Cuatro flagelos

Dentro de los múltiples flagelos que amenazan a Colombia, me parece oportuno destacar los siguientes, a saber: el comunismo; la anarquía; la corrupción; la dictadura.

Nuestro país lleva prácticamente 100 años defendiéndose del comunismo, tal como lo acredita el importante libro de Eduardo Mackenzie que lleva por título "Las Farc: El fracaso de un terrorismo". Vid. Las-Farc-el-Fracaso-de-un-Terrorismo.pdf (verdadcolombia.s3.amazonaws.com). Hoy, debido a una campaña taimada y engañosa, estamos bajo la férula de un gobernante que bajo el señuelo de los cambios que requiere el país para mejorar la suerte de sus habitantes se propone someternos a un régimen comunista. Él es comunista y lo son igualmente sus más cercanos conmilitones. Su reciente perorata en Puerto Rellena así lo demuestra: confiesa que el cambio que aspira a promover es revolucionario. Pero es un movimiento que va en contravía de lo que la población desea y requiere, tal como lo demuestran las elecciones del año pasado y la multitudinaria marcha del reciente domingo. Su proyecto está condenado al fracaso, pero es un individuo empecinado y recalcitrante que está dispuesto a sacrificar un país en aras de sus delirios ideológicos.

A uno lo invade un mal pálpito a cuyo tenor el debilitamiento, la desmoralización y la humillación a que ha sometido a nuestra fuerza pública, cuando a la vez se tolera cobardemente el auge de organizaciones contrarias al orden jurídico, con las que se dialoga dizque en busca de una "paz total", sólo tiene como finalidad el arraigo de la anarquía que destruye a la autoridad legítima y encumbra a los agentes de la disolución institucional. Quizás el que nos desgobierna aspira a que de la anarquía surja el nuevo orden que sus quimeras anhelan. Pero nunca se sabe en qué puede desembocar un desorden generalizado. La Historia ilustra de modo fehaciente sobre el asunto.

En las elecciones de 2022 se votó copiosamente contra la corrupción. Los dos candidatos que a la postre se enfrentaron dizque la denunciaban con severidad y se comprometían a desarraigarla. El triunfador, que había cimentado su liderazgo supuestamente sobre la denuncia de los corruptos, preside hoy un desgobierno que naufraga en medio de un fétido ambiente de negociados y oscuridades. ¡Qué tal la denuncia que está en curso acerca de un compromiso de campaña para promover una legislación favorable a las criptomonedas a cambio de un avión que facilitara los desplazamientos del candidato sin que se contabilizaran las prestaciones correspondientes! Agréguese a ello la inquietud que reina acerca de la "mermelada" que se dice que anda repartiéndose o por lo menos ofreciéndose para comprar votos en el Congreso y en especial en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Como decía Gaitán, estamos viendo a "los mismos con las mismas".

Hace más de un siglo Don Marco Fidel Suárez afirmaba que "Colombia es tierra estéril para las dictaduras". En general, así lo ha sido. Pero el talante autocrático a todas luces poco respetuoso de la juridicidad que exhibe el que nos desgobierna hace temer fundadamente sobre el grave riesgo de ruptura institucional que ya se advierte en el horizonte. La democracia tumultuaria que lo seduce deriva inexorablemente en la dictadura. El "Cesarismo Democrático", tan ajeno a nuestra idiosincrasia, a diferencia de nuestros vecinos venezolanos, es hoy una sombra que se proyecta ominosamente sobre nuestro panorama institucional.

En estos difíciles momentos se hace necesaria la unidad de todos los que creemos que Colombia debe enfrentar con decisión estos graves flagelos. No es hora de dar pábulo a las vanidades ni a los egoísmos, sino de conjugar esfuerzos para abrir caminos que de veras conduzcan a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Hacia donde nos lleva nuestro Profeta Apocalíptico es un escenario de servidumbre y de miseria.

Iter criminis

Así se refieren los penalistas a la trayectoria que va recorriendo el designio criminoso desde su concepción hasta su consumación. Si se inicia la ejecución de la conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, pero ésta se frustra por circunstancias ajenas a la voluntad del agente o éste voluntariamente realiza los esfuerzos necesarios para impedirla, se dan entonces las hipótesis de tentativa (art. 27 del Código Penal).

