La Gran Estafa

El Acuerdo Final que firmaron entre bombos y platillos Santos y Timochenko en Cartagena el lunes pasado, sobre el que votaremos en plebiscito los colombianos el domingo entrante, no es para una paz estable y duradera, como mendazmente se lo viene presentando.

Que de su aprobación por la ciudadanía y su puesta en marcha se derive un resultado aceptable de paz política con los efectivos de las Farc, es algo que está por verse y depende de muchísimos imponderables.

Por supuesto que sería muy positivo que esa guerrilla se desmovilizara, entregara sus armas y entrase a actuar en el escenario político sin acudir a la violencia. Pienso que precisamente la consideración de estos resultados es lo que motiva a muchos para votar sí en el plebiscito. Es un punto de vista que, desde luego, es respetable.

Pero al lado de esos logros hay que examinar el precio institucional que se estaría pagando por un Acuerdo que tirios y troyanos piensan que es defectuoso a más no poder. Se dice en lenguaje coloquial que está plagado de "sapos" que tendríamos que tragarnos para que, como lo escribió Jorge Giraldo Ramírez en su más reciente artículo para "El Colombiano", se elimine "el mayor factor de violencia en nuestra historia contemporánea, después de la desarticulación del Cartel de Medellín y la desmovilización paramilitar".

Hace un tiempo escribí al respecto que una cosa es tener que tragar "sapos" y otra es que a uno se lo trague el "sapo". 

Temo que el triunfo del sí el próximo domingo nos meta, en efecto, dentro de las fauces de algo muchísimo peor que un sapo, es decir, de un saurio descomunal del que no podríamos librarnos pacíficamente en el futuro, habida consideración del carácter supraconstitucional  e irreversible del gravosísimo contenido del Acuerdo Final.

Refrendado plebiscitariamente este último, ipso facto entraría en vigencia el dañino Acto Legislativo para la Paz que prevé el otorgamiento de facultades legislativas tan amplias para Santos que, en la práctica, equivalen a convertirlo en dictador. Pero lo será de mera fachada, pues toda la normatividad que pretenda expedir en ejercicio de esas atribuciones o busque que el Congreso le apruebe, tendrá que pasar por el filtro de la CSVR (Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias). 

A esta Comisión se le fija, entre otras, la tarea de "Constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, corresponda a lo acordado, antes de que sean expedidos o presentados, según el caso, por Presidente de la República (sic) ....", así como la de "Proponer borradores de normas que deban ser acordadas para la implementación del Acuerdo Final".

Según esto, el sí es ante todo para que Santos, bajo la tutela de la CSVR, promueva en el sentido que le indiquen las Farc una avasalladora revolución en prácticamente todas los áreas de la normatividad jurídica.

Esa avalancha normativa, repito, no nos garantizará la paz y probablemente dará lugar a innumerables conflictos cuando la gente vea de cerca que se viene la instauración legal del Socialismo del Siglo XXI.

A la gente le preguntan en las encuestas sobre la impunidad y la participación en política de los guerrilleros, o sobre su apoyo a las Farc, y las respuestas suelen ser abrumadoramente desfavorables para las mismas. Pero el sí dizque para que abandonen la violencia traerá consigo de modo inevitable la posibilidad de que hagan su revolución desde arriba.

Esta mañana unos contertulios se excitaron porque les anuncié que otro resultado previsible es el cogobierno con las Farc a partir del triunfo del sí. Pero es algo que está dentro de la lógica del hecho político que ahí se configuraría, pues el apoyo popular al Acuerdo Final, así sea por exigua mayoría y con baja participación, lo es para ejecutarlo. Y las Farc, con todo derecho, entrarán a reclamar que se les dé participación decisiva en ese cometido.

En consecuencia, las ingentes partidas presupuestales y la no menos ingente burocracia que se requerirán para desarrollar las múltiples iniciativas que contempla el Acuerdo Final se asignarán para su manejo a gente de las Farc. De esa manera, la organización guerrillera contará con un peso político descomunal, amén del que de suyo representan las generosísimas gabelas que ya se sabe que se les concederán de conformidad con el Acuerdo.

Las Farc no entrarán al juego político en igualdad de condiciones con los demás partidos y movimientos. Contarán con ventajas exorbitantes. Y lo previsible es que le exijan a Santos que cumpla la oferta que según se ha dicho les hizo en 1997 cuando, so pretexto de un confuso acuerdo de paz con el que pretendía desplazar a Samper de la presidencia, les propuso la creación de un nuevo Frente Nacional.

Bien miradas las cosas, las Farc ya no necesitarán de la violencia a que han estado habituadas a lo largo de más de medio siglo, pues tendrán de su lado a la fuerza pública, la fiscalía paralela y la jurisdicción especial para la paz, no solo para su protección, sino para perseguir a sus enemigos reales o potenciales.

Sus voceros no han desarmado el espíritu belicoso. El documento que se presentó a la X Conferencia que tuvo lugar hace poco en los Llanos del Yarí es un llamado a la acción para la toma del poder con miras a llevar a la práctica lo que en múltiples ocasiones he denominado su proyecto totalitario y liberticida. Sus voceros hablan de democracia, pero la entienden en sentido diametralmente opuesto al que se le asigna en nuestra tradición política. La suya es una democracia al estilo cubano o venezolano. No han renunciado a su credo marxista-leninista. Por el contrario, acaban de reafirmarlo en el documento de marras.

Quiérase o no, el voto por el sí entraña entonces la posibilidad  de convertir a Colombia en una nueva Cuba o una nueva Venezuela. Cuánto se demoren, el tiempo lo dirá, Personalmente, creo que es algo que podría ocurrir en el corto plazo.

Muchos de mis interlocutores me dicen que soy un fantasioso profeta de desastres. Pero algo conozco de la historia, de las ideologías y de los procesos políticos, que son tan dinámicos y mudables como las personas mismas. La rueda del tiempo gira y eleva vertiginosamente a los que en un momento dado parecen estar condenados a la marginación. En 2010 las Farc parecían derrotadas. Hoy hablan en tono triunfalista y amenazador. Y si reciben el apoyo popular el próximo domingo, no habrá qué ni quién las contenga.

