Pero esto no vale para los casos de pésimos arreglos, como el que se está negociando con las Farc en La Habana, pues de ellos suelen resultar consecuencias peores que las que se pretende evitar.
Lo que se conoce de los acuerdos convenidos por el gobierno de Santos con los narcoterroristas de las Farc muestra que no solo se les están ofreciendo ventajas exorbitantes, sino impracticables, confusas y perjudiciales hasta el extremo.
Desde que comenzaron las negociaciones advertí que a mi juicio las Farc solo firmarían un acuerdo que las pusiera al borde de la toma del poder que tanto han ansiado. Su propósito no es, en efecto, compartirlo con los demás sectores políticos dentro de unas reglas de juego civilizadas, sino gozar de ventajas que allanen el logro de sus cometidos.
Sus cabecillas hablan una y otra vez de la refundación del país. Exigen cambios sustanciales en la estructura social para ajustarla a los ideales trasnochados del Socialismo del Siglo XXI, que no es otra cosa que sovietismo o bolchevismo puro y duro como el que padeció Europa oriental a lo largo de cuatro décadas en el siglo pasado o el que sufre el pueblo cubano desde 1959, por no hablar de la tragedia venezolana que ya va para tres lustros.
Como saben que a través del libre juego de las reglas de la democracia, aun las imperfectas que nos rigen, no tendrían oportunidad para realizar sus proyectos totalitarios y liberticidas, han aprovechado la actitud claudicante del gobierno de Santos para tratar de obtener en la mesa de negociación lo que jamás habrían podido en los campos de batalla.
Se cumple así la advertencia que hace muchos años hizo Alfonso López Michelsen en el Club Unión de Medellín, cuando observó que a menudo las guerras se pierden en el escenario diplomático. Y como lo han señalado inteligentes observadores del acontecer nacional, los últimos eventos anuncian la victoria de las Farc. Simple y llanamente, tenemos que admitir que nos derrotaron y lo que vendrá en el corto plazo será el cogobierno con sus cabecillas, que en el mediano plazo derivará en su dictadura, salvo que por algún designio providencial se lograre desviar el curso de los acontecimientos.
Las Farc han obtenido del Congreso que, mediante Acto Legislativo reformatorio de la Constitución, declare que lo que se hará constar en el Acuerdo Final tendrá la naturaleza de un acto jurídico de Derecho Internacional Humanitario que, según piensan sus asesores, prevalecerá sobre nuestro ordenamiento interno y no podrá modificarse ni siquiera por el pueblo en ejercicio de su poder Constituyente Primario. Es la Supraconstitucionalidad de que se viene hablando últimamente.
Este blindaje, de acuerdo con el parecer de connotados juristas, les tuerce el pescuezo al Derecho Internacional y al Derecho de la Constitución. No es obra del buen sentido que debe presidir la creación y la aplicación de la normatividad jurídica, sino de rábulas perversos que distorsionan las categorías fundamentales de los ordenamientos para ponerlos a decir lo que en sana lógica no podría deducirse de ellos.
Por más que las Farc lo exijan y lo que un Congreso arrodillado disponga, a aquellas no se les puede reconocer la condición de sujetos de Derecho Internacional sin que previamente se las identifique como beligerantes que aceptan las reglas del Derecho Internacional Humanitario y se someten a las del Derecho Penal Internacional llamado a sancionar sus múltiples crímenes de lesa humanidad. Y por más que en virtud de dichas exigencias y dicha claudicación de parte del Congreso así se disponga, este no puede darles a los acuerdos especiales previstos en los Protocolos Adicionales a las Convenciones de Ginebra de 1949 el carácter de tratados, ni reconocer como acuerdo especial algo que evidentemente excede los cometidos asignados a ese tipo de actos.
Si la Corte Constitucional fuera seria, tendría que rechazar estas premisas fraudulentas mediante las cuales se pretende dotar de la fuerza jurídica propia de la normatividad internacional al Acuerdo Final que probablemente se firmará con las Farc.
Pero, conscientes de la debilidad intrínseca de estas premisas, los golillas de Santos y de las Farc lograron que el Congreso, en el Acto Legislativo de marras, dispusiera que dicho Acuerdo Final se incorporará a la Constitución por medio de un procedimiento que bien podríamos llamar de "Fast track".
Ese documento, cuyos términos aún no se han convenido en su totalidad, no solo hará parte de nuestra Constitución, sino que la reformará de tal modo que, de acuerdo con los precedentes que ha sentado la Corte Constitucional, configurará más que una sustitución, la subversión de la misma. Y aunque la Corte ha dicho que tal evento solo sería constitucionalmente posible mediante una Asamblea Constituyente elegida para el efecto por votación popular, ahora se pretende sustituirla por un plebiscito amañado a la usanza de los que muchos dictadores promovieron en el pasado en otras latitudes para dar apariencia de legitimidad a sus procederes.
Se aspira a que de la Constitución haga parte un sinnúmero de enunciados de difícil inteligencia hasta para los juristas más expertos, y tan farragosos como los que contiene el siguiente borrador del acuerdo para proteger a los integrantes de las Farc y perseguir a quienes se moteje de paramilitares o enemigos de la paz: http://www.lahoradelaverdad.
Este documento es un botón de muestra de los sapos que se pretende que los colombianos nos traguemos en aras de la paz. Les sugiero a mis lectores que lo descarguen, lo lean y mediten sobre lo que más adelante se les pedirá que aprueben votando sí en el plebiscito que probablemente se convocará para el efecto.
No creo que haya antecedente alguno en la historia política del mundo entero de una Constitución que contenga lo que se pretende incorporarle a la nuestra, ni de una convocatoria popular para pedir que se apruebe mediante un escueto sí un texto que ofrece ser farragoso y confuso a más no poder.
Pero ahí no se detiene la seguidilla de enormidades que nos tienen prometidas.
Dizque para "implementar" el Acuerdo Final, el Congreso ha resuelto otorgarle facultades limitadas solo en el tiempo a Juan Manuel Santos, autorizándolo a expedir a través de decretos con fuerza de ley todas las iniciativas que considere pertinentes, las cuales solo podrá revisar la Corte Constitucional por motivos de forma y no de fondo.
Ojo, lectores: Santos podrá, a su arbitrio, modificar toda la normatividad electoral, la fiscal, la civil, la laboral, la comercial, la administrativa, la agraria, la judicial, la penal, la miliar, la policiva, etc., porque es de presumir que nada de la vida de relación de los colombianos dejará de afectarse por lo convenido por sí y ante sí por los negociadores de La Habana.
Salvo que la Corte Constitucional entre en razón y no se pliegue a las presiones de toda índole que se ejercerán sobre ella, la institucionalidad colombiana quedará a merced de lo que acuerde una Asamblea Constituyente dual integrada por Santos (¿"Santiago"?) y el pavoroso "Timochenko", en la que probablemente el primero servirá de amanuense del segundo.
¿Traerá consigo la paz este holocausto institucional?
Lo dudo. Las instituciones son garantía de civilización. Su destrucción solo puede acarrear barbarie.
No hay comentarios:
Publicar un comentario