Libre Desarrollo de la Personalidad

Dice el artículo 16 de la Constitución Política:"Todas las persona tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico".

El texto consagra un derecho, el de toda persona al libre desarrollo de su personalidad, y dos limitaciones al mismo: los derechos de los demás y el orden jurídico.

Su interpretación debe partir, desde luego, del concepto de libre desarrollo de la personalidad que se reconoce como derecho fundamental a toda persona.

¿En qué consiste ese libre desarrollo de la personalidad?

Para entenderlo conviene partir de un postulado filosófico: el hombre se hace a sí mismo, cada uno construye su propia personalidad. Como dijo Sartre, el hombre es lo que hace. Y ese hacer es fruto de su libertad. Buena parte de lo que hace procede de su espontaneidad, su creatividad, su imaginación y, por supuesto, su voluntad, que de ese modo introduce un elemento de indeterminismo y aleatoriedad en el mundo que lo rodea.

A partir de Kant se dice que cada ser humano se traza sus propios fines, que no le son impuestos por la naturaleza, por la historia ni por la sociedad, sino por su propia autonomía racional, en cuya virtud es un fin en sí mismo. Esto es lo que le hace decir a Sartre que en el hombre la existencia precede a la esencia, es una nada cuyo contenido se va fijando a medida que actúa.

Estas ideas conducen a pensar que cada uno es dueño de su propio destino, de adoptar sus propios modos de vida, de decidir sobre su concepción de lo que lo hace feliz, de correr su propia suerte. Ello se resume fielmente en canciones que son verdaderos himnos a un individualismo libertario y nihilista, tales como "My Way", de origen francés, pero muy difundida en su versión en inglés, que en castellano se ha traducido como "A mi manera", y  "Non, je ne regrette rien", que hizo célebre Edith Piaf.

De ahí se sigue que, como todos somos iguales, nadie está legitimado para imponerle a otro sus ideas sobre cómo manejar su vida y, específicamente, sus ideas morales. Cada cual tiene las suyas y ninguna tiene más valor que otra, dado que todas son relativas.

La moralidad pierde entonces la conexión que los clásicos establecían entre ella y la racionalidad del obrar humano.

El corolario parece ser "Prohibido prohibir", no lejos de la "Ley de Thelema" del diabólico ocultista inglés Aleister Crowley, que se resume en estos dos enunciados: "Hacer tu voluntad será el todo de la Ley; Amor es la ley, amor bajo voluntad" (vid. http://elespejogotico.blogspot.com/2010/06/el-libro-de-la-ley-aleister-crowley.html).

Obsérvese que por estos caminos el elemento racional, que en un principio constituía la justificación del libre desarrollo de la personalidad, va desapareciendo en beneficio del elemento volitivo, y que el motor de la acción que se hace estimable es, simple y llanamente, el deseo, que puede conducirnos bien sea al umbral del estado angélico o al abismo de la bestialidad, que son, según el pensamiento de Pascal, los dos extremos entre los cuáles oscila nuestra condición humana (“El hombre no es ni ángel ni bestia, y lo malo es que el que quiere ser el ángel hace la bestia” Blas Pascal, Pensèe,n.358) 

No es, pues, la razón soberana, sino el deseo soberano,  lo que justifica al tenor de no pocos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que a falta de guía puede tornarse en el libre desarrollo de nuestra bestialidad, es decir, en la libre destrucción de nuestra personalidad.

Ahora bien, como lo ha destacado el célebre iusfilósofo francés Michel Villey en "Le Droit et les Droits de l'Homme"(vid. https://www.eyrolles.com/Droit/Livre/le-droit-et-les-droits-de-l-homme-9782130630319/), la concepción corriente hoy acerca de derechos como el libre desarrollo de la personalidad adolece de fallas muy significativas, como su desconexión con la realidad y su amoralidad.

Lo primero, porque es un derecho que se predica de toda persona, y si esta se define como todo individuo de la especie humana, entonces comprende a los niños y los adolescentes, a quienes no se les podrían imponer normas de comportamientos ni ideales morales, sino, simplemente, sugerírselos. Pero se olvida, además, que las formas de vida se dan en contextos sociales. Ningún individuo inventa las suyas, sino que las adopta de acuerdo con los repertorios que le ofrece la sociedad en que vive, los cuáles no necesariamente se imponen de modo coercitivo, pero sí a menudo a través de la presión social, que obra muchas veces de modo sutil y diríase que inconsciente.

Pues bien, así como en los tiempos que corren se hace hincapié en el medio ambiente sano desde el punto de vista ecológico, con miras a la protección de la salud y hasta de la vida misma, ¿no sería del caso preocuparse también por el medio moral sano, que tanto inquietaba a los clásicos y del que hoy se desentienden irresponsablemente los contemporáneos?

Dígase lo que se quiera, hay formas de vida egregias, las hay mediocres y, sin duda alguna, las hay despreciables y nocivas. No todas pueden considerarse iguales ante el ordenamiento jurídico, como si hicieran parte del inventario del "Cambalache" que con sobra de buenas razones fustigó Enrique Santos Discépolo (vid. https://www.youtube.com/watch?v=94fHOOqFV68).

El principio del libre desarrollo de la personalidad debe acompasarse con el ordenamiento moral, no necesariamente el riguroso de los ascetas y los místicos, pero sí el de los hombres de buen sentido que entienden que sin un mínimo de moralidad la coexistencia armónica entre los seres humanos y el orden social serían inviables.

Ese es el sentido de los dos condicionamientos que contempla el artículo 16 de la Constitución Política para encauzar la garantía del libre desarrollo de la personalidad.

