La Ley del Embudo

Todo parece indicar que en las negociaciones de La Habana las Farc lo quieren todo para sí, y el gobierno no cesa de darles gusto en lo que piden. Es como si jugaran al "carisellazo": "Con cara gano yo y y con sello pierde usted."

Mi apreciado amigo Rafael Uribe Uribe recuerda en su última Crónica que las Farc no han cedido un solo ápice en sus pretensiones.(Vid. http://rafaeluribe.blogspot.com.co/). Peor todavía, cada vez piden más y, a medida que lo hacen, el gobierno se va mostrando más complaciente.

Sus últimas exigencias se centran en la seguridad jurídica de los acuerdos que se busca suscribir con sus representantes. Pretenden que se los consigne en "cláusulas pétreas" que vinculen al pueblo colombiano de tal modo que sean del todo inmodificables en el futuro. De ahí que sus agentes oficiosos anden diciendo que el Acuerdo Final que ponga término a los diálogos de La Habana se eleve a la categoría de tratado entre dos altas partes contratantes, el Estado colombiano y las Farc.

Ese Acuerdo Final estaría por consiguiente por encima de la Constitución, que en el porvenir tendría que ceñirse a sus estipulaciones. Y, con más veras, ello ocurriría igualmente con las leyes de la República.

Hay que recordar de nuevo que dicho Acuerdo Final sería resultado de conversaciones privadas entre los representantes del gobierno y los de la organización narcoterrorista, que tal es su ominosa índole, así unos sedicientes intelectuales quieran convencernos de que la llamemos de otra manera más suave y hasta tierna. La opinión pública ha sido una convidada de piedra en esos diálogos. Y sus promotores aspiran a que el electorado les dé visto bueno votando sí o no en bloque, así sea por exigua mayoría, unos contenidos que le serán impuestos desde arriba.

Nada más contrario a la democracia que ello. Pero es un procedimiento que obedece estrictamente a la lógica de las revoluciones, que rara vez vienen de abajo, sino de minorías audaces que se aprovechan de la ignorancia, la indolencia y la desorganización de las comunidades, tal como viene sucediendo entre nosotros.

Llama la atención que las Farc y sus secuaces se muestren tan puntillosos en achaques de juridicidad, pues siempre han proclamado a los cuatro vientos que no reconocen la legitimidad de nuestro ordenamiento jurídico. Es más, tampoco se han mostrado respetuosas del ordenamiento jurídico internacional que ahora invocan tratando de parapetarse en sus disposiciones, pues la suya ha sido siempre la "Ley de la Selva", es decir, la del más fuerte, el más violento, el más cruel, el más implacable, el más sanguinario, el más audaz, el más inescrupuloso. De ello da cuenta el sinnúmero de delitos de lesa humanidad que han cometido contra colombianos de todos los estratos sociales, contra las comunidades e incluso contra sus propios integrantes. Lo que se cuenta acerca de la vida en el interior de sus frentes parece extraído de unas crónicas infernales.

Los capos de las Farc dicen que aspiran a hacer política, pero exigen un cúmulo de garantías y cortapisas que son a todas luces excesivas: conservar sus armas y su dinero, mantener filada a su gente, asegurar su propia protección, debilitar al ejército y la polícía, gozar del control de vastos territorios, beneficiarse de la impunidad que les ofrece el acuerdo sobre justicia, disfrutar de un número todavía no definido de curules gratuitas, ajustar la Constitución y las leyes a la medida de sus obsoletas y delirantes concepciones ideológicas, y ubicarse en posiciones de privilegio que les faciliten la toma del poder por asalto.

Como saben bien que el pueblo no los quiere, su propósito es, lo reitero, hacer la revolución desde la cima, y para ello cuentan con la debilidad, cuando no con la complicidad de Juan Manuel Santos. Este quiere controlar las reformas constitucionales y legales, erigiéndose prácticamente en un dictador, para transformar todo el ordenamiento jurídico colombiano al tenor de las exigencias de las Farc.

Así ocurrirá si el Congreso aprueba el proyecto de Acto Legislativo para la Paz al que solo le faltan dos debates, si la Corte Constitucional lo declara exequible y si el mal llamado Plebiscito para la Paz, en caso de que se lo lleve a cabo, obtiene mayoría favorable.

Juan Manuel Santos quedará entonces facultado para modificar toda la legislación civil, la penal la laboral, la electoral, la tributaria, la comercial, la agraria, la departamental y municipal, etc., en aras de la refundación del país que exigen las Farc. Y si no lo hace al gusto de ellas, se lo cobrarán como es de usanza en esa organización criminal. Es rehén suyo.