La Ruina Moral

 No otro calificativo merece lo que está sucediendo entre nosotros en estos días aciagos.

La movilización ordenada por el Comité de Paro y los políticos que parecen controlarlo no solo es ilegal por donde se la mire, sino profundamente inmoral.

En efecto, sólo a mentes demasiado perversas puede ocurrírseles que, en medio de una pandemia de las dimensiones que la que desde hace más de un año venimos padeciendo y de la crisis económica que la misma ha suscitado, se promueva un sinfín de desórdenes que han desarticulado el aparato productivo del país, con lo que eso conlleva en términos de pérdidas económicas, cierre de empresas, desempleo, desabastecimiento de las comunidades, destrucción de infraestructura y, en últimas, hambre en centenares de miles de familias.

Parece que a tales desalmados sólo les interesa agudizar los conflictos para que la situación del país empeore, dentro de la lógica según la cual "en río revuelto, ganancia de pescadores".

Pero, ¿qué resultados obtendrían de su empeño declarado de doblegar al presidente Duque, enervar su gobierno e, incluso, obligarlo a abandonar el poder? 

Ellos estimulan una indisciplina social proclive a la anarquía que se volvería en su contra si por desventura lograsen realizar sus proditorios cometidos.

Es escandaloso que en esta campaña infame participe Fecode, organización que agrupa a los educadores del sector público. ¿Qué ejemplo les dan de ese modo a sus educandos?

He ahí uno de los más deplorables ingredientes de la crisis de nuestra sociedad. El maestro no es ya el otrora respetable educador de la niñez, la adolescencia y la juventud, sino un adoctrinador que les inculca ideas disolventes e incita a rebelarse contra la autoridad legítimamente establecida. Llama la atención que hoy se considere que en virtud de la separación de la Iglesia y el Estado que consagró desde 1991 la Constitución Política la enseñanza y los símbolos religiosos deben proscribirse en el sistema educativo oficial, pero en cambio tengamos que tolerar que se imponga el pensamiento único de una ideología totalitaria y liberticida que ya ha envenenado la mente de varias generaciones de nuestros compatriotas. Defender en la escuela los valores patrios es objeto de severa proscripción; no lo es, en cambio, aplicarse a corromper a las nuevas generaciones valiéndose de la autoridad que de suyo rodea a los maestros.

Unos dirigentes sindicales que disfrutan de prebendas a las que sólo tienen acceso las capas más adineradas de la sociedad se aplican a servir los apetitos de políticos oportunistas, olvidando el gravísimo perjuicio que les están ocasionando a las masas trabajadoras que tienen que esforzarse cada día para el sustento de sus hogares. Los que ahora encuentren sin surtido los anaqueles de tiendas y mercados, o tengan que sufrir la carestía derivada de la escasez, deben reflexionar acerca de quiénes son los causantes de sus dificultades. No son las autoridades, que quieren que haya orden, sino esos agitadores que atentan contra el mismo.

En momentos en que las dificultades deberían convocar a la unidad de todos los estamentos sociales para superar la pandemia y la crisis producida por ella, unos sinvergüenzas que se autoadjudican la vocería del pueblo agudizan las contradicciones para así empeorar una situación que de por sí ya es procelosa a más no poder.

Bueno es mirar las peticiones del Comité de Paro, a fin de darse cuenta de que ellas no están pensadas en beneficio de los trabajadores y estudiantes a quienes dicen representar sus miembros, sino de intereses oscuros de políticos extremistas, narcotraficantes y revolucionarios enardecidos por sus delirios ideológicos. 

Como le respondí a un periodista que pidió mi opinión sobre lo que está ocurriendo, me niego a aceptar que un movimiento que dice dar satisfacción a las demandas de los jóvenes centre sus objetivos en la defensa de los cultivos de coca y, por ende, en los intereses del narcotráfico. ¿Así de corrompidos estamos?

¿Crimen sin castigo?

Es dable pensar que al Comité de Paro y los políticos que lo han azuzado les quepa el apelativo de criminales. Son muchos los delitos que podrían serles imputables, sea por acción directa o por instigación, tal como lo muestra la valerosa denuncia penal que ha presentado el jurista Hernán Cadavid, de la que da cuenta el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=tyPT_BXL-50.

Acabo de ver en whatsapp que hay otra denuncia penal instaurada por Luis Manuel Ramos Perdomo contra Gustavo Francisco Petro Urrego y los integrantes del Comité de Paro y ya fue radicada en la Fiscalía General de la Nación bajo el NUC 110016000050202107630.