Por una parte, los límites que emanan de los derechos de los demás. Como bien lo dijo en frase célebre Benito Juárez, "El respeto al derecho ajeno es la paz". Hay formas violentas de vulnerar el derecho ajeno a partir del ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, precisamente aquellas atroces que recomienda y ha puesto en práctica Crowley en su catecismo satanista. Pero las hay más sutiles, que obran a partir de la seducción y son las preferidas por Satán mismo: los malos ejemplos, enseñar que no hay diferencia alguna entre el Bien y el Mal, o lo que recomendaba Nietszche: "Vivir peligrosamente". 

El segundo condicionamiento procede de las limitaciones que imponga el orden jurídico, vale decir, el orden social.

La interpretación del alcance de los derechos que suele hacer nuestra Corte Constitucional, sobre todo en fallos tan perversos como la Sentencia 221 de 1992 sobre despenalización de la dosis personal de drogas o la más reciente sobre consumo de estas en el espacio público (http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2018%20comunicado%2006%20de%20junio%20de%202019.pdf), ignora que la Constitución misma consagra en el artículo 58 la prevalencia del interés público o social sobre el privado, así como que el ejercicio de los derechos implica responsabilidades, de suerte se no debe abusar de los mismos.

Suele olvidarse que es un principio fundamental de nuestra organización política el equilibrio entre la libertad y el orden, que suele mirarse con desdén por los que promueven una concepción libertaria, nihilista y en rigor anárquica de los derechos. Desafortunadamente, las concepciones políticas que brotan de pensamientos como el de Rousseau tienden a considerar que primero está el individuo soberano y luego viene la sociedad, como derivada de la voluntad concordante de sus congéneres, cuando lo que media entre el individuo y la sociedad es, como bien lo observó el célebre sociólogo Georges Gurvitch, una "reciprocidad de perspectivas". 

No hay, en tal virtud, una preeminencia de lo social sobre lo individual, ni viceversa, sino una relación dialéctica que corresponde, en el fondo, a la visión relacional postulada por el pensamiento aristotélico-tomista: el ser humano solo puede desarrollarse a cabalidad en el medio social, pero el bien común que este promueve solo se justifica en función de la "vida buena" de aquel. La sociedad s el marco en que se perfecciona la vida individual, pero esta a su vez incide sobre la configuración de aquella.

Solía recomendarles a mis discípulos la definición de la política que ofrece David Easton: actividad social tendiente a la adjudicación autoritaria de valores (vid. http://webs.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/easton.pdf). Quien dice autoridad dice orden, y quien dice orden dice sujeción de los individuos a los valores sociales que lo hacen posible. Pero dichos valores no subestiman necesariamente las aspiraciones de los individuos, sino que las encauzan, coordinan e incluso jerarquizan en aras de su perfeccionamiento.

Esta idea está presente en la concepción católica del bien común, que se explica en función del perfeccionamiento de la persona humana (vid. https://es.catholic.net/op/articulos/14314/el-bien-comn.html#modal).

La destrucción y la degradación de la misma, por consiguiente, no pueden ser fines socialmente aceptables ni protegidos por la normatividad jurídica.

No sobra, en fin, recabar sobre el concepto de persona que está en el núcleo del artículo 16 de la Constitución Política: lo que el mismo garantiza es el libre desarrollo de la personalidad, que es sin lugar a dudas una categoría moral. En efecto, dentro de cierta concepción persona es el sujeto capaz de valoraciones morales; pero una concepción más profunda, como la que propone el personalismo, señala que la persona es el individuo que trasciende su estado de naturaleza y se abre a la dimensión espiritual de la existencia (http://www.jacquesmaritain.com/pdf/07_PER/01_P_PersInd.pdf)

Dicho esto, no sobra recomendarles a los magistrados que acaban de proferir una sentencia disoluta dizque en aras del libre desarrollo de la personalidad: ¡Estudien, vagos!

"Los amigos, como los jueces, han nacido pa' fallar"

Eso se dice en "Media Noche", uno de esos tangos reos del repertorio gardeliano que me fascinan (vid. https://www.youtube.com/watch?v=IcwJ3bf_zSg). Y fallas a granel nos ha brindado la justicia colombiana por estas calendas.

Señalaré dos descomunales.

La primera, la sentencia de la Corte Constitucional que en la semana pasada declaró inexequible el artículo 33, 2, c) del Código Nacional de Policía y Convivencia que consideraba dentro de los comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas entre las personas el "Consumir sustancias alcohólicas, sicoactivas o prohibidas no autorizadas para su consumo" en espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público (vid. http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2018%20comunicado%2006%20de%20junio%20de%202019.pdf).

Según se lee en este comunicado, a través de alambicadas disquisiciones la Corte concluye que la prohibición de marras no guarda la proporcionalidad debida con los bienes que se ha pretendido proteger ("la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre las personas") y afecta además indebidamente el "libre desarrollo de la personalidad" que protege como derecho fundamental el artículo 16 de la Constitución Política.

El primer argumento se relaciona con consideraciones de hecho acerca del peligro que entrañan ciertas conductas. Siguiendo la tónica de la tristemente célebre Sentencia C-221 de 1994, que despenalizó el consumo en privado de la dosis personal de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (vid. http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1994/C-221-94.htm), la Corte insiste en censurar el peligrosismo, que es una doctrina jurídica que tiende a justificar el control y la represión de conductas peligrosas para la sociedad. El tema da lugar a fuertes discusiones entre los penalistas, pero es moneda corriente en el derecho policivo, que en todas sus variantes se ocupa no solo de conductas actualmente dañosas o perjudiciales, sino también de las que lo son potencialmente. Así se ve profusamente, por ejemplo, en muchas regulaciones financieras, que tendrían que declararse contrarias a la Constitución si se aplicara la lógica que inspira el deplorable fallo del 6 de junio último.

