lunes, 15 de julio de 2024

Justicia y Paz

El que nos desgobierna clama por la justicia y la paz en nuestro país. Pero ¿qué entiende por ello?

El tema de la justicia es el más espinoso de la filosofía del derecho y la de la política.

A la luz de las enseñanzas de Aristóteles, la justicia es un valor que se manifiesta en la vida de relación. Consiste en dar a cada quien lo suyo en las relaciones de los individuos entre sí y en las de ellos con el todo social. Implica entonces adjudicaciones, repartos. En las relaciones interpersonales se refiere a lo que cada parte puede exigirle a la otra y al débito consiguiente. En las relaciones con el todo social, atañe a lo que cada uno puede esperar de la organización comunitaria, pero también a lo que ésta puede exigirles a los individuos que la integran.

El gran problema reside en la identificación del contenido de cada derecho y del consiguiente deber.

En unos casos, dicha determinación queda librada a la voluntad de las partes, como sucede en las relaciones contractuales. Pero no siempre es así, porque hay necesidad de proteger en las relaciones a los débiles, por lo que la autoridad de la ley introduce correctivos. En muchos otros casos es la misma ley la que define las penas y las cargas que deben soportarse, por ejemplo, en razón de la justicia criminal o de la tributaria, temas sobre los cuáles no se logra llegar a conclusiones definitivas. La justicia penal está abierta toda clase de debates, lo mismo que la tributaria.

En general, los súbditos deben obediencia a la ley para que pueda haber orden en la sociedad. Como dijo Goethe, la peor injusticia es el desorden. Pero la ley justa debe definir lo que aquéllos pueden reclamar de la autoridad y lo que, en consecuencia, ésta debe reconocerles a aquéllos.

Tradicionalmente se consideraba que el orden justo se garantizaba mediante la prevención y la superación de conflictos en las relaciones interpersonales, así como en la protección de unos derechos básicos como la vida, la integridad personal, la honra y los bienes. Pero en los tiempos modernos la categoría de los derechos fundamentales que debe garantizar la autoridad pública se ha ensanchado de tal modo que hoy no es posible determinar cuáles son, puesto que cada día van apareciendo nuevas demandas de garantía, a la luz del pensamiento del Estado de Bienestar que proclama la protección de cada individuo humano desde la cuna hasta la tumba.

De ese modo, la idea de que la justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde se ha tornado problemática en demasía, máxime si se ha demeritado el principio de que cada derecho va acompañado de deberes correlativos para sus titulares. Ya se habla de derechos absolutos, como el que reclama el que nos desgobierna para pavonearse a sus anchas en espacio público extranjero y en misión oficial con quien no figura como su consorte.

Hans Kelsen, de cuyo pensamiento se dice que a su alrededor gira toda la discusión teórica acerca del Derecho en el siglo XX, al preguntarse acerca de qué es en últimas lo justo llega a una conclusión escéptica, según se lee en su opúsculo titulado "¿Qué es la Justicia?":

"No hubo pregunta alguna que haya sido planteada con más pasión, no hubo otra por la que se haya derramado tanta sangre preciosa ni tantas amargas lágrimas como por ésta; no hubo pregunta alguna acerca de la cual hayan meditado con mayor profundidad los espíritus más ilustres, desde Platón a Kant. No obstante, ahora como entonces, carece de respuesta. Tal vez se deba a que constituye una de esas preguntas respecto de las cuales resulta válido ese resignado saber que no puede hallarse una respuesta definitiva: sólo cabe el esfuerzo por formularla mejor." (Vid. Microsoft Word - Hans Kelsen. La Juticia.doc (delajusticia.com)

Para el positivismo hoy reinante, lo justo sólo puede fijarse por medio de acuerdos colectivos, para los cuáles se han ideado procedimientos más o menos artificiosos, como los propuestos por Rawls o Habermas. De ese modo, lo justo no se descubre, sino que se construye a través de la acción política. Es algo que presupone acuerdos y no las imposiciones dictatoriales que pretende el que nos desgobierna.

