viernes, 22 de abril de 2016

Réquiem por la institucionalidad colombiana

El Senado aprobó el miércoles pasado en sexto debate el mal llamado acto legislativo para la paz. Si nada extraordinario sucede, en pocas semanas esa iniciativa será aprobada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y luego por dicha Cámara en pleno, entrando así a hacer parte de la Constitución Política de Colombia.

Lo que aprobó el Senado corrige apenas en parte la iniciativa propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos que ya había hecho carrera en cinco debates previos. Se trata del "Congresito" que estaba llamado a suplantar al Congreso en la discusión y aprobación de las reformas constitucionales  y legales tendientes a dar cumplido efecto a lo que se acordare con las Farc en los diálogos de La Habana. Pero queda incólume la parte sustancial del proyecto que en su momento califiqué en este blog como una propuesta indecente , por  sus deletéreos efectos sobre nuestra institucionalidad (Vid. http://jesusvallejo.blogspot.com.co/2015_09_01_archive.html).

Vuelvo sobre lo dicho en esa  oportunidad, para recabar sobre los siguientes puntos:

- El proyecto de acto legislativo en curso les asigna rango supraconstitucional a los acuerdos con las Farc.

- El futuro de la Constitución queda exclusivamente en manos de Santos y las Farc, con el Congreso como convidado de piedra.

- Santos quedará investido de atribuciones dictatoriales por el término de seis meses para modificar de acuerdo con lo que le impongan las Farc toda la legislación colombiana.

Veamos uno a uno estos temas.

¿Cuál es la naturaleza jurídica de los eventuales acuerdos que se firmen con las Farc?

Las Farc han insistido, con el apoyo del exfiscal Montealegre, en que estos acuerdos tienen el alcance de acuerdos especiales de carácter humanitario llamados a regular conflictos internos, al tenor de los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, y debe considerárselos como verdaderos tratados integrantes del Bloque de Constitucionalidad según nuestro derecho público  .(Vid. https://wlww.icrc.org/spa/assets/files/publications/icrc-003-0321.pdf).

A estos acuerdos se refieren los artículos 3, 6, 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 y 52 del Segundo de dichos Protocolos.

Pero el cometido de estos acuerdos especiales, como su nombre lo indica, versa sobre cuestiones de detalle en el ámbito de los conflictos internos y no sobre el régimen político, económico y social de los Estados inmersos en los mismos. 

No obstante ello, el gobierno ha dado el brazo a torcer acerca de esta interpretación evidentemente abusiva y extravagante de la normatividad aplicable a estos acuerdos especiales, pues en el Proyecto de Acto Legislativo se dice expresamente que las reformas constitucionales que se tramiten en desarrollo del mismo deberán ajustarse al contenido del Acuerdo Final con las Farc. A dicho contenido se sujetarán además las facultades extraordinarias que se otorgarán al Presidente y las leyes ordinarias que apruebe el Congreso para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final.

Obsérvese que el Congreso está dando por hecho ese Acuerdo Final, cuyos términos, sin embargo, no están definidos ni, por ende, se conocen. Pero, de entrada, somete la Constitución y la Ley a lo que en ellos se disponga. Les asigna entonces rango supraconstitucional.

¿Quién decide sobre ese Acuerdo Final? 

Hasta el momento, solo el gobierno y las Farc, a menos que la Corte Constitucional le dé visto bueno al proyecto sobre plebiscito y la ciudadanía lo vote favorablemente. Pero si la Corte declara inexequible la Ley Estatutaria de marras, la sola firma del Acuerdo lo pondría en vigor, sin necesidad siquiera de que se surtan las formalidades propias de un tratado internacional, como la aprobación mediante ley por el Congreso y la revisión de la Corte Constitucional.

Ello significa que, de aprobarse el Acto Legislativo que se tramita en estos momentos por el Congreso, el marco de toda la institucionalidad colombiana quedaría exclusivamente en manos de Juan Manuel Santos, un presidente cuyo prestigio anda por el suelo, y los capos de las Farc, a quienes el pueblo rechaza categóricamente.

Según lo dicho, el Acuerdo Final con las Farc contendrá las bases de la normatividad constitucional y legal llamada a facilitar y asegurar su aplicación.

