Dos tipos de cuidado

Echo mano del título de una vieja película mexicana para referirme al contubernio del indigno okupa actual de la Casa de Nariño con su émulo, el siniestro senador Cepeda, los que de consuno pretenden atravesar toda clase de palos en las ruedas con el protervo designio de frustrar la gobernanza del tándem Abelardo-José Manuel.

Esos dos tipos de cuidado son comunistas recalcitrantes pero disimulados que aspiran a someter a Colombia a un régimen totalitario y liberticida como los que han fracasado en Cuba y Venezuela.

Ardidos porque el electorado les dio la espalda en la reciente elección presidencial intentan variados subterfugios para impedir que la dupla ganadora cumpla con sus propósitos de devolverle la confianza al pueblo trazándole rutas de progreso, justicia, seguridad, libertad y bienestar.

El primero ha anunciado una exótica demanda de nulidad con pedido de medidas cautelares para tratar de impedir la posesión de los nuevos gobernantes. Todo indica que se trata de una acción temeraria destinada al fracaso, pero que hace ruido y azuza a las hordas que durante el gobierno del presidente Duque sembraron el desorden a lo largo del territorio nacional.

El segundo, después de haber reconocido el triunfo electoral de sus contendores, se ha echado de para atrás anunciando que no lo admitirá y declarándose en estado de desobediencia civil para entorpecer la acción de los nuevos gobernantes.

Invoca descaradamente los ejemplos de Gandhi, Luther King y Mandela para justificar la resistencia popular frente a las nuevas políticas gubernamentales y, como lo expuse en mi más reciente, para hacerle a De la Espriella unas exigencias francamente extorsivas.

Como acaba de decirlo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no se ve el caso que justifique la tal desobediencia civil, que en rigor implica el desconocimiento del ordenamiento constitucional y legal de la República.

Sigo pensando que esta actitud amerita que se la examine a la luz del Código Penal, que consagra como delitos no sólo la extorsión, sino el constreñimiento ilegal. la rebelión, la sedición, la asonada y la instigación a delinquir. Es asunto que en lo que concierne al senador debería investigarse por la Corte Suprema de Justicia. Este insólito llamado a la desobediencia civil debería considerarse, además, por la Comisión de Ética del Senado en razón del comportamiento indecoroso, irregular e inmoral que entraña de suyo este desafío a la institucionalidad. También la Procuraduría debería tomar cartas en el asunto, pues todo indica que esta actuación irresponsable del candidato perdedor en los comicios recientes podría configurar una violación del régimen disciplinario que a dicha autoridad le corresponde investigar y sancionar.

Tal como sucedió a comienzos del gobierno de Duque, al lado de manifestaciones supuestamente pacíficas se dio la acción deletérea de la tristemente célebre Primera Línea, muchos de cuyos integrantes ya han sido condenados por graves delitos, pero sin que la acción judicial hubiera llegado hasta sus instigadores, entre ellos el actual okupa de la Casa de Nariño, que no tuvo empacho en declararse miembro activo de ella en una perorata que pronunció en el mal llamado Puerto Rellena en Cali. Todo indica a que la invitación a distintos sectores sociales para manifestarse dizque en forma pacífica va a acompañada ocultamente de la convocatoria de las hordas de la Primera Línea, que supuestamente obrarían motu proprio, disimulando así la intención subversiva de la tal desobediencia civil.

Como lo acaba de señalar Julio Sánchez Cristo, estas convocatorias acarrean muertes. Los que las formulan deben asumir las responsabilidades pertinentes, pues quien pone la causa corre con los riesgos de los efectos.

Esos dos tipos de cuidado que motivan este escrito quieren ensangrentar a Colombia. Hay que ponerles coto.

¿Amenazas extorsivas?

