El gobierno nacional está activando una profusa campaña para aclimatar entre los colombianos el apoyo al proceso de diálogos con las Farc que se lleva a cabo en La Habana.
De hecho, ya inició la campaña en pro del sí en el plebiscito que se proyecta convocar para que la ciudadanía refrende los acuerdos a que se llegue con la subversión narcoterrorista.
Fuera de los aspectos constitucionales y legales que se involucran en esta campaña, habida consideración de que con ella se realiza una actividad preelectoral por fuera de los términos estipulados para el efecto y se pone en abierta desventaja a los partidarios de votar no en ese acto plebiscitario, llama la atención que se le pida a la ciudadanía que apoye unos acuerdos que todavía no se han firmado en su totalidad -recuérdese que una de las reglas de esos diálogos postula que "nada está acordado hasta que todo esté acordado"-, fuera de que aún en el evento de que lo estuvieren, quedaría por definir su reglamentación, que es tarea que se espera que cumplan el congreso restringido ("Congresito" o Asamblea Constituyente soslayada) y Santos, este último en ejercicio de potestades dictatoriales que aspira a adquirir para modificar a su arbitrio todo el régimen institucional de Colombia.
En una intervención que tuve en el Club Campestre de Medellín a fines del año pasado señalé que sobre los dirigentes colombianos recaen severas responsabilidades sobre hechos que sin lugar a dudas repercutirán a fondo sobre nuestro destino. Esos dirigentes gozan de los privilegios del poder, de la influencia sobre las comunidades, de la credibilidad ciudadana. Y en sana lógica, tales privilegios implican deberes correlativos, el principal de los cuales consiste precisamente en dirigir la vida colectiva y hacerlo de modo responsable.
Dirigir es trazar rumbos, prever escenarios eventuales, alertar sobre riesgos que puedan presentarse, apoyar lo que sea plausible y oponerse a lo que parezca perjudicial. Para ello hay que informarse adecuadamente sobre las situaciones de que se trate y obrar con prudencia, dado que la acción política acarrea resultados que siempre serán aleatorios y llamados a proyectarse a corto, mediano y largo plazos.
Por supuesto que unos de esos resultados posibles son altamente deseables, como que las Farc se desmovilicen, prescindan de la acción armada, cesen sus acciones delictivas y se involucren en la vida política en igualdad de condiciones con los partidos y movimientos que actúan en el escenario nacional.
Pero el precio que los capos están exigiendo amerita unas muy reflexivas ponderaciones.
Yo no me imagino, por ejemplo, a los responsables de las grandes empresas apoyando contratos hechos a la diabla con los que se pone en peligro su existencia misma, como tampoco me cabe en la cabeza que la jerarquía eclesiástica, llamada a velar por la salud espiritual del pueblo de Dios, apruebe el perdón indiscriminado de atrocidades que claman justicia al Cielo, ni tampoco encuentro de buen recibo que los magistrados de las altas cortes les den visto bueno a proyectos y acuerdos que se llevan de calle los más elementales principios del derecho civilizado.
Es verdad que Santos, cual caballo desbocado, anda en una loca carrera de abyectas claudicaciones frente a los capos de las Farc, como la de considerar que el narcotráfico es delito conexo con los políticos y merece tratarse con benignidad en aras de la firma de los acuerdos de paz. Pero, como lo escribí hace algún tiempo en este blog, a ese orate conviene ponerle freno.
El Centro Democrático está preparando un derecho de petición al presidente de la república, orientado precisamente al logro de ese propósito.
Es importante que la ciudadanía haga uso de todos los instrumentos que la institucionalidad autoriza para hacerse oír y enderezar en la medida de lo posible un rumbo que parece llevarnos al borde de un precipicio y arrojarnos a sus abismos.
Santos todavía no ha querido responderle a Óscar Iván Zuluaga cuando este en campaña le preguntó qué estaba dispuesto a concederles a las Farc. El país no lo sabe, pero sus dirigentes, que vaya uno a saber la yerba que están fumando, nos recomiendan que votemos sí a algo de contenidos y repercusiones que ignoramos.
Todos los teorizantes de la democracia la fundan en decisiones cabalmente informadas y reflexivas del ciudadano del común. Pero acá se pretende que la ciudadanía vote sí a ciegas sobre asuntos que de ninguna manera son de poca monta.
Ese modo de proceder conlleva a todas luces la autodestrucción del sistema democrático.
¡COLOMBIA, DESPIERTA ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE!
Magnífico análisis sobre el mal llamado proceso de diálogos con las FARC, que alerta sobre los graves riesgos que se ciernen sobre el país.
ResponderEliminarEs altamente probable que un sector mayoritario de la opinión pública continúe anestesiado y vote “si” en el plebiscito, sin mayor discernimiento, porque la publicidad del Gobierno por el “sí” será abrumadora y eclipsará totalmente la campaña por el “no”.
Cada dia se hace más claro que el criterio del gobernante es el suyo propio por encima de toda advertencia de sensatez.
ResponderEliminarLa venta de ISAGEN muestra el carácter autoritario del Presidente.
Vivimos un momento particularmente grave de nuestra Historia y ante el rotundo fracaso de las conversaciones de la Habana, en donde no se ha negociado nada que no sea la aceptación del criterio unilateral de las FARC, hemos ido presenciando como a cada dia se nos sorprende con un si a lo que ayer era un no.
El pais debe despertar como lo sugiere este excelente artículo ante la evidencia de que lo estamos tolerando es la demoralización de Colombia, como Nación, como Estado y como Pais.