Hay mucha gente de buena fe que no lo cree así. Pero no se han detenido a pensar que el Acuerdo Final no es un Pacto de Caballeros, sino una componenda entre bribones. Santos lo es por su propia personalidad; las Farc lo son por su ideología y su sociopatía.

Con los ojos bien cerrados

La última encuesta de Invamer-Gallup sobre intención de voto en el plebiscito que se proyecta celebrar el próximo dos de octubre muestra que solo el 7,1% de los encuestados dice conocer detalladamente el contenido del Acuerdo Final que se firmará el 26 de los corrientes en Cartagena entre el gobierno colombiano y las Farc.

Es posible que muchos de quienes reconocen haberlo leído no hayan captado sus implicaciones, pues el texto oculta bajo su babosa retórica acuerdos cuyo verdadero contenido solo se hará explícito cuando se proceda a su "implementación" mediante actos legislativos, leyes y decretos que se expedirán de acuerdo con el "Acto Legislativo para la Paz" que entrará a regir si la ciudadanía apoya el Acuerdo Final.

Conviene insistir en la recomendación que ha hecho la Conferencia Episcopal acerca de que cada ciudadano vote en conciencia y con información suficiente acerca de lo que está en juego alrededor de dicho Acuerdo.

Ello significa que la motivación del voto no debe ser emocional, sino muy razonada, y que al sí o el no hay que llegar después de considerar la enorme complejidad que involucra un asunto del que dependerá la suerte futura del país por muchos años.

Sobre todo, el voto por el sí entraña que el Acuerdo Final penetre de modo irreversible el contenido de la Constitución Política y no de cualquier manera, pues la impostura jurídica que han urdido los abogados de las Farc con la anuencia de los negociadores de Santos conlleva que dicho texto solo pueda modificarse por acuerdo entre ambas partes y tenga, por así decirlo, una jerarquía supraconstitucional.

Quizás el ciudadano del común no alcance a entender a las claras lo que ello significa. Se dará cuenta de sus implicaciones cuando ya sea tarde y no pueda dar marcha atrás.

En escritos precedentes he llamado la atención acerca de que el sí en el plebiscito acarrea la adjudicación de poderes dictatoriales a Juan Manuel Santos para modificar mediante decretos extraordinarios o proyectos de reformas constitucionales y legales a los que el Congreso se verá constreñido al humillante "tómelo o déjelo", toda la normatividad tocante con el contenido del Acuerdo Final.

Y esos poderes extremos de Santos quedarán sometidos a la tutela de la CSVR, integrada por tres representantes del gobierno, tres de las Farc, uno del gobierno de Cuba, uno del de Venezuela, uno del de Chile y uno más del de Noruega, que son los que en últimas decidirán el modus operandi y los contenidos de la famosa "implementación".

En consecuencia, el voto por el sí no es meramente por la reinserción de los efectivos de las Farc a la vida política normal, ni por la desmovilización de sus frentes, ni por la entrega de sus armas, ni por el perdón y el consiguiente trato amigable a sus crímenes pasados, ni por la protección que piden que se les preste para garantizar que no se los mate, ni por la cesación de sus acciones violentas contra las comunidades.

Por supuesto que todo lo anterior implica costos que sería razonable asumir en aras de la paz. Pero el Acuerdo Final va mucho más allá e implica de hecho que el país quede sometido a la dictadura de las Farc. Estas no solo entrarán a cogobernar con Santos, quien deberá encomendarles la gestión de todos los planes e iniciativas que se prevén en el documento, sino que en rigor lo controlarán a través de la mencionada CSRV, en la que de hecho quedará depositada la soberanía que pomposamente se dice que reside esencial y exclusivamente en el el pueblo,

Los ingentes presupuestos que se contemplan para poner en acción la Reforma Rural Integral se manejarán, a no dudarlo, por las Farc. Y son estas las que controlarán la compleja maquinaria de seguridad ideada para su protección y la persecución que se desatará contra los "enemigos de la paz".

No solo entrarán al gobierno y lo controlarán una vez se establezca el triunfo del sí. Crearán, además, un partido político dotado de prerrogativas tan exorbitantes que en poco tiempo les darán fuerza electoral valiéndose de los mismos procedimientos corruptos que les han asegurado hasta ahora a los políticos "enmermelados" su continuidad en el poder. Este, simplemente, cambiará de manos y pasará a las de las Farc y sus conmilitones por la vía de la "profunda reforma electoral" que le impondrán a Santos.

Conviene recordarles a los creyentes que piensan que el sí entraña un fervoroso acto de perdón cristiano, que los capos de las Farc no se han arrepentido de sus depredaciones, y que el Acuerdo Final consagrará la instauración con fuerza supraconstitucional de la Ideología de Género que aspira a destruir las creencias cristianas. Por este solo aspecto, un católico de verdad no podría apoyar ese Acuerdo Final. Y el eventual respaldo que por activa o por pasiva le preste la jerarquía eclesiástica no será sino un paso más hacia la apostasía final que ya está en camino, 

Es verdad que el resultado favorable al no está lleno de dificultades e incertidumbres de diferentes signos positivos y negativos. Podrían suceder muchas cosas si la ciudadanía rechazara el Acuerdo Final. Pero el sí no traerá consigo la paz. Su resultado nítido será la claudicación ante las Farc. 

Amigo lector, si no me cree, relea el texto y trate de digerirlo. Abra los ojos y verá que no lo estoy asustando con temores infundados. No haga lo de muchos otros que se aprestan a votar sí con los ojos bien cerrados.

Por dónde va el agua al molino

Como bien se sabe, el Acuerdo Final del gobierno de Santos con las Farc es un ampuloso documento de 297 páginas que está plagado de lugares comunes y enunciados declamatorios, Es decir, tiene mucha paja que desorienta al lector poco entrenado para leer entre líneas e ir al fondo de lo decidido. 

Según una vieja y sabia recomendación, al abordarlo se hace menester que se separe la paja del grano.

Pero este es también engañoso y no permite captar de buenas a primeras qué es lo que realmente se pretende. Para entenderlo hay que ir más lejos y concentrarse en los desarrollos posibles de los enunciados del Acuerdo Final.