Pero el pensamiento clásico, que sigue los pasos de la Biblia, la exclamación de Antígona o el pensamiento de Platón, el de Aristóteles y el de los estoicos, considera que lo justo sólo puede esclarecerse a partir de una ley superior para cuyo conocimiento es indispensable una excelsa disposición espiritual. Es un valor que sólo se revela a quién tenga su alma preparada para captarlo. Como lo he escrito en otro lugar, su contenido escapa a jueces sin alma o con ésta torcida. De un depravado no cabe esperar en principio propósitos justos.

¿Cuál es el nivel espiritual de quien hoy nos desgobierna, que anda a troche y moche vociferando que toda su vida la ha empeñado en la búsqueda de la justicia en sus aspectos sociales, económicos y ambientales?

Leí hace poco que el justo según el Evangelio es quien se halla en gracia de Dios, lo que a todas luces es dudoso respecto de quien no se avergüenza de andar de la mano de un transexual por el centro de Panamá, fuera de que no escatima oportunidad alguna para insultar, calumniar y promover discordia entre sus compatriotas. 

Es interesante señalar que el anhelo de paz, que evidentemente es resultado previsible de la justicia, se pone de manifiesto en el Evangelio desde el momento mismo del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo con el cántico de los ángeles (Lc. 2:14), y en la primera aparición a los apóstoles después de la resurrección (Lc. 24:36). La paz de que acá se habla es también efecto de una elevada disposición espiritual que no parece darse en alguien que exhibe una mente ofuscada, llena de resentimientos y animosidades.

La justicia y la paz son valores que se exaltan en la Constitución, pero su contenido no está al alcance de demagogos dicharacheros, sino de mentes reflexivas conscientes de la complejidad de las situaciones sociales involucradas en ellos.

Hace algún tiempo escribí tres capítulos de un Curso de Filosofía del Derecho que dicté en la UPB a lo largo de varios años. Tenía pensado un cuarto capítulo sobre la sociedad justa, pero lo mismo que Kelsen, aunque por otras razones, no me he atrevido a concretarlo. Pasar de la concepción formal de la justicia que nos legó Aristóteles a lo que los iusfilósofos han llamado la justicia material, la de cada caso relevante, es tarea ardua que supera mis flacas entendederas.

¿Qué es en últimas lo suyo de cada individuo? ¿Es posible determinarlo si se ignora la complejidad de una naturaleza que está comprometida en dos mundos, el natural y el espiritual? ¿Su realización plena se limita a sus deseos temporales o es algo que entraña la idea de trascendencia?

Como el que nos desgobierna carece de formación jurídica e incluso filosófica, así como de otras que le permitirían formarse un mejor juicio sobre el manejo de este país, y es prisionero de prejuicios ideológicos insuperables, resulta dudoso que sus ideas sobre la justicia y la paz que nos promete tengan buen fundamento. 

Reitero que si no tiene su espíritu bien formado para asimilar tan elevados valores cabría compararlo con la higuera estéril de que habla el Evangelio en Lc. 12.12-14. De una mente trastornada como la suya sólo cabe esperar acciones desordenadas, tal como lo estamos padeciendo hoy en Colombia.





viernes, 5 de julio de 2024

Destino final: el caos.

Encuentro en a página 131 del excelente libro de Hernando Gómez Buendía, "La Verdadera Historia de Colombia", una cita de Rafael Núñez que viene como anillo al dedo en torno de la situación actual de nuestra patria. Dice así:

"No hay otra política de paz que la fuerza...Si hay mucho ejército, hay mucha paz"-

Son enunciados que nacen de la experiencia de las sociedades civilizadas, las cuales se fundan en el monopolio de la fuerza legítima en cabeza del Estado. Si éste es incapaz de ejercerlo, como ha sucedido desafortunadamente en distintos momentos de nuestra historia, la violencia se enseñorea y oprime a las comunidades.

Sólo puede hablarse de Estado de Derecho o del Social si el Imperio de la Ley se hace efectivo a lo largo y ancho del territorio.

En la hora presente el panorama colombiano exhibe, por una parte, una fuerza pública debilitada, desmoralizada y humillada por un gobernante que la desprecia y hace todo lo posible para reducirla a la impotencia, mientras que, por la otra, crece el dominio territorial de grupos armados ilegales que invocan una legitimidad basada no en la representación popular, sino en sus delirios ideológicos, o quizás tan sólo en su capacidad ofensiva, la cual se ha multiplicado por la tolerancia que hacia el narcotráfico exhibe sin tapujos el que en mala hora nos desgobierna.

