De la expectativa al desconcierto

Así titula un importante libro del connotado jurista Ricardo Zuluaga Gil que publicó hace algún tiempo la Academia Antioqueña de Historia.

Es obra de imprescindible consulta para quienes deseen enterarse de detalles quizás inéditos sobre el proceso constituyente de 1991, sus orígenes, su desarrollo y sus resultados.

El autor recaudó valiosas informaciones y opiniones de varios de los integrantes de la asamblea que expidió la Constitución Política que hoy nos rige. De ahí el subtítulo del libro: "El proceso constituyente de 1991 visto por sus protagonistas".

El 4 de julio de ese año el trío de presidentes de la asamblea, integrado por Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolff y Horacio Serpa Uribe, promulgó a voz en cuello lo que en un escrito que se publicó por esas calendas titulé como "El Estatuto del Revolcón". 

El mío fue un escrito inspirado por el escepticismo que me produjo ese proceso constituyente. No he cesado de referirme a nuestra Constitución Política como el "Código Funesto", y la lectura del libro del profesor Zuluaga reafirma mi incredulidad acerca de sus bondades. Dije en aquella oportunidad que ese estatuto contenía elementos capaces de sumir a Colombia en el cenagal de la ingobernabilidad, y creo que lo que estamos padeciendo avala mis planteamientos iniciales.

Los panegiristas de la Constitución aclaman el pluralismo de la asamblea que la expidió y las múltiples innovaciones que introdujo dizque para poner al día a Colombia en lo concerniente a derechos fundamentales, participación democrática, control del poder, descentralización efectiva, responsabilidad social del Estado, garantía de la paz, lucha contra la corrupción, inclusión colectiva, etc. 

En mi comentario me atreví a observar que todos los sueños de este desventurado país habían encontrado cabida en la nueva Constitución. No faltó quien considerara que ahí se trazaba la ruta de las utopías más ansiadas por los colombianos. Fueron muchas, en efecto, las expectativas que suscitó. Pero después ha cundido el desconcierto, como bien lo dice el título del libro en mención.

Los que se mantienen fieles al estatuto fundamental que nos rige aducen que se lo ha traicionado, que la sociedad colombiana no ha sabido asimilarlo, que la clase política lo ha desvirtuado con las decenas de reformas que le ha introducido, que su concepción original era óptima pero en la práctica se la ha distorsionado, etc.

Sin desconocer las buenas intenciones que animaron a los constituyentes, aunque no a todos ellos, el libro muestra la improvisación y el desorden con que se desarrolló ese proceso. ¡Bien diciente es el hecho de que lo que ellos firmaron ese día fueron unos papeles en blanco, pues el texto se había refundido en los computadores y era necesario reconstruírlo! ¡Y a lo que después se publicó hubo que añadirle una fe de erratas!

El balance de la Constitución es más bien precario y hasta negativo. No trajo consigo la ansiada paz ni la moralización de las costumbres políticas. No contamos con una democracia más auténtica, sino con un histriónico remedo. Estos 28 años de su vigencia han sido violentos como pocos en nuestra trajinada historia. En ellos hemos visto y padecido los estragos de una corrupción incontrolable. Y si la asamblea se convocó para reaccionar contra las amenazas del narcotráfico, hoy somos a no dudarlo un vergonzoso Narcoestado. Se pretendió debilitar el poder presidencial y controlar los abusos de los congresistas, pero con resultados harto discutibles. En cambio, se ha producido una alarmante hipertrofia del poder judicial, que muchos nos atrevemos a considerar que de hecho ejerce una pérfida dictadura. Y, tal como lo advertimos algunos en su debida oportunidad, las cargas asumidas por el Estado para dar cumplido efecto a las innovaciones que introdujo la Constitución nos llevan de crisis tras crisis en las finanzas públicas. Nunca alcanzan los recursos y el nivel impositivo ya es asfixiante.

Hay en la opinión un agrio ambiente de descontento frente a nuestra institucionalidad. Muchas voces se alzan a gritos para pedir reformas sustanciales, pues sienten que vamos por mal camino. Yo creo que, en realidad, la juridicidad ha desaparecido entre nosotros y estamos bajo un régimen de facto aparentemente sometido a reglas que las altas corporaciones judiciales interpretan y aplican a su amaño.

