¿Hacia la Corea del Sur de Suramérica?

Nadie discute que las políticas públicas deben esmerarse en superar la pobreza y promover la igualdad, sobre todo en circunstancias en que una y otra sean extremas. Pero una cosa es la motivación de las políticas, que es de suyo razonable, y otras muy diferentes su formulación, su aplicación y sus resultados.

No es cierto que nuestros últimos gobiernos hayan ignorado esos cometidos. Bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez se lograron indiscutibles avances en el mejoramiento de las condiciones de vida de las capas más pobres de nuestra población y lo mismo puede decirse de la gestión de Santos, pese a las discrepancias que por otros aspectos ha suscitado. Pero a Duque le tocaron en mala suerte la pandemia y el "putsch" del candidato a quien derrotó en 2018, que dieron lugar a un sensible retroceso respecto de los logros obtenidos en años anteriores. 

En la reciente campaña electoral todos los candidatos coincidieron en la necesidad de combatir el hambre que aflige a un elevado número de nuestros compatriotas. Es claro que el voto abrumadoramente mayoritario de la ciudadanía estuvo motivado por estas consideraciones.

Lo que ahora se discute tiene qué ver con los modos de reducir tanto la pobreza como las desigualdades. La idea del gobierno que acaba de instalarse parece simple: hay que pedirles a los más pudientes que financien por la vía del impuesto las iniciativas asistencialistas en pro de los más necesitados. Y esas iniciativas comprenden una amplia gama de acciones como la renta básica, la jubilación de ancianos y mujeres cabeza de familia que no reúnen los requisitos para pensionarse, el salario para quienes no logren emplearse en el sector privado, quizás el subsidio del 50 % de la canasta básica y muchas otras más.

Tal como lo observó el entonces candidato Fajardo en un debate al que desafortunadamente no se dio pie para profundizarlo, las promesas del triunfador tendrían un costo superlativo, equivalente a varias reformas tributarias. Pero en ello se insiste ahora, no para hacerlo de una vez, sino paulatinamente en los años venideros.

El Estado de Bienestar, que según sus promotores aspira a proteger a cada persona desde la cuna hasta la tumba, abre muchas posibilidades de acción, unas muy razonables y otras no tanto. Todas ellas implican costos que debe sufragar el sector productivo. Su articulación exige buscar un difícil equilibrio entre lo deseable y lo posible. Si se desconoce la necesidad de ese equilibrio, todo termina como en el cuento de la gallina de los huevos de oro.

Si se aniquila el sector privado, lo que resta es la estatización, como sucede en Cuba, y la consiguiente pauperización de la población. Es, por lo demás, algo que anhelan no pocos extremistas que creen que de ese modo las comunidades resultarían más controlables. Ya lo ha dicho Francia Márquez: sólo hay que producir lo que sea estrictamente necesario. Y ciertos moralistas cristianos, dentro de los que quizás haya que considerar al Papa, agregan que de ese modo se eliminaría el consumismo que es un grave pecado del mundo capitalista. 

Parece muy simple extraer del sector productivo ingentes recursos para resolver necesidades insatisfechas de los sectores más desprotegidos de la comunidad, pero ese traslado de fondos pasa por un puente ineludible: el Estado, que al decir de Nietszche "es el más frío de los monstruos fríos". Las correas de transmisión que el mismo opera conllevan los costos internos de la burocracia y, tras ellos, los de la corrupción. No todo lo que se les quita a los ricos les llega a los pobres. Los políticos venales se quedan con una muy suculenta tajada consistente en puestos y contratos, cuando no en latrocinio mondo y lirondo.

Se ha dicho que toda revolución se traduce en un cambio de ricos. A los ricos cubanos y venezolanos los han reemplazado unas castas voraces que oprimen a los pobres con más codicia que la que empleaban los denostados capitalistas. De esas castas se ocupó Milovan Djilas en un libro famoso, "La Nueva Clase", que lo arrojó a la prisión en su nativa Yugoeslavia. En la URSS se las denominaba la "nomenklatura". Vid. La nueva clase. Un análisis del régimen comunista by Milovan Đilas (3 star ratings) (goodreads.com). 

Quizá con el nuevo régimen aparezcan entre nosotros esos nuevos ricos llamados a aprovecharse de las arcas públicas. Al parecer, en nuestra ciudad ya están haciendo de las suyas.