La primera dará lugar a que el gobierno prepare los proyectos respectivos de reforma de la Constitución Política. El Congreso solo podrá introducirles modificaciones con el visto bueno gubernamental y siempre que se ajusten a los términos del Acuerdo. Y se los entenderá aprobados si el Congreso no los improbare por mayoría absoluta.

No hay que ser zahoríes para prever que el gobierno concertará previamente con las Farc el contenido de esos proyectos de reforma constitucional. Por consiguiente, con el Acto Legislativo que está en curso sería innecesaria la Asamblea Constituyente que piden las Farc, dado que el poder constituyente del Congreso estaría supeditado de hecho a lo que acuerden Santos y Timochenko. Ellos dos definirían los textos que el Congreso apenas podría improbar por mayoría absoluta.

En cuanto a las reformas legales, la situación sería peor, pues para las mismas se prevé dotar a Santos de facultades para expedirlas, sometidas tan solo al término de 90 días prorrogables otro tanto por decisión del propio Presidente. 

Vencidos esos términos, el Congreso recuperaría sus atribuciones legislativas, pero con las mismas limitaciones previstas para las reformas constitucionales, es decir, sometiéndose a lo que el gobierno le proponga o le acepte, y quedando reducido su poder tan solo a improbar por mayoría absoluta las iniciativas gubernamentales.

No cabe duda de que este proyecto de Acto Legislativo subvierte la Constitución y, si contásemos con una Corte Constitucional seria, estaría condenado a la inexequibilidad.

Pero Santos ha corrompido toda nuestra institucionalidad. Ejerce, de hecho, una dictadura que se tornará más descarada cuando entre en vigor el Acto Legislativo en comento y la Corte Constitucional, dizque en aras del valor supremo de la paz, le confiera su visto bueno.

Tiene toda la razón Fernando Londoño Hoyos cuando, desde "La Hora de la Verdad", afirma que lo que está sucediendo es lo más grave que haya podido producirse en la historia de la institucionalidad colombiana. 

Nos hallamos, en efecto, ad portas de la más profunda y destructiva revolución que concebirse pueda.

sábado, 16 de abril de 2016

Familia y Civilización

Dicen los dos primeros incisos del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia:

"La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se la constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

"El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable".

Es muy discutible que la Asamblea Nacional Constituyente hubiera pensado, al aprobar este texto, que también podría haber cabida dentro del régimen de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, digno por ende de protección integral, para extender esa protección a familias poliándricas, poligámicas o, como ahora lo pretende una Corte Constitucional prevaricadora, a familias homosexuales.

Sería muy poco probable que si al pueblo, que el artículo 3 de la Constitución Política declara que es el titular de la soberanía, se le consultara sobre la redefinición de la familia que pretende la Corte Constitucional, la misma pudiese contar con su visto bueno.

Ya hace unos años, el Congreso, que ejerce la función legislativa en nombre del pueblo, rechazó por amplia mayoría un proyecto de ley sobre el asunto.

Lo que ha dispuesto la Corte Constitucional excede todos los límites razonables de la interpretación del derecho.Pero eso no inquieta a la mayoría de los magistrados que la integran, pues ellos creen que su alta investidura les otorga total impunidad por los desafueros en que puedan incurrir. Además, parece que piensan que no están al servicio del derecho, sino de unas ideologías aupadas incluso por poderes ocultos que pretenden imponer a toda costa un Nuevo Orden Mundial radicalmente anticristiano. 

Hay a no dudarlo el  propósito de instaurar una nueva civilización que prescinda de todo nexo con el cristianismo y lo que este representa. El  proyecto que hay en curso es dar muerte a la civilización cristiana  o lo que quede de esta. Sus promotores han sido catalogados por Mgr. Charles Pope, en escrito que ya he citado en otras ocasiones y ahora vuelvo a traer a colación, como "Civilization killers"(Vid. http://blog.adw.org/2011/04/civilization-killers-on-the-decline-of-three-basic-cultural-indicators-and-what-it-means-for-america/).

La iniciativa que, so pretexto de garantizarles igualdad a los homosexuales y poner en ejecución una política de inclusividad que los integre en la vida comunitaria, no solo viola la Constitución tratando de introducirle suprepticiamente un cambio desde todo punto de vista irregular, sino que pone en marcha una nueva civilización. 