Me inclino a pensar que la amenaza de promover la desobediencia civil que ayer profirió el comunista Cepeda contra el presidente electo De La Espriella si no se somete a las exigencias que le formuló debe examinarse ante todo a la luz de lo que dispone el artículo 244 del Código Penal, que a la letra dice:

"El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

El comunista de marras parece constreñir al presidente electo para que renuncie a su ciudadanía estadounidense, aclare sus relaciones con agencias de seguridad de los Estados Unidos, respete plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial, se comprometa a cesar toda persecución contra sus opositores políticos, a dejar de estimular la judicialización por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a no aprobar la extradición de Gustavo Petro.

Todas estas medidas son del resorte del presidente electo y hacen parte bien sea de su competencia oficial o de su fuero personal. Las exigencias del comunista conciernen en consecuencia al desempeño de las funciones presidenciales o al ejercicio de la libertad de De La Espriella, quien, de no someterse a lo que se le exige, deberá sufrir más que como persona individual, como jefe del Estado, los efectos de la desobediencia civil que en tal caso convocaría a los más de doce millones de votantes que apoyaron al candidato perdedor en las recientes elecciones presidenciales.

La amenaza de la desobediencia civil constriñe, por supuesto, a De La Espriella, pero va mucho más allá, pues afecta en rigor al ordenamiento jurídico del Estado.

La Constitución protege la libertad de conciencia, la de cada persona de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, la de toda parte del pueblo para reunirse y manifestarse pública y pacíficamente y el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, pero todo ello dentro de los límites que traza el artículo 95, según el cual el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ella implica responsabilidades, dentro de las cuales se cuenta el respeto de los derechos ajenos y no abusar de los propios.

En parte alguna consagra la Constitución el derecho a la desobediencia civil, así sea pacífica, pues el citado artículo 95 manda en forma perentoria: "Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes".

En consecuencia, la amenaza del candidato comunista no sólo va contra el presidente electo, sino contra la Constitución misma, dado que se endereza a promover el incumplimiento colectivo del ordenamiento jurídico que nos rige. Es del todo subversiva y, desde luego, ilícita.

A ojo de buen cubero, creo que la Corte Suprema de Justicia debería ocuparse de examinar si el senador Cepeda ha incurrido entonces en los supuestos constitutivos del delito de extorsión y quizás otros más.

Unas palabras adicionales sobre la calidad de ciudadano estadounidense que ostenta De La Espriella. Ya es claro de toda claridad que ello no obsta para que pueda ejercer la presidencia de Colombia. No hay en ello, propiamente, hablando, una inhabilidad jurídica. Sobre la cuestión del juramento de fidelidad al orden jurídico norteamericano, en principio no obra incompatibilidad con el que preste para cumplir la Constitución y las leyes colombianas. Si llegase a haber algún desacuerdo entre sus condiciones de ciudadano colombiano y ciudadano norteamericano, su conciencia lo decidirá y nuestra justicia dirá si ello daría lugar a algún impedimento dentro del contexto del caso concreto. Se trata pues de algo hipotético y eventual sobre lo que no cabe pronunciarse a priori.

Algo más. Ese tema del juramento que podría dar lugar a alguna incompatibilidad política es el que dio lugar a que los reyes ingleses después de Enrique VIII desataran la persecución contra los católicos, a quienes se los censuraba porque su obediencia al Papa no les permitía sujetarse incondicionalmente al Rey. La misma tesis podría esgrimirse contra los masones, que prestan en su cofradía unos extraños juramentos que podrían ponerlos en contradicción con las normatividades estatales. Hemos tenido presidentes masones y creo que contra ninguno se esgrimió el argumento con que ahora se pretende deslegitimar el título presidencial de De La Espriella.

Cierro advirtiendo que lo de la desobediencia civil pacífica no es otra cosa que un subterfugio para incendiar de nuevo el país, como lo hicieron Petro y sus conmilitones  para alterar la gobernabilidad del presidente Duque. En mi fuero personal, he considerado que esa actitud cabía por lo menos dentro de la tipicidad de la asonada, pero a nadie se le ocurrió llevar hasta ellos la acción de la justicia. Quizás todavía sería oportuno intentarla, siempre y cuando no haya mediado la prescripción. Bueno es recordar, como lo ha hecho el exfiscal Barbosa, que el fuero de Petro vencerá el próximo 7 de agosto y a partir de esa fecha sus malas acciones quedarán en manos de la Fiscalía.