Hay dos claves que nos permiten dilucidar sus vericuetos.

La primera toca con la "Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias" (CSVR).

Según escrito de Libardo Botero que merece releerse una y otra vez,  con este engendro se consagra nada menos que la dictadura que las Farc  ejercerán sobre Santos y, a través de este, sobre el país.(Vid. http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/12616-la-dictadura-de-las-farc).

La CSVR estará integrada por tres representantes del gobierno y tres de las Farc. Contará, además, con un componente internacional de sendos delegados de los gobiernos de Cuba, Venezuela, Chile y Noruega.

Escribe Botero:

"...Si revisamos sus funciones encontramos el veneno que nos están tratando de hacer ingerir. Destaco las siguientes: “Resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir en la interpretación de los acuerdos…”; “Constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, corresponda a lo acordado, antes de que sean expedidos o presentados, según sea el caso, por el Presidente de la República”; “Proponer borradores de normas que deban ser acordadas para la implementación del Acuerdo Final”..."

Léase bien: toda la normatividad atinente a la implementación del Acuerdo Final deberá pasar previamente por el filtro de la CSVR, que podrá proponer los proyectos pertinentes.

La segunda clave la encontramos en las facultades extraordinarias que con algunas restricciones prevé el "Acto Legislativo para la Paz" y  que podrá ejercer Juan Manuel Santos precisamente para la implementación del Acuerdo Final.

Pues bien, estas inusitadas facultades que bien han dado pie para que se diga con entera razón que Santos quedará investido de poderes dictatoriales, las ejercerá él bajo la tutela de la CSRV, vale decir, de las Farc y los gobiernos de Cuba, Venezuela, Chile y Noruega..

Entonces, todo lo que quedará por reglamentar del Acuerdo Final sufrirá la impronta del Socialismo del Siglo XXI, es decir, del comunismo castro-chavista.

Lo que algunos ingenuos escriben, por ejemplo, acerca de una reforma agraria que no va a despojar a nadie significa, simple y llanamente, que piensan con el deseo. Lo que se busca está disimulado en la palabrería: la destrucción de la empresa agropecuaria y todo lo que signifique iniciativa privada en el sector.

El Acuerdo Final habla a troche y moche de la apertura y la profundización de la democracia. Ya sabemos que para tal efecto se otorgarán a las Farc privilegios exorbitantes que a poco andar convertirán al partido que de ellas emane en una poderosísima máquina política.  Todo ello vendrá con el añadido de una reforma electoral que no sabemos en qué habrá de consistir. Solamente se nos ofrece el caramelo de que se inspirará en recomendaciones de expertos nacionales y extranjeros. Pero no hay que ser muy mal pensados para concluir que esa reforma se hará a la medida de las Farc y sus aspiraciones de toma del poder.

¡Pobres los políticos que, empalagados por la mermelada santista, han apoyado este proceso! Junto con los miopes empresarios que apenas ahora parecen estar abriendo bien sus ojos, serán las primeras víctimas de la revolución a que el traidor Santos se está prestando.

En otros escritos me he referido a la inquietante Jurisdicción Especial para la Paz y la proditoria policía política que bajo la inspiración de los cubanos se pretende instaurar, dando así pábulo al proyecto totalitario y liberticida de las Farc.

Para no fatigar a los lectores, tocaré por último el tema de la imposición de la Ideología de Género, al que acaba de referirse Ana Mercedes Gómez en el siguiente escrito: http://desde-el-asfalto.blogspot.com.co/

El país reaccionó con manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades contra las famosas cartillas con que el ministerio de Educación, bajo el mando de Gina Parody, ha pretendido imponerles a los niños desde sus más tiernas edades el adoctrinamiento homosexual. Ante ese rechazo, Santos y su ministra salieron a negar que tal fuera su propósito; la ministra dijo en el Congreso que no sabía nada de la Ideología de Género; y Santos fue explícito al afirmar que su gobierno no la iba a imponer.

Pues bien, a lo largo y ancho del Acuerdo Final se habla una y otra vez del tema del género de tal modo que no deja duda alguna de que la pretensión de las partes es consagrar la famosa Ideología con rango supraconstitucional.

No hay que olvidar que lo que se busca al reconocerle al Acuerdo la abusiva y extravagante categoría de acuerdo especial de conformidad con los Convenios de Ginebra es hacerlo inmodificable, de modo que sea como una camisa de fuerza que le impediría al pueblo colombiano volverse atrás si llegare a votar sí en el plebiscito del próximo dos de octubre. O algo peor, un auténtico collar bomba, tal como lo he dicho en pasada ocasión.

La Ideología de Género, que las altas Cortes han tratado de introducir de contrabando en nuestro ordenamiento jurídico, quedaría así incrustada de modo inexpugnable en la raíz misma de nuestra institucionalidad.

Yo soy católico, apostólico y romano. No solo no me avergüenzo de serlo y proclamarlo a los cuatro vientos, sino que, previendo que se acerca la hora postrera en que habré de rendir cuenta al Creador de lo que hecho con mi vida, cada vez me siento más firme en mis creencias religiosas.

Pienso que ningún católico que sea consciente de su fe y su compromiso con el Señor puede votar favorablemente un Acuerdo Final que impondría, so pretexto de la búsqueda de la paz, una ideología cuyo objetivo final es la erradicación del cristianismo, tal como lo evidencia el profesor Alberto Bárcena en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=q0yVl54yPVc

Sobre estos tópicos, recomiendo la lectura del importantísimo libro del padre Michel Schoojans, "La Cara Oculta de la Onu", que puede descargarse a partir del siguiente enlace: http://www.michel-schooyans.org/images/publications/LibrosSP/2002CaraOcultaONU.pdf

Invocando mi condición de creyente, le pregunto a la jerarquía eclesiástica de mi país por qué no se ha pronunciado sobre esta circunstancia de enorme gravedad que rodea la aprobación del Acuerdo Final, pues no es otra cosa que una puñalada trapera que Santos y sus compinches de las Farc pretenden asestarle a la religiosidad de los colombianos.