Entraña, ni más ni menos, una subversión de la Constitución, que la Corte Constitucional ha dicho que solo podría imponerse mediante una Asamblea Constituyente. 

En suma, estamos frente a una verdadera revolución promovida por el organismo que supuestamente tiene a su cargo la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución.

Como suele suceder, esta revolución se ha desarrollado de modo discreto, a partir de la acción de círculos relativamente pequeños y cerrados. pero muy activos y persistentes, que a través de distintos medios han logrado conquistar posiciones de privilegio en los diferentes escenarios sociales, especialmente en los que más influyen en la opinión pública y las instancias del poder.

Hay toda una agenda de destrucción de la familia, tema al cual me referí en este blog en otra ocasión (http://jesusvallejo.blogspot.com.co/2014/09/la-agenda-de-destruccion-de-la-familia.html). Y esta agenda toca con otro cometido, el de homosexualización de la sociedad, al que también me he referido aquí (http://www.periodismosinfronteras.org/la-homosexualizacion-de-la-sociedad.html).

Hay quienes consideran que estas afirmaciones adolecen de tremendismo y que estos cambios no solo son inocuos, sino que contribuyen a hacer más felices a personas que, como las que integran el colectivo LGTBI etc., han sufrido injustas discriminaciones por causa de sus respectivas orientaciones sexuales.

Pero otra cosa pensaba Carl C. Zimmerman, un eminente sociólogo que enseñó a lo largo de muchos años en Harvard y dejó una obra monumental titulada "Family and Civilization", de la que desafortunadamente no hay traducción castellana y solo se consigue en inglés en ediciones abreviadas.

Zimmerman muestra la evolución de la familia a través de las distintas etapas del proceso civilizatorio y muestra el impacto de cada estructura en los diferentes ámbitos sociales y el destino de la civilización misma.(http://isibooks.org/family-and-civilization.html).

Para estos efectos, clasifica las familias en tres grandes categorías; la familia-empresa ("trustee", en su lenguaje), de vasta extensión, propia de las sociedades agrarias, de la que es modelo la gens romana; la familia doméstica, de tipo nuclear, con fuertes lazos entre sus miembros, que se da en las civilizaciones emergentes; y la familia atomística, también de tipo nuclear, pero con débiles nexos entre sus integrantes, que es propia  de las avanzadas en las que reina el individualismo hedonísitico.(Vid. http://theroadtoemmaus.org/RdLb/21PbAr/CltWr/TraditFmly.htm).

Según las conclusiones a que llega Zimmerman, la relajación de los nexos familiares trae consigo de modo inexorable la decadencia y la ruina de la civilización, tal como sucedió en las antiguas Grecia y Roma, y está aconteciendo ahora mismo en Occidente.

Su libro, publicado por primera vez en 1947, advirtió sobre las peligrosas tendencias que se pusieron de manifiesto en los años subsiguientes, tales como mayores índices de violencia juvenil y depresión, aborto y homosexualidad, colapso de la natalidad y desplazamiento de poblaciones.(Vid. http://www.abovetopsecret.com/forum/thread350089/pg1).

Zimmerman señaló ocho signos de deterioro de la civilización debidos al deterioro de la institución familiar, a saber:

-La desacralización del matrimonio, de la que es muestra la facilitación y la frecuencia del divorcio.

-La pérdida de sentido de la ceremonia matrimonial.

-La eclosión del movimiento feminista.

-La creciente aceleración de la delincuencia juvenil, la promiscuidad y el espíritu de rebeldía.

-La reticencia de los casados respecto de sus deberes familiares.

-La expansión del deseo y la aceptación del adulterio.

-La multiplicación de las perversiones y los crímenes sexuales.

Es interesante traer a colación estas apreciaciones de Gibbon: la decadencia de Roma no solo se debió a factores externos, sino al debilitamiento de las virtudes tradicionales que alentaban el trabajo, el servicio militar en las legiones, las familias fuertes y la honestidad, El auge de la homosexualidad en la aristocracia romana contribuyó a la reducción de la natalidad y, en general, la relajación de costumbres trajo consigo la apatía, la dependencia del reclutamiento de bárbaros para integrar el ejército, la homosexualidad rampante y el vicio. A medida que la virtudes tradicionales romanas fueron reemplazadas por el egoísmo hedonista, el Imperio se fue viniendo abajo.