Lea más: https://leyes.co/codigo_penal/244.htm

Obró la Providencia

Como solía decir mi finada esposa -¡alma bendita!- Dios nos miró ayer con ojos de misericordia al librarnos de la victoria del candidato comunista que habría llevado a su culminación la agenda que el taimado inquilino de la Casa de Nariño venía preparando para instaurar entre nosotros un régimen inspirado en lo que ha llevado a cubanos y venezolanos a padecer los rigores de la miseria más atroz.

Las elecciones de ayer cierran un ciclo que no ha debido abrirse y hacen renacer la esperanza en millones de compatriotas que temían lo peor y hoy observan con optimismo el porvenir de nuestra patria, sabedores de que al mando habrá un tándem inspirado en el propósito de enderezar hacia rutas de progreso en todos los órdenes el rumbo que el desgobierno actual conducía hacia el desastre.

Supongo que igual que yo muchos colombianos veníamos elevando plegarias al Altísimo para que nos protegiera del comunismo y de las protervas intenciones de sus promotores. Por experiencia personal, estoy convencido de que la oración que se recita con fervor y buenas intenciones produce resultados beneficiosos. "Pedid y se os dará", promete el Evangelio.

Por supuesto que el camino que tocará recorrer a partir del próximo 7 de agosto será proceloso a más no poder, pues la herencia que nos lega el desgobierno actual está plagada de desastres de toda índole. En consecuencia, nos tocará aplicar aquello de "a Dios rogando y con el mazo dando", aceptando muchos sacrificios en pro del bien común.

Los expertos hablan del riesgo de una tremenda crisis fiscal; otros hablan de la posibilidad inminente de un apagón eléctrico; la crisis de la salud es dramática; el control territorial de la delincuencia es tenebroso; la inseguridad para todos está a la vuelta de la esquina; los resultados sociales de que se jacta el que nos desgobierna no se explican por la vitalidad de la economía, sino por el derroche del gasto público; ya la cocaína es el principal renglón de nuestras exportaciones y, como lo demuestran los resultados electorales de ayer, el control político de los narcotraficantes sobre las comunidades nos pone al borde de convertirnos en un narcoestado; nuestra fuerza pública está desmoralizada y debilitada, sin recursos suficientes para enfrentar el poderío de la delincuencia; nuestra patria se ha convertido en el hazmerreír de la comunidad internacional por los despropósitos recurrentes del que nos desgobierna, que ha arrastrado por el suelo nuestra dignidad. Rescatar la dignidad de nuestra Colombia y nuestro gobierno será tarea urgentísima de Abelardo y José Manuel, pues sólo cuando es respetable puede la autoridad reclamar acatamiento.

Hay muchas hipótesis acerca de la polarización que ha llevado a que el cuerpo electoral se divida prácticamente por partes iguales, con una ligera diferencia de cerca de 250.000 votos entre los contendientes. Me inclino a pensar que los seguidores del candidato comunista no tuvieron claridad acerca de su índole y sus intenciones ocultas. Muchos votaron, como se ha dicho, con el fusil en la nuca; otros sucumbieron ante la demagógica fijación del salario mínimo o la multiplicidad de puestos y de contratos que nos está llevando a la ruina; a otros los convenció la propaganda negra que se difundió contra los defensores de la patria o el cuento cruel de la superioridad moral y la decencia del candidato comunista. En la medida que avance un buen gobierno, esas voluntades desviadas podrían inclinarse en favor suyo.

