Incógnitas

El triunfo de Abelardo y José Manuel ha resucitado la esperanza de millones de colombianos en el porvenir del país.

Es, desde luego, positivo habernos librado por lo pronto del comunismo de Cepeda. Pero no todo es color de rosa con el gobierno venidero, pues al tiempo que encontrará unos escenarios plagados de problemas de difícil solución que deja el desgobierno hoy reinante, la dupla antisocial de Petro y Cepeda ya lo está amenazando con una feroz oposición que pretende desestabilizar a Colombia.

No podemos olvidar que cuando Duque le ganó a Petro en 2018 éste se negó a reconocer su triunfo alegando sin pruebas, como es su mala costumbre, que el triunfo lo debía a compra de votos en la costa por parte, si mal no recuerdo, de un tal Ñeñe. Y acto seguido promovió un supuesto estallido social que, de acuerdo con una cuidadosa investigación de Impacto 24-7, fue orquestado por una conspiración internacional alentada por el gobierno de Maduro en Venezuela en connivencia con los grupos insurgentes colombianos. Al lado de unas supuestas manifestaciones pacíficas se produjo la actuación criminal de la llamada Primera Línea, que dio lugar a la comisión de gravísimos delitos por los que se han producido múltiples condenas de parte de la justicia colombiana.

Recuerdo que Petro manifestó que si el Congreso derogaba la ley de alivio tributario que había aprobado el comienzo del gobierno de Duque cesarían las manifestaciones. Más tarde, ya como presidente, dijo en el llamado Puerto Resistencia o Puerto Rellena en Cali que él era miembro de esa Primera Línea. Por consiguiente, se lo debería procesar como instigador de los delitos que ese grupo criminal cometió. Me inclino a pensar que por lo menos se lo ha debido procesar por el delito de asonada, pues en forma tumultuaria se intentó presionar al Congreso para que derogara una ley.

La impunidad de que han gozado tanto Petro como Cepeda los alienta ahora a desconocer la legitimidad del triunfo de Abelardo y José Manuel promoviendo una fementida "desobediencia civil" con la que pretenden volver a las andadas de los años en que pretendieron derrocar al presidente Duque.

No me cabe duda de que se trata de una dupla de avezados fronterizos del delito, que lo bordean y coquetean con él, pero tratando de ocultar huellas que podrían incriminarlos. Son dos sujetos de tenebrosa peligrosidad animados por la más extremista ideología del marxismo leninismo, la cual disfrazan con el ropaje de un engañoso "progresismo".

Hay que escuchar las declaraciones del exministro de Defensa del gobierno de Duque, Diego Molano, para recordar lo que significó el estallido social que Petro promovió tratando de estorbar su gobernabilidad en medio de la pandemia. Recuerdo que lo desafiaba para que decretara el estado de conmoción interior, pero Duque fue prudente y dejó que la fiebre pasara.

Los que he llamado "dos tipos de cuidado" ensayarán la misma receta que trataron de aplicarle a Duque, pero Abelardo es de otra pasta y ya verán "cómo muerde el tigre". Pero las duras medidas que éste deberá adoptar con miras a contener a los sediciosos y ponerlos en su lugar perturbarán probablemente su gobernabilidad, distrayéndolo de la urgentísima tarea de reconstruir lo dañado por la gestión irresponsable de Petro.

Vienen tiempos difíciles que demandarán para el nuevo gobierno un apoyo decidido y vigoroso de quienes votamos por él.

Ello aconseja mucho tino para la conducción del conjunto de partidos que se han declarado de gobierno. Hay que limar las asperezas que acontecimientos recientes han mostrado desencuentros en la coalición que lo sigue, pues la unidad es indispensable para enfrentar a la dupla subversiva que aspira a verlo fracasar.

Reitero la coda con que he cerrado varios de mis escritos: ¡Que Dios nos tenga de su mano! 

Sed libera nos a malo

Hay abundante información sobre las influencias ocultistas en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. En lo que respecta a Colombia, circulan muchas versiones acerca de los nexos del desgobierno actual con la hechicería e incluso con religiones de origen africano o, como suele decirse por acá, ancestral.

Se dice en fuentes fidedignas que en medio de la campaña electoral hubo en la Casa de Nariño un ritual hechicero presidido por el okupa y orientado a perjudicar la campaña de Abelardo. El hecho escandalizó a algunos de quienes lo presenciaron, los cuales se pusieron a rezar para contrarrestar esa aterradora ceremonia. Como los brujos que la estaban realizando se dieron cuenta de que había una energía que contrarrestaba sus ritos, se optó por exigir el retiro de quienes no participaban en ellos.

