Los Demonios del Rencor

A los senadores Petro, Cepeda, Bolívar y otros de igual calaña los asedian, como dice por ahí un tangazo, los demonios del rencor, no sólo en la soledad y los desvelos de la noche, sino a plena luz del día. Y ese rencor se concentra sobre todo en la persona y las ejecutorias de Álvaro Uribe Vélez.

¿Por qué destilan tanto odio en contra suya?

El motivo parece ser muy simple: Uribe impidió hace ya 19 años que las Farc se tomaran el poder por la fuerza de las armas, arrinconó a sus huestes, demostró que no eran invencibles y que el país podría transitar por senderos de crecimiento económico y desarrollo social a pesar de sus asaltos en contra de la institucionalidad demoliberal que nos ha regido a lo largo de años. Es el dique que nos ha protegido de los embates del castro-chavismo.

Para dar pábulo a su tremenda enemiga han acudido los más proditorios expedientes de la mentira y la calumnia, con la anuencia de una prensa que Uribe durante su gobierno se negó a "enmermelar" y la sospechosa animosidad de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que anidó el hediondo "Cartel de la Toga" y se difunde un pestilente tufillo de venganza cuando de Uribe y sus colaboradores se trata. ¿La cercanía del oscuro senador Cepeda con esa Sala y la impunidad de que se benefician sus tejemanejes les dará la razón a las denuncias del  coronel Mejía Gutiérrez acerca de la infiltración de un suprapartido comunista en las altas esferas del Estado?

No me detendré en el asunto de los falsos positivos, sobre el cuál el expresidente Uribe ha ofrecido explicaciones más que satisfactorias que desvirtúan las ladinas declaraciones de su colega Santos ante la JEP. Aceptemos en gracia de discusión que los hubo, pero no bajo el amparo de la tolerancia del alto gobierno ni por su impulso, como, quizás tampoco, en la cantidad que se ha dicho. Cuando haya sentencia judicial creíble sobre el particular probablemente tendremos claridad al respecto.

Lo cierto es que en virtud de la manipulación mediática la imagen egregia de Uribe se ha visto negativamente afectada ante una nueva generación que no había nacido o carecía del uso de razón cuando él salió al rescate de esta patria que venía siendo agredida por lo que he llamado una perversa secta totalitaria y liberticida. 

Protagonista de primera fila en esa empresa de demolición ha sido Fecode, una organización expresamente adherida a los comunistas y que controla el adoctrinamiento infantil y juvenil en la educación pública. Varias generaciones de nuestros compatriotas han sufrido la nociva influencia ideológica de los comunistas que controlan a Fecode. Lo que hemos presenciado en estos días caóticos acredita con elocuencia la preocupación que sentimos en torno de tendencias disolventes que se han exhibido en las manifestaciones juveniles.  Ejemplo de ello son los vejámenes que pandillas estimuladas por el senador Bolívar les han propinado a los cuerpos policiales.

En el país no sólo viene haciendo carrera la idea de que a la autoridad legítimamente constituída no le compete el monopolio de la fuerza coercitiva, sino que, además, no le es lícito defenderse cuando se la ultraja y ataca. ¡En cambio, a los vándalos sí hay que protegerlos incluso cuando se ensañan contra los bienes públicos y agreden los derechos de la ciudadanía!

No hay que olvidar que los comunistas se nutren de una ideología que predica el odio y,  según sus frutos, es francamente criminal. Más de cien millones de víctimas a lo largo del siglo XX así lo evidencian. 

A los que alguna duda abriguen al respecto, les sugiero que lean "El Libro Negro del Comunismo", que puede descargarse gratuitamente pulsando el siguiente enlace: https://www.researchgate.net/publication/350602737_El_libro_negro_del_comunismo_ed_Stephane_Courtois_1998. 

Y si alguna duda les resta, nútranse de "El Libro Negro de la Nueva Izquierda", de Márquez y Laje, al que tienen acceso aquí: http://desarrolloci.ucr.ac.cr/labosa/sites/default/files/2017-11/Marquez%20Nicolas%20Y%20Laje%20Agustin%20-%20El%20Libro%20Negro%20De%20La%20Nueva%20Izquierda.pdf.

Decía Don Miguel Antonio Caro que de los liberales lo alejaban sus ideas, y de los conservadores, las personas. Petro, Cepeda y Cía. reúnen los dos motivos de reparo. Sus ideas son malas. Sus personas, peores. Son, como lo tiene establecida la psicología política, dirigentes tóxicos que envenenan el escenario colectivo y le hacen enorme daño a la democracia. 