Abelardo recibió la noticia de su triunfo dándole gracias a Dios. A diferencia del que nos desgobierna, que según Isabel Cuervo es feligrés de una oscura religión de origen africano, tanto Abelardo como José Manuel son católicos devotos, convencidos de la necesidad de adelantar una política del espíritu a la que hice referencia en un escrito reciente. Esa política se inicia elevando el nivel moral del gobierno, tanto en lo público como en lo privado. Su propósito es la realización del bien común, que es una idea que entraña vasta profundidad acerca del destino colectivo. Que Dios los ilumine y proteja. 

Alea Jacta Est

El próximo domingo los colombianos elegiremos entre la democracia liberal y el comunismo. Como dicen que dijo el poeta, "todo nos llega tarde, hasta la muerte". La "Guerra Fría" que se libró a lo largo de la segunda década del siglo XX y terminó con la derrota del comunismo, exhibe sus estertores entre nosotros enfrentando a Abelardo y José Manuel contra Cepeda y sus secuaces amigos del castro-chavismo. 

Todo indica que el triunfo será de los primeros, pero no deja de inquietar que una considerable porción del electorado se incline por el candidato comunista. Ello puede interpretarse como una muestra de inmadurez democrática, pero el análisis debe ir más al fondo de las cosas, que vienen mostrando desde hace años la insatisfacción de importantes segmentos del pueblo que consideran que el Estado actual no da curso adecuado a sus apremiantes demandas.

El desgobierno que reina hoy por hoy se jacta de atenderlas, pero lo ha hecho a la bartola, con altas dosis de palabrería y magros resultados, preso entre consignas ideológicas obsoletas cuyo fracaso en otras latitudes es ya indiscutible. Añorar a Stalin, a Mao, a Castro o a Chávez roza en el delirio.

Colombia debe seguir otros modelos que han demostrado ser exitosos en los países en los que se los ha aplicado. Mirar hacia la Cuba de los Castro y la Venezuela de Chávez y Maduro no deja de ser una ironía de pésimo gusto.

El nuevo gobierno que esperamos pueda instalarse el 7 de agosto venidero deberá afrontar una situación difícil como pocas en nuestra historia. El inventario de los desastres que deja el actual salta a la vista y la superación de todos ellos exigirá fuertes dosis de entereza, imaginación y buen sentido de parte de sus dirigentes, pero también de abnegada colaboración de nuestras comunidades. Si no lograre el apoyo decidido de éstas, se verá abocado al fracaso. La célebre cuestión que les planteó el presidente Kennedy a sus compatriotas al tomar posesión de su cargo mantiene su plena vigencia y es el caso de preguntarnos a los colombianos lo que debemos hacer por nuestro país y no por lo que éste puede hacer por nosotros.

Leo en estos momentos "Colombia, un drama", de Abelardo Forero Benavides, al que he llegado por amable sugerencia de mi buen amigo Álvaro Tirado Mejía. Es un libro que su autor no quiso publicar en vida por los severos cuestionamientos a quienes consideraba responsables de la tragedia que padecimos a mediados del siglo XX. Acaba de publicarlo la Universidad de los Andes y es de obligada lectura no sólo para quienes deseen conocer y entender esos aciagos momentos de nuestro devenir, sino para los que hoy tienen a su cargo la responsabilidad de velar por la salud de la república.

Más adelante me adentraré en el comentario de esa especie de "Memorias de Ultratumba". Por lo pronto llamo la atención sobre el ambiente caldeado que se percibe en el país, que nos obliga, como en el poema de Pombo, a "consultar oráculos más altos que nuestro duelo", verso que al citarlo en un artículo publicado en "Sábado" le ganó a Forero la animadversión de Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo, cuando en rigor estaba invitando a que los partidos en pugna elevaran los ojos hacia los supremos intereses de la patria. Eso es lo que nos toca hacer hoy. Entender a los contrarios, no negarles espacios y promover acuerdos que nos permitan transitar por nuevas sendas de bienestar y de progreso.