Sé que no habrá respuesta, pues tengo para mí que la debilidad complaciente de destacados jerarcas católicos frente a los diálogos con las Farc es un indicio más de la apostasía de la Iglesia que se ha predicho para los tiempos apocalípticos. Es algo que corresponde a las impresionantes revelaciones que hizo la Santísima Virgen en Akita.(Vid.http://www.corazones.org/maria/akita.htm).

He aquí uno de sus mensajes:

"La obra del demonio infiltrará hasta dentro de la Iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros...iglesias y altares saqueados; la Iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor.

"El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. Pensar en la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, no habrá ya perdón para ellos.

"Con valentía, habla con tu superior. El sabrá como dar a cada uno valor para rezar y lograr obras de reparación".

"Yo hago lo que me dé la gana"

Este desafiante enunciado que se colige de unas declaraciones que hace poco dio Juan Manuel Santos sobre la pregunta del plebiscito carece de la majestad del que se atribuye a Luis XIV -"El Estado soy yo"-, pero pone de manifiesto el talante del absolutismo monárquico que no reconoce regla alguna por encima de la voluntad real.

De hecho, Santos ha gobernado a su amaño, como si para él no hubiese  Dios ni Ley. Sus modelos no han sido los gobernantes republicanos que contribuyeron decisivamente a forjar el carácter civil de nuestro régimen político, sino los déspotas caribeños que con ocres tonalidades pinta Germán Arciniegas en un libro que convendría releer en estos momentos aciagos:"Entre la libertad y el miedo".

Hace poco les recordaba a mis alumnos un deporte macabro que a veces se ha practicado en Colombia, consistente en decapitar personas y jugar fútbol con sus cabezas. Eso hizo la chusma el 9 de abril, creo que en Puerto Tejada, con los policías que asesinó, lo que dio lugar para que Darío Echandía dijera en frase que se hizo célebre que "Colombia es un país de cafres,... con perdón de los cafres". Entiendo que en otros lugares la guerrilla y los paramilitares han hecho lo mismo. Al fin y al cabo, olivos y aceitunos todos son uno.

Pues bien, eso mismo hace Santos con la Constitución. La descabeza y juega con sus despojos. 

No hay que olvidar que uno de los pilares del régimen constitucional es la separación de poderes. El artículo 16 de la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclama, en efecto, que toda sociedad en que no esté asegurada la garantía de los derechos ni establecida la separación de poderes, carece de Constitución.

En consecuencia, como bajo el oprobioso régimen de Santos ha desaparecido en Colombia la separación de poderes, acá ya no hay Constitución. Ni el Congreso, ni la Judicatura, ni los Órganos de Control, ni la Registraduría Nacional del Estado Civil, ni las Administraciones Departamentales y Municipales, escapan al mañoso imperio que bien sea por la compra de conciencias, ya por la intimidación, pretende ejercer Santos sobre todo el aparato estatal. Ha ido, incluso, más allá, sobornando y presionando a la Iglesia, a las entidades gremiales, a la prensa, en fin, a todo aquello que signifique presencia y manifestación de la sociedad civil.

De ese modo, les ha dado a las Farc los ejemplos más elocuentes acerca de cómo abusar del gobierno, para cuando asuman de frente esa tarea. Ya lo hacen subrepticiamente, pero si gana el sí en el evento plebiscitario  no tardarán en asumir las riendas del poder.

No cabe duda: la Constitución de 1991 ha dejado de existir. 

Si estuviera en vigencia, no se podrían haber cometido los abusos en que ha incurrido Santos para convocar el plebiscito el próximo dos de octubre. 

Los resumo:

-La convocatoria del plebiscito suponía un Acuerdo Final firmado con las Farc y una pregunta válida para formularle a la ciudadanía.

-Tanto el Acuerdo Final como la pregunta tendrían que haberse sometido a la consideración del Congreso para que sus cámaras dentro del término máximo de un mes aprobaran o improbaran la convocatoria.

-A la ciudadanía tendría que habérsele dado el mismo término para conocer suficientemente el texto de un Acuerdo Final íntegro y debidamente formalizado.

-El Congreso dio a las volandas su aprobación a la convocatoria del plebiscito sin tener a su disposición el texto idóneo del Acuerdo Final, pues lo que Santos le entregó fue un borrador no firmado por las partes ni autorizado por el gobierno. Y el Congreso no aprobó la pregunta que se le va a formular a la ciudadanía, pues Santos la dio a conocer después.

-Tanto en la formulación de la pregunta como en las actuaciones que ha seguido para promover el voto por el sí, Santos ha desdeñado descaradamente los condicionamientos que la Corte Constitucional dispuso para aprobar la exequibilidad de la Ley Estatutaria respectiva.

-Como la Corte Constitucional tiene dentro de las atribuciones que le asigna el artículo 241 de la Constitución la de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad de los plebiscitos del orden nacional, por vicios de procedimiento en su convocatoria y su realización, lo que se pretende celebrar el próximo dos de octubre tendría sobre sí la espada de Damocles de la Corte. Pero Santos al parecer ya la controla y sería altamente improbable que ella declarara esa inexequibilidad, no obstante las graves irregularidades procedimentales que rodean la convocatoria del plebiscito.

Ni qué decir sobre las consecuencias del voto por el sí. Si el mismo triunfare, entrará en vigencia el Acto Legislativo par la Paz que ya ha sido demandado ante la Corte Constitucional, pues más que una reforma de la Constitución, entraña la sustitución de la misma a través de la incorporación al Bloque de Constitucionalidad de un Acuerdo Final que socava toda su estructura y pretende imponerse sobre ella a título de una fementida supraconstitucionalidad.

Ya veremos a la Corte Constitucional, que hace poco declaró inexequibles unas reformas por considerar que no eran tales, enfrentada a su propia doctrina y a la más elemental lógica jurídica, para doblegar la cerviz bajo el peso de los hechos políticos que creará el resultado favorable al Acuerdo Final.

Ya no tendremos una Constitución concertada con el M-19, como la de 1991, sino la que impusieron las Farc entre sorbo y sorbo de mojito en La Habana. Y el déspota entrará a gozar de las atribuciones amplísimas para legislar que le concede el Acto Legislativo, las cuales ejercerá bajo la tutela de las Farc, de Cuba, de Venezuela, de Chile y de Noruega, según lo dispone la parte final del fatídico Acuerdo.

