Los Escarceos del Zalandrajo

Lo que se está dando a conocer sobre el comportamiento sexual del rijoso espécimen que habitó la Casa de Nariño en el más reciente cuatrienio da pie para varias reflexiones acerca de la vida privada de los gobernantes y sus relaciones con el derecho y la moral.

Desde el punto de vista jurídico, una de las más preciosas conquistas del derecho liberal toca con la protección de la intimidad, uno de cuyos aspectos toca con la vida sexual. Es un lugar común en la doctrina vigente sobre los derechos fundamentales que lo que hagan los adultos voluntariamente en su intimidad escapa al control del ordenamiento jurídico y es del todo libre. Pero, como sucede con cualquier otro principio, en el que se menciona obran ciertas excepciones o condicionamientos. Una cosa es lo que se hace a solas y otra distinta lo que se hace con otras personas, individualmente o en grupo, pues acá es necesario considerar que los demás también obran de acuerdo con su libre voluntad reflexiva. Se excluyen del principio entonces las participaciones que obedezcan a distintos tipos de presión, trátese de la coacción física o incluso de la psicológica, cuando se la ejerza sobre un subordinado o medie algún género de extorsión o de engaño, caso en el cual el asunto ubica dentro de la jurisdicción penal.

Hay un aspecto por así decirlo vidrioso atinente a la dignidad que debe observar quien ejerza la presidencia de la república. El artículo 175-2 de la Constitución Política autoriza al senado para destituir al presidente en virtud de acusaciones que se le formulen relativas a indignidad por mala conducta, que es una causal que escapa a la tipificación de los delitos que prevé el Código Penal y abre las puertas para que penetre la moralidad en el derecho positivo.

¿Cuál es la moralidad aplicable a estos casos?

En términos generales, lo moral toca con tres escenarios que pueden o no ser convergentes: las convicciones personales, las vigencias sociales o algo más profundo que concierne a las relaciones del alma individual con Dios.

Cada individuo alberga sus propias convicciones sobre lo correcto y lo incorrecto. Aspira, en consecuencia, a vivir de acuerdo con ellas y exigir que los demás, incluyendo el cuerpo social, respeten su libre albedrío. Es, en general, el punto de vista de los libertinos y los inconformes con los ordenamientos sociales. Pero éstos obedecen a otra lógica y a través de lo que los sociólogos denominan la presión social tratan de imponer normas de conducta a menudo reforzadas por el peso de las costumbres. Su fuente es lo que algunos filósofos identifican como el se impersonal o colectivo: se ordena, se permite, se desaconseja, se prohíbe, se censura, etc. Es lo que impone la cultura en cada comunidad.

 Los conflictos entre la conciencia individual y la colectiva suelen ser muy delicados. Aquélla trata de imponerse sobre la segunda e incluso modificarla. Ahí está la fuente de muchos cambios culturales que nos ha tocado presenciar en nuestra ya muy larga vida. Pero en muchos casos prevalece la defensa de los intereses sociales, y creo que a ello se refiere la categoría de la indignidad por mala conducta. Si el presidente simboliza la unidad nacional, como lo dice el artículo 188 de la Constitución Política, a él le corresponde dar buen ejemplo incluso en su vida privada, tal como lo haría el buen padre de familia de la venerable tradición romana. A nadie escapa que el móndrigo que nos ha desgobernado ha exhibido los peores ejemplos de mala conducta, como el que protagonizó al llevar a su barragana a una audiencia papal.

Una tercera acepción del orden moral se refiere a la relación del alma con Dios, que los filósofos de la modernidad consideran más bien con la racionalidad, dado que han sustituido al Ser Supremo por la Razón o el Logos. Este aspecto de la moral interesa ante todo con el crecimiento espiritual y, en últimas, con nuestro destino eterno, pero a decir verdad no creo que sea en principio asunto atañedero al ordenamiento jurídico, si bien no cabe afirmar que media una total separación entre el orden espiritual y el social que debe garantizar el derecho. A despecho de quienes proclaman esa radical dicotomía, los fundamentos más profundos del ordenamiento jurídico son de índole religiosa. Piénsese tan sólo en la noción de dignidad de la persona humana, que sólo es comprensible a partir de la creencia cristiana que exalta al ser humano dentro del orden de lo creado.

El zalandrajo de marras justifica su mala conducta en función del valor supremos de la libertad, pero en su desorden conceptual exhibe una ignorancia crasa sobre la problemática de aquélla. Desconoce, en efecto, los nexos inescindibles entre el acto libre y el acto responsable. En el fondo, es digno de lástima.

Un brebaje tóxico

Interrogado en México sobre su identidad doctrinaria, el zarandajo que funge como líder de la oposición entre nosotros se declaró marxista y anarquista.

Sobre lo primero, a nadie podría caberle duda, pues sus simpatías por el comunismo han sido del dominio público. Basta con considerar su apoyo a los regímenes comunistas de la región, su dolencia por la caída del Muro de Berlín, la veneración que exhibió ante la tumba de Mao, su crítica a Stalin por los compromisos que firmó en Yalta o su condescendencia para con los alzados en armas en nuestro país, así como sus constantes ataques contra el capitalismo.

De lo segundo da fe su deplorable conducta personal. Es un transgresor empecinado que no reconoce Dios ni ley. Lo que ha trascendido al público acerca de sus malos hábitos es, simple y llanamente, más que escandaloso, estremecedor. Uno se siente aterrado al saber que un sujeto de semejante calaña haya ocupado la primera magistratura de la república. 

Declararse marxista hoy en día implica reconocerse como seguidor de un pensamiento perimido que no consulta las realidades del mundo en que vivimos. Sus aplicaciones en distintos países muestran sus pésimos resultados en todos los órdenes. Quizás haya en su acervo conceptual algunos elementos rescatables, pero como ideología que intenta dar cabal entendimiento de lo que nos rodea es algo llamado a archivarse en la historia de los devaneos intelectuales.

Sorprende su adhesión emocional a un credo que ha justificado la matanza de más de cien millones de seres humanos a lo largo del siglo XX, de lo que da cuenta un libro imprescindible lectura, "El Libro Negro del Comunismo". Dentro de ese espeluznante inventario no se cuenta la sangre de las innumerables víctimas con que el feroz instinto asesino de los devotos del comunismo ha inundado los campos de nuestra patria.

No menos obsoleta es su adhesión al anarquismo, ideología que gozó de cierto favor en el siglo XIX y principios del XX, pero terminó relegada a círculos de delincuentes radicalmente antisociales. Su idea de un orden espontáneo de las sociedades, ajeno a toda intervención autoritaria, es, más que utópica, delirante.

Ya no se declara seguidor de la Teología de la Liberación, engañifa con la que no hace mucho intentó desorientar a fieles cristianos que no habrían admitido que se manifestara en pro del comunismo ateo. Ya no los necesita para que lo apoyen en los procesos electorales. Le sirvió ese artilugio para conquistar votos campesinos y aldeanos que atrajo a raíz de su visita a S.S. Francisco en vísperas de las elecciones presidenciales de 2022, para lo cual se dice que se repartieron estampitas con fotografías que lo mostraban sonriente al lado del papa.

Combinar marxismo con anarquismo es, como digo, armar un brebaje tóxico. La práctica del marxismo ha conducido a instaurar el más riguroso régimen totalitario de que da cuenta la historia, sobre todo en su versión leninista. Nada que ver con el anarquismo, que reniega de toda autoridad.

No puede considerarse anarquista un personaje que a lo largo de su vida ha mostrado una obsesión desaforada por el poder. Su afiliación desde los años de adolescente al grupo criminal del M-19 que justificaba sus depredaciones motivándolas en el supuesto fraude electoral de 1970 y en las finalidades dizque humanitarias de su proyecto político, lo exhibe más bien como un sujeto afectado por severos desórdenes mentales.

Un autorizado grupo de psiquiatras le pidió al senado que investigara su estado psíquico con miras a declarar su incapacidad para el ejercicio del cargo presidencial. El senado prestó oídos sordos a tan razonable petición y debería responder por omisión culpable al permitir que permaneciera rigiendo los destinos del país quien a todas luces exhibía signos patentes de psicopatía.

Este antecedente da pie para sugerir que mediante acto legislativo se reforme la Constitución Política, con el propósito de que no vuelva a ocupar la presidencia alguien tocado de los graves vicios que están hoy saliendo a la luz en torno de ese móndrigo.

Leyes Imaginarias

Nuestro recordado profesor Miguel Moreno Jaramillo nos hablaba en su cátedra de Introducción a la Ciencia del Derecho acerca de las leyes imaginarias, las que se cree que están en vigencia, pero sólo habitan en el imaginario colectivo.

Tal sucede con la idea de que nuestra Constitución Política, al consagrar la libertad de cultos y la igualdad de todas las confesiones religiosas e iglesias (art. 19), impuso un laicismo radical que excluye del debate público toda argumentación de índole religiosa.

Olvidan los que así piensan que la propia Constitución se expidió invocando en su preámbulo la protección de Dios, al tiempo que le exige al presidente al tomar posesión de su cargo que jure ante Dios cumplir on los deberes inherentes al mismo. El mismo ordenamiento protege las riquezas culturales de la Nación (art. 8) y declara que el patrimonio cultural de la Nación que está bajo la protección del Estado (art. 72), lo que incluye, desde luego, las creencias religiosas que contribuyen a configurar la identidad nacional.

No es cierto entonces que el carácter laico que se desprende del texto del artículo 19 en cita deje de lado toda consideración religiosa en lo atinente al contenido de los derechos fundamentales.

El Colombiano, que ha dejado de ser un periódico conservador y exhibe a menudeo tintes abortistas, censuró hace poco la decisión del gobierno actual de adherir al grupo de países que niegan que haya un derecho internacional al aborto ni obligación de los Estados para aceptarlo, facilitarlo e incluso financiarlo. La queja del editorialista se funda precisamente en una concepción radical del principio del Estado laico que no encuentra asidero en nuestro ordenamiento constitucional. Invoca, pues, una ley imaginaria.

La exclusión de la Ley de Dios del Derecho positivo y la aceptación del aborto son cuestiones disputadas sobre las que no median consensos definitivos.