Stephen Baskerville  ha alertado en un sesudo ensayo acerca de las consecuencias que entraña la crisis de la familia para el futuro de la civilización.(Vid. http://www.nhinet.org/baskerville22-1.pdf). 

Su análisis muestra cómo la difusión del divorcio por mutuo acuerdo e incluso sin que se invoque otra causal justificativa del mismo que la de la suspensión de la convivencia de los cónyuges por un corto tiempo, ha resultado destructiva para la institución familiar y el bienestar de la sociedad.

No hay que olvidar ciertas nociones elementales, como que el matrimonio existe ante todo en función de la reproducción y el cuidado de la prole, no solo desde el punto de vista biológico, sino ante todo desde la perspectiva de su formación moral y su integración a la vida comunitaria.

Zimmerman, que no era creyente, encontró sin embargo que la obra maestra que hizo posible el auge de la civilización occidental fue la familia doméstica con fuertes lazos de integración que impuso la Iglesia Católica y se ha venido deteriorando progresivamente por obra de la Reforma, la Revolución Francesa y las deletéreas tendencias que han hecho carrera en los últimos tiempos, tales como la Revolución Sexual y la Ideología de Género.

Si hoy se habla con alarmante ligereza de la legitimidad del matrimonio homosexual es porque, como lo señaló Zimmerman, ya no se considera que el matrimonio es asunto rodeado de sacralidad, sino algo meramente convencional y de interés solo para los cónyuges, y también porque han hecho carrera ideas altamente discutibles sobre la sexualidad, que solo la conciben desde la perspectiva del placer que les reporta a los individuos, con prescindencia de sus efectos en la formación de la personalidad y en las necesidades colectivas.

Da la impresión de que nuestra Corte Constitucional no se ha detenido a considerar qué significa que la Constitución Política hubiera declarado que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ni cual es el sentido de la protección que debe brindársele. Lo que ha decidido  pone de manifiesto que para sus magistrados el texto constitucional es meramente declamatorio y tan carente de seriedad que puede interpretárselo con la ligereza y la fatuidad de que han hecho gala sus integrantes.



domingo, 10 de abril de 2016

Sin Dios ni Ley

La decisión que se apresta a tomar la Corte Constitucional acerca del matrimonio homosexual muestra a las claras que esa corporación no reconoce ni Dios ni Ley por encima de ella, y que en consecuencia cree que goza un poder soberano carente de límite alguno.

Aunque la Constitución Política de Colombia se expidió invocando la protección de Dios, tal como reza su ampuloso Preámbulo, y protege los bienes culturales que conforman la identidad nacional (art. 71), uno de los cuales es su tradición religiosa, en esa Corte han hecho carrera ideas muy discutibles sobre la total autonomía del derecho respecto de la religión y la moral. 

Esas ideas avalan un positivismo jurídico que a la postre termina legitimando el totalitarismo o por lo menos el despotismo, pues si por encima de la voluntad del legislador no hay referentes superiores de orden religioso y moral, él puede obrar a su arbitrio. Y por legislador ya no se entiende hoy, a la luz de las tendencias que impone el Nuevo Derecho, el Congreso, que se dice que representa la voluntad popular, sino todo aquel que de hecho logra hacer que se obedezcan sus mandatos, si estos gozan de alguna apariencia de juridicidad.

De hecho, la Corte Constitucional ha terminando adoptando el dogma del realismo jurídico norteamericano, según el cual el derecho es lo que los jueces decidan que es.(Vid. http://www.teoriadelderecho.es/2012/10/el-realismo-juridico.html).

Los constitucionalistas franceses suelen distinguir, al examinar el tema de la soberanía, la soberanía del Estado y la soberanía dentro del Estado. Este segundo aspecto de la cuestión se refiere a quién ostenta dentro del aparato estatal el máximo poder. En las monarquías absolutas se consideraba que ese poder estaba en manos del rey. Después se proclamó que era el pueblo su titular, y así lo dice el artículo 3 de nuestra pomposa Constitución Política, pero de hecho se lo ha atribuído a sí misma la Corte Constitucional, dizque en razón de que a ella le toca la guarda de la integridad de la Constitución (art. 241 Const. Pol.). 

