Les dije hace poco a mis estudiantes del curso de Teoría Constitucional en la Escuela de Ciencia Política de la UPB, que quizás sea el que cierre medio siglo de profesorado universitario, habida consideración de mis quebrantos de salud, que fuera de muchos males estructurales que han gravitado a lo largo de los años sobre nuestro afligido país, en las últimas décadas se han conjugado tres especialmente funestos: la corrupción, la subversión y el narcotráfico.
El proceso que culminó con la expedición de la Constitución de 1991 que actualmente nos rige con el sobreañadido del perverso NAF se promovió en buena medida por la necesidad de ponerles coto a esos tres grandes males.
A las claras se advierte que fracasó rotundamente en ese empeño. Esas tres plagas siguen haciendo su agosto entre nosotros. La peor de ellas, el narcotráfico.
En un escrito reciente observé lo que todo el mundo sabe: el legado de la gestión presidencial de Juan Manuel Santos se traduce en 250.000 has. de cultivos de coca, 1.500 toneladas de producción anual de cocaína y, según el coronel Plazas Vegas, US$ 1.400.000.000 de ingresos por su tráfico externo, que superan con creces los que obtenemos del petróleo y el carbón sumados. Así lo declaró en esta semana para "La Hora de la Verdad" (vid. https://co.ivoox.com/es/alfonzo-plazas-vega-mayo-28-2019-audios-mp3_rf_36397596_1.html).
Somos el mayor productor de cocaína en el mundo. Es nuestro producto estrella en el mercado internacional. Nos aproximamos, pues, a la deplorable categoría de un Narcoestado.
Lo he dicho a menudo: el NAF vulnera directamente los compromisos de la "Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas" que obliga en particular a Colombia.
Va en especial contra el numeral 10 del artículo 3, que a la letra dice:
"10. A los fines de la cooperación entre las Partes prevista en la presente Convención, en particular la cooperación prevista en los artículos 5, 6, 7 y 9, los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de las Partes."
Ha de entenderse, desde luego, que lo de las limitaciones constitucionales y los principios fundamentales del derecho interno de las Partes toca con lo que hubiera al momento de adherir a la Convención, pues de ahí en adelante es lógico que toda la normatividad posterior debe ajustarse a los severos condicionamientos de la Convención.
Pues bien, como se dice vulgarmente, Colombia, para quedar bien con las Farc, se ha pasado por la faja este y otros muchos otros compromisos contraídos con la comunidad internacional en orden a combatir el narcotráfico.
No solo el ordenamiento supraconstitucional del NAF favorece a las Farc y por ende al narcotráfico. Tal como lo ponen de manifiesto las recientes decisiones de las Altas Cortes sobre el caso Santrich y las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, así como lo decidido por la Corte Constitucional sobre el uso del glifosfato para erradicar los cultivos de coca, queda la impresión de que nuestra administración de justicia, ya de por sí corrompida, se ha puesto del lado de la subversión y el narcotráfico, que van de la mano.
Hablo sin reato de subversión, porque las Farc, pese a sus proclamas pacifistas, siguen animándola. No en vano mantienen su adhesión al marxismo-leninismo, que dicta su vocación revolucionaria, y a la combinación de las formas de lucha, trátese de las legales que con extremada largueza les protege el NAF, o de las ilegales en que están sus disidencias y grupos afines en las regiones en que prevalecen los cultivos de coca, así como la producción y el tráfico de cocaína.
Lo de Santrich no es un caso aislado. Las pruebas que se han exhibido en contra suya muestran un profundo compromiso con el narcotráfico: nada menos que la exportación a México de 10 toneladas de cocaína. Y este capo va de la mano precisamente con el jefe del equipo negociador de las Farc en La Habana, Iván Márquez, quien optó por huir ante el riesgo de que lo pidieran también en extradición, como parece que va a suceder, habida consideración del protagonismo de su sobrino en este oscurísimo asunto. En síntesis, parece que dos de los dirigentes más destacados de las Farc siguieron comprometidos con el narcotráfico después de las firma del NAF. ¿Sucederá lo mismo con otros?