Fuera de las implicaciones de orden penal en que probablemente han incurrido, hay que considerar también las disciplinarias que les incumben como servidores públicos sujetos al control de la Procuraduría General de la Nación y las patrimoniales que en virtud de los principios sobre responsabilidad civil quizás resulten pertinentes.

Es evidente que el paro general indefinido que viene ocurriendo desde el 28 del pasado mes de abril es ilegal. 

Surge la inquietud de si el modo de promoverlo podría configurar de suyo un constreñimiento, a la luz del artículo 182 del Código Penal, pues circulan noticias acerca de que, siguiendo las órdenes del Comité de Paro, se ha forzado a comunidades enteras a suspender actividades, so pena de verse sometidas a represalias violentas. Además, el solo bloqueo de vías, de por sí constitutivo de delito a la luz del artículo 353A del Código Penal, conlleva el constreñimiento ilegal.

Sus promotores han convocado a las comunidades a "grandiosas movilizaciones el próximo 26 y 28 de mayo", con pretensiones que van variando según el curso de los acontecimientos. Ahora incluyen el respaldo a la moción de censura que se discute en el Congreso contra el ministro de Defensa (vid. https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/comite-nacional-del-paro-convoca-marchas-para-el-26-y-28-de-mayo-de-2021-589779).

Aunque se las anuncia como pacíficas, bien se sabe que esas marchas suelen degenerar en acciones violentas contra los cuerpos de policía, la infraestructura del espacio público, los sistemas de transporte masivo, monumentos históricos, locales comerciales, vehículos, etc. Esas acciones delictivas surgen en el interior de las marchas, como un fenómeno propio de la exaltación que las motiva, pero también resultan de infiltrados que se toleran en ellas. Y sucede, además, que a propósito de  su realización, brotan los grupos de vándalos que se dedican a realizar toda suerte de tropelías contra las comunidades.

Procede entonces preguntarse si esas acciones violentas que desnaturalizan el carácter pacífico de las movilizaciones colectivas son previsibles, tanto para las autoridades como para sus promotores, e incluso son queridas por ellos mismos. 

¿No salió el polémico Arzobispo de Cali a justificar  los bloqueos, pidiendo que no se los satanice, cuando la ley los considera delictivos? (vid. https://diariocriterio.com/2021/05/13/monsenor-dario-monsalve-pide-no-satanizar-los-bloqueos/)

En la medida que los desórdenes sean previsibles. por lo menos podría hablarse de culpa de parte de los promotores de las marchas. Y si son queridos por ellos, no cabe duda de que sus convocatorias son dolosas. 

Aquí hay unos buenos temas de reflexión para los penalistas. Pero, desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial, cabe pensar además que esas movilizaciones constituyen actividades peligrosas.

Lo son claramente para las autoridades encargadas de velar por el orden público. En todo el mundo suscitan alarmas para ellas, porque se sabe cómo comienzan, pero no cuál pueda ser su desenlace. Las fuerzas de policía deben, por lo menos, estar atentas a su desarrollo. Aquí los enemigos del gobierno hablan de respuestas excesivas que han producido muertes, heridas graves, detenciones arbitrarias e incluso desapariciones. Todo ello debe dar lugar a investigaciones exhaustivas, de modo que se sancione como es debido a los agentes de la autoridad que hayan incurrido en excesos. Pero queda la impresión de que ha habido un exceso de "fake news", sobre todo en las redes sociales,  y una prolija desinformación "for export" destinada a desacreditar a nuestras autoridades y enervar sus respuestas frente a las depredaciones.

Menudearán a no dudarlo las acciones judiciales contra ellas por tales excesos, reales o supuestos. Y, dadas las tendencias imperantes entre nuestros operadores judiciales, habrá condenas multimillonarias y hasta billonarias a cargo del Estado, por el concepto de falla del servicio u otros pertinentes.

Pero, volviendo al tema de las marchas como actividades peligrosas, me pregunto si todos los desarrollos jurisprudenciales que al respecto se han elaborado para proclamar la responsabilidad patrimonial de sujetos particulares, podrían ser pertinentes para enjuiciar a los promotores del paro y las actividades dañinas derivadas del mismo. Yo vi las imágenes de los vándalos que al comienzo de estas fatídicas jornadas ingresaron a Premium Plaza y Automontaña, entre otros espacios comerciales, e hicieron ahí destrozos tremendos. No había fuerza pública dispuesta a protegerlos. La falla del servicio me pareció indiscutible. Pero esos perjuicios fueron resultado de la actividad peligrosa que desataron los promotores y azuzadores del paro. No sería osado pensar que encajan dentro de la normativa del artículo 2356 del Código Civil.