Hoy sí que es se hace bien cierto el dictum de los norteamericanos, según el cual la Constitución es lo que la Suprema Corte disponga. Y la nuestra, con su arbitraria tesis de que hay un espíritu de la Constitución que solo ella, como ciertos médiums, puede invocar y no es posible alterarlo sino por la vía de una constituyente convocada con ese fin o por la de la interpretación que la propia Corte Constitucional quiera darle, ha cerrado en la práctica los canales para hacer los ajustes que el país requiere.

¿Qué hacer, entonces? La respuesta es dolorosa. Dada la ausencia de la juridicidad, lo que rige entre nosotros es la vía de hecho. El que tenga oídos, que entienda.

Solo cerrazón

Hay demasiada oscuridad en lo que atañe al futuro de Colombia. Los signos en los distintos campos son ominosos, trátese de de la prosperidad de la economía, del orden social, de la eficacia de las instituciones, de la moralidad o de lo que se quiera.

Cuando se celebró la firma del acuerdo con las Farc (NAF) se anunció que el país entraría a la etapa promisoria del post-conflicto, que prometería una paz estable y duradera, bien cimentada en los compromisos contraídos tanto por las autoridades como por los insurrectos que prometieron desarticular sus frentes, entregar sus armas, recluir sus efectivos en zonas especiales, colaborar con la erradicación de los cultivos de marihuana, coca y amapola, etc.

Hoy, cerca de tres años después y en vísperas de los comicios departamentales y locales, la revista Semana anuncia en su portada que el proceso electoral en curso está bajo fuego (https://www.semana.com/nacion/articulo/violencia-politica-en-las-elecciones-regionales-de-2019-en-colombia/632808).

No estamos, entonces, en paz, y la razón es muy sencilla: la herencia de las negociaciones de Santos con las Farc es el crecimiento de hecho incontrolable de los cultivos de coca, que ha dado lugar a que Colombia sea mayor productor de cocaína en el mundo. De hecho, Santos nos dejó convertidos en un Narcoestado.

La droga que producimos no solo se proyecta hacia el exterior, siguiendo la perversa estrategia comunista de promover la corrupción sobre todo de la sociedad norteamericana, sino en el interior, bajo la destructiva modalidad del microtráfico, que hace acto de presencia en casi todos los núcleos urbanos, trátese de los barrios citadinos o de los cascos municipales de todo tamaño. Hay una omnipresencia de la droga, que afecta a personas de toda edad, sexo o condición social, y es generadora de violencia, corrupción y, en suma, desquiciamiento del orden social.

Hace varias décadas leí un libro que me produjo profundo impacto: "The Underground Empire", de James Mills, que puede consultarse en https://archive.org/details/undergroundempir00mill.

El autor investigó las acciones de la DEA y la justicia norteamericana en torno de la marihuana, la cocaína y la heroína, para llegar a conclusiones bastante escépticas sobre su eficacia. Cuando escribió su libro, consideraba que el narcotráfico movía tres veces el dinero en circulación en los Estados Unidos. La situación actual seguramente es muchísimo peor.

Pues bien, Colombia está sometida a ese imperio, ya no tan subrepticio, pues impone su ley de la selva en vastas zonas del territorio.

Desafortunadamente y a pesar de lo dispuesto por el Acto Legislativo No. 2 de 2009, que quedó incorporado al texto del artículo 49 de la Constitución Política (vid. http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/CO/acto_legislativo_no2_2009_de_la_constitucion.pdf), debido a las estipulaciones del NAF y las extravagantes doctrinas recientemente revividas por la Corte Constitucional acerca del nexo del consumo de drogas con el libre desarrollo de la personalidad, nuestras autoridades están prácticamente maniatadas para actuar en contra de tan terrible flagelo.

Ya anda por ahí la torpe iniciativa de un tal senador Bolívar acerca del uso recreativo de la marihuana, apoyada sin reticencias por Santos y la cohorte de Soros, tendiente a revocar la drástica prohibición que sobre el porte y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas contempla el referido artículo 49 de la Constitución Política.

Cuando nuestros dirigentes deberían estar cerrando filas para librarnos de ese imperio maligno, unos, que se inspiran en los dogmas del liberalismo libertario, y otros, que piensan en el lucro que se derivaría del levantamiento de las restricciones que pesan sobre las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, obran abierta o veladamente para consolidarlo entre nosotros.