En contravía de la experiencia histórica y el más elemental buen sentido político, anda empeñado en negociar con unos delincuentes de la peor calaña dizque una paz total que se derivaría de un perdón también total, que es uno de los temas que según viene diciendo debería tratarse dentro del proceso constituyente que pretende poner en acción.

Por supuesto que para esta aventura cuenta con el apoyo de todos esos maleantes, muchos de ellos responsables de crímenes que han aterrorizado a la nación entera. Se escucha, por ejemplo, vociferar al siniestro sujeto que se conoce por el alias de Iván Márquez que la constituyente petrista sería bienvenida para eliminar la enredadera normativa con que la oligarquía tiene sometido al pueblo. Esa enredadera no es cosa distinta que la Constitución de 1991. Y qué decir de lo que se proponen los fatídicos dirigentes del ELN, que andan festejando 60 años de crueldad contra el pueblo colombiano.

A todas luces, la paz y el perdón totales que promueve este desgobierno no conllevan la sujeción de los grupos armados ilegales al ordenamiento jurídico del Estado, sino la claudicación de la autoridad legítima ante sus protervas pretensiones.

¿Cuál sería la Constitución admisible para esos grupos? ¿En qué podrían consistir las reformas política y territorial que tiene en mente nuestro Líder Galáctico para satisfacer los apetitos de los malandrines que los controlan? ¿Se puede creer en que dándoles gusto cumplirían los consabidos compromisos de verdad, justicia, reparación a las víctimas y no repetición? Si esto no ha resultado del Acuerdo Final que selló Santos con las Farc, ¿qué razón habría para creerles a los asesinos del ELN, el EMC, la Nueva Marquetalia o el Clan del Golfo y demás criminales a los que se quiere incorporar a tan desquiciada política gubernamental?

En otra oportunidad he llamado la atención acerca de que este desgobierno pretende imponernos el comunismo, la anarquía, la corrupción y en últimas la dictadura, pues el reinado del caos es lo que favorece sus funestos designios.

Insisto en que debemos orar para que la Providencia se apiade de Colombia,


miércoles, 3 de julio de 2024

¡Ay del escandaloso!

Conviene recordar que la indignidad por mala conducta constituye, según el artículo 175-2 de la Constitución Política, una de las causales de destitución del Presidente que le compete declarar al Senado, previa acusación de la Cámara de Representantes.

La mala conducta de que se trata es diferente de los delitos que contempla el Código Penal. No está tipificada como ellos, ni se la examina con los mismos criterios. Se la juzga con arreglo a principios morales vigentes en la comunidad.

Según el DRAE, indignidad es la cualidad de ser indigno y son sinónimos suyos las siguientes voces: ruindadbajezaabyecciónhumillaciónvilezadeshonorultrajedesmerecimiento.

En cuanto a indigno, el DRAE enseña que es un adjetivo que cuenta con dos acepciones:

1. Que no tiene mérito o disposición para algo; 2. Que es inferior a la calidad y mérito de alguien o no corresponde a sus circunstancias.

La expresión tiene como sinónimos los siguientes: vil, despreciable, indecoroso, ruin, abyecto.

Pues bien, cabe considerar si el hecho de que un Presidente en visita oficial al extranjero se exhiba amorosamente en público con otra persona (hombre, mujer o transexual), tal como acaba de hacerlo el inquilino de la Casa de Nariño en Panamá, es algo que corresponde a sus circunstancias, es decir, a la alta investidura que ostenta y al respeto que la misma amerita, o sólo tendría incumbencia en el ámbito familiar.

Parece claro que en este último ni la esposa ni los hijos estarían dispuestos a aceptar ese comportamiento, a menos que fuesen de una laxitud extrema. En principio, la infidelidad que sugiere el hecho le daría a aquélla el derecho de pedir separación de cuerpos y de bienes e incluso el divorcio. Pero todo esto es asunto de su intimidad familiar.