El sectarismo es un viejo vicio de la política colombiana y lo observa uno en todos los sectores, llámense de derecha, de centro o de izquierda. No hay que ignorar que la política es por su propia naturaleza escenario de opiniones e intereses encontrados que sólo pueden convivir si todos ellos comparten los acuerdos sobre lo fundamental que en el atardecer de su existencia proclamaba Álvaro Gómez Hurtado. Esos acuerdos son posibles en el seno de la democracia liberal, mas no en la comunista, que es totalitaria y liberticida por definición. Han sido, en cambio, muy fecundos con la socialdemocracia, como lo demuestra la experiencia europea después de la II Guerra Mundial. Remito  a los sesudos escritos de Sheri Berman que he citado en este blog en otras oportunidades (vid. [PDF] The Social Democratic Moment by Sheri Berman | 9780674442610, 9780674020849).

Nuestra democracia debe ofrecer espacios para todos, menos para los violentos que pretenden imponerse por medio de las armas y toda suerte de depredaciones. La paz sólo será posible si ellos se someten a la voluntad legítima del Estado. Sólo cuando éste monopoliza el uso de la fuerza en la sociedad puede hablarse de vigencia de la civilización política. Su insurgencia los ubica dentro de la categoría de "Civilization Killers" que ha sido objeto de importantes consideraciones por parte de Mgr. Charles Pope (vid. Civilization Killers – On the Decline of Three Basic Cultural Indicators and What it Means for America – La Linterna Azul).

Vuelvo sobre lo de la delgada corteza de nuestra civilización que ha sido tema de Marco Palacios. El gobierno venidero tendrá que ocuparse de fortalecer nuestra civilización política, no de erosionarla como viene haciéndolo el que nos desgobierna.

¿Fronterizo del delito?

Es bien sabido que el que nos desgobierna militó en sus mocedades en un tenebroso movimiento criminal, el M-19, que lo pervirtió convirtiéndolo en delincuente juvenil. Pagó cárcel por algunas de sus actividades ilegales, pero no obstante ello pudo ser elegido por votación popular, contrariando lo dispuesto por el artículo 197 de la Constitución Política, porque alguien le hizo el favor de sustraer del expediente respectivo los folios del fallo que lo condenó. A primera vista, ahí se configuró una modalidad de falsedad documental que a nadie se le ocurrió investigar.

Como es proclive a pasearse por los bordes del Código Penal, anda haciendo malabares alrededor del texto del inciso primero de su artículo 422, que a la letra dice:

Lea más: https://leyes.co/codigo_penal/422.htm

"El servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa, o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o directorios políticos, o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público."

Al tenor de la prohibición para el servidor público de utilizar su poder para perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, parece que la seguidilla de discursos vejatorios para Abelardo y la organización política que lo respalda que viene pronunciando en distintos lugares el que dice ser presidente de Colombia bordea descaradamente la susodicha prohibición.

Esos discursos vejatorios parecen configurar, además, sendos delitos de injuria y calumnia previstos en los artículos 221 y 222 también del Código Penal, pues no sólo arrojan ofensas contra el mencionado candidato, sino acusaciones concernientes a la comisión de gravísimos delitos.

Fuera de posibles violaciones del Código Penal, los iracundos y desaforados pronunciamientos públicos recientes del okupa de la Casa de Nariño ameritan que se los examine a la luz del régimen disciplinario de los servidores públicos, sobre lo cual resulta oportuno detenerse en las consideraciones que hizo la Procuraduría General de la Nación en documento que puede consultarse en directiva prohibiciones electorales.pdf.

Aquel funcionario parece ampararse en la impunidad que le otorga el control sobre la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la que según denuncia de uno de sus miembros fue beneficiada con el otorgamiento de cupos contractuales por valor de varios miles de millones de pesos. La incuria de dicha Comisión para proceder en averiguaciones sobre el comportamiento del servidor público de marras ya viene siendo objeto de investigaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación. 

No hay que olvidar que el fuero que favorece al servidor de marras tocará a su fin el próximo 7 agosto, cuando las investigaciones penales en contra suya pasarán a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Quizá entonces se haga justicia en torno de quien ha venido actuando como si para él no hubiera ni Dios ni ley.