Colombia dejará entonces de ser un Estado soberano. La traición a la patria estará consumada.

El Acuerdo Final es un collar bomba

Las Farc, con la complicidad de Juan Manuel Santos y sus secuaces, pretende imponerle a Colombia con el Acuerdo Final más que una camisa de fuerza, un auténtico collar bomba, como el que le colocaron  alrededor del cuello a una humilde campesina de Boyacá hace algunos años.

El farragoso texto de ese Acuerdo Final, que es todavía un documento jurídicamente inexistente por cuanto no se lo ha firmado por los representantes idóneos de las partes, está lleno de paja. Hay que leerlo con sumo cuidado para discernir el grano que aquella oculta. Y ese grano es dinamita pura.

Vayan, para la muestra y por lo pronto, unos cuantos botones:

-La Reforma Rural Integral (RRI) contempla un Fondo de Tierras de distribución gratuita para trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente y comunidades más afectadas por por la miseria, el abandono y el conflicto, que se integraría a lo largo de 10 años con 3.000.000 de hectáreas (1.1.1), al que debemos añadir otras 7.000.000 de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural que se aspira a formalizar priorizando áreas como las relacionadas con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Zonas de Reserva Campesina y otras que el Gobierno establezca (1.1.5).

Pues bien, de acuerdo con el censo agropecuario, la superficie cultivada en el país cubre aproximadamente 7.000.000 de hectáreas (Vid. http://www.semana.com/economia/articulo/campo-colombiano-en-la-pobreza/438618-3).

Ello significa que por distintas vías que van desde la adquisición voluntaria de tierras hasta la extinción del dominio, pasando por la expropiación, se proyecta dar un vuelco sustancial a la estructura de la propiedad rural en pro de campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y comunidades, con la práctica desaparición de los propietarios actuales, a quienes se considera como detentadores de extensiones excesivas, explotadores de la mano de obra rural, depredadores del medio ambiente y productores ineficientes.

Es un proyecto pensado, en el fondo, contra el empresario rural que ha contribuido a la modernización del sector. Apenas se lo menciona tangencialmente en alguna parte, pero la idea es desterrarlo del campo.

Para suplirlo y compensar, además, las múltiples deficiencias del sector rural, se piensa en poner en acción unos 25 planes que implicarán la creación de sendas estructuras burocráticas cuya integración lo más probable es que se confíe a las Farc. Estas controlarían, entonces, a las comunidades y, además, la acción estatal en el campo.

Se dice que Proantioquia y Eafit han estimado en ocho billones de pesos el costo anual del Acuerdo con las Farc, suma que les daría a estas un enorme peso político.

-Lo acordado sobre cultivos ilícitos equivale, ni más ni menos, a la legalización de unas 200.000 hectáreas sembradas hoy en coca. 

Las Farc, descaradamente, niegan estar involucradas en el narcotráfico, salvo por ocasionales necesidades de financiación de la rebelión, pero asumen la vocería de las comunidades cocaleras, con las que se dice que será necesario concertar la sustitución de cultivos, sin que se permita a las autoridades obrar mediante la coacción, salvo en casos excepcionales en los que se admitiría solo la erradicación manual.

Todo lo que se escribe en el capítulo respectivo es un deplorable canto a la bandera, acompañado de una todavía más deplorable claudicación del Estado frente a una de las organizaciones narcoterroristas más poderosas del mundo.

-La Comisión de la Verdad que se proyecta integrar con 3 representantes del gobierno, 3 de las Farc y 3 más designados de común acuerdo entre las partes se aplicará básicamente a  lavar la imagen de aquellas y enturbiar la del resto de la sociedad colombiana, con el propósito de paliar los innumerables y atroces crímenes de la narcoguerrilla y legitimarla ante las nuevas generaciones de colombianos. A ese cometido se aplicarán en buena medida las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ya se anuncia por boca de Santos que perseguirá a agentes estatales, empresarios, agricultores, periodistas y profesores.

Pero lo más grave es el intrincado esquema de protección de los miembros de las Farc y persecución a quienes se considere como paramilitares, colaboradores de estos y autores de crímenes contra la paz. Se prevé la creación de unas 14 instancias, dos de las cuales serían especialmente temibles: 

a) La Unidad Especial de Investigación, integrada a la Fiscalía General de la Nación, pero bajo el mando de un director que hará parte de aquella y que de hecho será independiente, pues se lo nombrará por 6 años y no podrá ser removido sino por faltas disciplinarias gravísimas (Vid. 3.4.4).

b) Un Cuerpo Élite dentro de la Polícía Nacional que garantice la acción inmediata del Estado contra las conductas que deberá investigar la Unidad Especial de Investigación (3.4.5).

EN rigor, lo que acá se contempla es la creación de una Policía Política equivalente a la Gestapo o la KGB, que funcionaría bajo la orientación de la seguridad cubana y el control de las Farc.

-Cierro, por hoy, con la "Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final y de Resolución de Diferencias",  a la que Libardo Botero le dedica un exhaustivo análisis en Debate (Vid. 

http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/12616-la-dictadura-de-las-farc?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Portada-PeridicoDebate-PeridicoDebate+%28Portada+-+Peri%C3%B3dico+Debate%29).

Según Botero, es una  " faceta de inocultable gravedad: se crea un organismo incontrolable y de facultades inconmensurables, con la excusa de vigilar la implementación de los acuerdos, que significará nada más ni nada menos que la vía para que las Farc ejerzan durante los diez años que durará la “transición” (o el “posconflicto”) un poder omnímodo, sometiendo al engranaje del Estado a su arbitrio."

La CSVR estará integrada por tres representantes del gobierno y tres de las Farc, pero tendrá un componente internacional compuesto por un representante de Cuba, uno de Venezuela, otro de Chile y uno más de Noruega.

Botero destaca las siguientes atribuciones de esta Comisión:

 “Resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir en la interpretación de los acuerdos…”; “Constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, corresponda a lo acordado, antes de que sean expedidos o presentados, según sea el caso, por el Presidente de la República”; “Proponer borradores de normas que deban ser acordadas para la implementación del Acuerdo Final”.