Lo que interesa al público es si la conducta presidencial en este caso es tan indecorosa que la hace impropia del cargo que ocupa.

Para el análisis de la cuestión hay que partir de la base de que el hecho de marras no se produjo en la esfera íntima y mucho menos en lo que concierne al fuero interno en que cada persona goza de amplia libertad, como acaba de alegarlo el incriminado en uno de sus pronunciamientos vía X. Es algo que se dio en la vía pública, a la vista de todo el que pasara por ahí y pudo registrarse en videos y fotos vaya a saberse por quién.

Peor todavía, estaba en Panamá en visita oficial. No era un turista como los que se han cebado en Medellín y otras localidades para dar rienda suelta a sus apetitos sexuales, sino el Presidente de la República de Colombia, que estaba asistiendo a la posesión de su homólogo de la de Panamá. Esta circunstancia daba lugar a que debiera exhibir un comportamiento ejemplar, adecuado a su elevada jerarquía.

Bien se sabe que el sujeto en mención es un transgresor empecinado que poco se cuida de las formas, a punto tal que bien cabría considerárselo como un individuo sin Dios ni Ley. Pero sobre él pesa un ordenamiento constitucional cuya violación podría dar pie para que se lo destituyera del cargo por su conducta impropia de la dignidad que el mismo encarna.

El asunto no atañe a su sexualidad, que en la esfera íntima puede dar lugar a múltiples manifestaciones que hacen parte de la libertad personal. Lo acontecido toca más bien con las buenas costumbres, que desde el Derecho Romano y a través de la tradición jurídica occidental suministran un valioso criterio regulador de la vida comunitaria.

La deplorable crisis moral que afecta a nuestra sociedad ha hecho perder de vista que el concepto de autoridad es inseparable del de respetabilidad. Aquélla se desmorona cuando deja de inspirar respeto. Y es lo que está sucediendo con quien en mala hora nos desgobierna: la gente no lo respeta. 

Bien se ha dicho que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los llamados a obedecer pierden el respeto. Y es lo que está sucediendo entre nosotros. Ya hay una canción irreverente sobre la aventura presidencial. Y no lo es menos un episodio humorístico transmitido ayer por Radio Tropicana.

Es posible que a muchos disolutos lo sucedido les parezca intrascendente. No lo es, en cambio, para los padres de familia, educadores y ciudadanos de bien que consideran que ahí obra un pésimo ejemplo, indigno de quien estaría llamado a orientar nuestra vida comunitaria.

La elite colombiana le está dando la espalda al Evangelio. Pero nosotros los creyentes afirmamos que nos enseña la Palabra de Dios. Y en boca de Nuestro Señor Jesucristo nos advierte: "Es inevitable que haya escándalos, pero ¡ay de aquel que los ocasiona! Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar" (Lc. 17, 1-6).


viernes, 28 de junio de 2024

Jugando con fuego

Recuerdo una caricatura que publicó Vélezefe a propósito del debate que se presentó en la Asamblea Constituyente de 1991 acerca de la referencia a Dios en el preámbulo de la Constitución que se estaba discutiendo. En la caricatura aparece San Pedro informándole al Padre Eterno que unos asambleístas estaban tratando de excluirlo del texto constitucional, a lo que el Altísimo respondió que estuvieran tranquilos, pues Él ya los estaba borrando de su lista.

El debate se zanjó mediante una fórmula transaccional que reemplazaba el enunciado de la Constitución de 1886 según el cual la Constitución se expedía en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, por otra alusiva al poder soberano del pueblo combinada con la protección de Dios.

Todo lo discutible que sea esta fórmula, de ella se desprende en todo caso que el nuestro no es un Estado ateo ni irreligioso, y si bien ya no favorece, como antes, a la religión católica, tampoco la ignora ni la descalifica, pues, quiérase o no, ella hace parte de la riqueza cultural de la Nación que debe protegerse por el Estado y los particulares, según lo dispone el artículo 8 de la Constitución Política en concordancia con los artículos 70 y 72 id.

El catolicismo y, en general, el cristianismo, integra el patrimonio espiritual de nuestra patria. No es el caso de volver a un Estado confesional ni mucho menos clerical, que la doctrina católica ya no prohíja, pero sí el de reconocer que en la vida comunitaria obra una dimensión espiritual que la enaltece.