Excediendo la interpretación de estas palabras, la Corte Constitucional cree estar incluso por encima del pueblo soberano y no se toma siquiera el trabajo de explorar su parecer sobre asuntos que afectan gravemente la identidad nacional y su configuración cultural.

Viene a la memoria el comentario que hizo Don Miguel Antonio Caro cuando los conservadores apoyaron el régimen federal de la Confederación Granadina en 1858:"El guardián del manicomio se contagió de la locura de sus internados". Algo parecido viene ocurriendo ahora: la encargada de la guarda de la Constitución se la metió al bolsillo, la hizo su prisionera, se declaró soberana por encima del pueblo en cuyo nombre dice obrar.

En la lectura de los Hechos de los Apóstoles que se está haciendo hoy en todas las iglesias católicas de Colombia, los fieles van a escuchar estas tajantes palabras de Pedro:"Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres". 

La Corte Constitucional no se toma el trabajo de explorar si hay Ley de Dios acerca de la institución familiar. De tajo nos dice que no reconoce a Dios como Supremo Legislador del Universo, no cree que exista y si de  pronto lo hay, nada tiene que ver con los asuntos que ella maneja.

Para la mayoría de quienes la integran, el tema es mítico o, al menos, asunto de mera creencia subjetiva que carece de toda incidencia en la vida pública y, específicamente, en el ordenamiento del derecho. Pero, si bien se miran los hechos, esa creencia ha fundado no solo una civilización, la nuestra, sino muchas otras. En rigor, quienes se se han ocupado del estudio de las civilizaciones han llegado a la conclusión de que todas ellas se inspiran en credos religiosos. No en vano ha dicho Paul Ricoeur, que pesa intelectualmente muchísimo más que todos los magistrados juntos y hasta multiplicados por ciento, que la civilización surge de un impulso hacia lo alto, es decir, de un soplo del espíritu, de un llamado a la trascendencia.

Es verdad que lo atinente a las relaciones del derecho con la moral y las de esta con la religión es bastante complejo. Pero no es para despacharlo con el desenfado que lo hacen juristas deformados y comunicadores ignaros. Piénsese tan solo en que la gran cuestión del fundamento de los derechos inalienables de la persona humana, que está en el centro del pensamiento jurídico actual, toca inexorablemente con el carácter sagrado que la rodea. Y lo sagrado nos lleva directamente a la religión, como bien lo explicó Rudolph Otto en su célebre libro "Lo Santo".(Vid. https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/otto-lo-santo.pdf).

Los redactores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos vieron con entera claridad la conexión de los derechos fundamentales con la creencia cristiana en la sacralidad del hombre, cuando afirmaron como evidentes, entre otras, estas verdades: que todos los hombres son creados iguales y son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.(Vid. http://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html). 

Si prescindimos de esta creencia, como lo hacen los ateos que imponen su voluntad en la Corte Constitucional, nos veremos en calzas prietas para identificar un fundamento racional de los derechos, comenzando por el primero de todos, que es el derecho a la vida.

Y es precisamente porque se ha deteriorado la creencia en el valor sagrado de la vida humana, que hoy asistimos al más horrendo de los holocaustos que haya podido conocerse en la historia, el de los millones de nasciturus abortados que la perversa Mrs. Clinton acaba de afirmar que carecen de toda protección constitucional. 

Recomiendo a mis lectores que entren a esta página para que se den cuenta de hasta dónde llega la negación del carácter sagrado de la vida humana hoy, tan solo en lo que al aborto concierne: http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2016/04/09/la-carte-du-plus-grand-holocauste-silencieux-de-l-histoire-5786261.html.

El pensamiento cristiano hizo suya la idea estoica de la Lex Naturalis para vincularla con la de Ley de Dios, manifestada ante todo en la revelación de las Sagradas Escrituras, pero también en el interior del hombre a través de la conciencia.