En consecuencia, la representación de la soberanía popular que según el artículo 3 de la Constitución Política ejercen el Presidente y el Congreso quedaría supeditada a la instancia previa del control de la CSRV.

Es lo que Botero llama con toda razón la dictadura de las Farc.

Reitero acá lo que he venido diciendo en distintos escenarios: lean este mamotreto. léanlo entre líneas muy juiciosamente, vayan al fondo que se disfraza bajo una empalagosa retórica y descubran el pavoroso collar bomba que se pretende que los colombianos nos colguemos votando Sí en el plebiscito del próximo dos de octubre.

Vanidad de vanidades

Todo parece dar a entender que el tal "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", que se dio a conocer esta semana a través del Comunicado conjunto No. 93 de las delegaciones del gobierno y las Farc, todavía no está firmado por las partes.(Vid. https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/comunicado-conjunto-93-la-habana-cuba-24-de-agosto-de-2016-1472079906.pdf; http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Texto-completo-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx). Así lo asevera El Nodo.(Vid.http://elnodo.co/acuerdofirma).

No obstante ello, Juan Manuel Santos corrió a presentar ante el Congreso la solicitud de pronunciamiento por parte del Senado y la Cámara de Representantes acerca de la convocatoria de un plebiscito refrendatorio de ese Acuerdo Final previsto para el próximo 2 de octubre, queriendo dar así cumplimiento a lo que establecen el artículo 20 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1806 de 2016 (Vid. http://es.presidencia.gov.co/noticia/160824-Congreso-expide-Ley-Estatutaria-para-regular-el-plebiscito-para-la-refrendaci%C3%B3n-del-Acuerdo-de-La-Habana).

Pues bien, como a la Corte Constitucional le corresponde decidir sobre la constitucionalidad de los plebiscitos en el orden nacional, por vicios de procedimiento en su convocatoria y su realización (Art. 241-3 Const. Pol.), no parece osado pensar que el beneplácito que dieran las Cámaras al plebiscito que se convocare para pedir la aprobación de un acto jurídicamente inexistente podría configurar precisamente un grave vicio procedimental.

A mí no me cabe duda de que el "Acuerdo Final", así haya sido divulgado por el gobierno, es apenas un borrador, un proyecto, mas no un acto jurídicamente eficaz. No hay que olvidar que tanto el Derecho internacional como el Derecho público interno son eminentemente formalistas, y la firma es precisamente uno de los elementos formales de cualquier documento al que se pretenda darle eficacia jurídica en cualquiera de esos dos escenarios.

En todo caso, enviarle al Congreso un documento que carece de existencia jurídica para que dé su beneplácito para someterlo a refrendación popular, es un grave irrespeto a la institución. Si los respectivos presidentes del Senado y la Cámara de Representantes fuesen personas decorosas, tendría que devolverle la solicitud a Santos por faltarle un requisito esencial para su validez.

Sucede que la premura de Santos para convocar el plebiscito obedece básicamente a tres motivos. todos ellos cuestionables.

El primero ha sido cantado hasta la saciedad y radica en que pretende evitar a toda costa que el proceso plebiscitario coincida con el trámite de la terrible reforma impositiva que tendrá que presentar ante la consideración del Congreso a más tardar en el mes de octubre. Cuando el común de la gente se entere del impacto que en su magra economía producirá esa reforma, el nivel de aprobación del gobierno caerá severamente y ello podría afectar la intención de votar Sí en el plebiscito.

El segundo obedece al sesgo radicalmente antidemocrático que ha presidido todo este proceso de negociaciones con las Farc. Santos sabe que los ciudadanos que se inclinan a votar en favor del Acuerdo Final lo harán a regañadientes, pues el mismo contiene "sapos" a granel y a medida que la opinión lo vaya examinando juiciosamente su apoyo declinará de modo vertiginoso. En un país serio, una iniciativa de tamaña importancia para su futuro tendría que contar por lo menos con varios meses que dieran tiempo para realizar la labor pedagógica necesaria para que el voto pudiera emitirse con suficientes información y discernimiento. No así en Colombia, que no está bajo un gobierno serio ni decente.

Acá se da también un grave irrespeto para con la ciudadanía, cuyo derecho a votar en conciencia y con la debida información se ve cercenado por el exiguo término que habrá entre la convocatoria y la realización del plebiscito.

Hay un tercer motivo para la angurria de Santos y es que en octubre vence el término para postular candidaturas al Premio Nobel de la Paz. Santos sabe que si a Obama le dieron un premio evidentemente inmerecido al comienzo de su gestión presidencial, él, con más veras, puede aspirar a esa distinción, así deje un país con el espíritu ásperamente dividido y bajo el riesgo de nuevas y quizás más letales confrontaciones.

Recordando los versos de Núñez que en otra oportunidad he citado, lo que Santos dejará al término de su mandato no será otra cosa que confusión y caos, pues ha desdeñado sabias enseñanzas que indican que la paz social solo se puede edificar sobre la base de fuertes cimientos morales. Dice, en efecto, la doctrina pontificia: 

"La Paz ha de estar fundada sobre la verdad, construida con las normas de la justicia, vivificada e integrada por la caridad y realizada, en fin, con la libertad”.(Vid. http://www.corazones.org/diccionario/paz.htm)

Contrariando lo anterior, el proceso de negociaciones con las Farc se ha caracterizado por el desprecio  por la verdad, la justicia, la caridad y la libertad.

Respecto de lo segundo, con sobradas razones acaba de manifestar José Miguel Vivanco que Human Rights Watch se propone denunciar ante la VPI ese afrentoso Acuerdo Final (Vid. https://oiganoticias.com/2016/08/27/human-rights-watch-demandara-acuerdo-de-santos-y-las-farc-ante-la-corte-penal-internacional/).

¿En qué parará toda esta feria de vanidades?

¿Hacia la impunidad para las Farc?