En realidad, los magistrados de la Corte Constitucional que dispusieron el retiro del Crucifijo que presidía el recinto de sus deliberaciones adoptan una versión extrema del laicismo que aspira a que la religiosidad quede restringida tan sólo a la esfera íntima de las personas y no se proyecte en la vida de relación. Es la tesis iluminista que considera que aquélla es propia de una etapa inmadura de la civilización, según lo expuesto por Kant en su célebre opúsculo "Respuesta a la pregunta ¿qué es Ilustración?" (vid. Descargando en PDF Respuesta a la pregunta: ¿Qué es Ilust... de Immanuel Kant - Elejandría (elejandria.com).

La antropología materialista que según Borges configura la triste mitología de nuestro tiempo desprecia lo religioso y aspira a erradicarlo de la cultura. Nuestra Corte Constitucional sigue sus huellas, ignorando lo que proclaman el Preámbulo y los citados artículos de nuestra Carta Magna.

En mi "Introducción a la Teoría Constitucional" he llamado la atención acerca de la dimensión espiritual del bien común, concepto que se proyecta a todo lo largo y ancho de nuestro ordenamiento político y en especial compromete a los congresistas para la emisión de sus votos, tal como lo dispone el artículo 133 de la Constitución Política (vid. "Introducción a la Teoría Constitucional", Alvear Editor, Medellín, 2023, pp. 237 y ss). 

Ahí mismo observo "que la invocación de Dios es un elemento importante para recordarles a los autores de las Constituciones que no son titulares de poderes absolutos y que sobre ellos y sus obras pesan deberes éticos que no pueden desconocer. Parafraseando un texto célebre de Ripert, bien puede afirmarse que por esa vía penetra la regla moral en las obligaciones políticas" (vid. p. 111).  Concluyo diciendo que "Parece preferible, entonces, que los gobernantes se inspiren en un Dios trascendente que ilumine su conciencia y los haga responsables, en lugar de que cortejen y manipulen esa oscura deidad moderna, veleidosa y apasionada, que lleva el nombre de Demos" (p. 112).

Los juristas a la moda han sustituido la religión por la ideología. Aquélla hace parte del patrimonio espiritual de nuestra nacionalidad y es profesada, al menos de labios para afuera, por la inmensa mayoría de los colombianos. La segunda corresponde al pensamiento de una ínfima minoría que se dice ilustrada y ha capturado los resortes del poder público. Es ella la que, no obstante la proclama constitucional acerca de la inviolabilidad del derecho a la vida (art. 12 Const. Pol.), ha declarado como derechos fundamentales el aborto y la eutanasia, que precisamente vulneran el más sagrado de los derechos de la persona y ponen en grave riesgo la civilización misma. Sus efectos deletéreos no tardarán en sobrevenir.

Volviendo a Vélezefe, no cabe duda de que a esos magistrados que le dan la espalda a Nuestro Señor Jesucristo y destierran su imagen del desafortunado Palacio de Justicia, el Padre Celestial los está excluyendo de la lista de sus elegidos. Si no se arrepienten, les espera el fuego eterno. Para desgracia nuestra, ya lo están esparciendo entre nosotros.



martes, 18 de junio de 2024

Civilización y democracia puestas a prueba

La civilización política reposa sobre un principio básico: el monopolio de la fuerza por parte del Estado y bajo el control del Derecho. Si el poder del Estado se funda en la democracia y protege derechos fundamentales que mejoren la suerte de las comunidades, muchísimo mejor. Estos son los ideales que proclama el Occidente y tratan de expandirse con relativo éxito por todo el mundo.

Si ese monopolio es ilusorio, porque hay grupos que lo desconocen y combaten, la situación tiende hacia la barbarie, tal como sucede entre nosotros. Bajo un desgobierno tolerante y hasta obsecuente con esos grupos no es posible hablar de civilización política. Al fin y al cabo, está bajo el mando de alguien que se jacta de haberse formado en una organización criminal que dejó un hórrido rastro de sangre a lo largo de su actividad subversiva.