Humillados y Ofendidos

Echo mano del título de una famosa novela de Dostoiewsky para referirme a la situación a la que la secta perversa que pretende instaurar en Colombia un régimen totalitario y liberticida ha llevado a los integrantes de nuestra Fuerza Armada en estos días aciagos.

Circula por las redes sociales un video del zafio senador Bolívar en el que insulta a nuestros policías, diciéndoles cerdos. Hay otro en el que el mismo sujeto distribuye máscaras , cascos y otros utensilios para que los vándalos de la llamada primera fila hagan frente al Esmad cuando éste pretenda controlar sus excesos violentos. He visto otros en los que se los ofende y provoca sin que puedan responder a  quienes los desafían. Vi uno más que recoge las expresiones de dolor de un policía que logró escapar del secuestro a que fueron sometidos varios de sus compañeros, creo que cerca de Palmira. Y el más aterrador, el que da testimonio de un policía que fue sacado por la fuerza del vehículo oficial que conducía por una turba desenfrenada, que le propinó golpes que hicieron correr la sangre por todo su rostro.

Por supuesto que, como decimos coloquialmente en Antioquia, la "tapa del congolo" la constituye el vergonzoso suceso de Orito, cuando la tropa, en lugar de defenderse de un alevoso ataque de malhechores dizque indígenas, prefirió huir en desbandada, pensando probablemente que en caso de proceder a defenderse caería después bajo las garras de una justicia sesgada en favor de los facciosos, como la que representa un juez de Popayán que resolvió por medio de  tutela que las fuerzas del orden no pueden enfrentar los disturbios valiéndose de armas eléctricas.

La situación no podría ser más calamitosa, pues, como lo observó alguien por ahí, si la policía no puede defenderse, ¿quién nos defenderá de los antisociales? Conviene agregar que si el ejército tampoco puede defenderse, ¿quién protegerá el orden constitucional?

Hace algún tiempo escribí sobre el deterioro de la autoridad entre nosotros. Muchos no la respetan y no precisamente porque haya dado motivos de descrédito, sino en razón de ideologías extremistas y deletéreas que han hecho funesta carrera en la opinión pública, en buena medida por el adoctrinamiento al que los fanáticos de Fecode han sometido a lo largo de años a nuestras juventudes, amén de las tendencias ideológicas de buena parte de los protagonistas de los medios de comunicación social.

En la Fuerza Pública hay unos principios de honor que determinan su talante y su acción. Sus ingentes sacrificios se ven recompensados por dichos principios. Es el culto por el honor, junto con el sentido del deber, lo que lleva a sus integrantes a exponer la vida ante las cruciales circunstancias que les toca afrontar. La deshonra es para ellos el peor de los castigos. Y a tal extremo los han sometido quienes desde muy diversos frentes pretenden desmoronar los cimientos de nuestra institucionalidad.

El presidente López Michelsen, que profundizó sus conocimientos constitucionales en los Estados Unidos, solía recalcar que allá se ha considerado que las instituciones reposan sobre un binomio inescindible, configurado por las Cortes de Justicia y las Fuerzas Armadas.

Acá los jueces, en todas sus categorías, suelen ensañarse contra la institución armada, sin parar mientes en que la eficacia de sus proveídos reposa en rigor sobre la protección que ella le brinda al orden constitucional. De esa confrontación sólo males cabe esperar y ya los estamos presenciando. Quizás no esté lejano el día en que la ofensiva judicial contra los soldados y policías de la patria les haga ver a éstos que los peores enemigos del orden constitucional anidan precisamente en los despachos judiciales.

Nuestra institución armada es civilista y, en medio de tan procelosas circunstancias como las que ha tenido que manejar, procura ceñirse al orden legal. A sus integrantes se los adoctrina en el respeto por los derechos humanos y los límites que impone la juridicidad. 

Por supuesto que en presencia de inextricables conflictos no siempre es fácil acoplar una estricta legalidad con el imperativo de proteger a las comunidades contra la violencia desaforada de vándalos y otros subversivos. De ahí que los estándares internacionales sobre el control de disturbios y otras manifestaciones antijurídicas postulen más bien principios tales como los de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad, que deben ponderarse considerando las situaciones específicas, más bien que regulaciones detalladas que podrían sujetar la acción defensiva de la fuerza pública a inconvenientes camisas de fuerza.  

Recomiendo a quienes de buenas a primeras y guiándose por sus prejuicios suelen menospreciar las acciones de nuestros policías y soldados, que lean este documento de la Cruz Roja sobre la nomatividad internacional para el manejo de situaciones conflictivas. Hablen después de digerirlo.(Vid. https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc-003-809.pdf).