Según el procurador Carrillo, el crimen organizado internacional está haciendo de las suyas en nuestro país (https://www.larepublica.co/empresas/no-tenemos-corrupcion-sino-crimen-organizado-fernando-carrillo-florez-2904495). Ese imperio del mal mueve sus siniestros tentáculos desde el exterior, bien sea a partir de los cárteles de la droga mexicanos o de los gobiernos enemigos de Cuba y Venezuela, entre otros, como la organización de Soros cuyo agente principal aquí es Juan Manuel Santos. Pero no hay voluntad política ni, en general, colectiva, para contrarrestarlo.

No solo la droga conspira contra la suerte de Colombia. Por ahí anda también agazapada, pero mostrando sus orejas de lobo, la Revolución Sexual que agitan Petro, Claudia López, las Farc y, en general, sus conmilitones. Es asunto que he tratado en otros escritos y sobre el que será necesario volver, porque una elección de la López para la Alcaldía de Bogotá traería consigo la imposición de esos nuevos dogmas sobre el millón de niños que hay en las escuelas públicas de la capital. Piénsese en lo que se está haciendo en otras latitudes, como enseñarles desde la más tierna infancia a masturbarse, practicar el sexo anal o renunciar a todos los signos de identidad masculinos o femeninos.

Las debilidades del poder

Por una que podríamos considerar extraña tendencia humana, en la dirección de las sociedades las grandes decisiones suelen depender del talante de un solo individuo.

Esto se da, desde luego, en las monocracias, en las que por definición la soberanía reside en en un rey, emperador, dictador o como quiera denominárselo. Pero el fenómeno también se presenta en los regímenes colegiados, los de separación de poderes y de democracia bien sea directa o semidirecta.

La influencia decisiva de la acción individual se advierte incluso en los procesos revolucionarios, en que equivocadamente se cree que la fuerza impulsora depende de las masas, cuando en realidad procede de grupos relativamente cerrados que se aglutinan y movilizan gracias a la acción de individualidades vigorosas.

"El Tren de Lenin", de Catherine Merridale, ilustra de modo fehaciente sobre cómo la revolución comunista en Rusia se forjó básicamente a partir de la tenacidad obsesiva de Lenin. Y lo mismo podría decirse acerca del fascismo en Italia, que solo se entiende a partir de Mussolini; del nazismo, en Alemania, que es obra de Hitler; o de la Revolución Cubana impulsada por Fidel Castro, por no hablar del peronismo en Argentina o el chavismo en Venezuela.

La modernidad política se ha propuesto reducir al mínimo esas influencias individuales en el gobierno de las sociedades, bajo la idea de que el mismo debe reposar en la voluntad abstracta de la ley y no en la específica del gobernante. Pero se trata de un ideal difícilmente alcanzable. El gobernante incide en la formación, la interpretación y la aplicación de la ley, y así se lo rodee de cortapisas, como las que entraña la separación de poderes, si es lo suficientemente hábil y decidido puede saltárselas valiéndose de distintos recursos tanto regulares como irregulares, tal como lo hizo Santos.

El estudio de la personalidad de los gobernantes y su influencia sobre las decisiones que toman es objeto de publicaciones tan interesantes como "Esos enfermos que nos gobiernan", de Pierre Acocce y Pierre Rentchnick (vid. https://www.voltairenet.org/article125224.html); "Ces Don Juan qui nous gouvernent", de Patrick Girard, o "Ces psychopathes qui nous gouvernent", de Jean-Luc Hees.

La debilidad física, la perturbación mental y lo que quizás es peor, la deficiente estructura moral del gobernante pueden acarrear severos perjuicios para las comunidades.

Avanzo en la lectura del libro de David Owen: "En el Poder y la Enfermedad-Enfermedades de jefes de estado y de gobierno en los últimos cien años" (vid. fragmento en http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/En_el_poder_y_la_Enfermedad.pdf). Owen es médico y ha desarrollado una interesante carrera política en el Reino Unido, tanto en el parlamento como en el gobierno. Fue ministro de Salud y después de Asuntos Exteriores bajo el gobierno laborista de James Callahan entre 1977 y 1979.

Muchos gobernantes han tomado decisiones desacertadas y puesto en riesgo a sus gobernados bajo el peso de severos malestares físicos y el efecto de medicamentos supuestamente tomados para superarlos. Es célebre el caso de Hitler. Se sabe también que Kennedy tuvo que afrontar la crisis de los misiles en Cuba bajo el efecto de fuertes dosis de antibióticos que estaba tomando para combatir una blenorragia contraída por su promiscuidad sexual. Se cuenta también que en medio de una traba de marihuana con una de sus favoritas le dijo riéndose: "Qué tal que los rusos atacaran en este momento". Era un desastre como persona.