Más inquietante es la argumentación relacionada con el "libre desarrollo de la personalidad", que a la luz de la fatídica sentencia de 1994 debe protegerse incluso cuando de lo que se trata es de la destrucción de la personalidad o, incluso, del "libre desarrollo de nuestra animalidad", tal como lo denunció el hoy embajador Alejandro Ordóñez Maldonado en su libro "Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad", que le valió la enemiga "per omnia sécula seculórum" del finado Carlos Gaviria Díaz y su camarilla de aduladores.

No insistiré en el tema, por lo pronto, pues amerita un análisis más detallado. Recomiendo como abrebocas el lúcido escrito que acaba de publicar Alfonso Monsalve Solórzano en "Debate" (vid. http://www.periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/23066-cual-libre-desarrollo-de-la-personalidad?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Portada-PeridicoDebate-PeridicoDebate+%28Portada+-+Peri%C3%B3dico+Debate%29).

Pero lo más grave de esta sentencia no radica en las deficiencias de la argumentación que la sustenta, como tampoco en sus deletéreos efectos, sobre lo que ya muchos han recabado, sino en haber dejado de lado varios artículos muy pertinentes de la Constitución Política, como lo han observado entre otros José Gregorio Hernández y Abelardo de la Espriella (vid. https://oiganoticias.com/2019/06/09/la-corte-maligna/), específicamente el 49, que de modo tajante "prohíbe el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas", salvo por prescripción médica.

En lo que a dichas sustancias se refiere, la prohibición que la Corte acaba de declarar inexequible gozaba de nítido fundamento constitucional. Esto significa que la Corte no podía hacer esa declaración sin violar ella misma la normatividad superior.

¿Por qué lo hizo? Solo hay un explicación: los magistrados que votaron esa inexequibilidad no han leído la Constitución Política.  En un país serio, tendrían que renunciar a sus cargos, por incompetentes e ignorantes. Pero estamos en un Narcoestado que se halla al tenor de un régimen de facto en el que la dictadura de las Altas Cortes hace lo que le  viene en gana, pues no hay poder alguno que la controle. Aquello de que es menester que "el poder controle al poder", como lo proclamó Montesquieu, "como que no pegó por aquí", según suelen decir en la Costa.

Creo que ese torpe proveído puede atacarse mediante un recurso de nulidad. Digo esto por si alguien se atreve a ponerle el cascabel a ese gato.

La segunda falla que quiero glosar es la aterradora sentencia de la Sala laboral del Tribunal Superior de Medellín, que según dice la prensa concedió la sustitución pensional a dos supervivientes de una "familia poliamorosa" (vid. https://www.elcolombiano.com/antioquia/tribunal-de-medellin-concede-pension-a-familia-poliamorosa-LI10902449).

Dentro de los múltiples abusos interpretativos en que ha incurrido la Corte Constitucional está la imposición del llamado matrimonio igualitario, es decir, homosexual, que corre en contravía de la definición que de la familia digna de amparo como institución básica de la sociedad consagra la Constitución Política en sus artículos 5 y 42. 

Pulsando el siguiente enlace podrá leerse un buen resumen de la jurisprudencia imperante al respecto (vid. https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/16183/1/JURISPRUDENCIA%20DE%20LA%20C.C%20FRENTE%20AL%20MATRIMONIO%20IGUALITARIO.pdf).

Gústenos o no, la Corte Constitucional, siguiendo las consignas masónicas que se detallan en "The New Order of Barbarians" (vid. http://uscl.info/edoc/doc.php?doc_id=89&action=inline), ha puesto en marcha el diabólico prospecto de la homosexualización de la sociedad como instrumento de control del tamaño de la población. Se trata de una revolución cultural que afecta las bases mismas del orden social y político que nos rige, por lo que solamente podría impulsársela por el Constituyente Primario mediante Asamblea Constituyente, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca de los "principios basilares" de la Constitución Política. Pero como ella interpreta esos principios a su amaño, no tiene empacho en violar descaradamente su propia jurisprudencia y textos expresos del estatuto que está llamada a salvaguardar.

En síntesis, lo del matrimonio civil, las relaciones patrimoniales y la pensión de supervivientes en uniones del mismo sexo es dato jurisprudencial ya indiscutible.

Pero el Tribunal Superior de Medellín, usurpando la competencia de la Corte Constitucional y llevándose de calle la Constitución misma, ha resuelto algo insólito: reconocerle efectos jurídicos a la "familia poliamorosa", para el caso, la unión de tres varones. Como uno de ellos murió, decretó que la pensión de jubilación de que gozaba debe distribuirse por iguales partes entre los dos compañeros supérstites.

¿Qué significa esto? Ni más ni menos que la instauración de la poligamia, todo ello bajo el argumento según el cual la idea de la familia monogámica y heterosexual es religiosa y no tiene cabida dentro de un régimen laico.

Este es un punto sobre el que es necesario detenerse. Si toda civilización, como lo destaca Paul Ricoeur, se funda en concepciones religiosas, prescindir de las mismas en la creación, la interpretación y la aplicación de la normatividad jurídica conlleva de algún modo el falseamiento de sus bases últimas.

No en vano nuestra Constitución se ha expedido ciertamente en nombre del Pueblo, pero invocando la protección de Dios. Esto no reza ahí como una mera fórmula ritual, sino que, igual que los demás textos que la integran, tiene sentido y debe producir efectos.

La oprobiosa dictadura judicial, controlada por funcionarios radicalmente anticristianos e incluso furiosamente ateos, pretende imponer un nuevo orden bárbaro. Hay que resistirla y se comienza a hacerlo denunciándola.

Hay que salvar a Colombia

Los últimos acontecimientos judiciales que han traído consigo la liberación de Santrich y la intangibilidad del NAF según les conviene a las Farc y a su arbitrio lo interpretan las Altas Cortes, han desatado una ola de estupor, dolor, vergüenza e indignación en todo el país, de la que se han hecho eco destacados escritores públicos, como mi amigo José Alvear Sanín, cuyo último artículo es verdaderamente memorable (vid. https://lalinternaazulrespaldo.home.blog/2019/06/03/como-salir-de-la-dictadura-judicial/).