Isabel Cuervo ha denunciado en Instagram que el que nos desgobierna practica la religión Palo Mayombe y por ello suele lucir vestiduras blancas y colgarse al cuello la cruz Tao, que nada tiene que ver con la que veneramos los cristianos. Según otras versiones, sus visitas a Haití tienen que ver con esas creencias y no falta quien sostenga que su atuendo lo identifica como oficiante de dicho credo.

Es difícil identificar en qué cree. Todo parece indicar que profesa cierto sincretismo, pues no vacila en visitar al Santo Padre, haciéndose acompañar en su comitiva con quien la prensa identifica como su barragana.

Abelardo y José Manuel tienen toda la razón al considerar que entre nosotros se libra una batalla espiritual que debe contar con el auxilio de Dios y la Santísima Virgen, motivo por el cual han realizado una edificante peregrinación por los santuarios marianos de nuestro país.

Abundan las voces que le piden a Abelardo que no ocupe la Casa de Nariño sin que previamente se realicen exorcismos que lleven a cabo una profunda limpieza espiritual de ese lugar que podría ser objeto de infestaciones diabólicas.

Hay que seguir orando fervientemente para protegernos del comunismo y de las malas intenciones del que nos desgobierna y el que pretende heredar su puesto.

Que Dios nos tenga de su mano.

Dos tipos de cuidado

Echo mano del título de una vieja película mexicana para referirme al contubernio del indigno okupa actual de la Casa de Nariño con su émulo, el siniestro senador Cepeda, los que de consuno pretenden atravesar toda clase de palos en las ruedas con el protervo designio de frustrar la gobernanza del tándem Abelardo-José Manuel.

Esos dos tipos de cuidado son comunistas recalcitrantes pero disimulados que aspiran a someter a Colombia a un régimen totalitario y liberticida como los que han fracasado en Cuba y Venezuela.

Ardidos porque el electorado les dio la espalda en la reciente elección presidencial intentan variados subterfugios para impedir que la dupla ganadora cumpla con sus propósitos de devolverle la confianza al pueblo trazándole rutas de progreso, justicia, seguridad, libertad y bienestar.

El primero ha anunciado una exótica demanda de nulidad con pedido de medidas cautelares para tratar de impedir la posesión de los nuevos gobernantes. Todo indica que se trata de una acción temeraria destinada al fracaso, pero que hace ruido y azuza a las hordas que durante el gobierno del presidente Duque sembraron el desorden a lo largo del territorio nacional.

El segundo, después de haber reconocido el triunfo electoral de sus contendores, se ha echado de para atrás anunciando que no lo admitirá y declarándose en estado de desobediencia civil para entorpecer la acción de los nuevos gobernantes.

Invoca descaradamente los ejemplos de Gandhi, Luther King y Mandela para justificar la resistencia popular frente a las nuevas políticas gubernamentales y, como lo expuse en mi más reciente, para hacerle a De la Espriella unas exigencias francamente extorsivas.

Como acaba de decirlo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no se ve el caso que justifique la tal desobediencia civil, que en rigor implica el desconocimiento del ordenamiento constitucional y legal de la República.

Sigo pensando que esta actitud amerita que se la examine a la luz del Código Penal, que consagra como delitos no sólo la extorsión, sino el constreñimiento ilegal. la rebelión, la sedición, la asonada y la instigación a delinquir. Es asunto que en lo que concierne al senador debería investigarse por la Corte Suprema de Justicia. Este insólito llamado a la desobediencia civil debería considerarse, además, por la Comisión de Ética del Senado en razón del comportamiento indecoroso, irregular e inmoral que entraña de suyo este desafío a la institucionalidad. También la Procuraduría debería tomar cartas en el asunto, pues todo indica que esta actuación irresponsable del candidato perdedor en los comicios recientes podría configurar una violación del régimen disciplinario que a dicha autoridad le corresponde investigar y sancionar.

Tal como sucedió a comienzos del gobierno de Duque, al lado de manifestaciones supuestamente pacíficas se dio la acción deletérea de la tristemente célebre Primera Línea, muchos de cuyos integrantes ya han sido condenados por graves delitos, pero sin que la acción judicial hubiera llegado hasta sus instigadores, entre ellos el actual okupa de la Casa de Nariño, que no tuvo empacho en declararse miembro activo de ella en una perorata que pronunció en el mal llamado Puerto Rellena en Cali. Todo indica a que la invitación a distintos sectores sociales para manifestarse dizque en forma pacífica va a acompañada ocultamente de la convocatoria de las hordas de la Primera Línea, que supuestamente obrarían motu proprio, disimulando así la intención subversiva de la tal desobediencia civil.

Como lo acaba de señalar Julio Sánchez Cristo, estas convocatorias acarrean muertes. Los que las formulan deben asumir las responsabilidades pertinentes, pues quien pone la causa corre con los riesgos de los efectos.