Oigo muchos comentarios negativos sobre el presidente Duque por sus supuestas falta de liderazgo y decisión frente a estos males que carcomen a Colombia. No faltan los que piensan que le convendría dar un "fujimorazo", como lo recomienda mi apreciado amigo Carlos Andrés Gómez Rodas (vid. http://www.elojodigital.com/ contenido/17597-colombia- paura-di-vincere-iv-n-duque- un-presidente-pusil-nime). Pero hay que ponerse en su lugar: es un gobernante que, como dijera Gabriel Turbay en otras circunstancias, debe obrar en medio de una "alambrada de garantías hostiles". De él bien puede decirse que "reina, pero no gobierna", expresión que suele adjudicarse a un célebre constitucionalista inglés del siglo XIX, pero procede del canciller polaco Jan Zamoyski cuando se enfrentó al rey Segismundo III, criticando su protagonismo político, y se popularizó cuando Thiers echó mano de ella para combatir a Carlos X (https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/de-donde-surge-la-expresion-el-rey-reina-pero-no-gobierna/).
Temo que los acontecimientos que vienen presentándose y ponen de manifiesto una verdadera conjura contra el presidente Duque sean el orto de una grave crisis institucional. La veo venir, porque Colombia es hoy por hoy, debido a la deficiente institucionalidad con que cuenta, un país ingobernable, y una situación de estas no puede prolongarse indefinidamente. Hay un rechazo natural de las sociedades a la anarquía, al desorden, que es hacia lo que nos está conduciendo la falta de compromiso con los verdaderos intereses del país que exhiben no pocos de nuestros dirigentes.
Hubo presidentes que viéndose acogotados dieron golpes de mano, como Reyes y Ospina Pérez, que cerraron unos congresos hostiles; otros, en cambio, se dejaron caer para que el país quedase en manos de dictadores militares, como Obando en 1854 y Laureano Gómez en 1953. Las circunstancias actuales no son las mismas de épocas pasadas, pero las crisis necesitan resolverse y es a eso a lo que hoy estamos avocados.
Colombia no solo desconoce su propia institucionalidad y la pone al servicio del narcotráfico, sino que desafía sus compromisos con la comunidad internacional. Está al borde de la descertificación por parte de los Estados Unidos, pues como dice el presidente Trump, pese a estar gobernada por un "buen tipo", no deja de incrementar sus envíos de cocaína hacia allá, y de contera, nuestras autoridades judiciales se burlan de la cooperación internacional contra el narcotráfico, a la que estamos solemnemente obligados.
¡Que Dios nos tenga de su mano!
El proceso que culminó con la expedición de la Constitución de 1991 que actualmente nos rige con el sobreañadido del perverso NAF se promovió en buena medida por la necesidad de ponerles coto a esos tres grandes males.
A las claras se advierte que fracasó rotundamente en ese empeño. Esas tres plagas siguen haciendo su agosto entre nosotros. La peor de ellas, el narcotráfico.
En un escrito reciente observé lo que todo el mundo sabe: el legado de la gestión presidencial de Juan Manuel Santos se traduce en 250.000 has. de cultivos de coca, 1.500 toneladas de producción anual de cocaína y, según el coronel Plazas Vegas, US$ 1.400.000.000 de ingresos por su tráfico externo, que superan con creces los que obtenemos del petróleo y el carbón sumados. Así lo declaró en esta semana para "La Hora de la Verdad" (vid. https://co.ivoox.com/es/alfonzo-plazas-vega-mayo-28-2019-audios-mp3_rf_36397596_1.html).
Somos el mayor productor de cocaína en el mundo. Es nuestro producto estrella en el mercado internacional. Nos aproximamos, pues, a la deplorable categoría de un Narcoestado.
Lo he dicho a menudo: el NAF vulnera directamente los compromisos de la "Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas" que obliga en particular a Colombia.
Va en especial contra el numeral 10 del artículo 3, que a la letra dice:
"10. A los fines de la cooperación entre las Partes prevista en la presente Convención, en particular la cooperación prevista en los artículos 5, 6, 7 y 9, los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de las Partes."