La gente de bien está escandalizada porque se quiere hacer creer que la paz en Colombia depende de la impunidad de Santrich y que todo el ordenamiento jurídico debe sacrificarse en aras de ese nuevo ídolo, al que solo falta que lo canonicen y le eleven altares. Si hasta la infame revista Semana lo exhibe en su última edición como un resucitado, comparándolo con Nuestro Señor Jesucristo. ¡Ya tendremos que referirnos a él como San Trich!

En rigor, lo que queda del flamante Estado de Derecho en Colombia es una vergonzosa ficción. Lo vengo diciendo desde hace tiempo y lo desnuda mi amigo Alvear en su escrito: padecemos bajo el ominoso yugo de una dictadura judicial.

Desafortunadamente, no hay fórmula jurídica ortodoxa para zafarnos de esa coyunda, pues toda solución tiene que pasar por el filtro de unos jueces que no toleran que se los controle.

El país no ha meditado lo suficiente sobre las consecuencias de la inexequibilidad de las disposiciones del Acto Legislativo No. 2 de 2015 que la Corte Constitucional reprobó porque a su juicio vulneraban la independencia de la rama judicial. ¡Era, entre otras medidas, lo concerniente a la Comisión de Aforados que podría procesar a los magistrados prevaricadores! (Vid. https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/648703749).

Hay algo aún más desafortunado: Colombia cuenta, desde luego, con gente que goza de poder e influencia, pero le falta una clase dirigente responsable de la suerte del país, las famosas "fuerzas vivas" a las que otrora se convocaba en momentos de grave dificultad.

A la llamada clase dirigente le toca eso, precisamente, dirigir, haciéndolo con rectitud y profundo sentido de la responsabilidad que le compete.

¿Qué observamos al respecto? 

Los empresarios se ocupan preferentemente de sus negocios.  Se alarman si los mismos decaen, pero se desentienden del resto. Como dijo alguna vez el finado Fabio Echeverri, "la economía va bien, pero el país está mal". La prensa, en general, es mercenaria: en buena medida está al servicio de grupos económicos o poderes extranjeros, se ha convertido en un fuente de enriquecimiento para unos pocos. La crisis de la Iglesia no podría ser más profunda, con pastores que cada vez van perdiendo su credibilidad por su falta de autoridad moral. ¿Y qué decir del liderazgo político?

Vuelvo a referirme a Alvear, que hace poco escribió sobre las tendencias dominantes que aparecen en el escenario político colombiano. Identifica tres (vid. https://www.elmundo.com/noticia/Soros-santismo-y-castro-socialistas/376697):

-Tradicionales y adeptos a los principios cristianos y liberal-democráticos.

-El Soros-santismo.

-Los Castro-izquierdistas.

Cada una interpreta a su manera la realidad colombiana y concibe de modo diferente el país que desea, la sociedad que aspira a conservar, reformar o construir.

La primera tendencia triunfó en el plebiscito de 2016 y eligió con copiosa votación a Duque en las últimas elecciones presidenciales. Pero las otras dos dominan en el Congreso, las Altas Cortes, la Academia, las Universidades y vaya uno a saber si en la Iglesia misma. Coaligadas, escamotearon los resultados de la manifestación de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, a la que se convocó para que, en los términos del artículo 3 de la Constitución Política, ejerciera su poder soberano.

Es la hora de reforzarla, organizarla, convertirla en una viva presencia en el escenario nacional. Solo un vigoroso movimiento de opinión podrá salvarnos del caos que nos ofrecen esas otras dos tendencias, el Soros-santismo y el Castro-izquierdismo.

El Centro Democrático, el Partido Conservador, los movimientos cristianos y todos los que descreemos del libertarismo de los Soros-santistas y los delirantes paraísos que nos ofrecen los Castro-izquierdistas tenemos que pasar a la acción para iluminar de veras el futuro de Colombia.

Me atrevo a sugerir un líder que promueva esta empresa redentora: Rafael Nieto Loaiza.

Colombia:¿un Narcoestado?

Les dije hace poco a mis estudiantes del curso de Teoría Constitucional en la Escuela de Ciencia Política de la UPB, que quizás sea el que cierre medio siglo de profesorado universitario, habida consideración de mis quebrantos de salud, que fuera de muchos males estructurales que han gravitado a lo largo de los años sobre nuestro afligido país, en las últimas décadas se han conjugado tres especialmente funestos: la corrupción, la subversión y el narcotráfico.

El proceso que culminó con la expedición de la Constitución de 1991 que actualmente nos rige con el sobreañadido del perverso NAF se promovió en buena medida por la necesidad de ponerles coto a esos tres grandes males.

A las claras se advierte que fracasó rotundamente en ese empeño. Esas tres plagas siguen haciendo su agosto entre nosotros. La peor de ellas, el narcotráfico.

En un escrito reciente observé lo que todo el mundo sabe: el legado de la gestión presidencial de Juan Manuel Santos se traduce en 250.000 has. de cultivos de coca, 1.500 toneladas de producción anual de cocaína y, según el coronel Plazas Vegas, US$ 1.400.000.000 de ingresos por su tráfico externo, que superan con creces los que obtenemos del petróleo y el carbón sumados. Así lo declaró en esta semana para "La Hora de la Verdad" (vid. https://co.ivoox.com/es/alfonzo-plazas-vega-mayo-28-2019-audios-mp3_rf_36397596_1.html).

Somos el mayor productor de cocaína en el mundo. Es nuestro producto estrella en el mercado internacional. Nos aproximamos, pues, a la deplorable categoría de un Narcoestado.