Las diversas manifestaciones de patología mental hacen estragos. Un caso célebre es el del presidente Wilson, a quién suplantó su esposa en las funciones de gobierno. Ward menciona además los episodios de depresión que afectaban a Churchill e incluso a De Gaulle, que en algún momento contempló la posibilidad del suicidio.

Pero el gran tema de Ward es de orden moral, aunque se lo trata desde una perspectiva neurológica: el sindrome de hubris (vid. https://academic.oup.com/brain/article/132/5/1396/354862).

"El término ‘hubris’ o ‘hybris’ (ὕβρις, hýbris) es un concepto griego que significa ‘desmesura’. Es lo opuesto a la sobriedad, a la moderación. Alude al ego desmedido, a la sensación de omnipotencia, al deseo de transgredir los límites que los dioses inmortales impusieron al hombre frágil y mortal. En la mitología griega se aplicaba a los que víctimas de su propia soberbia, se creían y actuaban como dioses. Es, en definitiva, un intento de romper el equilibrio entre los dioses, la naturaleza y el hombre. Y lleva implícito el desprecio hacia el espacio de los demás, lo que los lleva a realizar actos crueles y gratuitos contra ellos." (https://www.neurologia.com/articulo/2018355).

Owen y el psiquiatra Jonathan Davidson proponen que el SH (Síndrome de Hubris) se considere como un nuevo trastorno psiquiátrico, adquirido a raíz del ejercicio del poder, que da lugar a un deterioro del sentido de la realidad. Quienes lo padecen creen estar llamados a realizar grandes obras, se consideran omnipotentes y son incapaces de escuchar, mostrándose impermeables a las críticas. En ellos se puede advertir el trastorno narcisista de la personalidad.

Owen examina, entre otros,el caso de Anthony Eden, quien arruinó una brillantísima carrera política en la crisis de Suez en 1956. Sufría por ese entonces severos trastornos de salud, tenía que someterse a medicamentos fuertes, pero, sobre todo, había perdido su habitual compostura. Sus errores de juicio lo precipitaron a la más humillante de las derrotas cuando decidió utilizar la fuerza de las armas contra Nasser.

Bueno sería hacer un escrutinio de la presencia de este trastorno en los políticos que aspiran a gobernarnos. Desafortunadamente, la Constitución Política no contempla dentro de los requisitos de elegibilidad un certificado de salud mental, como tampoco otro de aptitud moral. Y no prevé dispositivos adecuados para impedir que el trastorno haga de las suyas respecto de gobernantes en ejercicio.

Hay que retomar el rumbo que se ha desviado

Pese a la insidiosa y dañina estigmatización que sus arteros enemigos han promovido contra el expresidente y hoy senador Uribe Vélez, su propuesta de los "tres huevitos" mantiene toda su vigencia (vid. http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/teoria-de-los-tres-huevitos).

En un país en que el Estado se halla a punto de sucumbir frente a la amenaza de poderosísimas fuerzas criminales, el rescate de la autoridad es un imperativo prioritario. Como lo dice paladinamente la Constitución, las autoridades de la república están instituidas para garantizar los derechos fundamentales de los habitantes del territorio y es deber principalísimo del presidente velar por la conservación del orden público y restablecerlo donde fuere turbado, haciendo uso de las atribuciones que se le han conferido y dentro de los límites previstos para las mismas.

Esto es elemental, pero entre nosotros han hecho carrera desde hace tiempos extrañas tesis según las cuales el ejercicio firme de la autoridad para combatir a los alzados en armas dizque es "guerrerismo" y la mejor manera de hacerlos entrar en razón es el diálogo claudicante, sobre todo cuando son más agresivos y vigorosos.

El resultado de esas tesis está a la vista: Colombia se encuentra constreñida por la camisa de fuerza de un NAF que no garantiza paz, sino la continuidad de un estado de cosas cada vez más deletéreo.

Sus beneficiarios constituyen apenas un grupo residual de las Farc, pues al parecer el grueso de esa guerrilla continúa comprometido con el narcotráfico y el desconocimiento del orden jurídico. A esas mal llamadas "disidencias" de las Farc se suman el ELN, el EPL, las bandas criminales de distinto pelambre ("Clan del Golfo", "Caparrapos", etc.) e incluso los cárteles mexicanos que se aprovechan del crecimiento desmesurado de los cultivos de coca que permitió e incluso estimuló el desgobierno de Santos.