Concluyo diciendo que una fuerza pública desmoralizada nos arroja por la pendiente de la anarquía. Necesitamos con urgencia una que, como lo proclama el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, se niegue a arrodillarse.

La Ruina Moral

 No otro calificativo merece lo que está sucediendo entre nosotros en estos días aciagos.

La movilización ordenada por el Comité de Paro y los políticos que parecen controlarlo no solo es ilegal por donde se la mire, sino profundamente inmoral.

En efecto, sólo a mentes demasiado perversas puede ocurrírseles que, en medio de una pandemia de las dimensiones que la que desde hace más de un año venimos padeciendo y de la crisis económica que la misma ha suscitado, se promueva un sinfín de desórdenes que han desarticulado el aparato productivo del país, con lo que eso conlleva en términos de pérdidas económicas, cierre de empresas, desempleo, desabastecimiento de las comunidades, destrucción de infraestructura y, en últimas, hambre en centenares de miles de familias.

Parece que a tales desalmados sólo les interesa agudizar los conflictos para que la situación del país empeore, dentro de la lógica según la cual "en río revuelto, ganancia de pescadores".

Pero, ¿qué resultados obtendrían de su empeño declarado de doblegar al presidente Duque, enervar su gobierno e, incluso, obligarlo a abandonar el poder? 

Ellos estimulan una indisciplina social proclive a la anarquía que se volvería en su contra si por desventura lograsen realizar sus proditorios cometidos.

Es escandaloso que en esta campaña infame participe Fecode, organización que agrupa a los educadores del sector público. ¿Qué ejemplo les dan de ese modo a sus educandos?

He ahí uno de los más deplorables ingredientes de la crisis de nuestra sociedad. El maestro no es ya el otrora respetable educador de la niñez, la adolescencia y la juventud, sino un adoctrinador que les inculca ideas disolventes e incita a rebelarse contra la autoridad legítimamente establecida. Llama la atención que hoy se considere que en virtud de la separación de la Iglesia y el Estado que consagró desde 1991 la Constitución Política la enseñanza y los símbolos religiosos deben proscribirse en el sistema educativo oficial, pero en cambio tengamos que tolerar que se imponga el pensamiento único de una ideología totalitaria y liberticida que ya ha envenenado la mente de varias generaciones de nuestros compatriotas. Defender en la escuela los valores patrios es objeto de severa proscripción; no lo es, en cambio, aplicarse a corromper a las nuevas generaciones valiéndose de la autoridad que de suyo rodea a los maestros.

Unos dirigentes sindicales que disfrutan de prebendas a las que sólo tienen acceso las capas más adineradas de la sociedad se aplican a servir los apetitos de políticos oportunistas, olvidando el gravísimo perjuicio que les están ocasionando a las masas trabajadoras que tienen que esforzarse cada día para el sustento de sus hogares. Los que ahora encuentren sin surtido los anaqueles de tiendas y mercados, o tengan que sufrir la carestía derivada de la escasez, deben reflexionar acerca de quiénes son los causantes de sus dificultades. No son las autoridades, que quieren que haya orden, sino esos agitadores que atentan contra el mismo.

En momentos en que las dificultades deberían convocar a la unidad de todos los estamentos sociales para superar la pandemia y la crisis producida por ella, unos sinvergüenzas que se autoadjudican la vocería del pueblo agudizan las contradicciones para así empeorar una situación que de por sí ya es procelosa a más no poder.

Bueno es mirar las peticiones del Comité de Paro, a fin de darse cuenta de que ellas no están pensadas en beneficio de los trabajadores y estudiantes a quienes dicen representar sus miembros, sino de intereses oscuros de políticos extremistas, narcotraficantes y revolucionarios enardecidos por sus delirios ideológicos. 

Como le respondí a un periodista que pidió mi opinión sobre lo que está ocurriendo, me niego a aceptar que un movimiento que dice dar satisfacción a las demandas de los jóvenes centre sus objetivos en la defensa de los cultivos de coca y, por ende, en los intereses del narcotráfico. ¿Así de corrompidos estamos?

¿Crimen sin castigo?

Es dable pensar que al Comité de Paro y los políticos que lo han azuzado les quepa el apelativo de criminales. Son muchos los delitos que podrían serles imputables, sea por acción directa o por instigación, tal como lo muestra la valerosa denuncia penal que ha presentado el jurista Hernán Cadavid, de la que da cuenta el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=tyPT_BXL-50.

