Es bien sabido que las Farc han gozado del soporte de un Partido Comunista Clandestino (PCC) del que hacen parte personajes que ocupan altas posiciones en las distintas esferas dirigentes de nuestro país.
En su libro "Me niego a arrodillarme", el coronel Hernán Mejía Gutiérrez se atreve a ofrecer datos sobre el asunto. Señala, nada menos, que a Juan Manuel Santos y Sergio Jaramillo Caro como colaboradores del PCC y afirma que fue por sus denuncias que ellos desataron una implacable persecución en su contra.
El tiempo dirá si esos señalamientos del coronel Mejía están bien fundados o no. Pero lo cierto es que el PCC ya está sacando abiertamente las uñas.
El exabrupto de la consejera de Estado que admitió contra disposición expresa de la Constitución Política una demanda electoral sobre el plebiscito del 2 de octubre pasado, invocando audaces consideraciones políticas y ordenando que se pusiera en acción el NAF (Nuevo Acuerdo Final con las Farc), ofrece un indicio grave de la presencia del PCC en la corporación de que ella hace parte. Ha trascendido que las Farc tuvieron conocimiento previo de esa insólita providencia y que el esposo de la consejera, que fue hace algún tiempo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es uno de los juristas encargados de elaborar el ordenamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz prevista en el NAF.
Por ahí se va desenredando el ovillo del PCC, cuyos hilos parecen extenderse a otros sectores que influyen decisivamente en la vida nacional, tales como la política, la universidad, la prensa, la jerarquía eclesiástica, la empresa, las ONG e incluso las fuerzas armadas.
El PCC ha sido hasta ahora una sociedad secreta, como su propio nombre lo indica. Ha actuado entonces ciñéndose rigurosamente a las pautas de ese tipo de organizaciones. Pero, con las Farc obrando abiertamente al asalto del poder, pasará probablemente a actuar como una sociedad discreta, del mismo modo que lo hace la Masonería.
Sus cuadros se irán poniendo de manifiesto cuando Santos, obedeciendo las consignas de Timochenko, integre el gobierno de transición con las Farc. Esa transición no tiene otro sentido que poner en marcha los dispositivos de la revolución socialista en Colombia.
Así hablen de paz y de reconciliación, la Farc no han ocultado que su propósito final es instaurar en nuestro país un régimen socialista al estilo del cubano y el venezolano. Dicho con toda crudeza, aspiran a someternos a un sistema totalitario y, por ende, liberticida. Es verdad que hablan de profundizar la democracia, de gobernar para el pueblo, de hacer efectivas la libertad y la igualdad, de realizar el sueño emancipatorio que anima a la ideología marxista-leninista, pero esos conceptos no solo difieren notablemente de los que proclama el pluralismo de las democracias occidentales, sino que son del todo incompatibles con ellos.
El NAF no está pensado para la convivencia pacífica de quienes promueven distintas concepciones sobre el bien común, pues su estructura y su modus operandi están diseñados para ubicar a las Farc en posiciones de preponderancia sobre las demás fuerzas políticas. Bien mirado, ese documento no es un acuerdo de paz, sino de rendición del Estado ante las Farc, cuyos capos ya están bien enterados de la falta de carácter de nuestra clase dirigente, que se ha mostrado incapaz de ponerles freno a sus proditorias ambiciones. Los privilegios exorbitantes que les concede el NAF están pensados para que en poco tiempo se impongan, por distintos medios, sobre los otros partidos y movimientos políticos.
Dado su espíritu revolucionario, no cabe esperar de las Farc y su cómplice, el PCC, una sujeción leal a las reglas de juego de nuestro sistema político. De hecho, ya saben bien cuán dúctiles son esas reglas y con qué facilidad se las puede violar, pues Santos les ha suministrado ejemplos elocuentes acerca de cómo destruir el ordenamiento institucional.
En rigor, las Farc invocarán la Ley del Embudo: la parte amplia, para ellas; la estrecha, para los otros. Tienen a su favor la suprema instancia política, en la que en rigor ya reposa la soberanía estatal: la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final).
Es un lugar común aquello de que quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. Por desgracia, nuestra clase dirigente carece de una conciencia histórica bien fundada y definida. Ignora, en consecuencia, la naturaleza intrínsecamente criminal de los sistemas totalitarios y los feroces rasgos demoníacos de la moralidad revolucionaria.
Leo en estos momentos un libro esclarecedor, "El Diablo en la Historia", de Vladmir Tismaneanu. Su tema es el totalitarismo del siglo XX en sus dos peores versiones, el comunismo soviético y el nazismo alemán. En sus páginas 181 a 183 transcribe varios pasajes muy ilustrativos del Catecismo Revolucionario del terrorista ruso Sergei Nechaev, que influyó notablemente en las consignas de Lenin. Quienes estén interesados en leer ese documento a todas luces estremecedor pueden descargarlo pulsando el siguiente enlace:
https://bibliotecanacionandaluzasevilla.files.wordpress.com/2008/10/catecismo-de-un-
revolucionario.pdf
Nosotros hemos padecido los estragos de una clase política amoral, la de los Ñoños y los Musas, los Roys y los Benedettis, por no decir el Samper y el Santos. Preparémonos ahora a sufrir el castigo de una clase política formada en las consignas de ese tenebroso catecismo.
Dios nos guarde.
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