Hace algo más de un cuarto de siglo, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en la que actuaba un tal Heyne Mogollón se abstuvo de continuar el proceso contra el entonces presidente Samper, se me ocurrió denunciar por prevaricato a los que así lo decidieron. La Sala Penal de la CSJ asumió el caso, creo que con cierto desgano, pero cuando la Cámara en pleno votó la preclusión del proceso, un grupo de destacados juristas apoyó mi denuncia, extendiéndola contra los representantes que exoneraron a tan indigno presidente.
Ahí sí la Sala Penal se movió y entonces cundió el pánico entre los representantes denunciados. Vivian Morales, que a la sazón hacía parte de ese grupo, interpuso una tutela contra la Sala Penal de la CSJ, invocando el derecho de los congresistas a la inviolabilidad por sus votos. Pero como la Corte Constitucional venía diciendo que ese privilegio no los cobijaba cuando actuaran como jueces, por cuanto un juez inviolable es incompatible con el debido proceso, la tutela fracasó en las dos primeras instancias.
La Corte Constitucional la seleccionó con el objeto de revisar el caso. Según me contó el entonces magistrado Carlos Gaviria Díaz, el proyecto inicial confirmaba el rechazo de la tutela, pero en ésas el expresidente López Michelsen publicó un escrito en El Tiempo para defenderla y, en tal virtud, el ponente modificó la parte resolutiva de su proyecto para aceptar el petitum de Vivian Morales, pero dejando incólume la parte motiva, que se orientaba en sentido contrario. La Corte Constitucional aprobó esa parte resolutiva, pero rechazó la motiva, que no concordaba con lo decidido, y encargó al magistrado Gaviria la redacción de un nuevo proyecto que resultara congruente con la aceptación de la tutela.
El fallo resultante fue digno de lo que en la Edad Media se hubiera calificado como obra de un "Doctor Sutil". Nada diáfano, a decir verdad, plagado de distingos y sofismas, algo vergonzoso.
A raíz de ello, publiqué un severo escrito en "El Colombiano" en el que hice ver las contradicciones en que había incurrido la Corte Constitucional, pues si poco antes había sostenido que la inviolabilidad de los congresistas por sus votos no se extendía a los que emitieran en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cómo se le ocurría afirmar poco después que la Sala Penal de la CSJ estaba incurriendo en vía de hecho por aplicar precisamente esa tesis.
Supongo que un poco avergonzado, el magistrado Gaviria me llamó por teléfono para decirme que mi escrito era injusto y explicarme que había tenido que elaborar una ponencia sustitutiva a la inicial para que su parte motiva encajara con la resolutiva. Le insistí en que era inexplicable que la Corte Constitucional considerara que la Sala Penal de la CSJ hubiera incurrido en vía de hecho por aplicar una doctrina que poco antes había afirmado aquélla. Terminé diciéndole que corregiría mi escrito si me demostraba que no había tal contradicción.
Fue la última vez que hablé con el magistrado Gaviria. Por supuesto que no hubo de su parte nuevas justificaciones de ese extraño fallo que se emitió para no contrariar la opinión de López Michelsen.
Sus efectos fueron deletéreos. La Sala Penal de la CSJ suspendió las diligencias que había iniciado en razón de las dos denuncias que obraban contra los representantes que con sus prevaricatos favorecieron a Samper y quedó establecido que los congresistas pueden obrar como les venga en gana cuando actúen como jueces.
El tema vuelve hoy sobre el tapete, por cuanto contra el que hoy nos desgobierna cursan diferentes denuncias que debería tramitar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que algunos llaman con sarcasmo Comisión de Absoluciones, Los escépticos consideran que a pesar del solemne juramento de cumplir con lo que ordenen la Constitución y las Leyes, la mayoría de sus miembros descaradamente incurrirán en prevaricato para no desafiar al aprendiz de tirano que habita en la Casa de Nariño.
Entiendo que el tenaz y diligente abogado Abuchaibe ya los está denunciando ante la Sala Penal de la CSJ, no por sus votos como congresistas, sino por incumplir dolosamente el deber de adelantar los procesos correspondientes, abriendo, por ejemplo, las respectivas etapas probatorias.
El que nos desgobierna se ha pasado por la faja una y otra vez el ordenamiento jurídico, lo que otorga cierta validez a lo que acaba de manifestar en Venezuela sobre la irrealidad de nuestra Constitución Política. Pero bastaría con que en la Comisión de Investigación y Acusación hubiese al menos los cinco justos que habrían salvado a Sodoma y Gomorra, para que la verdad saliera a flote y se hiciera justicia sobre las graves acusaciones que median contra aquél.
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