Lo he dicho a menudo: el NAF vulnera directamente los compromisos de la "Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas" que obliga en particular a Colombia.

Va en especial contra el numeral 10 del artículo 3, que a la letra dice:

"10. A los fines de la cooperación entre las Partes prevista en la presente Convención, en particular la cooperación prevista en los artículos 5, 6, 7 y 9, los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de las Partes."

Ha de entenderse, desde luego, que lo de las limitaciones constitucionales y los principios fundamentales del derecho interno de las Partes toca con lo que hubiera al momento de adherir a la Convención, pues de ahí en adelante es lógico que toda la normatividad posterior debe ajustarse a los severos condicionamientos de la Convención.

Pues bien, como se dice vulgarmente, Colombia, para quedar bien con las Farc, se ha pasado por la faja este y otros muchos otros compromisos contraídos con la comunidad internacional en orden a combatir el narcotráfico.

No solo el ordenamiento supraconstitucional del NAF favorece a las Farc y por ende al narcotráfico. Tal como lo ponen de manifiesto las recientes decisiones de las Altas Cortes sobre el caso Santrich y las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, así como lo decidido por la Corte Constitucional sobre el uso del glifosfato para erradicar los cultivos de coca, queda la impresión de que nuestra administración de justicia, ya de por sí corrompida, se ha puesto del lado de la subversión y el narcotráfico, que van de la mano.

Hablo sin reato de subversión, porque las Farc, pese a sus proclamas pacifistas, siguen animándola. No en vano mantienen su adhesión al marxismo-leninismo, que dicta su vocación revolucionaria, y a la combinación de las formas de lucha, trátese de las legales que con extremada largueza les protege el NAF, o de las ilegales en que están sus disidencias y grupos afines en las regiones en que prevalecen los cultivos de coca, así como la producción y el tráfico de cocaína.

Lo de Santrich no es un caso aislado. Las pruebas que se han exhibido en contra suya muestran un  profundo compromiso con el narcotráfico: nada menos que la exportación a México de 10 toneladas de cocaína. Y este capo va de la mano precisamente con el jefe del equipo negociador de las Farc en La Habana, Iván Márquez, quien optó por huir ante el riesgo de que lo pidieran también en extradición, como parece que va a suceder, habida consideración del protagonismo de su sobrino en este oscurísimo asunto. En síntesis, parece que dos de los dirigentes más destacados de las Farc siguieron comprometidos con el narcotráfico después de las firma del NAF. ¿Sucederá lo mismo con otros?

Oigo muchos comentarios negativos sobre el presidente Duque por sus supuestas falta de liderazgo y decisión frente a estos  males que carcomen a Colombia. No faltan los que piensan que le convendría dar un "fujimorazo", como lo recomienda mi apreciado amigo Carlos Andrés Gómez Rodas (vid. http://www.elojodigital.com/contenido/17597-colombia-paura-di-vincere-iv-n-duque-un-presidente-pusil-nime). Pero hay que ponerse en su lugar: es un gobernante que,  como dijera Gabriel Turbay en otras circunstancias, debe obrar en medio de una "alambrada de garantías hostiles". De él bien  puede decirse que "reina, pero no gobierna", expresión que suele adjudicarse a un célebre constitucionalista inglés del siglo XIX, pero procede del canciller polaco Jan Zamoyski cuando se enfrentó al rey Segismundo III, criticando su protagonismo político, y se popularizó cuando Thiers echó mano de ella para combatir a Carlos X (https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/de-donde-surge-la-expresion-el-rey-reina-pero-no-gobierna/).

Temo que los acontecimientos que vienen presentándose y ponen de manifiesto una verdadera conjura contra el presidente Duque sean el orto de una grave crisis institucional. La veo venir, porque Colombia es hoy por hoy, debido a la deficiente institucionalidad con que cuenta, un país ingobernable, y una situación de estas no puede prolongarse indefinidamente. Hay un rechazo natural de las sociedades a la anarquía, al desorden, que es hacia lo que nos está conduciendo la falta de compromiso con los verdaderos intereses del país que exhiben no pocos de nuestros dirigentes.

Hubo presidentes que viéndose acogotados dieron golpes de mano, como Reyes y Ospina Pérez, que cerraron unos congresos hostiles; otros, en cambio, se dejaron caer para que el país quedase en manos de dictadores militares, como Obando en 1854 y Laureano Gómez en 1953. Las circunstancias actuales no son las mismas de épocas pasadas, pero las crisis necesitan resolverse y es a eso a lo que hoy estamos avocados.

Colombia no solo desconoce su propia institucionalidad y la pone al servicio del narcotráfico, sino que desafía sus compromisos con la comunidad internacional. Está al borde de la descertificación por parte de los Estados Unidos, pues como dice el presidente Trump, pese a estar gobernada por un "buen tipo", no deja de incrementar sus envíos de cocaína hacia allá, y de contera, nuestras autoridades judiciales se burlan de la cooperación internacional contra el narcotráfico, a la que estamos solemnemente obligados.

¡Que Dios nos tenga de su mano!

¿Callejón sin salida?

Los promotores del cambio constitucional de 1991 adujeron que era necesario abrir sus compuertas sin acogerse a la letra de la normatividad vigente hasta ese entonces, pues la misma hacía prácticamente imposible adaptar las instituciones a las nuevas realidades imperantes en el país. Alguno de ellos manifestó que había que poner en juego la imaginación para desbloquear la institucionalidad colombiana.

A la sazón regía la disposición que adoptó el Plebiscito de 1957, según la cual las reformas constitucionales solo podrían llevarse a cabo en adelante por el Congreso, mediante el procedimiento especial del acto legislativo.

Pero en los años anteriores habían fracasado, por distintos motivos, tres importantes proyectos de reforma constitucional, lo que dio lugar a pensar que dicho procedimiento era inadecuado para adoptar los cambios que se consideraba necesario introducir.