Ha de entenderse, desde luego, que lo de las limitaciones constitucionales y los principios fundamentales del derecho interno de las Partes toca con lo que hubiera al momento de adherir a la Convención, pues de ahí en adelante es lógico que toda la normatividad posterior debe ajustarse a los severos condicionamientos de la Convención.
Pues bien, como se dice vulgarmente, Colombia, para quedar bien con las Farc, se ha pasado por la faja este y otros muchos otros compromisos contraídos con la comunidad internacional en orden a combatir el narcotráfico.
No solo el ordenamiento supraconstitucional del NAF favorece a las Farc y por ende al narcotráfico. Tal como lo ponen de manifiesto las recientes decisiones de las Altas Cortes sobre el caso Santrich y las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, así como lo decidido por la Corte Constitucional sobre el uso del glifosfato para erradicar los cultivos de coca, queda la impresión de que nuestra administración de justicia, ya de por sí corrompida, se ha puesto del lado de la subversión y el narcotráfico, que van de la mano.
Hablo sin reato de subversión, porque las Farc, pese a sus proclamas pacifistas, siguen animándola. No en vano mantienen su adhesión al marxismo-leninismo, que dicta su vocación revolucionaria, y a la combinación de las formas de lucha, trátese de las legales que con extremada largueza les protege el NAF, o de las ilegales en que están sus disidencias y grupos afines en las regiones en que prevalecen los cultivos de coca, así como la producción y el tráfico de cocaína.
Lo de Santrich no es un caso aislado. Las pruebas que se han exhibido en contra suya muestran un profundo compromiso con el narcotráfico: nada menos que la exportación a México de 10 toneladas de cocaína. Y este capo va de la mano precisamente con el jefe del equipo negociador de las Farc en La Habana, Iván Márquez, quien optó por huir ante el riesgo de que lo pidieran también en extradición, como parece que va a suceder, habida consideración del protagonismo de su sobrino en este oscurísimo asunto. En síntesis, parece que dos de los dirigentes más destacados de las Farc siguieron comprometidos con el narcotráfico después de las firma del NAF. ¿Sucederá lo mismo con otros?
Oigo muchos comentarios negativos sobre el presidente Duque por sus supuestas falta de liderazgo y decisión frente a estos males que carcomen a Colombia. No faltan los que piensan que le convendría dar un "fujimorazo", como lo recomienda mi apreciado amigo Carlos Andrés Gómez Rodas (vid. http://www.elojodigital.com/
Temo que los acontecimientos que vienen presentándose y ponen de manifiesto una verdadera conjura contra el presidente Duque sean el orto de una grave crisis institucional. La veo venir, porque Colombia es hoy por hoy, debido a la deficiente institucionalidad con que cuenta, un país ingobernable, y una situación de estas no puede prolongarse indefinidamente. Hay un rechazo natural de las sociedades a la anarquía, al desorden, que es hacia lo que nos está conduciendo la falta de compromiso con los verdaderos intereses del país que exhiben no pocos de nuestros dirigentes.
Hubo presidentes que viéndose acogotados dieron golpes de mano, como Reyes y Ospina Pérez, que cerraron unos congresos hostiles; otros, en cambio, se dejaron caer para que el país quedase en manos de dictadores militares, como Obando en 1854 y Laureano Gómez en 1953. Las circunstancias actuales no son las mismas de épocas pasadas, pero las crisis necesitan resolverse y es a eso a lo que hoy estamos avocados.
Colombia no solo desconoce su propia institucionalidad y la pone al servicio del narcotráfico, sino que desafía sus compromisos con la comunidad internacional. Está al borde de la descertificación por parte de los Estados Unidos, pues como dice el presidente Trump, pese a estar gobernada por un "buen tipo", no deja de incrementar sus envíos de cocaína hacia allá, y de contera, nuestras autoridades judiciales se burlan de la cooperación internacional contra el narcotráfico, a la que estamos solemnemente obligados.
¡Que Dios nos tenga de su mano!