A la luz de éste último y de la normatividad constitucional, el proyecto de convocatoria de una constituyente callejera que el que nos desgobierna afirma que ya está en marcha parece entrañar la comisión de varios delitos. Y si, como se anda diciendo por ahí, lo que pretende es asociar a los ministros para ese hipotético designio criminoso, poniéndolos a firmar decretos de emergencia que le den vía libre a tan disparatada iniciativa, no sólo podría hacerlos responsables ante la Corte Suprema de Justicia por esos delitos, sino por uno más: el concierto para delinquir (art. 340 del Código Penal).

El inquilino de la Casa de Nariño manifiesta a los cuatro vientos que su proyecto constituyente no se ajustará a lo que prescribe el artículo 376 de la Constitución Política, que es una mera forma que debe ceder ante el contenido de la voluntad espontáneamente expresada por el pueblo en asambleas municipales y vaya uno saber de qué otras maneras. Ignora que, si bien la Constitución Política consagra en su artículo 3 la soberanía del pueblo, ahí mismo dispone que su ejercicio, sea en forma directa o por medio de sus representantes, debe ceñirse a los términos que la propia Constitución establece. Salirse de los mismos es violatorio del ordenamiento y debe suscitar las reacciones que éste contempla para quienes lo infringen.

Reitero que lo que viene diciendo y haciendo el exconvicto que ejerce hoy la jefatura del Estado, con el propósito inequívoco de sustituir la Constitución que nos rige por otra salida de su desquiciado magín, podría ubicarlo dentro del ámbito de la legislación penal, lo que debería dar pie para que las autoridades competentes obraren con el fin de ponerlo en cintura. Y lo propio tocaría hacer en caso de que sus colaboradores se prestaren a coadyuvarlo.

El abierto desafío a la normatividad jurídico-política en que parece estar incurriendo cabe, además, dentro de la causal de indignidad por mala conducta que prevé el artículo 175-2 de la Constitución Política. Qué duda cabe de que sus exhortaciones a las masas populares para que apoyen su proditorio empeño de destruir el orden constitucional pueden hacerlo a todas luces indigno de ejercer el elevado cargo que hoy ocupa. Ya lo he observado en otra ocasión: la indignidad presidencial da lugar al juicio político, el famoso "impeachment" que hemos tomado de la legislación anglosajona.

El designio criminoso que parece estar en marcha quizás entronque con propósitos simple y llanamente atroces. Es claro que el que nos desgobierna no aspira a apoyarse en una fuerza pública que ha debilitado, desmoralizado y hasta humillado. Su soporte, como lo hizo ver en su malhadado discurso de "Puerto Rellena", parece anclar en la Primera Línea, la Minga indígena, los cimarrones y, quizás, en las organizaciones criminales con las que habla de una "paz total". No faltan, en efecto, los analistas que consideran que tras el proyecto de constituyente callejera obran los cabecillas del ELN, de las disidencias de las Farc y hasta del Clan del Golfo, para mencionar tan sólo a los más conspicuos.

Sobe el Congreso y las Altas Cortes pesa hoy una severísima responsabilidad. El ordenamiento constitucional depende de que cumplan con sus deberes y no se dejen intimidar ni muchísimo menos "enmermelar", como se dice que está sucediendo con ciertas ofertas que al parecer se están haciendo a miembros de la Comisión de Investigación y Acusación de la cámara de Representantes.

¡Naufragio!

Insisto en que no contamos con una buena Constitución Política, pero es la que rige desde hace más de 30 años y, mal que bien, nos ha dotado de una institucionalidad que por obra de quien nos desgobierna está naufragando.

No hay que olvidar que el inquilino de la Casa de Nariño es un comunista recalcitrante que pretende a toda costa guiar al país por senderos ya trajinados en otras latitudes y que como bien se sabe conducen a fracasos estrepitosos.

El conflicto que ha planteado con el Congreso es de gravedad suma.