Es cierto que en el pensamiento jurídico obra con insistencia la mentalidad positivista que considera como referente supremo del derecho la voluntad general que emana de la soberanía popular. Pero esta tendencia ignora que la idea de que el pueblo es soberano tiene origen en las especulaciones que acerca del poder en la sociedad forjaron los teólogos católicos, quienes postularon que ese poder viene de Dios, quien lo adjudica a la comunidad y ésta, a su vez, lo concierta con el gobernante, que se obliga a gobernarla justamente.

El profesor Harold J. Berman, en su excelente libro titulado "La Formación de la Tradición Jurídica de Occidente", observa que dicha tradición hunde sus raíces en el Derecho Canónico, deudor a su vez del Derecho Romano, la Sagrada Biblia y el gran pensamiento griego (la trinidad de Sócrates, Platón y Aristóteles, ante todo, pero también los estoicos). 

Las ideas sobre la dignidad de la persona humana, la igualdad esencial de todos los seres humanos, la compasión para con los menesterosos, el bien común y la justicia como fines fundamentales de la autoridad política, la búsqueda de la paz en las redes colectivas e incluso las ideas de libertad individual, todas ellas están impregnadas de coloración religiosa y específicamente cristiana. Así lo enseñaba el célebre Lord Acton en sus escritos acerca de la libertad.

No podemos entender nuestra civilización prescindiendo de sus raíces religiosas. Ya sabemos cuáles son los efectos de su negación en los totalitarismos nazi y comunista. Hay otro totalitarismo in nuce, el Woke, contra el que acaba de advertirnos y pronunciarse el presidente De La Espriella, que pretende erradicar todos los fundamentos morales de nuestra civilización bajo la consigna de la divinización del ser humano, a cuyo tenor el deseo se erige como suprema instancia del ordenamiento colectivo.

El aborto no es un procedimiento inocuo. Los que lo promueven no se fijan en el modo atroz cómo se lo lleva a cabo, ni en el daño físico y anímico que causa en la mujer, ni en sus muy perjudiciales consecuencias colectivas. Raymond Aron, al que he considerado como unos de mis maîtres à penser, dijo en un reportaje para L'Express poco antes de su muerte: "Nuestra civilización avanza hacia su destrucción: ya quiere aceptar el aborto". No era creyente y su mentalidad se inscribía dentro del liberalismo más riguroso, pero, como él mismo se describía, era un espectador comprometido (vid.Le Spectateur engage - Raymond Aron.pdf).

La crisis demográfica que padece hoy Europa occidental y nos ha contagiado aquí es una consecuencia desastrosa de la Revolución Sexual que se inició en la década de 1960. Uno de sus promotores entre nosotros ha sido el abyecto zarandajo que nos desgobernó en el más reciente cuatrienio. Su comportamiento disoluto erigió la perversión sexual como ejemplo a seguir para nuestra juventud.

Leí hace años en "The Origins of Pagan and Christian Beliefs", de Edward Carpenter, que el triunfo del cristianismo en el imperio romano fue obra de una auténtica revolución moral a la que no le eran ajenas las creencias judías sobre la moderación de las costumbres, que se oponían al libertinaje imperante en la sociedad antigua, muy parecido al que ejerce el móndrigo que dice actuar como supremo líder de la oposición entre nosotros. Lo que ahora se predica como progresismo en lo que a derechos concierne no es, pues, otra cosa que un destructivo retroceso hacia oscuras etapas del acontecer histórico.

¡Viva Cristo Rey!

El presidente De La Espriella manifiesta el celo del converso, lo que no es censurable de suyo, sino encomiable. Hay conversos egregios, como san Pablo, san Agustín y san Francisco de Asís, así como otros más recientes: el cardenal Newman, Jacques Maritain o Chesterton. Es muchísimo lo que la fe les debe a ellos.

La profesión pública de sus creencias religiosas por parte del gobernante tiene de positivo el buen ejemplo que ofrece. Destaca el valor de lo sagrado en una sociedad cada vez más sumida en lo profano. Cuando nada es sagrado, el deterioro moral en la vida de relación se hace incontenible. La actitud del presidente marca un significativo contraste con la que exhibió el indigno zarandajo que lo precedió en el ejercicio del cargo, que no hizo cosa distinta a la de basurear con desvergüenza todo lo atinente con el decoro y el buen comportamiento.

Pero estas manifestaciones deben ser prudentes, pues hay efectos colaterales que conviene evitar.

El primero tiene que ver con unos delicados riesgos espirituales contra los que alerta el texto mismo del Evangelio: la hipocresía, la creencia farisea en la superioridad moral, la intolerancia respecto de quienes no profesan las mismas creencias o la imposición de éstas mediante el ejercicio del poder. Conviene reiterar que la fe cristiana se difunde mejor a través del buen ejemplo y que la coerción en cualquiera de sus modalidades suele resultar más bien contraproducente.

Un segundo efecto colateral se refiere al conflicto religioso con quienes adhieren a otras confesiones o rechazan de plano la presencia de lo religioso en la escena pública. 

Lo estamos viendo en la actualidad. Hay sujetos intransigentes que creen equivocadamente que la Constitución consagra un laicismo radical y cuentan con el apoyo de jueces enemigos de la fe. A sus proditorias iniciativas se deben recientes fallos de tutela que afortunadamente han contado con una juiciosa revisión de parte de instancias superiores. Pero esa intransigencia se pone de manifiesto también en hechos violentos contra templos, imágenes sagradas y personas que dan testimonio de su fe, lo cual suele alterar a veces gravemente el orden público.

La paz religiosa conlleva un valor muy apreciable. Para lograrla se requiere un espíritu verdaderamente liberal como el que campea en nuestra Constitución Política. La libertad de conciencia, cuya censura fue un error del Syllabus, comprensible dentro del contexto de las batallas ideológicas del siglo XIX, garantiza el respeto por toda creencia, salvo la que vaya decididamente en desmedro del orden civilizado y ponga en grave peligro la existencia de la sociedad misma. Y cada creencia goza entonces de la posibilidad de expresarse tanto en forma privada como pública. Es un derecho de cada persona, así tenga la calidad de gobernante. 

Volviendo al tema inicial, cabe plantear si la exaltación de Cristo puede ofender a alguien y considerarse lesiva del orden público. Más allá de nuestras creencias personales, hay que recordar que sus enseñanzas han inspirado la civilización en que vivimos, que sigue siendo cristiana a pesar de los esfuerzos que se han hecho para despojarla de su fundamento espiritual. Esos esfuerzos, dicho sea de paso, están demostrando su iniquidad en Europa occidental, que al pretender erradicar su identidad religiosa han despejado el camino para que se impongan creencias que conllevan la crisis de la civilización y su reemplazo por otra cuyos valores nos resultan muy difíciles de asimilar. Pensemos tan sólo en una civilización del todo materialista, como la que tratan de imponer hoy los medios académicos, o quizás en algo peor, una regida por el Corán.

Hoy escuché una homilía muy estimulante en la misa que transmite Televid. El predicador, un joven sacerdote, invitó a perder tiempo, como la María quizás de Betania, en la compañía de Nuestro Señor Jesucristo, tiempo que nos hace más llevadera la existencia terrenal y nos conduce hacia la bienaventuranza eterna. Como dijo S.S. Benedicto XVI cuando fue elegido papa: «¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da todo» .

¡Cuidado con ese pozo°!...

"Por el camino" es una preciosa zamba que lleva letra de Benjamín Tagle Lara y Carlos Vicente Geroni Flores. Fue muy popular hace años, sobre todo en la versión de Ignacio Corsini. Me contaba el embajador venezolano Juan E. Moreno Gómez, gran conocedor de la música argentina y del que no he vuelto a tener noticias, que cuando Gardel la grabó dijo:"Esta no va. Mucho mejor la de Corsini". Gardel ya había tenido enorme éxito con "El Carretero", que lo consagró en París en 1928.

Pues bien, en la versión de Corsini el carretero le advierte al buey barcino que tenga cuidado con un pozo. Y en la de Gardel la advertencia va por una zanja:"¡Compañero de mi vida, cuidado con esa zanja, no se le quiebre el pértigo, cuide ese buey cola blanca". 

Pozo o zanja, el camino del gobierno menudea en riesgos de toda índole. Ahí abundan los escollos y es fácil tropezar e irse de bruces. Al comienzo todo son fiestas, máxime si el triunfo nos ha librado de una rémora como Cepeda, pero a medida que se va avanzando aparecen, como reza la zamba de Corsini, "los peligros del sendero".

Al presidente Turbay se le reconocía su habilidad política. Mi compañero de universidad Iván Duque Escobar, que fue uno de sus más fieles seguidores, me contaba que una de sus divisas consistía en no multiplicar los enemigos. Según él, cuando uno gradúa a alguien como su enemigo, lo pone a ejercer.

Es lo que, desafortunadamente, está haciendo a troche y moche el presidente De La Espriella, que gradúa enemigos por doquier, olvidando la sabiduría popular que nos dice que no hay enemigo pequeño.

Lo que acaba de acontecer con el presidente de la Andi es, como acaba de señalarlo Rafael Nieto Loaiza, muy inquietante. No conozco personalmente a Bruce MacMaster. Conocí sus padres en Cartagena, que eran unos exquisitos anfitriones cuando había reuniones de la Andi por allá.

 

A propósito, yo fui algo así como un escudero jurídico de Fabio Echeverri Correa cuando el entonces presidente López Michelsen quiso moverle la silla. Echeverri tenía una vigorosa personalidad y no se dejó tumbar. Los que estábamos bajo su mando le colaboramos con todo entusiasmo en su resistencia, que fue eficaz. Mi gran amigo Alberto Velásquez Martínez es testigo y copartícipe de ello.

Las organizaciones gremiales cumplen un papel muy significativo en los procesos gubernamentales. A ellas les corresponde, como enseñan los politólogos, la articulación de intereses, esto es, poner en orden las demandas de sus afiliados y presentarlas debidamente estructuradas a la consideración de los gobiernos. Vale le pena recordar aquí que la Andi surgió precisamente por iniciativa del presidente López Pumarejo, que tenía buenas relaciones con los industriales antioqueños y les recomendó que se organizaran para mejor atender sus solicitudes.

Las entidades gremiales no son apéndices de los gobiernos. Su tarea es servir algo así como de correas de transmisión de las inquietudes de sus afiliados. De ese modo cooperan con la buena gestión de la cosa pública. Bien intencionadas, les suministran información y propuestas a los gobernantes para que acierten en sus emprendimientos.