Acabo de ver en whatsapp que hay otra denuncia penal instaurada por Luis Manuel Ramos Perdomo contra Gustavo Francisco Petro Urrego y los integrantes del Comité de Paro y ya fue radicada en la Fiscalía General de la Nación bajo el NUC 110016000050202107630.

Fuera de las implicaciones de orden penal en que probablemente han incurrido, hay que considerar también las disciplinarias que les incumben como servidores públicos sujetos al control de la Procuraduría General de la Nación y las patrimoniales que en virtud de los principios sobre responsabilidad civil quizás resulten pertinentes.

Es evidente que el paro general indefinido que viene ocurriendo desde el 28 del pasado mes de abril es ilegal. 

Surge la inquietud de si el modo de promoverlo podría configurar de suyo un constreñimiento, a la luz del artículo 182 del Código Penal, pues circulan noticias acerca de que, siguiendo las órdenes del Comité de Paro, se ha forzado a comunidades enteras a suspender actividades, so pena de verse sometidas a represalias violentas. Además, el solo bloqueo de vías, de por sí constitutivo de delito a la luz del artículo 353A del Código Penal, conlleva el constreñimiento ilegal.

Sus promotores han convocado a las comunidades a "grandiosas movilizaciones el próximo 26 y 28 de mayo", con pretensiones que van variando según el curso de los acontecimientos. Ahora incluyen el respaldo a la moción de censura que se discute en el Congreso contra el ministro de Defensa (vid. https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/comite-nacional-del-paro-convoca-marchas-para-el-26-y-28-de-mayo-de-2021-589779).

Aunque se las anuncia como pacíficas, bien se sabe que esas marchas suelen degenerar en acciones violentas contra los cuerpos de policía, la infraestructura del espacio público, los sistemas de transporte masivo, monumentos históricos, locales comerciales, vehículos, etc. Esas acciones delictivas surgen en el interior de las marchas, como un fenómeno propio de la exaltación que las motiva, pero también resultan de infiltrados que se toleran en ellas. Y sucede, además, que a propósito de  su realización, brotan los grupos de vándalos que se dedican a realizar toda suerte de tropelías contra las comunidades.

Procede entonces preguntarse si esas acciones violentas que desnaturalizan el carácter pacífico de las movilizaciones colectivas son previsibles, tanto para las autoridades como para sus promotores, e incluso son queridas por ellos mismos. 

¿No salió el polémico Arzobispo de Cali a justificar  los bloqueos, pidiendo que no se los satanice, cuando la ley los considera delictivos? (vid. https://diariocriterio.com/2021/05/13/monsenor-dario-monsalve-pide-no-satanizar-los-bloqueos/)

En la medida que los desórdenes sean previsibles. por lo menos podría hablarse de culpa de parte de los promotores de las marchas. Y si son queridos por ellos, no cabe duda de que sus convocatorias son dolosas. 

Aquí hay unos buenos temas de reflexión para los penalistas. Pero, desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial, cabe pensar además que esas movilizaciones constituyen actividades peligrosas.

Lo son claramente para las autoridades encargadas de velar por el orden público. En todo el mundo suscitan alarmas para ellas, porque se sabe cómo comienzan, pero no cuál pueda ser su desenlace. Las fuerzas de policía deben, por lo menos, estar atentas a su desarrollo. Aquí los enemigos del gobierno hablan de respuestas excesivas que han producido muertes, heridas graves, detenciones arbitrarias e incluso desapariciones. Todo ello debe dar lugar a investigaciones exhaustivas, de modo que se sancione como es debido a los agentes de la autoridad que hayan incurrido en excesos. Pero queda la impresión de que ha habido un exceso de "fake news", sobre todo en las redes sociales,  y una prolija desinformación "for export" destinada a desacreditar a nuestras autoridades y enervar sus respuestas frente a las depredaciones.

Menudearán a no dudarlo las acciones judiciales contra ellas por tales excesos, reales o supuestos. Y, dadas las tendencias imperantes entre nuestros operadores judiciales, habrá condenas multimillonarias y hasta billonarias a cargo del Estado, por el concepto de falla del servicio u otros pertinentes.

Pero, volviendo al tema de las marchas como actividades peligrosas, me pregunto si todos los desarrollos jurisprudenciales que al respecto se han elaborado para proclamar la responsabilidad patrimonial de sujetos particulares, podrían ser pertinentes para enjuiciar a los promotores del paro y las actividades dañinas derivadas del mismo. Yo vi las imágenes de los vándalos que al comienzo de estas fatídicas jornadas ingresaron a Premium Plaza y Automontaña, entre otros espacios comerciales, e hicieron ahí destrozos tremendos. No había fuerza pública dispuesta a protegerlos. La falla del servicio me pareció indiscutible. Pero esos perjuicios fueron resultado de la actividad peligrosa que desataron los promotores y azuzadores del paro. No sería osado pensar que encajan dentro de la normativa del artículo 2356 del Código Civil.