El primero de ellos fue el Acto Legislativo No. 2 de 1977, que contempló la convocatoria de una Asamblea Constituyente con competencia limitada a unas pocas materias relacionadas, entre otras, con el régimen territorial y la administración de justicia. Pero la Corte Suprema de Justicia lo declaró inexequible mediante sentencia de 5 de mayo de 1978, por considerar que el Congreso, como titular de un poder constituyente secundario, no podía delegarlo ni siquiera parcialmente en otro organismo. Este fallo rompíó con una larga tradición jurisprudencial, introdujo una tesis tomada de la obra de Karl Schmitt que ha sido funestísima para la evolución constitucional posterior y dio pie para pensar, además, que su trasfondo era una sórdida venganza contra el presidente López Michelsen.

El segundo fue el Acto Legislativo No. 1 de 1979, que contemplaba importantes reformas judiciales. La Corte Suprema de Justicia declaró su inexequibilidad por vicios procedimentales, en noviembre 3 de 1981.(Vid. https://www.colombia.com/colombiainfo/nuestrahistoria/constitucion27.asp).

El tercer intento fue el ambicioso proyecto que presentó el gobierno de Virgilio Barco el 27 de julio de 1988, el cual naufragó en el año siguiente cuando, ya al borde de su aprobación en segunda vuelta, la Cámara de Representantes le introdujo una perniciosa iniciativa de consulta al pueblo acerca de la extradición de nacionales. El gobierno se vio entonces en la necesidad de retirar el proyecto.(Vid. https://www.elespectador.com/content/virgilio-barco-el-precursor-olvidado).

Esta secuela de fracasos condujo a pensar que la Constitución solo podría reformarse sustancialmente mediante algún procedimiento irregular. César Gaviria acudió al peor que pudiera concebirse: la expedición de un decreto de estado de sitio que invitara al electorado a decidir si convocaba una Asamblea Constituyente y, en caso afirmativo, procediera a elegirla con unos cometidos específicos. De ese modo se cerraba un funesto capítulo de nuestra historia inconstitucional, el del abuso de la figura del estado de sitio.

La Constitución Política hoy en vigencia tomó atenta nota de los inconvenientes de la rigidez para reformarla, por lo cual adoptó un esquema de flexibilidad según el cual es posible introducirle cambios mediante cualquiera de estos tres procedimientos: el acto legislativo aprobado por el Congreso, el referendo aprobado por la ciudadanía y la Asamblea Constituyente convocada por el electorado previa autorización del Congreso mediante ley.

En parte alguna aparecen en la Constitución las famosas "cláusulas pétreas" que sean irreformables de hecho o de derecho, o cuya modificación esté sometida a severas restricciones, salvedad hecha de la protección respecto de las normas sobre derechos y garantías fundamentales, procedimientos de participación popular y el Congreso, por cuanto los actos legislativos que las modifiquen pueden ser objeto de referendo revocatorio, según lo dispuesto por el artículo 377 de la misma.

Pues bien, la Corte Constitucional, abusando descaradamente de la interpretación constitucional, tema al cual se ha referido hace poco el exmagistrado José Gregorio Hernández (vid. https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/inestabilidad-juridica-PB10669431), ha echado mano de la distinción entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución no solo para afirmar la superioridad de la primera sobre la segunda, sino para sostener que aquella contiene las decisiones políticas fundamentales que, según Karl Schmitt, solo pueden adoptarse y reformarse por el Poder Constituyente Primario. 

En esas decisiones políticas fundamentales se manifiesta el "espíritu de la Constitución", vale decir, lo que la Corte ha denominado sus "elementos basilares". Pero no se las encuentra consagradas de modo formal en ciertos textos jurídicamente destacados, sino que se manifiestan mediante un trabajo similar al que realizan los "médiums" o "canalizadores" que invocan espíritus o reciben sus revelaciones. El espíritu de la Constitución es lo que la Corte identifica arbitrariamente como tal, de suerte que considera que lo contradice una segunda reelección presidencial o una comisión de aforados, pero no el contenido del NAF, respecto del cual dice que el juicio sobre el alcance de sustitución de la Constitución que el mismo conlleva debe relajarse en aras de la paz.

Ese espíritu etéreo y elástico le sirve a la Corte Constitucional para liquidar cualquier iniciativa que por cualquiera circunstancia le desagrade. 

En la Sentencia C-141 de 2010 sostuvo enfáticamente que la sustitución total o parcial de los "elementos basilares" de la Constitución, esos que integran su "espíritu", solo es posible mediante Asamblea Constituyente convocada y elegida con ese propósito, mas no mediante acto legislativo y ni siquiera por medio de referendo (vid. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-141-10.htm).

Ahora bien, como acaba de mostrarlo Germán Vargas Lleras en un artículo reciente publicado por "El Tiempo", la regulación que trae el artículo 376 de la Constitución Política acerca de una Asamblea Constituyente es tan engorrosa que la hace de hecho inviable para resolver cualquier crisis política. Requiere, en efecto, ley aprobada por mayoría absoluta de integrantes de ambas cámaras, control previo de la Corte Constitucional y que goce de la aprobación de la tercera parte del censo electoral (12.700.000 votos válidos), para luego proceder, en otra jornada, a la elección de sus integrantes (vid.https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/es-la-constituyente-el-camino-columna-de-german-vargas-lleras-363708)

Quiere decir lo anterior que las llaves de la reforma de la Constitución están en los bolsillos de la Corte Constitucional, que no solo ejerce la guarda de la integridad y la supremacía de nuestro ordenamiento superior, sino que de hecho se considera su dueña y señora. En rigor, ha usurpado la soberanía que según el artículo 3 de la Constitución Política reside exclusivamente en el pueblo.