Estas ideas, repito, son básicas para entender el significado de la Civilización Occidental. Ha llegado a pensarse, incluso, que son las que la han exaltado hasta el punto de erigirse sobre todas las demás que hoy existen.

Pues bien, dentro de esta línea de pensamiento se da la creencia en un orden natural de las sociedades humanas. No es exactamente el orden de la naturaleza que rige en el mundo físico o en el biológico, sino otro, ajustado a la realidad profunda de nuestra especie, que participa ciertamente de aquellos órdenes, pero se identifica no solo por su psiquismo, sino por su apertura al mundo del espíritu. Más precisamente, es un orden inspirado en la vocación espiritual del ser humano, en su destino eterno.

A los que piensen que esto ubica dentro de los famosos enunciados que Wittgenstein consideraba carentes de sentido, les recomiendo que lean lo que escribe el Dr. Robert Lanza, uno de los científicos más prominentes de la actualidad, acerca del papel del espíritu en el Cosmos y, en especial, en el ser humano.(Vid.http://bestndebooks.com/index.php/2015/10/11/quantum-physics-proves-that-an-afterlife-is-inevitable/; http://www.robertlanza.com/). 

Pues bien, el ordenamiento adecuado para la cabal realización del ser humano, tanto desde la perspectiva individual como la social y la de la especie, emana de su naturaleza misma, tal como ha sido creada por Dios, y no de las fantasías arbitrarias y a menudo delirantes de los ideólogos. No es un orden arbitrario ni gratuito.

Pero la idea que se ha impuesto en los medios académicos a partir de Kant y, sobre todo, de Sartre, niega que el orden humano tenga que ver con nuestra naturaleza, pues lo humano dizque trasciende lo empírico y carece de una esencia fija. Es el hombre mismo quien arbitrariamente se dota de esencia, pues como dice Sartre, en él "la existencia precede a la esencia". De ahí se sigue la tesis que hoy circula como moneda corriente según la cual, siendo el ser humano producto exclusivo de la cultura, es del todo maleable y se lo puede moldear como se quiera. Así las cosas, el género no depende del sexo y es tan versátil en sus manifestaciones como lo permita la imaginación y lo decida la voluntad.

Por eso se habla de que no hay otra definición la familia que la que les venga en gana a los magistrados de la Corte Constitucional, que son los llamados a decir con absoluta autoridad qué significan las palabras de la Constitución. Ellos pueden, entonces, disponer a su arbitrio y con el aplomo que les dé su ignorancia, sobre lo que significan palabras como persona humana, hombre, mujer, igualdad, libertad, bienestar, derecho, moral, nación, etc.

Por eso digo que es una Corte que obra sin Dios ni Ley, pues se autoadjudica la potestad soberana de decir con autoridad cómo se lee la Constitución.

Esta dice en su artículo 42 que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Todas estas palabras tienen su sentido natural y obvio, pero la Corte considera que la definición constitucional se quedó corta, pues en virtud del principio de igualdad hay que añadirle a la definición unas palabras que la hagan acorde con la idea del matrimonio igualitario, es decir de parejas del mismo sexo.

Es claro que la Constitución dispuso que el matrimonio fuera heterosexual, como ha sucedido en todas las sociedades humanas a lo largo de la historia. Su propósito no fue el de discriminar a los homosexuales, sino partir de una realidad que hoy se niega por consideraciones ideológicas: la homosexualidad no es igual a la heterosexualidad, pues no solo son diferentes en cuanto a su naturaleza, sino por razones morales. Hoy no se discute que la actividad homosexual, ejercida dentro del ámbito de la intimidad, no debe ser reprimida. Pero es altamente cuestionable que se afirme que debe ser estimulada. En ello hay mucha tela para cortar.

Como lo puso de manifiesto el hoy senador Álvaro Uribe Vélez en su declaración acerca del asunto que nos ocupa, la Corte Constitucional, esta sustituye la supremacía de la Constitución por la de unas ideologías harto discutibles, como lo es la de género. Aquella no se lee a través de lo que dice en lenguaje corriente y ni siquiera en el profesional de los juristas, sino con un sesgo ideológico del que participan ciertos sectores de la comunidad, pero ni siquiera la gran mayoría del pueblo supuestamente soberano.