Aunque he pertenecido al Centro Democrático desde su fundación y sigo creyendo fielmente en sus postulados, en el reciente debate presidencial decidí apartarme de su candidatura oficial y respaldar la aspiración de Abelardo De La Espriella. De ninguna manera estoy arrepentido de mi voto, pues creo que en compañía de José Manuel Restrepo, a quien ya había propuesto como presidenciable en un artículo que publiqué hace algún tiempo, los dos forman una dupla capaz de sacar adelante a Colombia del tragadal en que la dejó sumida el Astado. Hay que apoyarlos en la ingente tarea que están acometiendo, pero ello no quiere decir que debamos abstenernos de advertirles sobre los errores que puedan cometer.

Una vez más manifiesto mi acuerdo con el senador Nieto Loaiza: lo de la Andi no ha tenido buen manejo, lo mismo que lo de las relaciones con el Centro Democrático. Para salir adelante, hay que sumar e incluso multiplicar, en vez de restar y dividir.

Malos perdedores

El desconocimiento de los resultados de la reciente elección presidencial por parte del PH (Pacto Histriónico) muestra a sus dirigentes y activistas como malos perdedores que patean la mesa de juego si no los favorecen sus resultados.

Es bien sabido que la democracia es un régimen que adolece de muchas imperfecciones y su funcionamiento exige varios requisitos sin los cuales está condenada al fracaso. Uno de ellos es la cultura democrática, que conjuga conceptos y valores que deben inspirar a los actores políticos de modo que quienes pierdan elecciones acojan de buena fe el veredicto de las urnas y respeten el triunfo de sus oponentes.

El Astado y su carnal Cepeda, los máximos rectores del PH, invocan fraude y manipulaciones del electorado que no han podido demostrar, como subterfugios justificativos de su rechazo al presidente De La Espriella y el vicepresidente Restrepo, pese a que los observadores internacionales, así como los escrutadores previstos por la ley, confirmaron la transparencia de los resultados del proceso comicial.

Uno y otro quedaron con los crespos hechos. Fieles a sus convicciones comunistas esperaban que la obra de demolición de la institucionalidad que se adelantó en el último cuatrienio podría continuar en el siguiente en beneficio del proyecto revolucionario que los anima. La ciudadanía les dijo que no y en lugar de reconocer su derrota han resuelto convocar a sus hordas para oponerse en manifestaciones supuestamente pacíficas al nuevo gobierno. Ya veremos que se trata de un propósito subversivo que bordea los linderos del Código Penal.

Es claro que el concepto de democracia que los inspira no es el liberal que funda la soberanía en un colectivo de ciudadanos que asistidos por la razón y debidamente informados deciden sobre la cosa pública. Su modelo es el de la democracia tumultuaria que dio origen al Régimen del Terror durante la Revolución Francesa, animada por las más bajas pasiones y sometida a la ceguera de la masa. 

Reitero que el PH es un partido de inspiración comunista que oculta su peligrosa identidad bajo el rótulo del progresismo, cuyo significado es bastante confuso, por no decir engañoso. Recuerdo acá un lúcido ensayo de Raymond Aron, "Progreso y Desilusión". que muestra las inconsistencias de lo que se presenta como un proyecto de redención de la humanidad. Hay, por así decirlo, una ideología del progreso inspiradora de lo que destacados politólogos consideran como una religión secular llamada a sustituir la que forjó nuestra civilización.

El comunismo era un anhelo hace cien años. Hoy resulta ser un trágico fracaso que no sólo ha arruinado a sociedades enteras, sino causado la muerte de más de cien millones de seres humanos, según lo acredita "El Libro Negro del Comunismo" y lo corrobora "El Pasado de un Ilusión".

La democracia se consolida cuando triunfadores y perdedores se someten de buena fe a sus reglas de juego. Pero se debilita si invocando desviadas consideraciones ideológicas se desconocen sus resultados. 

Con los comunistas es muy difícil el diálogo, porque ellos por principio niegan la buena fe de sus contradictores y obsesionados por sus delirios consideran que sólo ellos son los legítimos intérpretes de la voluntad y las aspiraciones del pueblo.

Reitero que es muy inquietante que un elevado porcentaje de nuestra opinión siga apoyando a los comunistas que controlan el PH.

Viento de loma, cálido arrullo de la paloma

Como en los sentidos versos de Homero Manzi, el ambiente que hoy respiramos en nuestro país suscita buen ánimo sobre los tiempos venideros, bajo la guía de gobernantes que inspiran respeto y confianza por la dignidad y la responsabilidad con que han iniciado la conducción de la república. Lejos estamos al parecer de las miasmas que nos tenían sofocados bajo el desgobierno del Astado y la hez que lo rodeaba. 

Pero el entusiasmo hoy reinante no debe de inducirnos a olvidar que el nuevo gobierno ha recibido un país al borde de la ruina desde todos los puntos de vista. Por donde se la mire, la herencia de esa cauda de truhanes asusta y obliga a poner los pies sobre la tierra.

La tarea que le espera al Tigre es descomunal y requiere el apoyo decidido de todos los colombianos de buena voluntad. Es indispensable unir esfuerzos alrededor de la coalición que lo respalda en el congreso, limando asperezas y superando fisuras que en mala hora han venido apareciendo.

Estoy enteramente de acuerdo con el senador Rafael Nieto Loaiza cuando advierte sobre la necesidad de que las relaciones con el congreso se adelanten reconociendo que es la corporación que representa los diversos y complejos matices de nuestra sociedad.

El finado Luis Carlos Galán, que enarboló las banderas de la lucha contra la corrupción política, reconocía que en el congreso se contaba con personas, excelentes, buenas, regulares, malas y pésimas. El Astado, que se formó en los tragadales de la delincuencia política que defendía dizque en aras de la justicia social, se inclinaba por atraer a esas últimas categorías. Ahora lo que toca es convocar a la excelencia para contar con sus luces en pro de la reconstrucción de Colombia.

No podemos ignorar que, en ausencia de partidos fuertes como los había en el pasado, hoy la gobernanza requiere configurar coaliciones que agrupan tendencias disímiles que suelen ligarse por intereses coyunturales. El manejo de esa diversidad exige mucho tacto de parte de los llamados a conducirla. Todo político aspira a incrementar su poder y es frecuente que en una coalición trate de lograrlo a costa de sus aliados ocasionales. En el caso presente, hay un conjunto que sobresale por su nivel de votación, el Centro Democrático, y no resulta extraño que otros de menor entidad traten de cobrar relevancia a sus expensas. Esa actitud debilita la coalición y mina los esfuerzos que demanda la tarea común.

Aunque es dudoso que la partición casi que por mitades que se puso de manifiesto en la contienda presidencial se mantenga vigente, hay que admitir que por lo menos cerca de un 40 % de la opinión podría conservar su apoyo a la tendencia comunista que solapadamente dirigen el extravagante Astado y su oscuro carnal Cepeda. Es de esperar que esa tendencia vaya debilitándose a medida que el buen gobierno del Tigre muestre sus frutos, pero de todas maneras es indispensable prestarle atención, máxime si se considera la cercanía de las elecciones del año entrante. Ya lo he dicho en otras ocasiones: se trata, como en una célebre película mexicana, de dos tipos de cuidado. El primero de ellos es un agitador irresponsable que busca tensar las cuerdas más oscuras y pugnaces del resentimiento popular. Lo ha hecho con éxito en un pasado reciente y podría ensayarlo de nuevo. El segundo es un tenaz odiador, como lo demuestra la implacable e injusta persecución judicial que a lo largo de varios años ha desatado contra el expresidente Uribe en venganza por haber arrinconado a sus amadas Farc. Son dos energúmenos que suscitan las fuerzas del Averno. Hay que darse la bendición cuando se los menciona.

En síntesis, al optimismo que han traído consigo los inicios del actual gobierno se hace menester rodearlo de buenas dosis de sentido de la realidad política. No hay que olvidar que la política se adelanta primero que todo con base en hechos que, como decía Lenin, son tozudos.

Cuatro Preguntas

La religiosidad que se ha manifestado en el actual gobierno ha suscitado ásperas reacciones de muchos que son indiferentes respecto de asuntos que para la mayor parte de la humanidad resultan de gran importancia o, peor aún, son abiertamente escépticos e incluso francos enemigos de todo lo que huela a religión y hasta a espiritualidad.

Todos ellos esquivan cuatro preguntas fundamentales acerca de Dios, el destino final de nuestra personalidad, las normas supremas que rigen sobre las que obran efectivamente en las colectividades y la realidad del mal.

El presidente De la Espriella ha dicho que es necesario ubicar a Dios en el sitial que le corresponde en la cima de nuestra institucionalidad. No en vano la Constitución vigente se expidió invocando la protección de Dios, lo que implica que, sin desmedro de la libertad religiosa, se reconoce y exalta la Divina Majestad. No se ha consagrado entonces una neutralidad absoluta en materia de religión ni muchísimo menos un derecho fundamental a impedir que los gobernantes expresen sus preferencias al respecto. Los que desdeñan a Dios e incluso lo niegan y pretenden desarraigarlo de la mente humana profesan desde luego una increencia respetable en virtud de la garantía constitucional de la libertad de conciencia, pero dejan de lado la distinción inevitable desde los puntos de vista lógico y metafísico entre el ser necesario y eterno, que no puede no ser, y el finito y contingente que, en cambio, puede dejar de ser. La materia que los positivistas consideran como la única realidad tuvo, según la ciencia, principio y tendrá fin, por lo cual no constituye la instancia absoluta y suprema de la realidad.

Uno de los temas básicos de toda religión toca con nuestro destino eterno. El materialismo dominante en muchos sectores hoy en día proclama que venimos de la nada, "arrojados a la existencia" según Heidegger, y destinados a la muerte, que constituye nuestro final ineluctable y definitivo. Pero, qué tal si fuera cierto que tras la muerte biológica nos espera un más allá, asunto sobre el cual media hoy una documentación tan abundante y precisa que no resulta prudente despacharlo de buenas a primeras. Yo he tenido al respecto experiencias tan vivas que no puedo desconocer y me inquietan a diario. Tengo la certeza de que cuando llegue mi hora haré el tránsito a otra vida en la que espero que Dios se apiadará de mis múltiples errores.