Como los promotores de este nuevo régimen no se atreven a proponer modelos como los fallidos de Cuba, Venezuela y Argentina, dicen que lo que los inspira es el de Corea del Sur, país al que poco conocen. Recuerdo que mi colega en Chile, el embajador de ese admirado país, me contaba que a mediados del siglo pasado allá reinaba una pobreza extrema. "Nuestros padres, me dijo, entendieron que el único modo de superarla era mediante la educación e hicieron un denodado esfuerzo para educarnos". Eso es posible en comunidades disciplinadas como las orientales, pero no en las nuestras, sometidas a la férula de los sinvergüenzas de Fecode. Algo más: me decía que mientras el exitoso modelo económico de Taiwan está basado en las pymes, el de Corea del Sur reposa sobre grandes empresas, como Samsung. Allá reina un capitalismo que irriga prosperidad para toda la población.

Cuatro amenazas

Nuestro régimen político sufre muchos asedios. Hay cuatro que están a la vista: el comunismo, la anarquía, la corrupción y la narcocracia.

El primero de ellos está en la agenda del gobierno venidero. Que se trate de implantarlo a las volandas o en cómodas cuotas, dependerá de las circunstancias. Pero no hay que llamarse a engaño: en el corto o en el mediano plazo veremos cómo se ponen en marcha los dispositivos indicados para que Colombia, que como he dicho gastó algo así como un siglo para defenderse de ese sistema totalitario y liberticida, haya terminado en una lamentable claudicación ante sus promotores. No pasará mucho tiempo sin que nos veamos invadidos por los cubanos y terminemos, como Venezuela, colonizados por ellos.

Un efecto posible del proceso de instauración del comunismo es la anarquía, que ya se advierte en las invasiones de tierras que están ocurriendo en distintas regiones y ante las cuáles ya se ha anunciado que las nuevas autoridades no aplicarán las leyes en defensa de los legítimos desechos de los propietarios, pues se dice que son problemas que deben resolverse por la vía del diálogo. No otra cosa cabe esperar de un gobierno conchabado con la minga indígena y promotor de la democracia tumultuaria capitaneada por la Primera Línea. La ausencia de autoridad que defienda los derechos y proteja a quienes los pretenden desconocer acarreará muy probablemente respuestas violentas de quienes se sientan afectados, dando lugar de ese modo a manifestaciones anárquicas, cuyas consecuencias son imprevisibles. Hay quienes advierten sobre los peligros de guerra civil que los desórdenes podrían acarrear.

Los resultados electorales más recientes dejan ver que la ciudadanía está hastiada por la corrupción imperante en todos los niveles de la organización estatal. Pero es dudoso que el conjunto de los elegidos esté dispuesto a dar pasos firmes para resolver ese problema que para todos los efectos es semejante a un cáncer terminal. Como decía Gaitán, ahí tenemos en la coalición  gobernante a "los mismos con las mismas". La aprobación de los proyectos legislativos tendrá el costo que ya se conoce: adjudicación de puestos y de contratos llamados a retribuir el voto de los congresistas. Quizás cuando salgan las leyes respectivas el nuevo gobierno tratará de quitárselos de encima, dando así lugar a conflictos institucionales de resultados inciertos.

El nuevo gobierno da por perdida la batalla que a lo largo de medio siglo se ha venido librando contra la droga. Ya no habrá erradicación de cultivos de coca, de marihuana, ni de amapola. Violando la Convención de Viena contra el narcotráfico, quiere promover no sólo su despenalización, sino la aceptación social de la producción, el comercio y el consumo de sustancias psicoactivas. Se da por hecho que somos el mayor cultivador de coca en el mundo y el mayor productor de la cocaína que inunda los mercados de los países desarrollados. Nos declaramos incapaces de contrarrestar ese hecho, del cual se siguen inexorablemente unas muy indeseables consecuencias políticas. Bien conocida es la nefasta influencia del narcotráfico en la política colombiana. La Paz Total que ahora se anuncia simplemente la protocolizará. Sus enormes recursos financieros y el control territorial que ejerce sobre vastos sectores de la geografía  patria harán que salgan a la luz nuevas élites dominantes, las que integran la narcocracia. Es probable que sigamos modelo imperante en Venezuela.

Todo este cuadro apunta hacia una eventualidad sobre la que advierte el importante libro de Moisés Naím que comenté hace poco en este blog, "La Revancha de los Poderosos": la autocracia. Es asunto que amerita considerarse en otra oportunidad.