El régimen presidencialista que seguimos exhibe, como cualquiera otro, ventajas, pero también adolece de defectos protuberantes. Uno de ellos es la ausencia de remedios institucionales adecuados para superar los enfrentamientos entre las autoridades ejecutivas y las legislativas. La solución de los mismos se encuentra, más que en normas explícitas, en un ordenamiento implícito, diríase que extrajurídico, que consagra el mutuo respeto, la deferencia, el buen trato y, en fin, la diplomacia para regular unas relaciones que por su propia naturaleza no siempre son tranquilas.

Desafortunadamente, el que nos desgobierna lo hace a través de un talante soez, ordinario, grosero, extremadamente pugnaz, que no facilita las buenas relaciones con los demás poderes institucionales. Como lo he señalado en otras ocasiones, insulta, calumnia, tergiversa y amenaza sin ton ni son. Alguien lo ha equiparado ya a un matón de barrio, algo así como un malevo de esos que pintan con distintos colores los tangos orilleros.

Si nos detenemos en los antecedentes históricos, nos encontramos con que la falta de solución adecuada de estos conflictos ha generado resultados desastrosos para la institucionalidad.

Hay cuatro antecedentes que invitan a preocuparse por lo que está sucediendo hoy por hoy, a saber:

-El conflicto en 1853 entre el presidente Obando y un Congreso controlado por radicales y conservadores que lo tenía maniatado. Obando se dejó caer para que lo reemplazara un dictador militar y populista, José María Melo. La oposición que desató trajo consigo una guerra civil, el destierro de Melo y el juicio que terminó con la condena de Obando.

-En 1867 el presidente Mosquera se enfrentó a los radicales que controlaban el Congreso y ellos lo derribaron, poniéndolo preso.

-Rafael Reyes hubo de enfrentar un Congreso que le era hostil. Decidió cerrarlo, extrañar a sus dirigentes enviándolos a temperar en Orocué y convocar el 1 de febrero de 1905 una Asamblea Constituyente plegada a sus propósitos. La reacción del país se hizo sentir a la postre y Reyes tuvo que huir furtivamente hacia el exterior en julio de 1909.

-El 9 de noviembre de 1949 el presidente Ospina Pérez disolvió un Congreso cuya mayoría liberal proyectaba desalojarlo del poder mediante un proceso a todas luces amañado. A partir de ahí y hasta 1958 la Constitución giró alrededor de un solo artículo, el famoso 121 que regulaba el estado de sitio. Este período estuvo marcado por la violencia política, la crisis institucional de 1953 que devino en la dictadura de Rojas Pinilla, la estruendosa caída de éste el 10 de mayo de 1957 y la instauración del Frente Nacional.

Habida consideración de estos antecedentes históricos no cabe duda de que el que nos desgobierna está haciendo una muy riesgosa apuesta al pretender que una constituyente callejera desplace al Congreso e imponga un ordenamiento surgido, no de la serena reflexión, sino del tumulto.

Como dicen los médicos cuando atienden casos difíciles, el nuestro es de pronóstico reservado. Cualquier cosa puede suceder en Colombia a partir del caos que promueve nuestro Profeta Apocalíptico. Lo que se avecina es un naufragio de trágicas repercusiones.

Ahí sí cabe exclamar: ¡Sálvese el que pueda!

El derecho a la salud se regula por medio de ley estatutaria

 El desgobierno imperante es poco cuidadoso en lo que a la juridicidad concierne.

Desde que se presentó el proyecto de reforma al sistema de salud se dijo que habría que tramitarlo como ley estatutaria, en los términos de los artículos 49 y 152 de la Constitución Política. El primero de ellos consagra el derecho a la salud y el segundo, en cuanto se lo considere como derecho fundamental, dispone que se lo regule siguiendo el procedimiento señalado para las leyes estatutarias.

"De la carrera no queda sino el cansancio", reza un adagio popular. Nuestro desgobierno consideró que le era más fácil obtener su aprobación si se lo tramitaba como proyecto de ley ordinaria.