En La Habana se dialoga sobre temas que son cruciales para la suerte futura de Colombia. No se lo hace a la manera propia de una democracia, sino a puerta cerrada entre los representantes del gobierno y los de la subversión narcoterrorista. Y se pretende someter los acuerdos a que se llegue a su aprobación mediante un plebiscito en que al pueblo solo le quedaría la opción de tómelo o déjelo, sin que sea posible modificar un ápice de lo convenido, que se hará constar en documentos largos, densos y farragosos que a la gente del común no le será fácil discernir.

Así acontece con el tema de la justicia, que hace parte de tres borradores de acuerdo, a saber:

-https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-64-la-habana-15-de-diciembre-de-2015

-http://www.lahoradelaverdad.com.co/hace-noticia/acuerdo-farc-gbno-santos-del-23-de-junio-en-la-habana.html#

-https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-88-la-habana-cuba-12-de-agosto-de-2016

El primero es un documento muy extenso que, a partir de la consideración del tema de las víctimas del conflicto, se explaya en la propuesta de una Comisión de la Verdad y la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz.

En el segundo enlace se llega al borrador de acuerdo para garantizar la seguridad de los integrantes de las Farc y perseguir a los enemigos de la paz.

El tercero toca con el mecanismo de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por amable invitación de "La Hora de la Verdad", el jueves pasado hice una presentación básica de estos temas en lo que concierne a la Jurisdicción Especial para la Paz, que puede consultarse por medio del siguiente enlace: 

http://www.lahoradelaverdad.com.co/hace-noticia/jesus-vallejo-mejia-ex-magistrado-de-la-corte-suprema-de-justicia-hablando-de-tribunal-para-las-farc.html#

Aunque dudo que haya plebiscito en este año, es necesario que la ciudadanía se entere del contenido de los acuerdos con las Farc, a fin de que su voto, como lo pide la Conferencia Episcopal, sea informado, razonado y en conciencia.

No se trata de temas simples que puedan dilucidarse a partir de unas pocas reflexiones. Por el contrario, son de enorme complejidad tanto en sus premisas y su formulación, como en su desenvolvimiento futuro. De hecho, suscitan muchísimas incertidumbres cuando se los aborda con ánimo desprevenido.

La premisa básica de estos acuerdos es la paridad entre el Estado Colombiano y las Farc, tal como se desprende del documento inicial de los diálogos que puede consultarse a través del siguiente enlace:

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/acuerdo-general-proceso-paz.html

Como consecuencia de esta paridad, se ha convenido que el Acuerdo Final a que se llegue tenga la calidad de Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.(Vid. http://caracol.com.co/radio/2016/06/02/politica/1464830590_863585.html).

A partir de esta caracterización a todas luces abusiva y hasta estrafalaria del Acuerdo Final como un Acuerdo Especial entre el gobierno de un Estado y una organización subversiva a la que se reconoce el estatuto de beligerante, se pretende que el mismo se tome como emanado de dos sujetos de Derecho Internacional Público y se lo califique de hecho como un Tratado que debe incorporarse al Derecho interno por el mismo procedimiento aplicable a ellos, tal como lo dispone el artículo 4o. del Acto Legislativo en mención.

Como se trata de dos partes que llegan a unos acuerdos en condiciones de igualdad, las Farc se niegan a reconocer la legitimidad del ordenamiento jurídico colombiano y a someterse a sus autoridades legítimas. Rechazan, por consiguiente, que nuestro sistema judicial pueda ocuparse de su atroz historial delictivo. Pero tampoco están dispuestas a someterse de buenas a primeras a la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto para nada las favorece.(Vid. http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)

La Jurisdicción Especial para la Paz no será entonces una de las varias jurisdicciones en que se proyecta la rama jurisdiccional del Estado, que pone ahí de manifiesto uno de los atributos básicos de su soberanía, sino una suprajurisdicción que por su origen, su estructura y sus poderes ubica por encima de las autoridades que por disposición del artículo 3 de la Constitución Política ejercen en nombre del pueblo la soberanía que a este exclusivamente le corresponde.

En efecto, el borrador del Acuerdo sobre mecanismo de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz le atribuye esa función a un Comité de Escogencia escogido por las siguientes personas y entidades:

• Su Santidad el Papa Francisco
• El Secretario General de las Naciones Unidas
• La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
• La delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ).
• La Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.

Solo dos de los integrantes del Comité se elegirían por entidades de algún modo conectadas con la soberanía del pueblo colombiano, a saber: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado. Los tres restantes vendrían de la iniciativa del Papa, el Secretario General de las Naciones Unidas y una ONG cuya representatividad es asunto desconocido para el gran público.

Tres instancias extranacionales tendrían el poder de decidir quiénes van a ejercer una jurisdicción que contaría con enormes poderes y se superpondría a todo nuestro ordenamiento punitivo.

Según lo acordado, la Jurisdicción especial se integraría por un Tribunal para la Paz, tres salas de Justicia. un Presidente y un Director de la Unidad de Investigación y Acusación que sería, en rigor, un suprafiscal general de la Nación.

Como este Jurisdicción Especial para la Paz no sería tributaria del Estado ni de las Farc, la legislación de aquel no sería aplicable para su estructuración ni su funcionamiento.

El Acuerdo sobre Justicia prevé que actúe conforme a los principios del debido proceso, incluyendo las dos instancias, pero le asigna la tarea de dictar su propio ordenamiento, por encima de la autoridad del Congreso colombiano.

Su cometido principal será "para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario".

Se dice en el numeral 15 del borrador del acuerdo sobre justicia que "El funcionamiento del componente de justicia del SIVJRNR es inescindible y se aplicará de manera simultánea e integral a todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado, y sus decisiones ofrecerán garantías de seguridad jurídica a todos los anteriores.  Su ámbito de aplicación está determinado por lo señalado en los numerales 9 y 32.  En caso de que con posterioridad a la firma del acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, se aprobaran leyes o normas que al otorgar tratamientos diferenciados a agentes del Estado o a otras personas por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, fueran combatientes o no combatientes, provocaren que los anteriores sean excluidos de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, o tuvieren como resultado la inaplicación de dicha jurisdicción o la inaplicación de las condiciones referidas a las sanciones que se recogen en el presente texto respecto de dichas personas, el Tribunal Especial para la Paz ejercerá su jurisdicción preferente en las materias de su competencia conforme a lo establecido en este documento."