¿Cómo puede enarbolar la causa de la vida quien fue cómplice de la tenebrosa muerte de José Raquel Mercado y del terrible holocausto del Palacio de Justicia? 

La democracia, por su parte, supone que todos los actores políticos renuncien a la violencia. Su modus operandi consiste en que dentro del marco de las libertades de expresión y de organización se compita pacíficamente por el voto de una ciudadanía debidamente informada y dispuesta a decidir racionalmente en torno de las distintas opciones que se le presenten.

Si hay actores que tratan de presionarla por la fuerza, la democracia se debilita y hasta desaparece.

Nuestra sociedad padece desde hace más de sesenta años el asedio de criminales que sostienen que no contamos con una democracia real, pues ellos dizque son los legítimos voceros de las aspiraciones populares. Pero cuando se presentan a elecciones, como ha sucedido con los herederos políticos de las Farc, hoy llamados Comunes, su fracaso es elocuente.

El desgobierno que nos aflige pretende hoy cambiar las reglas del juego político por medio de un supuesto proceso constituyente acordado con los criminales del ELN que han afligido a Colombia con sus letales y destructivas depredaciones. En lugar de aplicarles el peso de la ley, pretende ponerla al servicio de sus delirios ideológicos. Ello no es de extrañar, dado que es un trato que se adelanta, como se dice coloquialmente, entre caimanes del mismo charco.

El que ejerce la jefatura del Estado entre nosotros es un comunista irredento que oculta bajo promesas engañosas su verdadera identidad política y sus aviesas intenciones. Lo que disfraza un discurso de cambio que califica mendazmente como progresista no es otra cosa que el propósito de imponernos un régimen totalitario y liberticida cuyos funestos resultados en otros países saltan a la vista. Su rabiosa exaltación de lo público y su desdén por lo privado ofrecen una estatización absoluta que conlleva la abolición de las libertades. Lo que promueve no es el ilusorio socialismo con rostro humano que soñaban con inocencia en los países sometidos al yugo de la Unión Soviética, sino el rigor inmisericorde y crudelísimo que impusieron las estalinistas. Como bien lo ha dicho mi amigo José Alvear Sanín, lo suyo presagia la pesadilla polpotiana que trató de llevar al extremo la distopía marxista.

Hay que insistir en que Colombia atraviesa por la peor situación de una historia que ha sido pródiga en adversidades. Ojalá podamos superar estos momentos de dificilísima prueba.


miércoles, 12 de junio de 2024

Golpe a golpe

Hay, como ahora se dice, golpes de Estado duros y blandos. Los primeros acuden a la fuerza de las armas o a las explosiones populares. Los segundos son sinuosos, taimados: dicen respetar la institucionalidad, pero la desconocen torciéndole el pescuezo para ponerla a decir lo que sus normatividades no autorizan. Es posible que haya golpes en que ambas modalidades, el empleo de la violencia y la distorsión de las reglas constitucionales, se junten para obtener el resultado de una modificación irregular del régimen político.

Sea de ello lo que fuere, el golpe de Estado implica el desconocimiento del orden vigente y su sustitución por otro que se impone en contra de sus disposiciones.

La caída de un gobierno en virtud de lo que estipula la Constitución no puede asimilarse a un golpe de Estado, que por definición entraña el desconocimiento de aquélla. 

Nuestra Constitución contiene varias disposiciones que pueden dar lugar a que el Presidente cese en sus funciones, sea porque se lo condene por la comisión de delitos, por indignidad en el ejercicio del cargo, por haber excedido los topes de financiación de su campaña electoral o porque se declare la vacancia por incapacidad física permanente. Todo ello supone el trámite de los respectivos procesos y decisiones de autoridades competentes, vale decir, que se cumpla lo dispuesto por la Constitución.

Hoy por hoy cursan varios procesos regulares que podrían desembocar en la destitución del actual jefe del Estado. Adelantarlos y culminarlos como la Constitución lo ordena o permite no significa vulnerarla, sino cumplirla.

Cosa diferente es el proceso constituyente que está impulsando quien ahora nos desgobierna. Ahí sí que se vislumbra el golpe de Estado, tanto duro como blando.

