Cuando comencé a dictar mi curso de Derecho Administrativo General hace ya medio siglo se me ocurrió ilustrar el carácter práctico de la función administrativa con un ejemplo que para ese entonces era hipotético, pero muy deseable: los programas de alimentación de los niños pobres de las escuelas.
Hoy en día ese programa hace parte de la política social de los entes públicos a todo lo ancho y largo del territorio nacional. Ponerlo en marcha representa un avance muy significativo en el anhelo del todo plausible de inclinar la maquinaria estatal del lado de los débiles, por supuesto que dentro de las posibilidades financieras del Estado.
Pero, según escuché hace poco en una película poco digna de recomendarse, cuando Dios erige una iglesia, Satanás abre al lado una capilla. Y eso es lo que ha sucedido con tantos programas sociales inspirados en la Constitución Política de 1991: las buenas intenciones de sus promotores suelen venir acompañadas de los voraces apetitos de políticos corruptos que medran en los presupuestos oficiales para su propio provecho.
Ya es vox pópuli lo de los descarados abusos de "Los Alpujarros" en Medellín. Pero la corrupción no es atributo exclusivo de "Pinturita" y sus secuaces, dado que es algo que como un cáncer ha hecho metástasis en todas las esferas de la administración pública y, por supuesto, en las del activismo político que busca nutrirse de recursos que deberían aplicarse para la satisfacción de apremiantes necesidades colectivas.
Un escrito reciente de Armando Estrada Villa señala que, de acuerdo con mediciones seriamente elaboradas por entidades internacionales, nuestro país ha mantenido en los últimos 12 años el mismo puntaje en los índices de corrupción. Ocupa el puesto 91 entre 180 países estudiados. Y, tal como lo ha denunciado la Contraloría, por obra de la corrupción se pierden 50 billones de pesos al año, lo que equivale a varias reformas tributarias. Vid. Cómo ven a Colombia desde afuera (elcolombiano.com).
A nadie se le oculta que la corrupción campea en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. El que hoy nos desgobierna, que alcanzó notoriedad por sus debates contra corruptos incluso de su misma tendencia política, no escapa a esa funesta inclinación y es así como para activar sus proyectos en el Congreso sin reato alguno ha echado mano del fácil expediente de comprar sus votos a cambio de la tristemente célebre "mermelada".
La Corte Suprema de Justicia, que ha proferido fallos sobre concusión y cohecho en contra de congresistas y agentes gubernamentales que supuestamente han participado en ese tráfico nauseabundo, debería estar atenta a lo que ahora está sucediendo. No sobraría, además, que la Corte Constitucional aplicara la norma del artículo 133 de la Constitución Política, según la cual los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. Según esto, los que actúan por prebendas no consultan esos supremos valores y, en consecuencia, violan la Constitución. Así las cosas, los proyectos que fueren aprobados por mayorías obtenidas en razón de la compra de votos deberían declararse inexequibles por violación del referido texto constitucional.
Los órganos de control vienen alertando desde hace tiempos acerca del auge de la corrupción en gobernaciones y alcaldías, aupado por la elección popular que, más que haber profundizado la democracia, quizás ha fortalecido la cleptocracia. Como al parecer ha sucedido últimamente en Medellín, el voto popular ha favorecido a aventureros y paracaidistas cuya consigna es entrar a saco en el tesoro público para su propio provecho y no el de la comunidad.
Coda: Llama la atención que el "Hombre Marlboro", que según Nicolás Petro entregó una suma multimillonaria para la campaña presidencial del padre que no lo crió, aspire hoy a la alcaldía de Maicao, patrocinado precisamente por el "Pacto Histórico". Hay quienes piensan que el actual gobierno no es menos corrupto que los que lo antecedieron y quizás sea peor.
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