Pero, de entrada, el borrador del acuerdo establece una distinción de enormes repercusiones entre quienes serán objeto de amnistía e indulto por razón de delitos políticos y conexos con los mismos, y quienes no se verán favorecidos por esas medidas.

El primer grupo lo conformarían los integrantes de las Farc a quienes solo se imputen delitos de rebelión, sedición y asonada, así como los conexos, categoría esta bastante incierta que se prestará a no pocos cuestionamientos. 

Señalo desde ya que, como lo he venido sosteniendo públicamente, los delitos relacionados con el narcotráfico no pueden considerarse conexos con los políticos, pues así lo dispone tajantemente el ordenamiento internacional sobre la materia.

El segundo grupo lo integrarían los demás integrantes de las Farc a quienes se imputen delitos no amnistiables según el Estatuto de Roma, como los de lesa humanidad, los agentes estatales e incluso los particulares que hayan incurrido incluso de modo indirecto en conductas relacionadas con el conflicto, salvo los casos de coacción.

Taxativamente se establece que "No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma."

Resulta prolijo entrar en el detalle de las estipulaciones de este documento. Me limitaré a presentar la siguiente síntesis:

- Según el numeral 31, " En el componente de justicia se establecerán sanciones a los responsables en aquellos casos en los que se determine que no los alcanza la amnistía o el indulto."

-Las personas que resultaren involucradas en conductas no amnistiables ni indultables sujetas a esta jurisdicción tendrán oportunidad de confesar detalladamente su autoría de modo que sea satisfactorio para la Jurisdicción Especial. Bajo este supuesto, estarán sometidas a sanciones restaurativas graduadas de acuerdo con su gravedad. 

Dice el numeral 60:

"Las sanciones propias de la JEP, que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento, respecto a determinadas infracciones muy graves, tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución, y además deberán garantizar la no repetición."

-De no reconocer los hechos y la responsabilidad consiguiente, el asunto se investigará por la Unidad de Investigación y Acusación. Pero habrá la oportunidad de aceptación tardía de las imputaciones, caso en el cual entrarán en juego las sanciones alternativas que en casos muy graves consistirán en penas privativas de la libertad no menores a 5 años ni superiores a 8 años.

-Al que insista en su juzgamiento por no aceptar temprana ni tardíamente sus responsabilidades, se le aplicarán las sanciones ordinarias del Código Penal, siempre y cuando la Jurisdicción Especial establezca plenamente la comisión de los delitos y su autoría por el incriminado.

La Jurisdicción Especial para la Paz podrá ocuparse de todas las conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado en cualquier tiempo, incluyendo las que hayan sido objeto de juzgamiento o de medidas disciplinarias por las autoridades colombianas. 

Dice sobre el particular el numeral 33:

"El componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión,   

por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas. 

Respecto a las sanciones o investigaciones disciplinarias o administrativas, incluidas las pecuniarias impuestas a personas naturales en cualquier jurisdicción, la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se limitará bien a anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, o bien a revisar dichas sanciones, todo ello a solicitud del sancionado o investigado. En todo caso la solicitud no podrá llevar aparejada la reapertura de una investigación penal por los mismos hechos. En caso de que se solicite la revisión de la sanción impuesta o la extinción de la sanción y responsabilidad, será competente la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz. Respecto a los investigados, será competente la Sala de definición de situaciones jurídicas."

Se echa de menos la participación de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo en todos estos procedimientos. No habrá control externo para la Jurisdicción Especial de Paz y, en últimas, su eficacia parece que dependerá ante todo de las organizaciones de víctimas, algunas de ellas quizás permeadas por las Farc.

Como lo dije al concluir mis declaraciones para "La Hora de la Verdad", la letra de este acuerdo parece bonita, pero todo dependerá de la música que se le ponga, que bien o mal podría ser de raggaeton.

No les faltan razones a quienes temen que por esta vía se consagre la impunidad para los capos de las Farc por sus innumerables atrocidades y que la misma sirva de ariete para perseguir a sectores de la comunidad que han sido señalados por aquellos como patrocinadores del conflicto.

Sobre lo primero, traigo a colación el importantísimo libro que publicó hace poco la Procuraduría General de la Nación bajo el título "La paz no lo justifica todo-Mínimos penales para máximos responsables", en el que se demuestra con base en el Tratado de Roma y la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional que las sanciones restaurativas con que se pretende eludir la normatividad de dicho Tratado no podrán cumplir este proditorio objetivo.

Acerca de lo segundo, recomiendo la lectura del escrito que publicó hoy José Félix Lafaurie en "Contexto Ganadero" con el título de "Los Caminos de Santiago", en donde muestra cuáles son las intenciones reales de las Farc al promover la vinculación de terceros no combatientes a la Jurisdicción Especial para la Paz.(Vid. http://contextoganadero.com/columna/los-caminos-de-santiago).

Cuando me pongo a pensar en cómo operaría esta Jurisdicción Especial para la Paz de la mano con el estremecedor acuerdo que se proyecta para garantizar la seguridad de los integrantes de las Farc y combatir a los enemigos de la paz, me lleno de inquietudes. Como los sabios recomiendan que "en la duda, abstente", estas incertidumbres avalan mi tendencia que creo indeclinable a votar No en el plebiscito.

Es más, a la luz de jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional que señala que la Constitución puede reformarse por las vías ordinarias, pero solo podría sustituirse mediante asamblea constituyente convocada y elegida por el pueblo  para tal objeto, los temas que vengo mencionando no podrían pasar incólumes la revisión que según el Acto Legislativo para la Paz le compete a dicho alto tribunal respecto de la eventual proyecto de ley que apruebe el Acuerdo Final.

Se ha dicho hasta el cansancio que las Farc no quieren la paz, sino el poder, y que el mencionado Acuerdo Final no traerá consigo la primera, pues generará nuevos e insolubles conflictos que agriarán la convivencia armónica a que aspiramos los colombianos.

No habría pues el cacareado posconflicto, sino otras muy destructivas confrontaciones entre unas Farc soliviantadas y unas comunidades acobardadas y atemorizadas.