Un capítulo fundamental en el estudio de las normatividades sociales versa acerca de si hay instancias supremas que orienten sus contenidos y garanticen el vigor de sus mandatos. Es asunto que en últimas remite a la Ley de Dios, que los creyentes pensamos que se resume en el Decálogo y sobre todo en los dos grandes mandatos evangélicos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos (Mt. 22 37-39). Muchos sujetos sin Dios ni Ley, como el Astado, niegan estas ideas y remiten el fundamento de las normatividades a una deidad que, repito parafraseando a Montaigne, es "vaga, vana y ondulante".

 Se me ocurrió ayer, en una amena charla en la se cuestionaba que muchos graves escándalos queden impunes, que de la justicia se piensa en tres escenarios muy distintos, aunque pueda haber relaciones entre ellos: el de la Justicia Divina, que muchos niegan o tergiversan, y de la que nadie escapa; el de la Justicia legal, que exploró con rigor Aristóteles y es desafortunadamente incierta y falible, tal como lo experimentamos a diario; y el de la que podríamos llamar Justicia Criolla, que retrata un tango muy censurable y se identifica con la justicia con la propia mano, y no es otra cosa que la venganza. Es la justicia que invocan los alzados en armas para legitimar sus depredaciones.

A mis discípulos solía citarles el pensamiento de san Agustín, según el cual sin Dios no puede haber pueblo, ni ley ni justicia.

Queda la cuarta pregunta, que versa sobre el problema del mal. Sócrates lo reducía a una cuestión de ignorancia: el malvado se equivoca respecto de la apreciación del bien. Recuerdo que Artur Koestler, varios de cuyos escritos leí con mucho interés y provecho, pensaba que surgía de un desequilibrio entre el cerebro límbico que compartimos con los reptiles y el evolucionado del neocórtex. Pero la explicación que más me satisface es la del entonces cardenal Ratzinger: hay manifestaciones del mal que sólo cabe explicar por influencias de agentes externos, oscuros y en extremo perversos, como los que actúan a través del Astado y sus compinches. De esos agentes dan cabal cuenta los exorcistas y en particular el padre Amorth (vid. Habla Un Exorcista). Los demonios existen y obran de modo implacable sobre los seres humanos. Basta con abrir la prensa cotidiana para encontrar múltiples testimonios de la presencia del mal en las sociedades. Se ha denunciado, por ejemplo, su actividad en la Casa de Nariño bajo el desgobierno del Astado.

Pleitos viejos

Mi bisabuelo Indalecio Arbeláez Tobón consideraba a los liberales de su época como tizones del infierno. No le faltaban motivos, pues su hermano, el presbítero Eustaquio Arbeláez Tobón, de quien espero se conserve su retrato en la iglesia de Jesús Nazareno en Rionegro, fue víctima de la inicua persecución que desataron los radicales contra la Iglesia Católica en la segunda mitad del siglo XIX. De ello da cuenta, por ejemplo, la agresiva oratoria de José María Rojas Garrido, quien predicaba la necesidad de erradicar la religión entre nosotros.

Esa rabiosa política anticlerical contribuyó al fracaso de la Constitución de Rionegro y el consiguiente triunfo de la reacción conservadora en 1886, en la que jugó un papel decisivo Carlos Holguín, tal como lo cuenta Gonzalo España en uno de sus deliciosos libros.

La cuestión religiosa fue tema crucial del debate político en Colombia hasta bien entrado el siglo XX. Allá por los años 30 Alfonso López Pumarejo llegó a sostener que, si bien las fronteras ideológicas entre los partidos liberal y conservador se estaban desdibujando, persistía el debate sobre el papel de la Iglesia en la vida pública. La reforma concordataria a principios de los años 40 suscitó nuevos debates que fueron atizados por la feroz oratoria de Laureano Gómez, quien a la postre obtuvo que en los acuerdos del Frente Civil, que luego tomó el nombre de Nacional, quedara consagrado el principio de que la religión católica, apostólica y romana era la de la nación y, como factor básico del orden social, gozaría de la especial protección del Estado. 

El principio rigió hasta 1991, cuando en el debate de la Asamblea Nacional Constituyente se discutió sobre el fundamento de la soberanía y se proclamó la garantía de la libertad e igualdad de cultos, con el consiguiente derecho de toda persona a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.

De hecho, el acuerdo político que se plasmó en el plebiscito de 1957 para instaurar el Frente Nacional contribuyó decisivamente a superar la llamada cuestión religiosa como centro de los debates entre liberales y conservadores, en lo que también tuvo que ver la evolución de la Iglesia Católica, que fue dejando atrás las posturas ultramontanas para adoptar actitudes más serenas en torno de la cosa pública. En la Iglesia se pusieron de manifiesto no sólo tendencias liberales, sino francamente socializantes, tal como se vio en el encuentro de Medellín en 1968. Su cercanía con el Partido Conservador prácticamente se difuminó en esos años. Los baculazos de monseñor Builes y los bandazos de monseñor Perdomo ya eran cosa del pasado. En otra época, las campañas presidenciales de los comunistas Petro y Cepeda habrían dado lugar a que los púlpitos abundaran en advertencias y condenas para orientar a los fieles acerca de cómo deberían votar. No sucedió así e incluso tengo conocimiento de clérigos que votaron por Petro en 2022.

En la Asamblea Nacional Constituyente se debatió sobre la invocación de Dios como fuente suprema de toda autoridad. Se quería retomar la fórmula de 1863, copiada de la Constitución norteamericana, que centraba el principio de legitimidad exclusivamente en la voluntad popular. Recuerdo que el finado Vélezefe publicó una graciosa caricatura en la que aparecía san Pedro informándole al Padre Eterno que aquí había unos interesados en excluirlo de la Constitución, a lo que Él respondió que también los estaba borrando de la lista de sus elegidos. El debate se zanjó con una fórmula transaccional: la Constitución se expidió dizque por el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, pero invocando la protección de Dios.

Es claro que nuestro ordenamiento no consagra un laicismo radical que ignora y combate la realidad cultural de la identidad cristiana de nuestro pueblo, pero ya no le brinda protección especial a la Iglesia Católica respecto de otros credos.

De esta disposición del artículo 19 de la Constitución se han extraído por la Corte Constitucional y ciertos funcionarios judiciales, así como políticos y periodistas animados por prejuicios anticatólicos, conclusiones a mi juicio carentes de rigor jurídico con las que se pretende impedir la gestión de la política del espíritu que aspira a llevar a cabo el actual gobierno.

Su propósito no es imponer la fe por la fuerza. Los verdaderos creyentes sabemos bien que la fe nace de una gracia que nos es concedida por el Supremo Hacedor. No es fácil llegar a ella y conservarla, pues exige un denodado esfuerzo espiritual, muchas veces nacido de experiencias perturbadoras. Conviene traer a colación lo dicho por un converso eminente, Marshall McLuhan: " A la Iglesia se entra de rodillas". Para seguir sus pasos debemos despojarnos de muchísimos prejuicios y adoptar una actitud humilde ante los  supremos misterios. A Dios llegamos abriendo nuestras mentes, nutriendo nuestros corazones y animando nuestras voluntades. No todos lo logran y es inútil forzarlos a ello. Pero no podemos ignorar el valor de la oración, de la que yo he sido beneficiado en grado sumo, ni el del buen ejemplo, que estimula a los vacilantes.

Los librepensadores a ultranza ignoran que el catolicismo se nutre de cerca ya de 2.000 años de reflexiones y certidumbres acerca de los hechos básicos que lo sustentan. No se trata de mitos ni de las ideas delirantes de que hablaba Freud, sino de realidades que están al alcance de todas las personas de buena voluntad. Sus ideas han permeado toda una civilización de la que nos ufanamos. ¿Cuánto le debemos al principio de la dignidad de la persona humana, que es el supuesto de los derechos fundamentales, o al de que la autoridad del Estado sólo se justifica por la búsqueda del bien común? ¿Cuál es el papel del Decálogo en la moral tanto individual como colectiva que profesamos? ¿Cómo influye la idea cristiana de la familia en el orden civilizado? Vuelvo a ello evocando un texto clásico que he citado en otras ocasiones: "Family and Civilization", de Carle E. Zimmerman. Sus conclusiones son del todo pertinentes acerca de la crisis que hoy afecta a la familia y se proyecta hacia la civilización entera. Para la muestra, el desorden familiar del que ha venido dando tan pésimo ejemplo el Astado. Todo ello sin mencionar el papel que la idea judeo-cristiana del orden cósmico ha jugado como fundamento de la ciencia occidental, que a no dudarlo reposa sobre fundamentos metafísicos.

Chesterton decía que el que deja de creer en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Los que dicen creer tan sólo en la razón la erigen como deidad suprema, sin percatarse de que uno de los grandes logros de la filosofía medieval fue identificarla precisamente con un atributo de Dios que se proyecta en la naturaleza y nuestras mentes. Separarla de Dios es la fuente de múltiples extravíos de los pensamientos moderno y postmoderno.

Los enemigos de la Iglesia Católica y los demás credos cristianos claudican ante la reviviscencia de credos ancestrales que niegan los valores de nuestra civilización o respecto del relativismo ético que mina todo su vigor espiritual, pues, como dijo con gran acierto Dostoievski, "Si Dios no existe, todo es posible". Lo han dicho otros: si todo valor es relativo, nada vale en absoluto. Esos enemigos creen ampararse en valores de cuyo fundamento no pueden ofrecer razón suficiente y son del todo deleznables.

No es la hora de atizar controversias religiosas ya superadas que derivaron en severos daños institucionales, bien fuera en guerras civiles o en regímenes autoritarios. El verdadero liberal, así se muestre escéptico o indiferente en materia religiosa, reconoce la libertad de los creyentes para profesar sus respectivos credos y difundirlos. Y si explora los fundamentos de su liberalismo, se encontrará con las ideas cristianas, tal como lo reconoció Lord Acton.

¡Arden los demonios!

Una seguidilla de pronunciamientos judiciales en torno de acciones de tutela promovidas por enemigos declarados de la religión y acatadas por jueces que los secundan, invocando una versión sesgada de la laicidad del Estado que proclamó en 1991 el ordenamiento constitucional hoy en vigencia, pretende erradicar toda manifestación de religiosidad no sólo en el ámbito estatal, sino en las actuaciones incluso privadas de los servidores públicos.