Agréguese a ello la conspiración orquestada desde el exterior por los gobiernos de Venezuela y de Cuba, para darse cuenta de que hay condiciones de  inseguridad que hacen ilusoria la garantía de los derechos. 

En vastos sectores del territorio, incluyendo núcleos urbanos como Medellín o Cali, lo que rige es la ley de la selva, tal como puede advertirse si se examina el aumento de las tasas de homicidio. Le oí decir a Juan Carlos Vélez, actual candidato a la alcaldía de nuestra ciudad, que el 70% de su territorio está controlado por más de 300 "combos" criminales.

La seguridad no es una consigna de derechas ni de izquierdas, sino la más elemental de un conglomerado que aspira a convivir dentro de un marco de civilización. Quien estudie cómo esta se hizo posible en Europa tendrá que aceptar que se la logró gracias a la autoridad de la monarquía. Sin esta, la república que impuso la modernidad habría sido inviable.

James Carville, asesor de Bill Clinton, fue el inspirador de su famoso lema de campaña, "Es la economía, estúpido", que contribuyó a darle el triunfo en la contienda presidencial que lo enfrentó a George Bush padre (vid. https://www.lanacion.com.ar/economia/asi-nacio-la-frase-dirigida-a-un-estupido-nid954994).

En otras épocas los dirigentes de las sociedades más o menos podían darse el lujo de ignorar la importancia de la economía en el orden político. Pero hoy esa ignorancia es simple y llanamente criminal, como lo vemos en Venezuela. Sin una buena economía es imposible garantizar la función social del Estado que tanto encarece nuestra Constitución. Y, algo que ignoraba Marx y han ignorado sus seguidores, esa buena economía reposa sobre la iniciativa y el tesón de los empresarios. Estos son los que garantizan las tasas de crecimiento que hacen posible dar empleo adecuadamente retribuido, ofrecer bienes y servicios a precios asequibles, racionalizar el uso de los recursos productivos y, en suma, modernizar las sociedades.

Acá también una izquierda delirante ha hecho daño tras daño, sometiendo a los empresarios a intervencionismo excesivo, tasas impositivas prácticamente confiscatorias, cargas sociales imposibles de soportar, etc.

Tengo a la vista el caso chileno. La Concertación que sucedió a Pinochet tuvo claro que había que estimular al empresario. Ahí prevalecían elementos provenientes de la vieja izquierda que había llevado a Allende al poder y a su estruendoso fracaso. El régimen militar arrojó a muchos al exilio. Unos se fueron para la Europa del este y vieron que el socialismo no era tan bueno como lo pintaba la propaganda. Otros recalaron en Europa occidental y Estados Unidos, donde vieron así mismo que el capitalismo no era tan malo como lo describían los ideólogos. Llegaron, al igual que los chinos, a la conclusión de que en cuestiones de economía hay que ser pragmáticos y formularon la teoría del "goteo": hay que producir para luego distribuir, pero sin torcerle el pescuezo a la gallina de los huevos de oro. Es lo que Álvaro Gómez Hurtado en cierto momento llamó "desarrollismo", una idea que es indispensable rescatar en la Colombia de hoy.

Pero el crecimiento económico hay que concebirlo en función del desarrollo social, es decir, del mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Es lo que Uribe Vélez recalca en torno de la cohesión social, que no se obtiene mediante acciones populistas de corto alcance y precarios resultados, sino a través de políticas públicas bien diseñadas y correctamente aplicadas. No es la garrulería de un Petro ni la gritería de una Claudia López lo que consigue buenos logros, sino la inteligencia fundada en la seria consideración de realidades que de suyo son complejas.

Todos estos temas podrían ser objeto del gran acuerdo nacional que desafortunadamente no ha podido lograr el presidente Duque, cuya sintonía con la opinión pública y el partido que lo llevó al poder se advierte que es bastante precaria, al tenor de lo que registran las encuestas.

Alberto Lleras propugnaba hace años la necesidad de congregar las voluntades de los colombianos en torno de grandes propósitos nacionales. Nunca es tarde para intentarlo. Mejor dicho, hoy quizás más que nunca antes es indispensable promover esos acuerdos.