Ahora hace esfuerzos desesperados para salvarlo en el Congreso, sin considerar que sería muy probable que, de ser aprobado, la ley resultante tendría que someterse al escrutinio de la Corte Constitucional. Ésta ya ha anunciado que, si a su control llegaren leyes prima facie inconstitucionales, podría decretar su suspensión provisional.

Voces muy autorizadas, que no coinciden con las calenturientas y torpes que se emiten desde la Casa de Nariño, ponen de manifiesto que el sistema de salud que se adoptó hace más de tres décadas ha obtenido logros muy significativos, pero requiere ajustes urgentes para garantizar su sostenibilidad y poder extenderlo a segmentos de población para los cuáles todavía resulta de difícil acceso.

Es asunto que debería ser tema de un gran acuerdo nacional. Pero los comunistas que controlan el poder ejecutivo quieren todo o nada. Todo, para ellos, es estatizar la prestación del servicio de salud, tal como ocurre en Cuba y otras latitudes. Lo ha dicho el que nos desgobierna: los recursos del sistema son públicos y no pueden administrarse por particulares.

Se olvida que nuestra Constitución Política no es estatista. Por el contrario, promueve la cooperación entre el sector público y el privado, ciertamente bajo la dirección estatal, pero sin desconocer los aportes muy positivos que el emprendimiento privado puede hacer en pro del bien común.

Esperar sensatez de parte de quien nos desgobierna equivale a pedirle peras al olmo. Con todo, ojalá que las realidades lo obliguen a explorar soluciones razonables para abordar los problemas existentes, en lugar de agudizarlos a punto de impromptus.

Con su habitual garrulería, nuestro Profeta Apocalíptico lanza acusaciones temerarias contra las EPS con el propósito de desacreditarlas, diciendo que han cometido desfalcos ruinosos para el sistema. Algo de ello podría ser cierto, pero la crisis financiera es resultado de otras causas que, por ejemplo, el exministro Jaime Arias ha expuesto magistralmente hoy en "La Hora de la Verdad"(vid. (13) LA REFORMA A LA SALUD: A LAS MALAS, A LAS PATADAS: JAIME ARIAS ABRIL 10 DE 2024 - YouTube).

Es posible que el proyecto impregnado de carga ideológica que está promoviendo el desgobierno comunista no apunte al fondo del problema y ofrezca soluciones ilusorias llamadas a estrellarse contra la realidad de los hechos. En otras palabras, sería el caso de adoptar remedios peores que las enfermedades que se pretende aliviar.

Se cuenta que el Héroe de Ayacucho, que era muy pagado de su persona, al mirarse en el espejo preguntó qué le faltaba, a lo que su ordenanza le respondió: "Juicio, mi general".

Creo que lo mismo hay que aconsejarle a nuestro Líder Galáctico, que, como dice un tangazo, parece tener "el mate lleno de infelices ilusiones" (vid.mano a mano letra - Búsqueda (bing.com).

Antioquia en la mira

El que nos desgobierna ha dicho que se necesita una constituyente popular, entre otras cosas, dizque para corregir un ordenamiento regional que data de 1886 y no consulta los requerimientos actuales de una adecuada representación política.

Ignora que a lo largo de los años que han transcurrido desde el mencionado son muchas las modificaciones que se han introducido al esquema territorial por ese entonces se adoptó.

La Constitución de 1886 mantuvo la división que venía rigiendo bajo la de 1863, pero con otro sentido. Antes había nueve estados soberanos y los entonces llamados territorios nacionales. Aquéllos se convirtieron en departamentos, siguiendo una concepción francesa. Los territorios nacionales fueron organizándose tiempo después en 1936 como intendencias y comisarías.

Reyes consideraba que la supervivencia así fuese simbólica que dio lugar a los viejos estados soberanos, transformados luego en departamentos, era un factor que favorecía las guerras civiles y promovió entonces la disgregación de aquéllos. En 1908 se crearon 34 departamentos y se erigió a Bogotá como distrito especial, pero la Ley 65 de 1909 estableció un nuevo ordenamiento territorial con los siguientes departamentos: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander, Tolima y Nariño. Los territorios de la Guajira, Chocó, San Martín, Casanare y Caquetá quedaron como entidades bajo la administración directa del gobierno central. En 1910 se produjo un nuevo reordenamiento en cuya virtud a los antiguos estados soberanos, transformados en departamentos, se agregaron los recién creados de Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Atlántico, Norte de Santander y Huila (vid. LaOrganizacinTerritorialdelEstadoDurantelaVigenciadelaConstitucinPolticaConservadorade1886enColombia.LibroDerechoprocesaladministrativomodernizacindelEstadoyterritorio..pdf). 