Esos dos tipos de cuidado que motivan este escrito quieren ensangrentar a Colombia. Hay que ponerles coto.

¿Amenazas extorsivas?

Me inclino a pensar que la amenaza de promover la desobediencia civil que ayer profirió el comunista Cepeda contra el presidente electo De La Espriella si no se somete a las exigencias que le formuló debe examinarse ante todo a la luz de lo que dispone el artículo 244 del Código Penal, que a la letra dice:

"El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

El comunista de marras parece constreñir al presidente electo para que renuncie a su ciudadanía estadounidense, aclare sus relaciones con agencias de seguridad de los Estados Unidos, respete plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial, se comprometa a cesar toda persecución contra sus opositores políticos, a dejar de estimular la judicialización por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a no aprobar la extradición de Gustavo Petro.

Todas estas medidas son del resorte del presidente electo y hacen parte bien sea de su competencia oficial o de su fuero personal. Las exigencias del comunista conciernen en consecuencia al desempeño de las funciones presidenciales o al ejercicio de la libertad de De La Espriella, quien, de no someterse a lo que se le exige, deberá sufrir más que como persona individual, como jefe del Estado, los efectos de la desobediencia civil que en tal caso convocaría a los más de doce millones de votantes que apoyaron al candidato perdedor en las recientes elecciones presidenciales.

La amenaza de la desobediencia civil constriñe, por supuesto, a De La Espriella, pero va mucho más allá, pues afecta en rigor al ordenamiento jurídico del Estado.

La Constitución protege la libertad de conciencia, la de cada persona de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, la de toda parte del pueblo para reunirse y manifestarse pública y pacíficamente y el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, pero todo ello dentro de los límites que traza el artículo 95, según el cual el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ella implica responsabilidades, dentro de las cuales se cuenta el respeto de los derechos ajenos y no abusar de los propios.

En parte alguna consagra la Constitución el derecho a la desobediencia civil, así sea pacífica, pues el citado artículo 95 manda en forma perentoria: "Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes".

En consecuencia, la amenaza del candidato comunista no sólo va contra el presidente electo, sino contra la Constitución misma, dado que se endereza a promover el incumplimiento colectivo del ordenamiento jurídico que nos rige. Es del todo subversiva y, desde luego, ilícita.

A ojo de buen cubero, creo que la Corte Suprema de Justicia debería ocuparse de examinar si el senador Cepeda ha incurrido entonces en los supuestos constitutivos del delito de extorsión y quizás otros más.

Unas palabras adicionales sobre la calidad de ciudadano estadounidense que ostenta De La Espriella. Ya es claro de toda claridad que ello no obsta para que pueda ejercer la presidencia de Colombia. No hay en ello, propiamente, hablando, una inhabilidad jurídica. Sobre la cuestión del juramento de fidelidad al orden jurídico norteamericano, en principio no obra incompatibilidad con el que preste para cumplir la Constitución y las leyes colombianas. Si llegase a haber algún desacuerdo entre sus condiciones de ciudadano colombiano y ciudadano norteamericano, su conciencia lo decidirá y nuestra justicia dirá si ello daría lugar a algún impedimento dentro del contexto del caso concreto. Se trata pues de algo hipotético y eventual sobre lo que no cabe pronunciarse a priori.

Algo más. Ese tema del juramento que podría dar lugar a alguna incompatibilidad política es el que dio lugar a que los reyes ingleses después de Enrique VIII desataran la persecución contra los católicos, a quienes se los censuraba porque su obediencia al Papa no les permitía sujetarse incondicionalmente al Rey. La misma tesis podría esgrimirse contra los masones, que prestan en su cofradía unos extraños juramentos que podrían ponerlos en contradicción con las normatividades estatales. Hemos tenido presidentes masones y creo que contra ninguno se esgrimió el argumento con que ahora se pretende deslegitimar el título presidencial de De La Espriella.

Cierro advirtiendo que lo de la desobediencia civil pacífica no es otra cosa que un subterfugio para incendiar de nuevo el país, como lo hicieron Petro y sus conmilitones  para alterar la gobernabilidad del presidente Duque. En mi fuero personal, he considerado que esa actitud cabía por lo menos dentro de la tipicidad de la asonada, pero a nadie se le ocurrió llevar hasta ellos la acción de la justicia. Quizás todavía sería oportuno intentarla, siempre y cuando no haya mediado la prescripción. Bueno es recordar, como lo ha hecho el exfiscal Barbosa, que el fuero de Petro vencerá el próximo 7 de agosto y a partir de esa fecha sus malas acciones quedarán en manos de la Fiscalía.

Lea más: https://leyes.co/codigo_penal/244.htm