Está haciendo carrera la tesis de que el gobierno debe negociar con estos posibles criminales para que cesen sus desafueros. No sería extraño que ello ocurriera, pues en nuestro país hay la idea de que se dialoga con quienes se someten al orden legal y elevan peticiones respetuosas a las autoridades, pero en cambio se negocia y se hacen concesiones para con los que desconocen la institucionalidad y extorsionan a las autoridades. Es el gobierno por la vía de la claudicación, lo cual destruye el Estado de Derecho.

Por eso, en un evento que tuvo lugar hace poco en la Universidad Católica de Oriente para conmemorar los 30 años de vigencia de nuestra actual Constitución Política sostuve que en Colombia hay un cascarón de Estado de Derecho, pero su existencia es vacua, parecida, agrego ahora, a la de un alma en pena, doliente y errabunda (vid. https://www.youtube.com/watch?v=ay-yIv0Ilxk).

"No, sire, es una revolución"

Dice la historia que cuando se le comunicó al buen rey Luis XVI el evento de la toma de La Bastilla, exclamó: "Pero es una revuelta". Su interlocutor, el duque de Liancourt, le respondió tajantemente: "No, sire, es una revolución".

Parece que nuestro buen presidente Duque y muchos otros personajes de nuestra elite no se han dado cuenta de que lo que está en marcha a partir del 28 de abril pasado no es otra cosa que una revolución urdida por una secta perversa que aspira a derrocarlos e instaurar en nuestra patria un régimen totalitario y liberticida.

No estamos frente a manifestaciones de inconformidad explicables en razón de la crisis ocasionada por la pandemia. Ese es el pretexto, pero, aprovechando el estado de ánimo de buena parte de la población, los estrategas de de esa secta han azuzado a la juventud para que manifieste de la peor manera su desasosiego. Y, desde luego, han puesto en acción dispositivos largamente madurados para alterar el orden público cuando se diere la ocasión.

Ellos creen que la ocasión ya está dada, en virtud de la crisis que atravesamos y la impopularidad del presidente Duque. Se sienten al borde de la conquista del poder, habida consideración de las encuestas que favorecen para el próximo debate electoral al tenebroso y depravado Petro. Y sin reato alguno, impulsados por una audacia que no vacilo en calificar como criminal, se han arrojado como piratas al abordaje de la nave del Estado. Pretenden que la autoridad legítima claudique ante sus desmedidas pretensiones, que algunos han avaluado en más de 81 billones de pesos, suma que desborda con creces lo que se aspiraba a recaudar con la fallida reforma tributaria de Carrasquilla.

El desorden que reina hoy en distintos lugares no es, como creen algunos despistados, manifestación espontánea del disgusto popular. Hay un plan muy bien detallado que viene tanto del interior como del exterior  para desacreditar la acción de nuestros gobernantes, apercuellar a las ciudades principales,  bloquear las vías más importantes, paralizar el aparato productivo, imponer el desabastecimiento y el aislamiento de las comunidades, etc.,  todo ello mediante la violencia y la desinformación. Cuenta en su favor con una dañina entelequia internacional, que padece el influjo del marxismo cultural y observa con malos ojos los esfuerzos que hace nuestro país para preservar la democracia liberal.

Lo de las marchas pacíficas no es otra cosa que un subterfugio. Sus promotores saben que en el interior de ellas o al lado suyo medran los vándalos pagados y entrenados para ejercer sus depredaciones. Brotan ahí como maleza. La policía logra detener a unos pocos, pero los resultados de su judicialización son muy aleatorios. Lo más probable es que los jueces los liberen por falta de pruebas.

Recomiendo, para que se entienda bien lo que acontece ahora entre nosotros, el patético reportaje que le hizo hoy Fernando Londoño Hoyos en "La Hora de la Verdad" al empresario del sector avícola Juan Felipe Montoya. Ahí se ve cómo esos criminales pretenden cercarnos por hambre. Vid. https://www.youtube.com/watch?v=-y24_tPDjPQ.