Está haciendo carrera la tesis de que el gobierno debe negociar con estos posibles criminales para que cesen sus desafueros. No sería extraño que ello ocurriera, pues en nuestro país hay la idea de que se dialoga con quienes se someten al orden legal y elevan peticiones respetuosas a las autoridades, pero en cambio se negocia y se hacen concesiones para con los que desconocen la institucionalidad y extorsionan a las autoridades. Es el gobierno por la vía de la claudicación, lo cual destruye el Estado de Derecho.

Por eso, en un evento que tuvo lugar hace poco en la Universidad Católica de Oriente para conmemorar los 30 años de vigencia de nuestra actual Constitución Política sostuve que en Colombia hay un cascarón de Estado de Derecho, pero su existencia es vacua, parecida, agrego ahora, a la de un alma en pena, doliente y errabunda (vid. https://www.youtube.com/watch?v=ay-yIv0Ilxk).

"No, sire, es una revolución"

Dice la historia que cuando se le comunicó al buen rey Luis XVI el evento de la toma de La Bastilla, exclamó: "Pero es una revuelta". Su interlocutor, el duque de Liancourt, le respondió tajantemente: "No, sire, es una revolución".

Parece que nuestro buen presidente Duque y muchos otros personajes de nuestra elite no se han dado cuenta de que lo que está en marcha a partir del 28 de abril pasado no es otra cosa que una revolución urdida por una secta perversa que aspira a derrocarlos e instaurar en nuestra patria un régimen totalitario y liberticida.

No estamos frente a manifestaciones de inconformidad explicables en razón de la crisis ocasionada por la pandemia. Ese es el pretexto, pero, aprovechando el estado de ánimo de buena parte de la población, los estrategas de de esa secta han azuzado a la juventud para que manifieste de la peor manera su desasosiego. Y, desde luego, han puesto en acción dispositivos largamente madurados para alterar el orden público cuando se diere la ocasión.

Ellos creen que la ocasión ya está dada, en virtud de la crisis que atravesamos y la impopularidad del presidente Duque. Se sienten al borde de la conquista del poder, habida consideración de las encuestas que favorecen para el próximo debate electoral al tenebroso y depravado Petro. Y sin reato alguno, impulsados por una audacia que no vacilo en calificar como criminal, se han arrojado como piratas al abordaje de la nave del Estado. Pretenden que la autoridad legítima claudique ante sus desmedidas pretensiones, que algunos han avaluado en más de 81 billones de pesos, suma que desborda con creces lo que se aspiraba a recaudar con la fallida reforma tributaria de Carrasquilla.

El desorden que reina hoy en distintos lugares no es, como creen algunos despistados, manifestación espontánea del disgusto popular. Hay un plan muy bien detallado que viene tanto del interior como del exterior  para desacreditar la acción de nuestros gobernantes, apercuellar a las ciudades principales,  bloquear las vías más importantes, paralizar el aparato productivo, imponer el desabastecimiento y el aislamiento de las comunidades, etc.,  todo ello mediante la violencia y la desinformación. Cuenta en su favor con una dañina entelequia internacional, que padece el influjo del marxismo cultural y observa con malos ojos los esfuerzos que hace nuestro país para preservar la democracia liberal.

Lo de las marchas pacíficas no es otra cosa que un subterfugio. Sus promotores saben que en el interior de ellas o al lado suyo medran los vándalos pagados y entrenados para ejercer sus depredaciones. Brotan ahí como maleza. La policía logra detener a unos pocos, pero los resultados de su judicialización son muy aleatorios. Lo más probable es que los jueces los liberen por falta de pruebas.

Recomiendo, para que se entienda bien lo que acontece ahora entre nosotros, el patético reportaje que le hizo hoy Fernando Londoño Hoyos en "La Hora de la Verdad" al empresario del sector avícola Juan Felipe Montoya. Ahí se ve cómo esos criminales pretenden cercarnos por hambre. Vid. https://www.youtube.com/watch?v=-y24_tPDjPQ.