A mediados del siglo XX se fueron creando nuevos departamentos: Chocó, Córdoba, Meta, Sucre, Guajira, Cesar, Risaralda y Quindío. Y en 1991 la Constitución actual transformó las antiguas intendencias y comisarías en departamentos.

No es cierto, entonces, que conservemos hoy la estructura territorial que se adoptó en 1886. Lo que rige en la actualidad pone de manifiesto, en términos generales, las sensibilidades de las regiones, aunque hay voces críticas que consideran que deben introducirse ajustes necesarios para efectos de planificación y mejoría en la prestación de servicios.

Es poco probable que sean éstas las consideraciones que motivan hoy al que nos desgobierna. 

Piensa mal y acertarás es un adagio que conviene recordar a propósito de sus disparatadas iniciativas. Y ese mal pensamiento nos induce a creer que lo que busca es destrozar a Antioquia, la cual evidentemente no es santa de su devoción. Al fin y al cabo, aquí sufrió una estruendosa derrota en el pasado debate electoral. Y aunque la precisión no es virtud que lo distinga en materia de conciencia histórica, tal vez tenga alguna noticia de que Antioquia fue decisiva en la caída de los gobiernos dictatoriales de Reyes y Rojas Pinilla. No en vano Alfonso López Pumarejo decía que por Antioquia pasaba el meridiano político del país. Y acá encontrará fuerte oposición a sus designios totalitarios y liberticidas.

Se habla hoy de que proyecta quitarle a Antioquia las regiones de Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio, dejándole sólo las montañas andinas. 

El senador Jota Pe Hernández declaró hace poco para El Colombiano que al que nos desgobierna se le nota en los ojos la maldad (vid. Habla Jota Pe: “El petrismo me ve como un peligro para las elecciones presidenciales en 2026” (elcolombiano.com). El suyo es un liderazgo tóxico que se solaza con la destrucción. Y Antioquia está en su mira.

Para dejar como elefantes blancos las obras de infraestructura en fase de terminación e impedirnos que con nuestro propio esfuerzo las coronemos suelta a través de sus trinos ponzoñosos infundio tras infundio. No le parecen bien esas obras, en tanto que sale a ofrecer trenes y aeropuertos sin ton ni son para descrestar calentanos.

No sobra darle a conocer que un verdadero líder de izquierda y estadista insigne, el presidente chileno Ricardo Lagos, celebraba la envidiable calidad de la infraestructura de su país como un paso necesario para un desarrollo económico debidamente integrado a la realidad del comercio y la inversión internacionales. Chile llega eficientemente con sus productos a un amplísimo mercado mundial gracias a que cuenta con puertos y vías de altas especificaciones. Los gobiernos de la Concertación tuvieron claridad acerca de las verdaderas conveniencias de su país. Al nuestro, en cambio, lo domina el miserabilismo que otrora lamentaba Álvaro Gómez Hurtado.

Antioquia tiene visión de futuro y no puede aceptar la estrechez de miras de un gobernante malintencionado.

Por mal camino

 Reitero que no soy apologista de la Constitución Política que nos rige. Desde un principio la he criticado a partir de su origen espurio y sus extravíos normativos. No he vacilado en llamarla el Código Funesto. Pienso que convendría hacerle una juiciosa revisión para ajustarla a lo que realmente debería adoptarse como ordenamiento fundamental de nuestro régimen político, económico y social. 

Como sucede en países más avanzados, la nuestra debería ser más concisa y realista. En ella hay exceso de enunciados declamatorios e incluso contradicciones ideológicas flagrantes. No es un estatuto coherente del poder, por lo que ha dado lugar a que se instauren poderes excesivos y no debidamente controlados e incluso a que ocurra lo que la prensa ha denominado choques de trenes.