Uno puede pensar, por sus hábitos arraigados de jurista, que sobre los promotores del funesto paro y las autoridades tanto departamentales como  municipales que lo han tolerado e incluso estimulado, sería dable que recayeran las responsabilidades penales, disciplinarias y patrimoniales derivadas de su coparticipación en los desórdenes y los daños que los mismos han producido. Pero, a diferencia del célebre aldeano alemán del siglo XIX, acá ya no podemos exclamar que "todavía hay jueces en Berlín", pues el órgano judicial está en muy buena medida infiltrado por la secta de marras, lo mismo que el sector educativo público e incluso el privado, y hasta los medios de comunicación social.

El buen presidente Duque acaba de anunciar que ha tomado la decisión de ordenarle a la fuerza pública que despliegue todos sus efectivos para que cesen los bloqueos que están asfixiando la economía del país. Los agentes del desorden, a partir del criminal Comité de Paro o como quiera llamárselo, han hecho caso omiso de su pronunciamiento. Proclaman a voz en cuello que el paro sigue adelante, así sus deletéreos efectos colaterales se mantengan y se extiendan. El alcalde petro-comunista de Medellín no ha vacilado, pese a las advertencias presidenciales, en albergar y estimular una minga indígena que amenaza con hacer aquí lo que sus correligionarios caucanos acaban de perpetrar en Cali. Uno se pregunta si acompañar y aupar las marchas en contra del gobierno nacional configuran causales de falta disciplinaria, pues resultan ser algo impropio de las funciones que su cargo le asigna.

Ya hay voces que le piden al gobierno que decrete el estado de conmoción interior. Las condiciones están dadas para ello, pero, como tuve oportunidad de explicarlo ante el Club Rotario de Medellín, es un instrumento de eficacia muy relativa, ya que al ordenarlo el Presidente cae bajo las garras de la Corte Constitucional, que de hecho se convierte en árbitro de la conveniencia de las medidas que adopte para conjurar la crisis. Deja de ser él quien decida sobre cómo restaurar el orden público turbado, pues queda en manos ya no del dictamen jurídico de la Corte Constitucional, sino de su tendencia política.

Alguno de mis oyentes preguntó sobre lo que yo haría en medio de estas circunstancias. Le respondí que no entiendo bien al presidente Duque, pues, como soy viejo y algo conozco de la historia patria, mis modelos son Alberto y Carlos Lleras. Ojalá la suavidad de las maneras de aquél rinda buen fruto. Dios así lo disponga, pero pienso que a la ominosa revolución en marcha hay que oponerle nítidas y contundentes manifestaciones de las fuerzas vivas de la Colombia profunda, al igual que la Francia profunda se pronunció en 1968 en favor del general De Gaulle cuando los estudiantes maoístas y de otros pelambres ideológicos se tomaron las calles de París.

Hace 30 años, a propósito de la expedición de la Constitución que hoy malamente nos rige, escribí que ella contiene elementos capaces de hacer ingobernable a Colombia. Lo que hoy experimentamos me concede la razón. Bien me lo dijo en cierta oportunidad el presidente López Michelsen: "Más daño que la Constitución, ha hecho la Corte Constitucional".

¡Que la Providencia se apiade de nosotros!

El Marco Jurídico de la Protesta

 La protesta social no está configurada en rigor como derecho en la Constitución Política. A ella se refiere el Acuerdo con las Farc en su numeral 2.2.2. diciendo que "La movilización y la protesta pacífica , como formas de acción  política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia"(vid. https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Colombia%20Nuevo%20Acuerdo%20Final%2024%20Nov%202016_0.pdf).

El Acuerdo de marras dispone en el mismo numeral que se deben otorgar garantías plenas tanto para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica, como para "los derechos de los y las manifestantes (sic) y de los demás ciudadanos y ciudadanas (sic)"... "sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado conforme a los estándares internacionales en materia de protección del derecho a la protesta.

Dentro de este concepto, se dispone sobre "Garantías para la aplicación y el respeto de los derechos humanos en general". Se añade que "Las movilizaciones y las protestas, incluyendo los disturbios se tratarán con pleno respeto de los derechos humanos por parte de la autoridad legítima del Estado, garantizando, a la vez, de manera ponderada y proporcional, los derechos de los demás ciudadanos".

Visto lo que precede, se tiene que la movilizacion y la protesta se encuadran dentro de varios derechos: a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición, cada uno de los cuales ostenta su propio contenido y es susceptible de regulaciones diversas por parte de la Constitución y la Ley.