Es cierto que nuestra Constitución Política consagra la separación de la Iglesia y el Estado, pero como lo he señalado en otros escritos, su contenido no es contrario a la religión, puesto que su preámbulo invoca la protección de Dios y el artículo 192 lo menciona en el juramento que debe prestar el presidente al tomar posesión de su cargo. 

Si la Asamblea Nacional Constituyente invocó la protección de Dios al expedir la Constitución, no se ve la razón jurídica para censurar a los servidores públicos que le pidan auxilio para acertar en sus decisiones.

Tal como lo he dicho en ocasiones pasadas, la laicidad es un principio que puede interpretarse de distintas maneras. 

Una es la versión norteamericana que quedó consagrada en la Constitución partiendo de la base de la diversidad de credos religiosos que reinaba en las 13 colonias. La fórmula que se adoptó no privilegiaba a ninguna iglesia, pero tampoco declaraba la hostilidad contra el credo religioso en sí mismo considerado. De hecho, el presidente jura sobre la Biblia al tomar posesión y en los Estados Unidos ha prevalecido la libertad religiosa, sin perjuicio de reconocer la identidad cristiana de la nación, que únicamente Obama se atrevió a negar, dado que probablemente haya seguido siendo musulmán, tal como lo matricularon en una escuela católica en Indonesia y a pesar de haberse hecho bautista tardíamente para aspirar a la presidencia.

Otra versión de la laicidad procede de la Revolución Francesa y es claramente de inspiración masónica en su enemiga radical contra el catolicismo. Esta tendencia alentó la feroz persecución contra la Iglesia Católica que dio lugar a episodios tan aterradores como el de la Vendée. Napoleón puso punto final a ello con el Concordato de 1801. Pero la persecución renació en la Tercera República que estaba a merced de la masonería, la que inspiró las normas de separación de 1905. Hay un ilustrativo libro de Jean Sévillia acerca del tema: "Quand les catholiques étaient hors la loi" (vid. Quand les catholiques étaient hors la loi : Jean Sévillia- Ebook histoire - Ebook arts, culture & société | Cultura). Esta versión radical se padeció en nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX y dio lugar a la reacción que operó en 1886 y se mantuvo en la Constitución, con variantes hasta 1991. El laicismo extremo inspiró a los regímenes comunistas y se manifestó en la década de 1920 en México, dando lugar a la Guerra Cristera, y en España en la década de 1930, ocasionando en buena medida la guerra civil.

Esta tendencia se nutre de la idea de la Ilustración según la cual la religiosidad corresponde a estadios primitivos de la evolución de la humanidad, destinados a superarse por medio de la razón y del pensamiento del positivismo, que de hecho proclama el materialismo y excluye la dimensión espiritual del ser humano. A los devotos de este reduccionismo les recomiendo que lean "The End of Materialism", de Charles E. Tart, Ph. D. Se lo sugiero a alguien que, citado por El Colombiano de hoy, anda con el cuento de que en la universidad no tienen cabida los dogmas religiosos, cuando precisamente la universidad europea surgió de la iniciativa de la Iglesia Católica.

Will Durant, en "Filosofía, Cultura y Vida", observa que las creencias fundamentales de cada civilización evolucionan y son sustituidas por otras. Es lo que se advierte en los tiempos modernos, en los que la religión tiende a reemplazarse por la ideología, cuyo estatuto racional deja muchísimo qué desear.

El estudio de las sociedades humanas sugiere que la religiosidad está inscrita en la naturaleza misma del hombre, si bien se proyecta de múltiples modos en su imaginario, su pensamiento, su sensibilidad, sus acciones y sus creaciones. Todas las civilizaciones remiten a principios supremos de índole religiosa. La idea de la excelencia moral es inseparable de la de trascendencia espiritual y toca en el fondo con la mística. 

Claude Tresmontant ha demostrado que la incompatibilidad entre ciencia y religión surge de prejuicios que ignoran datos fundamentales de la realidad. Profundo pensador católico y profesor eminente de Filosofía de la Ciencia en La Sorbona, galardonado por su actividad intelectual con el Gran Premio de la Academia de Moral y Ciencia Política por todas sus obras en 1987, señala que el Evangelio ofrece de hecho los fundamentos de una verdadera ciencia, la de la realización plena del ser humano. Junto con él, muchos otros cultores de la ciencia han proclamado su adhesión a la fe religiosa, como es el caso de Francis S. Collins con su libro "Belief: Readings on the Reason for Faith".

No cabe duda de que la religiosidad es dato esencial de la identidad cultural de cada pueblo, identidad que goza expresamente de protección constitucional al tenor de los artículos 3, 4, 70 y 72, lo cual no obsta para el reconocimiento de la libertad y la igualdad religiosas que consagran los artículos 18 y 19 de la Constitución. En rigor, lo que promueven los impíos que se duelen de las manifestaciones de religiosidad del actual gobierno no es la libertad religiosa, sino más bien su restricción, al tratar de impedir que los gobernantes testimonien la fe que los inspira. ¿Qué molestia hay si en la posesión presidencial intervienen con sus oraciones un rabino judío, un pastor evangélico y un sacerdote católico? ¿Afecta ello de cualquier modo el derecho de terceros de profesar credos diferentes o no profesar ninguno?

Llama la atención que los que ahora protestan contra Abelardo porque aspira a ubicar a Dios en el lugar que le corresponde dentro de nuestra institucionalidad hayan guardado silencio respecto de las diversas manifestaciones de adhesión del Astado para con los cultos ancestrales y la hechicería colindante con el satanismo. Tal como lo denuncié hace algunas semanas, ese funesto personaje realizó en la Casa de Nariño por lo menos un ritual de brujería para perjudicar a Abelardo, lo cual fracasó porque algunos de los integrantes de la Guardia Presidencial que estaban presentes se pusieron a rezar para protegerse de los demonios que se estaban invocando. Esos demonios están enfurecidos con el nuevo gobierno y excitan a demandantes y jueces que les son propicios para impedirle llevar a cabo la indispensable política del espíritu que se requiere para enderezar el rumbo de nuestra adolorida patria colombiana. 

No cabe duda de que lo que estamos presenciando hace parte de un combate espiritual que enfrenta a fuerzas sobrenaturales.

En saliendo el alacrán de casa...

 Hay un comprensible revuelo por la autorización que ayer otorgó el Senado al oprobioso expresidente que acaba de quedar en la calle para ausentarse del país a lo largo del año venidero, con la condición de que informe previamente las fechas y los lugares de sus desplazamientos.

Como muchos quisieran verlo no sólo entre rejas, sino sometido a los más crueles suplicios, alzan a tutiplén sus voces contra lo que consideran una aberrante traición del CD al votar a pie juntillas con el PH y otros partidos en favor de dicha iniciativa.

Se invoca para ello la justicia, que en su faceta humana apenas está dando los primeros pasos para investigar los múltiples desafueros que se le endilgan; pero no sobra recordar que, a diferencia de la Divina, la justicia de los hombres suele estar permeada por tendencias non sanctas en las que prevalecen el odio y la venganza.

Un amigo que es muy piadoso me contó que en medio de la confesión le dijo al sacerdote que le deseaba la muerte al sujeto de marras. El levita le recomendó que pidiera para él una buena muerte.

Este es un aspecto muy importante de la cuestión. El expresidente Uribe, que ha sido víctima propiciatoria de la venganza de los comunistas, ha pedido que no se manifieste odio contra su colega que vaga hoy hacia la desgracia. El consejo es sano y oportuno a más no poder. En medio de una tragedia como la que acaba de propinarnos la naturaleza la concordia ciudadana se hace indispensable para superar los daños de toda índole que nos dejan sus secuelas.

Vuelvo sobre la recomendación que hice en días pasados acerca del importante libro póstumo de Abelardo Forero Benavides, "Colombia, un drama", para insistir en los deletéreos efectos del odio en la vida comunitaria. A mediados del siglo pasado el país estaba dividido por el odio entre liberales y conservadores, con sus devastadores efectos que derivaron en la Violencia, así con mayúsculas. Hoy se divide entre abelardistas y petristas, unos dicen que casi por mitades y otros quizás mejor informados afirman que la proporción va más o menos en un 60% para los primeros y un 40% para los segundos. Sea de ello lo que fuere, esos porcentajes no son sanos y nada bueno auguran para los tiempos venideros.

Digo esto para señalar que el paso que dio el Senado se encamina a mitigar la confrontación. Si se hubiera negado el permiso de salida, los petristas se habrían enardecido más todavía alegando inicua persecución contra su líder. No sobra recordar un dicho apócrifo que se agrega a la escena del prendimiento en Getsemaní: "Mira cómo estamos, Pedro, y tú cortando orejas". Lo del Senado constituye un gesto de apaciguamiento y no una claudicación. Tarde o temprano la justicia hará su obra, así sea por designio providencial.

Media, por otra parte, una razón pragmática para autorizar la salida hacia el exterior de tan siniestro personaje. Acá estaría cerca de sus secuaces conspirando a todas horas. Fuera del país ello no le resultaría tan fácil. Además, allá estaría a merced del Mossad y otros funestos enemigos que le ha granjeado su intemperancia verbal. Como reza el dicho popular, es preferible que ese alacrán quede por fuera de casa.

Conviene insistir en el desarme de los espíritus. La política es escenario por antonomasia de contradicciones y de lo que trata la civilización es de encauzarlas en procura de lo mejor para la comunidad, aceptando la parte de razón que pueda asistir a cada tendencia.

In God We Trust

Desde hace algún tiempo he venido pidiéndoles a Dios y a la Santísima Virgen que nos protejan del comunismo y de las perversas intenciones de Petro y de Cepeda. Acompaño mi ruego para que iluminen, bendigan y protejan a Abelardo y José Manuel en su propósito de enderezar el rumbo de nuestra patria.

Esas mismas intenciones se pusieron de manifiesto ayer en la ceremonia de posesión presidencial, en la que hubo una oración interconfesional para pedir por el buen suceso de la nueva administración.

A ciertos laicistas recalcitrantes les ha disgustado este aspecto de la jornada de ayer, pues su talante no sólo irreligioso sino antirreligioso les hace creer que el Estado laico no sólo debe ser indiferente, sino enemigo de la religión.