Firmes por la patria

El próximo 21 de junio se juega decisivamente el futuro de Colombia. En la segunda vuelta de la elección presidencial la ciudadanía decidirá si conservamos la democracia liberal o nos precipitamos hacia el cenagal del comunismo en que quieren hundirnos Cepeda y sus secuaces.

De Cepeda bien puede decirse que "aunque la mona se vista de seda, mona se queda". Se disfraza de progresista, de defensor de los derechos humanos, de adalid en la lucha por la ética pública, de promotor del bienestar del pueblo y otras lindezas, pero a nadie escapa que es un comunista mondo y lirondo, formado en la escuela más radical detrás de la ominosa Cortina de Hierro.

Lo hemos visto defendiendo los regímenes castro-chavistas que sólo miseria y destrucción de las libertades más elementales han producido en Cuba y Venezuela.

La constituyente que promueve no busca mejorar nuestro régimen político, económico y social, sino dotar al gobernante de poderes excesivos que le permitan promover sin cortapisas las tres revoluciones que anuncia su programa, pergeñadas para dar un vuelco total a nuestro ordenamiento jurídico y borrar de tajo nuestras tradiciones, como si fuera tan fácil en una sociedad lo de partir de cero con borrón y cuenta nueva.

Abelardo ha traído a colación las certeras palabras de Churchill cuando asumió el gobierno de Inglaterra en unos de los momentos más difíciles de su historia, ofreciendo tan sólo "sangre, sudor y lágrimas" e invocando la solidaridad colectiva para superar el trance crucial en que se hallaba.

Mutatis mutandis, así estamos hoy los colombianos, enfrentados a una amenaza comunista que ha logrado despistar a un nutrido grupo de compatriotas que se ha dejado seducir por la palabrería vana de unos demagogos malintencionados. Es mucha la solidaridad con que nos toca rodear a Abelardo y José Manuel para que puedan enderezar el rumbo hacia lo que sin falso entendimiento conciben como el milagro colombiano, similar al que han obrado para sus comunidades los exitosos tigres asiáticos.

En síntesis, no miremos hacia Corea del Norte, como lo hacen Petro y Cepeda, sino hacia Corea del Sur, como lo indican Abelardo y José Manuel.

Sobre cada ciudadano pesa hoy la responsabilidad de decidir con su voto la suerte futura de Colombia. Que Dios nos ilumine y proteja en este momento crucial.

Voto por Abelardo y Juan Manuel

Aunque he pertenecido al Centro Democrático desde su fundación y conservo el apoyo a sus postulados, en esta oportunidad me abstendré de votar por sus candidatos oficiales porque si bien respeto la personalidad y las ejecutorias de Juan Daniel Oviedo no encuentro en él condiciones satisfactorias para ejercer la primera magistratura en caso de que faltare su titular. No comparto sus ideas y lo encuentro algo díscolo, como una rueda suelta en el engranaje de la alta dirección de la rama ejecutiva.

Hace algunos meses propuse a través de este medio que se considerara la posibilidad de incluir a José Manuel Restrepo en la lista de los presidenciables. Considero que fue un gran acierto de Abelardo de la Espriella el invitarlo a hacer parte de su fórmula electoral. Creo que ambos ofrecen promisorias perspectivas para enderezar el rumbo del país que anda al garete bajo el desgobierno del charlatán irresponsable que despacha desde la Casa de Nariño.

Leo en El Colombiano de hoy que varios excandidatos que se notan resentidos disparan contra la dupla Abelardo-José Manuel acusándolos de extremistas y poniéndolos al mismo nivel del comunista Cepeda, pero en el frente opuesto.

No cabe duda de que Cepeda es extremista. Su proyecto radica en provocar tres revoluciones que nos llevarían al caos reinante en Cuba y en Venezuela. Eso no es progresismo, que significa mejoramiento de las condiciones sociales en totos los órdenes, sino destrucción de lo que Marco Palacios denominó alguna vez como "la delgada corteza de nuestra civilización". La continuidad del actual gobierno comunista sólo acarrearía males sin cuento para nuestra infortunada Colombia.