De entrada se observa que la huelga no hace parte de dicho conjunto de derechos, pues está sujeta a su propia nomatividad constitucional y legal. Los llamados paros, entendidos como suspensión forzada de actividades, tampoco están comprendidos dentro de la movilización y la protesta, salvo que se circunscriban a actividades netamente privadas de los que pretendan manifestarse. Por consiguiente, no caben ahí los bloqueos de vías ni de poblaciones, como tampoco que se impida la prestación de servicios públicos ni la ejecución de actividades productivas.

Se hace hincapié en que la movilización y la protesta deben ser pacíficas, vale decir, no violentas. Por consiguiente, si sus promotores y partícipes toleran y hasta fomentan la acción de vándalos en sus manifestaciones, por definición ya dejan de ser pacíficas y mal pueden gozar de las garantías previstas en el Acuerdo.

Éste insiste en que hay que garantizar tanto los derechos de los interesados en la movilización y la protesta, como los de terceros,"de manera ponderada y proporcional". Por consiguiente, queda claro que la protesta y la movilización no son materia de derechos absolutos y ni siquiera de mayor jerarquía que los derechos de terceros, que son muy variados, tales como el libre acceso al uso público de los bienes de esta categoría, la movilidad, la seguridad personal, la propiedad privada, la libre empresa, el trabajo, etc.

Ello significa que de suyo la movilización y la protesta son susceptibles de acotaciones espacio-temporales, pues hacerlas indefinidas conlleva necesariamente el sacrificio injustificado de derechos fundamentales de terceros.

La autoridad debe garantizar, pues, tales derechos, pero le toca velar para que no se abuse de los mismos ni su ejercicio sirva de pretexto para vulnerar a quienes no participen de ellos.

¿Cómo puede obrar la autoridad en estos casos?

Hay, desde luego, respuestas inmediatas, consistentes en hacer uso de la fuerza legítima para impedir los desbordamientos e impedir o superar el agravio a sus víctimas. 

El Acuerdo habla de someterla a los estándares internacionales en materia de protección del derecho a la protesta, así como del respeto de los derechos humanos de quienes lo ejerzan. 

Se ha interpretado esto como una severa restricción al uso no sólo de armas de fuego para hacer efectiva la contención de los violentos, sino incluso la de otros artilugios contundentes que puedan impactarlos físicamente. Se olvida que lo que es materia de protección es el ejercicio pacífico de la movilización y la protesta, no sus derivaciones violentas. También se olvida algo en lo que ha puesto énfasis el expresidente Uribe Vélez, a saber: la legítima defensa de los agentes de la fuerza pública y, por extensión, la de los terceros amenazados o vulnerados por la acción antijurídica de los vándalos.

Ya no recuerdo cuál de mis profesores de Derecho mencionaba este sapientísimo dicho, cuya autoría en alguna parte vi que se adjudicaba a Pascal, pero no he podido confirmarla: "La fuerza, sin el Derecho, es la arbitrariedad; pero el Derecho sin la fuerza es la irrisión". Muy a menudo se los repetí a mis discípulos.

La autoridad legítima debe obrar de acuerdo con la normatividad, pues tal es la esencia del Estado de Derecho. No obstante, a ella le corresponde, como bien tenido se tiene en el pensamiento político-jurídico, el ejercicio del monopolio de la fuerza dentro de la sociedad. 

Contra ese monopolio atentan los vándalos y quienes los azuzan para subvertir el orden social.

Tarea de la Policía es garantizarlo. Pero si de hecho sus poderes normales son insuficientes, el artículo 217 de la Constitución Política dispone la actuación de las Fuerzas Militares, con la finalidad primordial de proteger el orden constitucional. 

Y, en último término, si se presenta el caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el artículo 213 de la Constitución Política faculta al Presidente para declarar el estado de conmoción interior.

Si bien el Acuerdo con las Farc privilegia el diálogo como respuesta a las demandas de quienes se movilizan y protestan, ello supone el ejercicio pacífico de estos derechos. Pero si el abuso de los mismos, tal como está sucediendo ahora, se convierte en herramienta revolucionaria conducente a la vulneración de derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional y el deterioro generalizado del orden público, el Presidente no puede hacer caso omiso de los deberes constitucionales que juró cumplir al tomar posesión de su cargo.

Se ha dicho con sobra de razones que quienes están abusando de estos derechos deben responder penal y patrimonialmente por los destrozos que se han producido en varias jornadas de desorden que amenazan con hacerse interminables. Es tema que amerita consideraciones adicionales sobre las que por lo pronto no deseo ocuparme todavía. Más adelante lo haré, Deo volente.

Vientos tempestuosos

En política casi todo es discutible, pues las decisiones y las acciones dependen de percepciones de hechos. apreciaciones de medios y concepciones sobre los propósitos a realizar que no suelen ser diáfanas y se prestan a diversos planteamientos.