Eso no es cierto. Por eso he acudido para titular este escrito a la divisa que preside el dólar estadounidense: "In God We Trust". En castellano traduce "En Dios Creemos".

Uno de los grandes aportes del constitucionalismo de los Estados Unidos es la idea del Estado libre y la Iglesia libre, fundada en que en las 13 colonias no había una confesión religiosa dominante, sino una variedad que impedía el predominio de unas sobre otras. Aunque entre los Padres Fundadores había masones que profesaban el Deísmo que después evolucionó hacia un ateísmo puro y simple, el hecho social de la profunda religiosidad de los habitantes del territorio no hizo aconsejable que hicieran carrera manifestaciones contrarias a la religión, lo que favoreció la convivencia pacífica de diferentes credos religiosos e incluso el crecimiento de la religión católica en su país. Allá ha prevalecido el principio de la libertad de religión, que no se opone a la manifestación pública de los eventos religiosos. 

La Revolución Francesa impuso otra versión del laicismo que condujo a perseguir a los católicos del modo más inclemente e incluso aterrador, de lo que da cuenta el espantoso episodio de la Vendée. Ese laicismo, inspirado no en la libertad de religión sino en libertad de la religión, a la que la ley de los tres estadios consideraba como fenómeno propio de la infancia y la adolescencia de la Humanidad e incompatible con la Edad de la Razón, inspiró las atroces persecuciones que tiempo después se desataron contra la Iglesia Católica en América Latina y con especial crudeza en México en los años 20 del siglo pasado y en España en los 30. Nuestro país no fue inmune a esa plaga que impregnó la política de los radicales en la segunda mitad del siglo XIX y suscitó la reacción clerical que quedó consagrada en la Constitución de 1886.

La Asamblea Constituyente de 1991 abandonó el reconocimiento de Dios como fuente suprema de toda autoridad e invocó la supuesta voluntad popular como fundamento de sus disposiciones, pero reconoció que las dictaba bajo la protección de Dios. Este planteamiento suscita importantes consecuencias jurídicas y políticas. La separación del Estado y de la Iglesia que se consagró como base de la libertad religiosa no implica la enemistad ni la indiferencia entre ambas potestades. La Constitución misma declara en su artículo 70 que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. Y agrega en el artículo 72 que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. ¡Qué duda cabe de que la tradición católica conlleva manifestaciones entrañables de nuestra identidad cultural!

El laicismo extremo que pretende erradicar de la escena colectiva toda connotación de índole religiosa ignora que tanto la idea de bien común para sustentar la legitimidad del poder del Estado, como la de dignidad de la persona humana como base de los derechos fundamentales, se nutren de lo más excelso de la tradición del pensamiento católico. Si a las ideologías se les presta algún mérito, como negarlo a lo que sustenta toda una civilización.

Volver a ubicar a Dios en el sitial que le corresponde, como lo propone Abelardo, no significa consagrar un régimen teocrático ni discriminar a los no creyentes, sino admitir que más allá del derecho positivo rige una Ley superior que se resume en el Decálogo. Ignorar los Diez Mandamientos es una de las causas de la tremenda crisis en que estamos sumidos.

En mis cursos de Teoría Constitucional y Filosofía del Derecho les hacía ver a mis discípulos que la mirada hacia Dios de parte de los gobernantes implica el reconocimiento de que sobre el poder que ostentan rigen unos valores superiores que en últimas lo legitiman y que, de todos modos, ello es preferible a que rindan culto a esa deidad vaga, vana y ondulante que, adoptando los célebres términos de Montaigne, caracteriza al Demos.

Uno de los dramas de la modernidad es la negación de la dimensión espiritual y por ende religiosa del ser humano. Al rescate de la primera se aplica un libro de Jerry Kroth cuya lectura estoy terminando y que recomiendo vivamente: "Psyche' exile: an empirical odyssey in search of the soul". Tengo en mente otro, del Dr. Manuel Sans Segarra: "La Supraconciencia existe: vida después de la vida". Ambos desafían a través de evidencias incontrastables el dogma que prevalece hoy en ambientes académicos acerca de que la conciencia es un epifenómeno ilusorio de la actividad físico-química del cerebro.

Se critica a Abelardo porque invoca a Dios y se sesgan los episodios de hechicería que ha protagonizado Petro, no sólo con la supuesta posesión espiritual que protagonizó con Francia Márquez antes del 7 de agosto de 2022, sino en la propia Casa de Nariño, de lo que hay un testimonio irrefutable. En ciertos medios se especula además sobre su pertenencia a cierta confesión de origen africano. Es muy probable que dicha sede esté infestada por presencias infernales, por lo que resulta prudente que Abelardo se niegue a ocuparla.

No podemos desconocer que nuestro país ha sido escenario de un fragoroso combate espiritual que nos enfrenta a potencias demoniacas. La droga, la violencia, la corrupción y otras funestas adversidades nos obligan a mirar de nuevo hacia Dios y rogarle que nos tenga de su mano.

Fronterizos del delito

Insisto en que quien nos desgobierna y el que contra toda evidencia insiste en haber sido despojado del triunfo en el más reciente debate presidencial bordean descaradamente el Código Penal.

Al fin y al cabo, son dos comunistas de línea dura que ocultan su verdadera identidad política bajo el engañoso rótulo de "progresistas", pero son devotos de la doctrina de Carlos Marx según la cual "la violencia es la partera de la historia" y la legalidad liberal es una superestructura que esconde la explotación del pueblo por las clases privilegiadas.

En otra ocasión he observado que la exigencia que el segundo de aquéllos le hace al presidente electo de renunciar a su ciudadanía norteamericana como condición necesaria para reconocer no sólo la legalidad  sino la legitimidad de su elección bien podría encasillarse dentro de las normatividades del constreñimiento ilegal e incluso de la extorsión que tipifican los artículos 182 y 244 del Código Penal.

El primero de ellos sanciona al que, fuera de los casos expresamente previstos como delito, constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa. El constreñimiento puede consistir, según la doctrina, en violencia, amenazas o coacción. Y en el caso de que se trata las amenazas consisten en desconocer su investidura y excitar a la población a la desobediencia dizque civil y pacífica, que no es otra cosa que la antesala de la reacción violenta. En lugar de acudir a las acciones previstas por el ordenamiento jurídico para dilucidar la legalidad de la elección, amenaza con vías de hecho potencialmente subversivas.

Ello podría examinarse también a la luz de lo dispuesto por el Código Penal para la extorsión, en que incurre el que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero.

En este caso se da la amenaza de la desobediencia comunitaria si el presidente electo no se pliega a la exigencia que se le formula so pena de desconocer su investidura, a lo cual no tiene derecho el que la formula, de modo que si el amenazado se pliega a lo que se le exige aquél obtiene provecho, utilidad o beneficio ilícito.

En lo que concierne al inquilino de la Casa de Nariño, lo que ayer publicó en la madrugada acerca de la conformación de milicias populares encargadas de velar por la continuidad, así fuere por la vía armada, de los supuestos avances sociales de su gestión gubernamental, lo acerca a lo que prohíbe el artículo 345 del Código Penal sobre la promoción de grupos de delincuencia organizada y grupos armados al margen de la ley. La pena en tal caso consiste en prisión de 13 a 22 años y multa de 1.300 a 15.000 salarios mínimos mensuales vigentes.

Acerca de la jurisdicción encargada de juzgarlo hay que distinguir entre los delitos cometidos antes de las 3 de la tarde del 7 de agosto de 2022, los cometidos entre esa fecha y las 3 de la tarde del 7 de agosto del presente año y los que cometiere después. Los de la primera y la tercera etapas corresponden a la justicia ordinaria, por lo cual considero que las acusaciones sobre la financiación ilegal de su campaña presidencial deberán pasar a la misma y salir del resorte de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Respecto de la competencia de esta última para ocuparse de delitos cometidos durante su período presidencial encuentro que podría haber contradicción entre los artículos 174 y 199 de la Constitución Política.

El primero de ellos dispone que le corresponde al Senado el juzgamiento de hechos u omisiones de altos funcionarios, incluido el Presidente de la República, ocurridos dentro del ejercicio de sus cargos, aunque hubieren cesado en ello. Según esto, conservará el fuero por los delitos que se le atribuyan por hechos u omisiones que se le imputen entre las 3 de la tarde del 7 de agosto de 2022 y la misma hora del 7 de agosto venidero. Pero el artículo 199 parece decir otra cosa, dado que restringe el alcance del fuero  "durante el periodo para el que sea elegido", dando a entender que después de ese periodo su juzgamiento corresponderá a la justicia ordinaria. El asunto cobra interés por cuanto se afirma en algunos medios que la actual composición de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes parece favorecer su impunidad por los abusos en que podría haber incurrido en ejercicio de su cargo. Sea de ello lo que fuere, ese inquilino tendrá que habérselas con la justicia en los tiempos venideros.

Incógnitas

El triunfo de Abelardo y José Manuel ha resucitado la esperanza de millones de colombianos en el porvenir del país.

Es, desde luego, positivo habernos librado por lo pronto del comunismo de Cepeda. Pero no todo es color de rosa con el gobierno venidero, pues al tiempo que encontrará unos escenarios plagados de problemas de difícil solución que deja el desgobierno hoy reinante, la dupla antisocial de Petro y Cepeda ya lo está amenazando con una feroz oposición que pretende desestabilizar a Colombia.

No podemos olvidar que cuando Duque le ganó a Petro en 2018 éste se negó a reconocer su triunfo alegando sin pruebas, como es su mala costumbre, que el triunfo lo debía a compra de votos en la costa por parte, si mal no recuerdo, de un tal Ñeñe. Y acto seguido promovió un supuesto estallido social que, de acuerdo con una cuidadosa investigación de Impacto 24-7, fue orquestado por una conspiración internacional alentada por el gobierno de Maduro en Venezuela en connivencia con los grupos insurgentes colombianos. Al lado de unas supuestas manifestaciones pacíficas se produjo la actuación criminal de la llamada Primera Línea, que dio lugar a la comisión de gravísimos delitos por los que se han producido múltiples condenas de parte de la justicia colombiana.