Como suelen decirlo los polemistas franceses, "seamos serios". Expliquen las casandras de ocasión en qué consiste el extremismo de Abelardo y Juan Manuel.

¿Restablecer el imperio de la ley y vigorizar la fuerza pública para devolverles a nuestros compatriotas la seguridad que se logró durante el gobierno de Uribe Vélez es extremismo o simple buen sentido? Ese imperio de la ley que proponen no sólo versa sobre la acción de las bandas criminales que asuelan el territorio patrio, sino también sobre las autoridades encargadas de preservar el ordenamiento jurídico. Ni Abelardo ni José Manuel proponen que se combata el crimen con medios también criminales. La fórmula es simple y la aprenden los estudiantes de Derecho desde su primer semestre en la universidad: la ley debe aplicarse con todo rigor, aun mediante el uso de la fuerza legítima cuyo monopolio ostenta el Estado. En eso consisten su heteronomía y su coercibilidad. Sólo por una perversión ideológica impuesta por los enemigos del orden constitucional ha hecho carrera la idea de que cuando la autoridad no logra reducir a los facciosos entonces debe claudicar ante sus exigencias y garantizarles impunidad por sus crímenes atroces.

¿Reducir el enorme tamaño del Estado y adoptar un régimen tributario que no oprima a los emprendedores que generan riqueza colectiva y garantizan empleo digno para los trabajadores es extremismo? Sí lo es la propuesta de Cepeda de redistribuir la riqueza para así multiplicar la pobreza e incluso la miseria, como ha ocurrido en los regímenes comunistas. El proyecto de Abelardo y José Manuel no va en desmedro de las legítimas aspiraciones de los trabajadores y los menesterosos, que deben atenderse al tenor de la opción preferencial por los pobres que proclama la Doctrina Social de la Iglesia. Lo que estipula es que se las atienda racionalmente, de acuerdo con las posibilidades comunitarias.

La negativa de Abelardo a hacer componendas con "los de siempre" puede ser susceptible de críticas por su falta de realismo político, como le ha sucedido a Fajardo, pero no es muestra de extremismo, dado que no significa que se persiga a nadie, sino que no se vuelva a la práctica de parcelar el Estado a través de negociaciones que suelen desembocar en corrupción. La acción estatal debe racionalizarse y el punto de partida es convocar el auxilio de los mejores, sobre todo cuando se trata de la reconstrucción del país. La convocatoria de José Manuel representa un magnífico ejemplo de lo que se busca en estos momentos en que se requiere erradicar la apestosa oclocracia que se ha incrustado en los altos niveles de la organización política.

Bienvenido sea el extremismo si por tal se considera la idea de enaltecer la vida pública con el realce de los valores cristianos que constituyen el fundamento de nuestra civilización. Si la Carta Fundamental que nos rige se expidió invocando la protección de Dios, reconocer su presencia en la acción gubernamental es apenas pertinente. No se trata de volver a la intolerancia religiosa ni de imponer por la fuerza un sistema de creencias, sino de promover la política del espíritu que mencioné hace poco en uno de mis escritos. Si los escépticos, incrédulos o indiferentes reclaman sus espacios en ejercicio de la libertad de conciencia y las que de ella emanan, también nosotros los creyentes tenemos derecho a que en la esfera pública se nos respete y permita hacer valer nuestras voces en pro del mejoramiento espiritual de las comunidades. A la hora de la verdad, el verdadero progreso de la humanidad consiste en la promoción de su trascendencia espiritual, que es la que nos hace mejores y a ello no puede ser ajeno el Estado cuya finalidad primordial es la promoción del bien común. No son compatibles con ella los perniciosos ejemplos de degradación con que a diario nos ofende el que nos desgobierna.

Con Abelardo y Juan Manuel rescataremos la dignidad del buen gobierno de la república.