitaria, al estilo de la cubana y la que pugna por imponerse brutalmente en Venezuela. Nuestra cándida e ignorante dirigencia no se ha percatado de que no es posible la coexistencia de la democracia liberal con la totalitaria. Si a esta se le abren espacios, termina avasallando a la otra.

Reitero lo que escribí en un artículo anterior: soplan muy malos vientos en la Colombia de hoy.