Recuerdo que Petro manifestó que si el Congreso derogaba la ley de alivio tributario que había aprobado el comienzo del gobierno de Duque cesarían las manifestaciones. Más tarde, ya como presidente, dijo en el llamado Puerto Resistencia o Puerto Rellena en Cali que él era miembro de esa Primera Línea. Por consiguiente, se lo debería procesar como instigador de los delitos que ese grupo criminal cometió. Me inclino a pensar que por lo menos se lo ha debido procesar por el delito de asonada, pues en forma tumultuaria se intentó presionar al Congreso para que derogara una ley.

La impunidad de que han gozado tanto Petro como Cepeda los alienta ahora a desconocer la legitimidad del triunfo de Abelardo y José Manuel promoviendo una fementida "desobediencia civil" con la que pretenden volver a las andadas de los años en que pretendieron derrocar al presidente Duque.

No me cabe duda de que se trata de una dupla de avezados fronterizos del delito, que lo bordean y coquetean con él, pero tratando de ocultar huellas que podrían incriminarlos. Son dos sujetos de tenebrosa peligrosidad animados por la más extremista ideología del marxismo leninismo, la cual disfrazan con el ropaje de un engañoso "progresismo".

Hay que escuchar las declaraciones del exministro de Defensa del gobierno de Duque, Diego Molano, para recordar lo que significó el estallido social que Petro promovió tratando de estorbar su gobernabilidad en medio de la pandemia. Recuerdo que lo desafiaba para que decretara el estado de conmoción interior, pero Duque fue prudente y dejó que la fiebre pasara.

Los que he llamado "dos tipos de cuidado" ensayarán la misma receta que trataron de aplicarle a Duque, pero Abelardo es de otra pasta y ya verán "cómo muerde el tigre". Pero las duras medidas que éste deberá adoptar con miras a contener a los sediciosos y ponerlos en su lugar perturbarán probablemente su gobernabilidad, distrayéndolo de la urgentísima tarea de reconstruir lo dañado por la gestión irresponsable de Petro.

Vienen tiempos difíciles que demandarán para el nuevo gobierno un apoyo decidido y vigoroso de quienes votamos por él.

Ello aconseja mucho tino para la conducción del conjunto de partidos que se han declarado de gobierno. Hay que limar las asperezas que acontecimientos recientes han mostrado desencuentros en la coalición que lo sigue, pues la unidad es indispensable para enfrentar a la dupla subversiva que aspira a verlo fracasar.

Reitero la coda con que he cerrado varios de mis escritos: ¡Que Dios nos tenga de su mano! 

Sed libera nos a malo

Hay abundante información sobre las influencias ocultistas en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. En lo que respecta a Colombia, circulan muchas versiones acerca de los nexos del desgobierno actual con la hechicería e incluso con religiones de origen africano o, como suele decirse por acá, ancestral.

Se dice en fuentes fidedignas que en medio de la campaña electoral hubo en la Casa de Nariño un ritual hechicero presidido por el okupa y orientado a perjudicar la campaña de Abelardo. El hecho escandalizó a algunos de quienes lo presenciaron, los cuales se pusieron a rezar para contrarrestar esa aterradora ceremonia. Como los brujos que la estaban realizando se dieron cuenta de que había una energía que contrarrestaba sus ritos, se optó por exigir el retiro de quienes no participaban en ellos.

Isabel Cuervo ha denunciado en Instagram que el que nos desgobierna practica la religión Palo Mayombe y por ello suele lucir vestiduras blancas y colgarse al cuello la cruz Tao, que nada tiene que ver con la que veneramos los cristianos. Según otras versiones, sus visitas a Haití tienen que ver con esas creencias y no falta quien sostenga que su atuendo lo identifica como oficiante de dicho credo.

Es difícil identificar en qué cree. Todo parece indicar que profesa cierto sincretismo, pues no vacila en visitar al Santo Padre, haciéndose acompañar en su comitiva con quien la prensa identifica como su barragana.

Abelardo y José Manuel tienen toda la razón al considerar que entre nosotros se libra una batalla espiritual que debe contar con el auxilio de Dios y la Santísima Virgen, motivo por el cual han realizado una edificante peregrinación por los santuarios marianos de nuestro país.

Abundan las voces que le piden a Abelardo que no ocupe la Casa de Nariño sin que previamente se realicen exorcismos que lleven a cabo una profunda limpieza espiritual de ese lugar que podría ser objeto de infestaciones diabólicas.

Hay que seguir orando fervientemente para protegernos del comunismo y de las malas intenciones del que nos desgobierna y el que pretende heredar su puesto.

Que Dios nos tenga de su mano.

Dos tipos de cuidado

Echo mano del título de una vieja película mexicana para referirme al contubernio del indigno okupa actual de la Casa de Nariño con su émulo, el siniestro senador Cepeda, los que de consuno pretenden atravesar toda clase de palos en las ruedas con el protervo designio de frustrar la gobernanza del tándem Abelardo-José Manuel.

Esos dos tipos de cuidado son comunistas recalcitrantes pero disimulados que aspiran a someter a Colombia a un régimen totalitario y liberticida como los que han fracasado en Cuba y Venezuela.

Ardidos porque el electorado les dio la espalda en la reciente elección presidencial intentan variados subterfugios para impedir que la dupla ganadora cumpla con sus propósitos de devolverle la confianza al pueblo trazándole rutas de progreso, justicia, seguridad, libertad y bienestar.

El primero ha anunciado una exótica demanda de nulidad con pedido de medidas cautelares para tratar de impedir la posesión de los nuevos gobernantes. Todo indica que se trata de una acción temeraria destinada al fracaso, pero que hace ruido y azuza a las hordas que durante el gobierno del presidente Duque sembraron el desorden a lo largo del territorio nacional.

El segundo, después de haber reconocido el triunfo electoral de sus contendores, se ha echado de para atrás anunciando que no lo admitirá y declarándose en estado de desobediencia civil para entorpecer la acción de los nuevos gobernantes.

Invoca descaradamente los ejemplos de Gandhi, Luther King y Mandela para justificar la resistencia popular frente a las nuevas políticas gubernamentales y, como lo expuse en mi más reciente, para hacerle a De la Espriella unas exigencias francamente extorsivas.

Como acaba de decirlo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no se ve el caso que justifique la tal desobediencia civil, que en rigor implica el desconocimiento del ordenamiento constitucional y legal de la República.

Sigo pensando que esta actitud amerita que se la examine a la luz del Código Penal, que consagra como delitos no sólo la extorsión, sino el constreñimiento ilegal. la rebelión, la sedición, la asonada y la instigación a delinquir. Es asunto que en lo que concierne al senador debería investigarse por la Corte Suprema de Justicia. Este insólito llamado a la desobediencia civil debería considerarse, además, por la Comisión de Ética del Senado en razón del comportamiento indecoroso, irregular e inmoral que entraña de suyo este desafío a la institucionalidad. También la Procuraduría debería tomar cartas en el asunto, pues todo indica que esta actuación irresponsable del candidato perdedor en los comicios recientes podría configurar una violación del régimen disciplinario que a dicha autoridad le corresponde investigar y sancionar.

Tal como sucedió a comienzos del gobierno de Duque, al lado de manifestaciones supuestamente pacíficas se dio la acción deletérea de la tristemente célebre Primera Línea, muchos de cuyos integrantes ya han sido condenados por graves delitos, pero sin que la acción judicial hubiera llegado hasta sus instigadores, entre ellos el actual okupa de la Casa de Nariño, que no tuvo empacho en declararse miembro activo de ella en una perorata que pronunció en el mal llamado Puerto Rellena en Cali. Todo indica a que la invitación a distintos sectores sociales para manifestarse dizque en forma pacífica va a acompañada ocultamente de la convocatoria de las hordas de la Primera Línea, que supuestamente obrarían motu proprio, disimulando así la intención subversiva de la tal desobediencia civil.

Como lo acaba de señalar Julio Sánchez Cristo, estas convocatorias acarrean muertes. Los que las formulan deben asumir las responsabilidades pertinentes, pues quien pone la causa corre con los riesgos de los efectos.

Esos dos tipos de cuidado que motivan este escrito quieren ensangrentar a Colombia. Hay que ponerles coto.

¿Amenazas extorsivas?

Me inclino a pensar que la amenaza de promover la desobediencia civil que ayer profirió el comunista Cepeda contra el presidente electo De La Espriella si no se somete a las exigencias que le formuló debe examinarse ante todo a la luz de lo que dispone el artículo 244 del Código Penal, que a la letra dice:

"El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

El comunista de marras parece constreñir al presidente electo para que renuncie a su ciudadanía estadounidense, aclare sus relaciones con agencias de seguridad de los Estados Unidos, respete plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial, se comprometa a cesar toda persecución contra sus opositores políticos, a dejar de estimular la judicialización por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a no aprobar la extradición de Gustavo Petro.

Todas estas medidas son del resorte del presidente electo y hacen parte bien sea de su competencia oficial o de su fuero personal. Las exigencias del comunista conciernen en consecuencia al desempeño de las funciones presidenciales o al ejercicio de la libertad de De La Espriella, quien, de no someterse a lo que se le exige, deberá sufrir más que como persona individual, como jefe del Estado, los efectos de la desobediencia civil que en tal caso convocaría a los más de doce millones de votantes que apoyaron al candidato perdedor en las recientes elecciones presidenciales.

La amenaza de la desobediencia civil constriñe, por supuesto, a De La Espriella, pero va mucho más allá, pues afecta en rigor al ordenamiento jurídico del Estado.

La Constitución protege la libertad de conciencia, la de cada persona de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, la de toda parte del pueblo para reunirse y manifestarse pública y pacíficamente y el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, pero todo ello dentro de los límites que traza el artículo 95, según el cual el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ella implica responsabilidades, dentro de las cuales se cuenta el respeto de los derechos ajenos y no abusar de los propios.

En parte alguna consagra la Constitución el derecho a la desobediencia civil, así sea pacífica, pues el citado artículo 95 manda en forma perentoria: "Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes".

En consecuencia, la amenaza del candidato comunista no sólo va contra el presidente electo, sino contra la Constitución misma, dado que se endereza a promover el incumplimiento colectivo del ordenamiento jurídico que nos rige. Es del todo subversiva y, desde luego, ilícita.

A ojo de buen cubero, creo que la Corte Suprema de Justicia debería ocuparse de examinar si el senador Cepeda ha incurrido entonces en los supuestos constitutivos del delito de extorsión y quizás otros más.