Uno puede pensar, por sus hábitos arraigados de jurista, que sobre los promotores del funesto paro y las autoridades tanto departamentales como  municipales que lo han tolerado e incluso estimulado, sería dable que recayeran las responsabilidades penales, disciplinarias y patrimoniales derivadas de su coparticipación en los desórdenes y los daños que los mismos han producido. Pero, a diferencia del célebre aldeano alemán del siglo XIX, acá ya no podemos exclamar que "todavía hay jueces en Berlín", pues el órgano judicial está en muy buena medida infiltrado por la secta de marras, lo mismo que el sector educativo público e incluso el privado, y hasta los medios de comunicación social.

El buen presidente Duque acaba de anunciar que ha tomado la decisión de ordenarle a la fuerza pública que despliegue todos sus efectivos para que cesen los bloqueos que están asfixiando la economía del país. Los agentes del desorden, a partir del criminal Comité de Paro o como quiera llamárselo, han hecho caso omiso de su pronunciamiento. Proclaman a voz en cuello que el paro sigue adelante, así sus deletéreos efectos colaterales se mantengan y se extiendan. El alcalde petro-comunista de Medellín no ha vacilado, pese a las advertencias presidenciales, en albergar y estimular una minga indígena que amenaza con hacer aquí lo que sus correligionarios caucanos acaban de perpetrar en Cali. Uno se pregunta si acompañar y aupar las marchas en contra del gobierno nacional configuran causales de falta disciplinaria, pues resultan ser algo impropio de las funciones que su cargo le asigna.

Ya hay voces que le piden al gobierno que decrete el estado de conmoción interior. Las condiciones están dadas para ello, pero, como tuve oportunidad de explicarlo ante el Club Rotario de Medellín, es un instrumento de eficacia muy relativa, ya que al ordenarlo el Presidente cae bajo las garras de la Corte Constitucional, que de hecho se convierte en árbitro de la conveniencia de las medidas que adopte para conjurar la crisis. Deja de ser él quien decida sobre cómo restaurar el orden público turbado, pues queda en manos ya no del dictamen jurídico de la Corte Constitucional, sino de su tendencia política.

Alguno de mis oyentes preguntó sobre lo que yo haría en medio de estas circunstancias. Le respondí que no entiendo bien al presidente Duque, pues, como soy viejo y algo conozco de la historia patria, mis modelos son Alberto y Carlos Lleras. Ojalá la suavidad de las maneras de aquél rinda buen fruto. Dios así lo disponga, pero pienso que a la ominosa revolución en marcha hay que oponerle nítidas y contundentes manifestaciones de las fuerzas vivas de la Colombia profunda, al igual que la Francia profunda se pronunció en 1968 en favor del general De Gaulle cuando los estudiantes maoístas y de otros pelambres ideológicos se tomaron las calles de París.

Hace 30 años, a propósito de la expedición de la Constitución que hoy malamente nos rige, escribí que ella contiene elementos capaces de hacer ingobernable a Colombia. Lo que hoy experimentamos me concede la razón. Bien me lo dijo en cierta oportunidad el presidente López Michelsen: "Más daño que la Constitución, ha hecho la Corte Constitucional".

¡Que la Providencia se apiade de nosotros!

El Marco Jurídico de la Protesta

 La protesta social no está configurada en rigor como derecho en la Constitución Política. A ella se refiere el Acuerdo con las Farc en su numeral 2.2.2. diciendo que "La movilización y la protesta pacífica , como formas de acción  política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia"(vid. https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Colombia%20Nuevo%20Acuerdo%20Final%2024%20Nov%202016_0.pdf).

El Acuerdo de marras dispone en el mismo numeral que se deben otorgar garantías plenas tanto para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica, como para "los derechos de los y las manifestantes (sic) y de los demás ciudadanos y ciudadanas (sic)"... "sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado conforme a los estándares internacionales en materia de protección del derecho a la protesta.

Dentro de este concepto, se dispone sobre "Garantías para la aplicación y el respeto de los derechos humanos en general". Se añade que "Las movilizaciones y las protestas, incluyendo los disturbios se tratarán con pleno respeto de los derechos humanos por parte de la autoridad legítima del Estado, garantizando, a la vez, de manera ponderada y proporcional, los derechos de los demás ciudadanos".

Visto lo que precede, se tiene que la movilizacion y la protesta se encuadran dentro de varios derechos: a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición, cada uno de los cuales ostenta su propio contenido y es susceptible de regulaciones diversas por parte de la Constitución y la Ley.