Guerra y Paz

 Escribe el coronel John Marulanda:

"ADENDO: el nuevo comisionado de Paz, DANILO RUEDA, es director de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que en su página web declara: “La existencia de diversas organizaciones armadas guerrilleras son la expresión del ejercicio del Derecho a la Guerra, a la rebelión armada reconocida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los Derechos de los Pueblos, en tratados de humanistas y de iglesias en el mundo”. Rueda fue protagonista, junto al hermano del primer mandatario electo, de una visita de 6 horas a los presos de La Picota, cuando se les ofreció el “perdón social” del que habló el presidente elegido. “Me ofrecieron asilo en Suiza o en Francia (…) De hecho, la persona encargada de tramitar todo y de estar pendiente de hacer todo en Medellín era un señor Danilo Rueda…”, aseguró “El Tuso Sierra” en agosto de 2020. Así van las cosas por Colombia, gemelo de Venezuela." (Vid. Vigía – Del ministro de defensa y otras yerbas – La Linterna Azul).

No sabe uno de dónde saca esa Comisión Intereclesial que hay un derecho a la guerra y a la rebelión armada universalmente reconocido.

La Carta de las Naciones Unidas va en una dirección radicalmente opuesta. Vid. Carta de las Naciones Unidas (1945) (defensa.gob.es)

Su propósito es liberar a la humanidad del flagelo de la guerra, promoviendo la convivencia pacífica y que sólo se recurra a la fuerza armada en servicio del interés común. 

No hay en dicho texto reconocimiento alguno a un derecho a la guerra ni a la rebelión armada, fenómenos que no se consideran deseables, aunque sean desafortunadamente inevitables dentro de ciertas circunstancias y estén sometidos a diversas limitaciones con miras a evitar su propagación y sus efectos letales para las comunidades. Lo dice la Carta: la guerra no configura un derecho, sino un flagelo, y es deber de las naciones civilizadas resolver sus diferencias acudiendo ante todo a medios pacíficos.

La Constitución de 1991, que se expidió de hecho como un tratado de paz con el funesto M-19, es más enfática aún. Dispone en su artículo 22: "La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento". Uno de sus cometidos fundamentales, según el Preámbulo, es asegurar la paz para todos los integrantes del pueblo colombiano.  Y en concordancia con ello, el artículo 2 consagra como fin esencial del Estado la garantía de la convivencia pacífica.

A lo largo de la historia del pensamiento político media el acuerdo acerca de que esa convivencia pacífica exige que haya autoridad legítima encargada de promoverla y mantenerla. Hay toda una tradición acerca de los deberes y los consiguientes poderes de quienes, según la célebre definición de Sto. Tomás de Aquino, tienen a su cargo la gestión de los asuntos de la comunidad en aras de la convivencia pacífica de sus integrantes. A ellos se les imponen límites que ha ido decantando la civilización política, pero de ninguna manera se ha llegado a justificar que se los equipare con quienes hayan hecho de la violencia el leitmotiv de sus actuaciones.

Todo parece indicar que el Comisionado de Paz del gobierno venidero, al legitimar el derecho a la guerra y a la rebelión de los alzados en armas, va en contravía del ordenamiento tanto nacional como internacional y las bases mismas de la civilización política. 

Desafortunadamente, a ello conducen unas tendencias que más o menos solapadamente han venido haciendo carrera a lo largo de años en nuestra sociedad, en virtud de las cuáles, como dijo alguien de ingrata recordación, hay que ser condescendientes con quienes matan dizque para que otros vivan mejor.

Nuestro régimen político es susceptible, por supuesto, de muchos reparos. Pero afirmar que la Constitución de 1886, con las plausibles modificaciones que sufrió a lo largo del siglo pasado, imponía un régimen tiránico contra el cual se justificaba levantarse en armas, no deja de ser un exabrupto, máxime si quienes acudieron al expediente de la rebelión cometieron las peores atrocidades habidas y por haber. Si en la confrontación con los subversivos nuestra fuerzas armadas incurrieron en desafueros, los subversivos hicieron y continúan haciendo cosas mil veces peores que desafían las bases mismas de la civilización y merecen la severa repulsa de quienes creen en ellas.

¿Está el flamante Comisionado en el plan de pasar por alto el atroz cúmulo de barbaridades que ha cometido el ELN durante su tenebroso decurso? ¿La Paz Total que aspira a promover se apoyará en el olvido y la consiguiente impunidad de lo que los facciosos de todo pelambre han realizado para infortunio del pueblo colombiano?

¿Tiene, en fin, la razón el expresidente Pastrana cuando alerta sobre el advenimiento de una narcocracia llamada a imponerse sobre nuestra legitimidad democrática?