No obstante todo ello, hay hechos que como bien lo decía Lenin son tozudos. Tal acontece con las circunstancias fiscales. Los déficits son reales y exigen que se actúe de modo expedito para superarlos. Hay, por supuesto, distintas vías para actuar en torno suyo, pero la peor de de todas es la inacción que deja que crezcan y se acentúen los perjuicios que ocasionan.

¿Quién en su sano juicio podría negar que la situación fiscal que atravesamos es calamitosa a más no poder? Podemos discutir sobre sus causas, pero ello equivale a llorar sobre la leche derramada. De lo que se trata no es de eliminar hechos cumplidos, sino de solventar unas cargas ineludibles.

Dada la situación en que nos hallamos, conviene desde luego recomendarle al gobierno que recorte gastos innecesarios y observe una prudente austeridad. Pero no se puede ignorar que hay un endeudamiento que sólo se corrige a medias pagando, refinanciando acreencias o liquidando activos, así como unos compromisos que nos legó el NAF que estipuló Santos con las Farc y pesa severamente sobre nuestra fiscalidad. Fácil es decir que con suspender ese funesto acuerdo nos ahorraríamos unas billonadas. Pero, ¿quién estaría dispuesto a asumir las consecuencias de toda índole que ello acarrearía?

El gobierno ha presentado a la consideración del congreso un ambicioso y complejo proyecto que va más allá de lo urgente y lo meramente fiscal, para solventar necesidades no sólo de corto, sino de mediano y hasta de largo plazo. Economistas serios como Alberto Bernal han manifestado su beneplácito al respecto y vale la pena atender las razones que esgrimen. Pero otros, como el expresidente Uribe, recomiendan que se lo simplifique, se limen sus aristas más urticantes y se atiendan las necesidades más inmediatas.

Dadas las circunstancias, esto parece ser lo más sensato. 

El gobierno ha manifestado que está abierto al diálogo, que debe realizarse en el seno del congreso y atendiendo los reclamos de la opinión. 

Es lo propio del sistema democrático que creemos que nos rige. Como lo afirma el gran constitucionalista francés André Hauriou, es un sistema que realza precisamente el valor del diálogo para adelantar la acción política. Y el mismo se gestiona con base en argumentos que pretenden ser racionales. De su confrontación resultan los consensos o, por lo menos, las decisiones mayoritarias que son, como suele decirse, la regla de oro de las democracias.

La nuestra es una democracia que cada vez va mostrando más imperfecciones. 

Cierto sector extremista que aspira a conquistar el poder en las elecciones del año entrante ha optado por esquivar el diálogo, sustituyéndolo por la intimidación que resulta de actos de fuerza, inclusive vandálicos y hasta terroristas. Frente a las propuestas gubernamentales, su reacción es un rotundo no que incita a las masas callejeras a la violencia, tal como lo hemos presenciado en esta semana en Bogotá, Cali y Medellín principalmente. Gustavo Petro, el incitador de estos desmanes, dice descaradamente que si se quiere evitarlos hay que retirar el proyecto gubernamental. 

¿Cuál es entonces su propuesta para subsanar el déficit? Simple y llanamente, que el país se hunda, lo cual está de acuerdo con su estrategia de promover el caos para que unas masas desesperadas lo reconozcan como su redentor. Cualquier parecido con "El Atroz Redentor Lazarus Morell" que describe Borges en su "Historia Universal de la Infamia" va más allá de la mera coincidencia que advertían las obras cinematrográficas hace años. Es, ni más ni menos, un endemoniado, perverso por do se lo mire.

En un escrito que publiqué tal vez el año pasado llamé la atención sobre la necesidad de serenar los ánimos en el debate político. La crisis se ha agudizado y la crispación la alimenta. Hay que hacer un alto en el camino y poner los pies bien asentados en tierra para otear los vientos que soplan. No son buenos evidentemente, pues se advierten signos tempestuosos. El deber de quienes son responsables de la buena marcha del Estado es advertir estas realidades y hacerles frente con inteligencia, decisión y serenidad. Hay un clima subversivo cuyos efectos podrían ser devastadores si no se reacciona adecuadamente para enfrentarlo.

A veces, contemplando la poco envidiable posición del presidente Duque, le viene a uno la imagen del buen rey Luis XVI, que tuvo que sufrir hasta las heces el diluvio que pronosticó su abuelo Luis XV. Fue precisamente una crisis fiscal la que lo condujo al cadalso.