No obstante ello, pienso que en los círculos dominantes no hay ideas claras, concordantes ni adecuadas sobre la Constitución que Colombia necesita. Sigue habiendo mucho desvarío en ellos.

Lo que el que nos desgobierna anda promoviendo es ni más ni menos un salto al vacío, producto quizás de su desorden conceptual, su ignorancia de la historia y sus patologías mentales. No es un dirigente que muestre estar en sus cabales. vaya uno a saber si por obra de las adicciones que se sospecha que lo afectan.

Como su formación jurídica es precaria, anda manoseando dos categorías muy complejas de la teoría constitucional, las del poder constituyente primario y el poder constituyente secundario.

Un lugar común poco explicitado ubica el primero en el pueblo, sin considerar que se trata de una entelequia más ideológica que real. sobre la que caben muchas concepciones y en especial dos que son abiertamente contradictorias.

Aunque desde el punto de vista histórico y por ende sociológico es posible identificar comunidades políticas diferenciadas unas de otras, a la hora de la verdad la configuración de cada una de ellas depende ante todo de regulaciones que determinen quiénes integran el pueblo, cómo se manifiesta éste, qué alcance tienen sus decisiones, de qué maneras se las instrumentan, etc. Todo ello remite a normatividades constitucionales previas o, al menos, a convenciones ideológicas compartidas por grupos significativos de las comunidades. "Nosotros. el pueblo", tal como lo proclama por ejemplo el preámbulo de la Constitución norteamericana, no deja de ser una ficción exitosa en cuya virtud una minoría se atribuyó la representación de una comunidad heterogénea y compleja.

De hecho, en la teoría política obran por lo menos dos conceptos de pueblo que son incompatibles entre sí. Uno es el de la comunidad liberal, que considera que el pueblo se integra por ciudadanos racionales que, debidamente informados, depositan de modo responsable y voluntario sus votos en pro de distintas opciones que se estiman adecuadas para la gestión del bien común. Pero, tal como lo he señalado en otras ocasiones, nuestro Profeta Apocalíptico y Líder Galáctico profesa una concepción del pueblo muy diferente. que lo identifica con una masa informe poseída por delirios irreales que lo llevan a obrar de manera tumultuaria y dominada por sus pasiones. Para él, pueblo no es la comunidad que deposita sosegadamente su voto en las urnas, sino el populacho que se agita en las vías públicas y en los campos para imponer sus caprichos. La suya es una concepción que evoca la de los jacobinos que sembraron el terror en la Francia revolucionaria.

No cabe duda de que lo que se propone es crear Primeras Líneas a lo largo y ancho del territorio nacional con un designio decididamente revolucionario. Tergiversando no sólo desde el punto de vista jurídico sino del histórico la institución del Cabildo Abierto, aspira a que en todos los municipios operen supuestas asambleas populares que manifiesten sus ideas sobre el ordenamiento institucional y en conjunto decidan como poder constituyente que por sí y ante sí se imponga sobre toda la sociedad, a expensas de los poderes constituidos regularmente.

Es bueno recordar que estamos bajo el desgobierno de un comunista y no de un socialdemócrata. como ingenuamente lo creyeron muchos de los que apoyaron sus aspiraciones presidenciales. Su proyecto político no se inspira en Corea del Sur, como mentirosamente le dijo a Vicky Dávila, sino en Corea del Norte, Cuba, Venezuela o, según piensa uno de mis grandes amigos, en la Cambodia de Pol Pot.

Hay muy buenos argumentos para adelantar contra él tanto el juicio político como el criminal llamados a frustrar sus apetitos disolventes y claramente dictatoriales. Si el Congreso y las altas Cortes no obran a tiempo, el camino que nos espera es el que conduce al caos. Ya lo bordeamos con el debilitamiento de la fuerza pública y el auge de la delincuencia de todos los pelambres. Baste con imaginar lo que serían esas asambleas populares en los más de 400 municipios que ya están bajo el control de los delincuentes.

Nunca en la historia de Colombia habíamos estado en una situación de tamaña gravedad.