La crisis de la justicia es la del Estado

Hace poco leí una cita de David Hume en la que el célebre pensador observa que todo el andamiaje del Estado se explica en función de una adecuada administración de justicia. De esta depende, en efecto, el orden social que se aspira a instaurar a partir de la normatividad jurídica.

Leí en otra parte que Hobbes consideraba que el miedo que reina en el estado de naturaleza, en el que nadie goza de seguridad y "el hombre es lobo para el hombre", debe superarse en el estado de civilización por un  solo temor: el que infunde la ley.

Mas, para que así suceda es menester el fortalecimiento del Estado, que no es empresa fácil. Sin Estado no hay civilización, por lo que vigorizarlo es obra civilizadora por excelencia. Esto trae a colación las palabras del cardenal Richelieu en su hora final:"Mis únicos enemigos han sido los enemigos de Francia", vale decir, los del Estado y, en últimas, de la civilización.

Robustecer el Estado; asegurar el imperio de la ley; garantizar honesta, pronta y eficaz administración de justicia: "¡Ah, que vasto programa!", como dijo el general De Gaulle alguna vez refiriéndose a otros asuntos.

Pues bien, lo que puede advertirse en la evolución política de Colombia en los últimos tiempos no es un proceso de edificación institucional, sino todo lo contrario, uno de demolición, pues en lugar de enfrentar a los enemigos del Estado y del orden que el mismo debe asegurar, la tendencia dominante en muchos de los que ejercen influencia decisiva en la guía de nuestra sociedad es la claudicación ante las fuerzas disolventes que lo minan tanto desde la estructura del poder público como fuera de ella. Ante esa tendencia, los trasgresores de todo jaez tienen a su servicio micrófonos, cámaras de televisión y titulares de prensa, mientras que quien se manifieste como hombre de orden tiene que sufrir los rigores de la campana neumática que impide que su voz se haga sentir: está condenado al silencio.

La crisis de nuestro sistema judicial es buena muestra de esa penosa realidad.

Hace algún tiempo me atreví a sostener en una conferencia que tuve el honor de dictar en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, que padecemos una justicia ideologizada, politizada y, desafortunadamente, con claros visos de corrupción. 

La ideología que la inspira pretende demoler el orden social que mal que bien se ha edificado a lo largo de generaciones, para sustituirlo por otro que existe solo en la mente de intelectuales, profesores, comunicadores y otros soñadores de utopías libertarias. A partir de ahí, se predica que la normatividad no es la que consta en los textos adoptados por los legisladores, sino la que se ajusta a las particulares preferencias estimativas de los jueces y a lo que estos creen oportuno disponer para producir determinados efectos coyunturales en el escenario político. Y cuando la interpretación de la ley se hace con un sentido meramente instrumental, que justifica ser elásticos o rigurosos al tenor de las circunstancias, es fácil entonces negociarla, sea para apoyar empresas políticas, como se vio en el caso de la convalidación del NAF , o para favorecer protervos intereses privados, como se ha visto con lo del "Cartel de la Toga", que es lo más horrendo que haya podido producirse en la historia de la justicia en Colombia. 

Todo eso es fruto de la tendencia que ha hecho carrera hacia un derecho en extremo dúctil que ignora el rigor de los principios.

En manos de nuestras altas Cortes, quizás con algunas excepciones, la ley no es lo que ella dice ni lo que quiso decir el legislador, como tampoco lo que el buen sentido indica, sino lo que según las circunstancias se les ocurre a falladores sobre los que no obra control alguno, ni siquiera el de la sociedad, que se queda impertérrita ante sus abusos, ni el interno de la conciencia moral. 

Para  muestra, las sospechosas condenas a la Nación por lo del Club El Nogal o lo de Bojayá.

Quien desee percatarse de los extremos de la politización de nuestra justicia, no es sino que examine el deplorable caso de Andrés Felipe Arias, para quien el artículo 93 de la Constitución Política, que incorpora a la misma las garantías de los tratados y los convenios internacionales que reconocen los derechos humanos, es letra muerta según la Corte Suprema de Justicia. Si la doble instancia ya estaba en dichos tratados y convenios, ¿cómo alegar que solo será admisible cuando se la reglamente?

Colombia es probablemente el único país del mundo que cuenta con un aparato judicial superpuesto al ordinario y organizado al gusto de los peores criminales, para así garantizarles de hecho la impunidad. No otra cosa es la JEP, como cada vez se observa con mayor claridad. Dicho sea de paso, es además un aparato montado con violación flagrante de la flamante soberanía popular que consagra el artículo 3 de la Constitución Política.

Haber combatido con denuedo a los enemigos del Estado, como lo hizo Álvaro Uribe Vélez, es la causa de la injusta persecución que desde distintos frentes ha debido soportar con estoicismo ejemplar tan eminente patriota. En cambio, claudicar vergonzosamente ante los mismos, dizque en aras de una paz evanescente, según lo llevó a cabo Santos, lo hace merecedor de un Premio Nobel.

¿Quién hace más al servicio de ese noble propósito, el que se esmera en consolidar el ordenamiento jurídico, o el que lo pone a merced de los criminales?

Historia Inconstitucional de Colombia

Fernando Londoño Hoyos ha entrevistado varias veces al ilustre constitucionalista venezolano Asdrúbal Aguiar, autor de una "Historia Inconstitucional de Venezuela".

El mismo ejercicio podríamos hacer entre nosotros. De hecho, lo ha intentado Hernando Valencia Villa en su libro "Cartas de Batalla", pensado desde una perspectiva afín al pensamiento izquierdista (vid. http://cartasdebatallader.blogspot.com/).