¿Qué es lo que pretende?

Lo que de modo expreso ha manifestado consiste en eludir la normatividad constitucional para imponer otra que sea de su gusto. No hay que hilar muy delgado para llegar a la conclusión de que aspira a instaurar un régimen comunista al estilo de lo que impera en Cuba y en Venezuela, sus modelos de ordenación política.

Para ello ha urdido una doble estrategia.

La primera consiste en formular unas hipótesis tortuosas acerca de la posibilidad de convocar una asamblea constituyente sin que el Congreso intervenga, a partir de una interpretación abusiva del acuerdo con las Farc y de la figura del reglamento constitucional, para lo cual ha puesto a delirar a Leyva y Montealegre, cuyo parecido con Tuco y Tico, las urracas parlanchinas, no deja de llamar la atención (vid. youtube.com/watch?v=yEereDXp9bU).

La segunda busca promover un vigoroso movimiento popular que presione al Congreso y a la Corte Constitucional para que faciliten la convocatoria de una asamblea constituyente a todas luces en contra de la normatividad, amparándose en el ejercicio directo de la soberanía popular.

No entraré en disquisiciones sobre el poder constituyente primario y el secundario, ni acerca de la cacareada soberanía popular, temas acerca de los cuáles mis opiniones discrepan de las creencias comúnmente aceptadas, más cercanas a la mitología que a la racionalidad.

Lo que veo a las claras es un doble cauce para entronizar la dictadura comunista en Colombia. Ya lo he dicho en otra ocasión: hay en curso un iter criminis orientado hacia la destrucción de nuestra institucionalidad, puesto en marcha por quien está obligado a mantener el orden constitucional preservando el orden público y restableciéndolo cuando fuere turbado. El que nos desgobierna debería estar sometido a juicio por el grave incumplimiento en que está incurriendo en torno de tan severas obligaciones constitucionales.

No hay motivos para asombrarse por ello. Colombia eligió para su gobierno a un exconvicto no arrepentido ni adecuadamente reintegrado a la sociedad. No es exagerado afirmar que buscó un pirómano para lidiar con los múltiples incendios que nos asedian. Sus simpatías lo inclinan hacia los facinerosos y lo alejan de los amantes del orden. De ahí que, fungiendo de comandante de las fuerzas armadas, las debilite, desmoralice y humille, mientras se muestra condescendiente con quienes siembran el terror a todo lo largo y ancho del territorio nacional.

El golpe no viene de quienes se oponen al gobierno, sino de éste mismo. Se avecina para nosotros la noche más oscura.


domingo, 9 de junio de 2024

El espejismo del cambio

Las sociedades modernas se caracterizan, entre otras cosas, por el dinamismo de sus transformaciones. El cambio se da en ellas constantemente y de muchas maneras. Cuando uno ha vivido más de 80 años puede dar fe de ello. Mi mundo de hoy no es el mismo de cuando era niño, adolescente, joven o adulto. Llegada la vejez es posible apreciar muchos aspectos positivos de esas transformaciones, pero también los negativos o al menos preocupantes.

El cambio social se produce en gran medida de manera espontánea por obra de la cultura, esto es, de la libertad. Cómo surge, se expande y consolida es un misterio, tal como lo acredita la moda. Los estructuralistas remiten a una entidad metafísica que lo impone sobre los individuos sin que éstos perciban muchas veces su acción.

Las transformaciones culturales influyen decisivamente en los ordenamientos sociales y en general en los escenarios de la política. Muy a menudo determinan o condicionan modificaciones en la normatividad jurídica, sea porque dan lugar a nuevas reglas, ya porque suscitan interpretaciones o modus operandi en sus aplicaciones que tratan de adaptarse a los nuevos puntos de vista acogidos en las colectividades. 

Hay, desde luego, cambios que proceden de la acción política, en buena medida por obra de las ideologías. Pero, a diferencia de los que fluyen espontáneamente de las interacciones sociales, suelen encontrar resistencia por parte de las comunidades, lo que da lugar a tratar de imponerlos por la fuerza o a tener que adecuarlos a las preferencias del espíritu público. 