De entrada se observa que la huelga no hace parte de dicho conjunto de derechos, pues está sujeta a su propia nomatividad constitucional y legal. Los llamados paros, entendidos como suspensión forzada de actividades, tampoco están comprendidos dentro de la movilización y la protesta, salvo que se circunscriban a actividades netamente privadas de los que pretendan manifestarse. Por consiguiente, no caben ahí los bloqueos de vías ni de poblaciones, como tampoco que se impida la prestación de servicios públicos ni la ejecución de actividades productivas.

Se hace hincapié en que la movilización y la protesta deben ser pacíficas, vale decir, no violentas. Por consiguiente, si sus promotores y partícipes toleran y hasta fomentan la acción de vándalos en sus manifestaciones, por definición ya dejan de ser pacíficas y mal pueden gozar de las garantías previstas en el Acuerdo.

Éste insiste en que hay que garantizar tanto los derechos de los interesados en la movilización y la protesta, como los de terceros,"de manera ponderada y proporcional". Por consiguiente, queda claro que la protesta y la movilización no son materia de derechos absolutos y ni siquiera de mayor jerarquía que los derechos de terceros, que son muy variados, tales como el libre acceso al uso público de los bienes de esta categoría, la movilidad, la seguridad personal, la propiedad privada, la libre empresa, el trabajo, etc.

Ello significa que de suyo la movilización y la protesta son susceptibles de acotaciones espacio-temporales, pues hacerlas indefinidas conlleva necesariamente el sacrificio injustificado de derechos fundamentales de terceros.

La autoridad debe garantizar, pues, tales derechos, pero le toca velar para que no se abuse de los mismos ni su ejercicio sirva de pretexto para vulnerar a quienes no participen de ellos.

¿Cómo puede obrar la autoridad en estos casos?

Hay, desde luego, respuestas inmediatas, consistentes en hacer uso de la fuerza legítima para impedir los desbordamientos e impedir o superar el agravio a sus víctimas. 

El Acuerdo habla de someterla a los estándares internacionales en materia de protección del derecho a la protesta, así como del respeto de los derechos humanos de quienes lo ejerzan. 

Se ha interpretado esto como una severa restricción al uso no sólo de armas de fuego para hacer efectiva la contención de los violentos, sino incluso la de otros artilugios contundentes que puedan impactarlos físicamente. Se olvida que lo que es materia de protección es el ejercicio pacífico de la movilización y la protesta, no sus derivaciones violentas. También se olvida algo en lo que ha puesto énfasis el expresidente Uribe Vélez, a saber: la legítima defensa de los agentes de la fuerza pública y, por extensión, la de los terceros amenazados o vulnerados por la acción antijurídica de los vándalos.

Ya no recuerdo cuál de mis profesores de Derecho mencionaba este sapientísimo dicho, cuya autoría en alguna parte vi que se adjudicaba a Pascal, pero no he podido confirmarla: "La fuerza, sin el Derecho, es la arbitrariedad; pero el Derecho sin la fuerza es la irrisión". Muy a menudo se los repetí a mis discípulos.

La autoridad legítima debe obrar de acuerdo con la normatividad, pues tal es la esencia del Estado de Derecho. No obstante, a ella le corresponde, como bien tenido se tiene en el pensamiento político-jurídico, el ejercicio del monopolio de la fuerza dentro de la sociedad. 

Contra ese monopolio atentan los vándalos y quienes los azuzan para subvertir el orden social.

Tarea de la Policía es garantizarlo. Pero si de hecho sus poderes normales son insuficientes, el artículo 217 de la Constitución Política dispone la actuación de las Fuerzas Militares, con la finalidad primordial de proteger el orden constitucional. 

Y, en último término, si se presenta el caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el artículo 213 de la Constitución Política faculta al Presidente para declarar el estado de conmoción interior.

Si bien el Acuerdo con las Farc privilegia el diálogo como respuesta a las demandas de quienes se movilizan y protestan, ello supone el ejercicio pacífico de estos derechos. Pero si el abuso de los mismos, tal como está sucediendo ahora, se convierte en herramienta revolucionaria conducente a la vulneración de derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional y el deterioro generalizado del orden público, el Presidente no puede hacer caso omiso de los deberes constitucionales que juró cumplir al tomar posesión de su cargo.

Se ha dicho con sobra de razones que quienes están abusando de estos derechos deben responder penal y patrimonialmente por los destrozos que se han producido en varias jornadas de desorden que amenazan con hacerse interminables. Es tema que amerita consideraciones adicionales sobre las que por lo pronto no deseo ocuparme todavía. Más adelante lo haré, Deo volente.