El profesor Karl Lowenstein, autor de una Teoría de la Constitución que no dejo de recomendarles a mis alumnos (vid. https://wwpaíses w.academia.edu/32684908/TEORIA_DE_LA_CONSTITUCION_-_KARL_LOEWENSTEIN_1_), llama la atención acerca de los países en los que sus estatutos fundamentales son celosamente respetados y aquellos en que por diferentes motivos (v.gr: pérdida de prestigio o desvalorización funcional) su vigencia es, por decirlo en términos comedidos, más bien elástica.

Tal es el caso colombiano a todo lo largo de nuestra procelosa historia.

Comencemos con la Constitución de 1821 o de Cúcuta. Sus creadores creyeron que podrían garantizar su estabilidad prohibiendo que se la reformara en los 10 años subsiguientes. Craso error: los debates que suscitó dieron lugar a que intentara modificársela en la Convención de Ocaña en 1828, cuyo fracaso dio lugar a que Bolívar expidiera su muy cuestionado Decreto Orgánico de la Dictadura en el mismo año. 

En 1830 se trató de normalizar la situación con la Constitución que expidió el "Congreso Admirable" y nació muerta por la separación de Venezuela y Ecuador, así como por la toma del poder por Rafael Urdaneta y el alzamiento que lo obligó a renunciar.

La Constitución de 1832, que la sustituyó, se vino abajo a raíz de la "Guerra de los Supremos" que comenzó en 1839. Como no garantizaba el orden público, la sustituyó la conservadora de 1843, que a su vez fue reemplazada por la centro-federal de 1853, hija de una extraña alianza de radicales o jacobinos y conservadores que pretendían amarrarle las manos al presidente Obando. Como este no podía gobernar con ese estatuto, se dejó caer y el mando supremo lo asumió José María Melo, contra quien se rebeló el país y tuvo que salir para exiliarse en México, en donde murió fusilado. Esa Constitución desapareció por sustracción de materia, por cuanto las provincias se fueron declarando soberanas, lo que de hecho dio lugar a la Constitución de 1858 o de la Confederación Granadina, que se inspiró en el fallido estatuto que se habían dado los Estados Unidos en 1781. Esta normatividad también fue de corta duración, pues a raíz de la guerra civil de 1860, la única triunfante en nuestra historia, se la reemplazó por la Constitución de 1863 o de Rionegro, que estableció los Estados Unidos de Colombia.

Germán Arciniegas escribió alguna vez que la Constitución de Rionegro fue derogada por Núñez mediante un procedimiento sui-generis: el "balconazo". Le bastó con decir desde el balcón del entonces Palacio de la Carrera: "Señores, la Constitución de 1863 ha dejado de existir".

Aunque la Constitución de 1886 logró durar 105 años, su vigencia estuvo plagada de vicisitudes. A poco andar, suscitó dos guerras civiles, en 1895 y 1899, esta última, la devastadora de los "Mil días", con su secuela de la separación de Panamá. Reyes la dejó sin efecto en 1905 cuando mediante un decreto de estado de sitio cerró el Congreso, confinó a sus opositores en Orocué y convocó una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa que reformó la Constitución y sustituyó al Congreso (vid. http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-13/las-constituyentes-de-1905-y-1910).

En 1910 se convocó de nuevo la Asamblea Constituyente, que expidió la reforma constitucional de ese mismo año. Cuando se celebró el centenario de la Constitución de 1886 me permití decir en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia que la que merecía los homenajes era la de 1910 y no aquella. Los constituyentes de 1910 expidieron un estatuto que le dio a Colombia 40 años de paz política y orden institucional.

Este se rompió abruptamente el 9 de noviembre de 1949, cuando Ospina Pérez, siguiendo el ejemplo de Reyes, decretó el estado de sitio y cerró el Congreso, dando así lugar a que a lo largo de cerca de una década el país se rigiera prácticamente por un solo artículo de la Constitución, el famoso 121.

En junio de 1953, dos días después del golpe militar de Rojas Pinilla, se instaló  la Asamblea Nacional Constituyente que había promovido Laureano Gómez para promover su proyecto de Constitución conservadora, pero, dado el hecho político de su derrocamiento, la ANAC le dio la espalda declarando que el 13 de junio se había presentado un vacío en la Presidencia de la República y, por consiguiente, era legítimo el título de Rojas para asumirla. Esa Asamblea reeligió a Rojas en 1957, pero la repulsa nacional lo obligó a abandonar el poder el 10 de mayo de ese año. Lo reemplazó la Junta Militar que gobernó hasta el 7 de agosto de 1958 y fue legitimada por el artículo 10 del Plebiscito del 1o. de Diciembre de 1957 (http://hdhc.blogspot.com/2007/04/reformas-de-1957.html).

La Constitución de 1886 recuperó su vigencia en 1958, bajo el Frente Nacional, y desapareció por el golpe que le propinó César Gaviria en 1990, cuando mediante un decreto de estado de sitio promovió la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que expidió la Constitución Política de 1991.

Es evidente el origen espurio de la misma, pero de hecho ya lleva cerca de 28 años de vigencia. Hasta qué punto el NAF convenido con las Farc configura una Supraconstitución es tema de debate. Lo cierto es que se lo impuso llevándose de calle la institucionalidad, de modo tal que, en lo que me concierne, no abrigo duda alguna acerca de que el Estado de Derecho es hoy entre nosotros una mera entelequia, algo que Borges bien podría haber ubicado en su "Libro de los Seres Imaginarios". 

Aquí hay mucha tela para cortar, por lo que dejo apenas estos retazos. Quedan dentro del tintero para futuras precisiones los casos de las elecciones fraudulentas y las financiadas por el narcotráfico o por Odebrecht, los abusos con los estados de excepción, y las descaradas usurpaciones de la Corte Suprema de Justicia y luego de su sucesora, la Corte Constitucional.

Para decirlo en términos de un analista de nuestros estados de excepción, el colombiano es un seudoconstitucionalismo ( vid. http://eleuthera.ucaldas.edu.co/downloads/Eleuthera15_4.pdf).