Los promotores del cambio a partir del poder coercitivo del Estado suelen olvidar que cada sociedad se va configurando a partir de su experiencia histórica, por el peso de las costumbres. Éstas condicionan valoraciones, hábitos, formas de sociabilidad, rituales, tipos de liderazgo, etc. que no son fáciles de desarraigar ni de transformar por medio de la fuerza.

Por ejemplo, la supervivencia de la religión en Rusia muestra que más de 70 años de ateísmo oficial fueron insuficientes para erradicar cerca de un milenio de presencia del cristianismo ortodoxo en dicho país. Mantengo viva la imagen de Boris Yeltsin en las exequias de la familia del zar Nicolás II, mirando fijamente los féretros que ocultaban sus despojos mortales. ¿Qué pasaba por su mente en esa ocasión?

Estas consideraciones vienen a cuento por la monserga del gobierno del cambio con que se pretende hoy engatusarnos a los colombianos.

¿A dónde nos quiere llevar el que nos desgobierna? Se queja de que sus opositores son refractarios a unos cambios que todavía no ha querido especificar, pero que se adivinan al tenor de las amistades que cultiva y de ciertas expresiones que deja aflorar cuando su ánimo se altera o excita.

Esos cambios son los que predica el comunismo en sus distintas corrientes y que, como ya lo he señalado en otras ocasiones, han mostrado su rotundo fracaso en otros países. Nuestro Líder Galáctico pretende llevarnos hacia unos modelos de sociedad cruelmente inhumanos, so pretexto de realizar la justicia, concertar la paz y dizque proteger la vida. 

Sobre estos valores y la errada concepción de los mismos que profesa habré de referirme más adelante.

Colombia no es reacia al cambio. Nuestra sociedad lo viene experimentando y aceptando desde hace mucho tiempo atrás. Pero exige que el gobierno que dice promoverlo concrete sus propuestas y permita el libre debate democrático sobre su viabilidad y su conveniencia. 

Por ejemplo, a nuestra opinión no le parece bien que se sustituya un sistema de atención de la salud que en general ha funcionado bien, pese a sus deficiencias, para sustituirlo por uno controlado del todo por políticos proclives a la corrupción. Lo mismo acontece con el proyecto pensional, que pretende que los ahorros y contribuciones de los trabajadores no se manejen por financistas expertos, sino por el sindicalista que está al frente de Colpensiones.

La obsesión patológica por el cambio social parte de tres premisas harto discutibles, a saber:

-La idea de que el régimen social imperante es inaceptable y debe modificarse del todo, a partir de sus propios fundamentos. Lo ha dicho el que nos desgobierna, dando muestras de su poco aterrizada conciencia histórica, al afirmar que nuestros doscientos años de vida republicana han transcurrido en el vacío.

-La idea de que es posible realizar las utopías, todo lo delirantes que parezcan. Vale la pena recordar el empeño del funesto Che Guevara para transformar la sociedad cubana a partir del modelo del "nuevo hombre" urdido por los profetas del marxismo. ¿En qué ha quedado ese deplorable experimento? ¿Y qué decir del fin del Homo Sovieticus, de que trata un impactante libro de Svetlana Alexievich? Vid. (96) El fin del "homo sovieticus". Svetlana Alexievich. | Pedro Piedras Monroy - Academia.edu

-La idea de que el uso indiscriminado de la violencia justifica, como dijo alguno por ahí, que unos maten para que otros vivan mejor. Esa legitimación de la violencia política es un verdadero cáncer que afecta a nuestra sociedad. Se arguye que es una violencia que nace espontáneamente en las comunidades campesinas por las difíciles condiciones que padecen, pero bien podría pensarse que viene de universitarios e intelectuales envenenados por el marxismo, de cuyas almas perdidas da buena cuenta Dostoievski en "Los Endemoniados" (vid. Los Demonios en PDF y ePub - Fiódor Dostoyévski (bibliotecadevoces.com).

¿Es de esa índole quien hoy nos desgobierna? ¿Conviene buscar la paz a través de claudicaciones con los feroces activistas del ELN y las variopintas disidencias de las Farc, por no hablar de los narcotraficantes del Clan del Golfo y los numerosos grupos criminales que nos asuelan?