Ese sesgo ideológico obedece a nítidos cometidos políticos que el común de la gente probablemente ignora y quizás no aprobaría, al menos en el sentido absolutista con que se pretende imponerlos.

La promoción de la homosexualidad está hoy en primer lugar en la agenda pública por tres motivos principales:

-El control de la población mundial.

-La destrucción de la familia tradicional.

-La erradicación del cristianismo.

Varias veces he recomendado en este blog la lectura, por lo demás estremecedora, de un documento que divulgó hace años Randy Engel bajo el título "The New Order of Barbarians" ("El Nuevo Orden de los Bárbaros"). Acá vuelvo sobre él, para insistir en que se lo lea y se lo asimile : http://www.jrbooksonline.com/pdf_books/new_order_barbarians-1988-24pg-pol.pdf; 
https://archive.org/details/New_Order_of_Barbarians_remaster_tapes_1to3;
http://100777.com/nwo/barbarians).

Los promotores de la despoblación no solo aspiran a que el tamaño de la población humana se mantenga estable, sino a su reducción en proporciones que algunos llevan al extremo de  proponer que se mantenga en apenas 500.000.000. 

El control de la población solo es posible si se limita la reproducción, que es tarea fundamental de las familias, y para ello se habla de separar en la sexualidad la función reproductiva y la recreativa. Como esta es imposible de frenar, y hasta se considera que es conveniente estimularla, lo lógico es promover el sexo no reproductivo, que es por excelencia el homosexual. La promoción de la homosexualidad representa entonces un medio poderoso de control natal.

La destrucción de la familia tradicional es un proyecto aupado sobre todo por Marx y Engels (Vid. Engels, "El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado", https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/el_origen_de_la_familia.pdf). Después de ellos, lo han promovido la Escuela de Frankfurt, la Ideología de Género y, en suma, el marxismo cultural, tendencias hoy reinantes en los escenarios académicos.

Para estas escuelas, la familia tradicional es alienante y constituye un severo impedimento para la emancipación humana. Ya no se la ve como el orden que favorece la reproducción de la especie, el cuidado de la prole y la transmisión de valores culturales que permiten la integración de las nuevas generaciones al escenario social, sino como fuente de opresión y aniquilamiento de la personalidad.

Los enemigos de la familia tradicional descreen que ella sea el núcleo fundamental de la sociedad, la célula básica del organismo colectivo, y por eso desatienden el enunciado del artículo 42 de la Constitución Política, que para ellos es meramente declamatorio. 

Curiosamente, a pesar del carácter socialista del marxismo, los enemigos de la familia tradicional promueven un individualismo feroz que trata de eliminar toda autoridad sobre infantes y adolescentes que no sea la del Estado, siguiendo la tesis de Rousseau que buscaba eliminar los grupos intermedios de la sociedad a fin de que el individuo aislado solo tuviese que habérselas con el cuerpo político.

Pero el propósito último de  todas estas tendencias es la erradicación del cristianismo. Es para ellos una "solución final", en el mismo sentido que a esta expresión le daban los nazis para referirse a la cuestión judía.

De ese modo, se ha desatado una persecución muchas veces solapada, pero también nítida, contra todas las confesiones cristianas, de lo que da cuenta un importante libro que también he citado varias veces en este blog:"The Criminalization of Christianity", de Janet (Folger Porter). (Vid:https://scholar.google.com.co/scholar?q=the+criminalization+of+christianity&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwj3-cjTooXMAhVBVT4KHWBWCf0QgQMIGTAA); 
http://www.cnsnews.com/blog/michael-w-chapman/huckabee-we-are-moving-rapidly-toward-criminalization-christianity).

Para muestra, un botón: hace poco Mrs. Clinton, que aspira a la presidencia de los Estados Unidos, afirmó que a las iglesias hay que obligarlas coactivamente a modificar sus creencias sobre cuestiones como la homosexualidad, el aborto o la condición femenina: «Los códigos culturales profundamente arraigados, las creencias religiosas y las fobias estructurales han de modificarse. Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales».(Vid. http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=23915).

Bien se ve, pues, que nuestra Corte Constitucional no está al servicio del pueblo, sino de intereses ocultos que promueven la instauración de un Nuevo Orden Mundial (NOM).