Unas palabras adicionales sobre la calidad de ciudadano estadounidense que ostenta De La Espriella. Ya es claro de toda claridad que ello no obsta para que pueda ejercer la presidencia de Colombia. No hay en ello, propiamente, hablando, una inhabilidad jurídica. Sobre la cuestión del juramento de fidelidad al orden jurídico norteamericano, en principio no obra incompatibilidad con el que preste para cumplir la Constitución y las leyes colombianas. Si llegase a haber algún desacuerdo entre sus condiciones de ciudadano colombiano y ciudadano norteamericano, su conciencia lo decidirá y nuestra justicia dirá si ello daría lugar a algún impedimento dentro del contexto del caso concreto. Se trata pues de algo hipotético y eventual sobre lo que no cabe pronunciarse a priori.

Algo más. Ese tema del juramento que podría dar lugar a alguna incompatibilidad política es el que dio lugar a que los reyes ingleses después de Enrique VIII desataran la persecución contra los católicos, a quienes se los censuraba porque su obediencia al Papa no les permitía sujetarse incondicionalmente al Rey. La misma tesis podría esgrimirse contra los masones, que prestan en su cofradía unos extraños juramentos que podrían ponerlos en contradicción con las normatividades estatales. Hemos tenido presidentes masones y creo que contra ninguno se esgrimió el argumento con que ahora se pretende deslegitimar el título presidencial de De La Espriella.

Cierro advirtiendo que lo de la desobediencia civil pacífica no es otra cosa que un subterfugio para incendiar de nuevo el país, como lo hicieron Petro y sus conmilitones  para alterar la gobernabilidad del presidente Duque. En mi fuero personal, he considerado que esa actitud cabía por lo menos dentro de la tipicidad de la asonada, pero a nadie se le ocurrió llevar hasta ellos la acción de la justicia. Quizás todavía sería oportuno intentarla, siempre y cuando no haya mediado la prescripción. Bueno es recordar, como lo ha hecho el exfiscal Barbosa, que el fuero de Petro vencerá el próximo 7 de agosto y a partir de esa fecha sus malas acciones quedarán en manos de la Fiscalía.

Lea más: https://leyes.co/codigo_penal/244.htm

Obró la Providencia

Como solía decir mi finada esposa -¡alma bendita!- Dios nos miró ayer con ojos de misericordia al librarnos de la victoria del candidato comunista que habría llevado a su culminación la agenda que el taimado inquilino de la Casa de Nariño venía preparando para instaurar entre nosotros un régimen inspirado en lo que ha llevado a cubanos y venezolanos a padecer los rigores de la miseria más atroz.

Las elecciones de ayer cierran un ciclo que no ha debido abrirse y hacen renacer la esperanza en millones de compatriotas que temían lo peor y hoy observan con optimismo el porvenir de nuestra patria, sabedores de que al mando habrá un tándem inspirado en el propósito de enderezar hacia rutas de progreso en todos los órdenes el rumbo que el desgobierno actual conducía hacia el desastre.

Supongo que igual que yo muchos colombianos veníamos elevando plegarias al Altísimo para que nos protegiera del comunismo y de las protervas intenciones de sus promotores. Por experiencia personal, estoy convencido de que la oración que se recita con fervor y buenas intenciones produce resultados beneficiosos. "Pedid y se os dará", promete el Evangelio.

Por supuesto que el camino que tocará recorrer a partir del próximo 7 de agosto será proceloso a más no poder, pues la herencia que nos lega el desgobierno actual está plagada de desastres de toda índole. En consecuencia, nos tocará aplicar aquello de "a Dios rogando y con el mazo dando", aceptando muchos sacrificios en pro del bien común.

Los expertos hablan del riesgo de una tremenda crisis fiscal; otros hablan de la posibilidad inminente de un apagón eléctrico; la crisis de la salud es dramática; el control territorial de la delincuencia es tenebroso; la inseguridad para todos está a la vuelta de la esquina; los resultados sociales de que se jacta el que nos desgobierna no se explican por la vitalidad de la economía, sino por el derroche del gasto público; ya la cocaína es el principal renglón de nuestras exportaciones y, como lo demuestran los resultados electorales de ayer, el control político de los narcotraficantes sobre las comunidades nos pone al borde de convertirnos en un narcoestado; nuestra fuerza pública está desmoralizada y debilitada, sin recursos suficientes para enfrentar el poderío de la delincuencia; nuestra patria se ha convertido en el hazmerreír de la comunidad internacional por los despropósitos recurrentes del que nos desgobierna, que ha arrastrado por el suelo nuestra dignidad. Rescatar la dignidad de nuestra Colombia y nuestro gobierno será tarea urgentísima de Abelardo y José Manuel, pues sólo cuando es respetable puede la autoridad reclamar acatamiento.

Hay muchas hipótesis acerca de la polarización que ha llevado a que el cuerpo electoral se divida prácticamente por partes iguales, con una ligera diferencia de cerca de 250.000 votos entre los contendientes. Me inclino a pensar que los seguidores del candidato comunista no tuvieron claridad acerca de su índole y sus intenciones ocultas. Muchos votaron, como se ha dicho, con el fusil en la nuca; otros sucumbieron ante la demagógica fijación del salario mínimo o la multiplicidad de puestos y de contratos que nos está llevando a la ruina; a otros los convenció la propaganda negra que se difundió contra los defensores de la patria o el cuento cruel de la superioridad moral y la decencia del candidato comunista. En la medida que avance un buen gobierno, esas voluntades desviadas podrían inclinarse en favor suyo.

Abelardo recibió la noticia de su triunfo dándole gracias a Dios. A diferencia del que nos desgobierna, que según Isabel Cuervo es feligrés de una oscura religión de origen africano, tanto Abelardo como José Manuel son católicos devotos, convencidos de la necesidad de adelantar una política del espíritu a la que hice referencia en un escrito reciente. Esa política se inicia elevando el nivel moral del gobierno, tanto en lo público como en lo privado. Su propósito es la realización del bien común, que es una idea que entraña vasta profundidad acerca del destino colectivo. Que Dios los ilumine y proteja. 

Alea Jacta Est

El próximo domingo los colombianos elegiremos entre la democracia liberal y el comunismo. Como dicen que dijo el poeta, "todo nos llega tarde, hasta la muerte". La "Guerra Fría" que se libró a lo largo de la segunda década del siglo XX y terminó con la derrota del comunismo, exhibe sus estertores entre nosotros enfrentando a Abelardo y José Manuel contra Cepeda y sus secuaces amigos del castro-chavismo. 

Todo indica que el triunfo será de los primeros, pero no deja de inquietar que una considerable porción del electorado se incline por el candidato comunista. Ello puede interpretarse como una muestra de inmadurez democrática, pero el análisis debe ir más al fondo de las cosas, que vienen mostrando desde hace años la insatisfacción de importantes segmentos del pueblo que consideran que el Estado actual no da curso adecuado a sus apremiantes demandas.

El desgobierno que reina hoy por hoy se jacta de atenderlas, pero lo ha hecho a la bartola, con altas dosis de palabrería y magros resultados, preso entre consignas ideológicas obsoletas cuyo fracaso en otras latitudes es ya indiscutible. Añorar a Stalin, a Mao, a Castro o a Chávez roza en el delirio.

Colombia debe seguir otros modelos que han demostrado ser exitosos en los países en los que se los ha aplicado. Mirar hacia la Cuba de los Castro y la Venezuela de Chávez y Maduro no deja de ser una ironía de pésimo gusto.

El nuevo gobierno que esperamos pueda instalarse el 7 de agosto venidero deberá afrontar una situación difícil como pocas en nuestra historia. El inventario de los desastres que deja el actual salta a la vista y la superación de todos ellos exigirá fuertes dosis de entereza, imaginación y buen sentido de parte de sus dirigentes, pero también de abnegada colaboración de nuestras comunidades. Si no lograre el apoyo decidido de éstas, se verá abocado al fracaso. La célebre cuestión que les planteó el presidente Kennedy a sus compatriotas al tomar posesión de su cargo mantiene su plena vigencia y es el caso de preguntarnos a los colombianos lo que debemos hacer por nuestro país y no por lo que éste puede hacer por nosotros.

Leo en estos momentos "Colombia, un drama", de Abelardo Forero Benavides, al que he llegado por amable sugerencia de mi buen amigo Álvaro Tirado Mejía. Es un libro que su autor no quiso publicar en vida por los severos cuestionamientos a quienes consideraba responsables de la tragedia que padecimos a mediados del siglo XX. Acaba de publicarlo la Universidad de los Andes y es de obligada lectura no sólo para quienes deseen conocer y entender esos aciagos momentos de nuestro devenir, sino para los que hoy tienen a su cargo la responsabilidad de velar por la salud de la república.

Más adelante me adentraré en el comentario de esa especie de "Memorias de Ultratumba". Por lo pronto llamo la atención sobre el ambiente caldeado que se percibe en el país, que nos obliga, como en el poema de Pombo, a "consultar oráculos más altos que nuestro duelo", verso que al citarlo en un artículo publicado en "Sábado" le ganó a Forero la animadversión de Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo, cuando en rigor estaba invitando a que los partidos en pugna elevaran los ojos hacia los supremos intereses de la patria. Eso es lo que nos toca hacer hoy. Entender a los contrarios, no negarles espacios y promover acuerdos que nos permitan transitar por nuevas sendas de bienestar y de progreso.

El sectarismo es un viejo vicio de la política colombiana y lo observa uno en todos los sectores, llámense de derecha, de centro o de izquierda. No hay que ignorar que la política es por su propia naturaleza escenario de opiniones e intereses encontrados que sólo pueden convivir si todos ellos comparten los acuerdos sobre lo fundamental que en el atardecer de su existencia proclamaba Álvaro Gómez Hurtado. Esos acuerdos son posibles en el seno de la democracia liberal, mas no en la comunista, que es totalitaria y liberticida por definición. Han sido, en cambio, muy fecundos con la socialdemocracia, como lo demuestra la experiencia europea después de la II Guerra Mundial. Remito  a los sesudos escritos de Sheri Berman que he citado en este blog en otras oportunidades (vid. [PDF] The Social Democratic Moment by Sheri Berman | 9780674442610, 9780674020849).

Nuestra democracia debe ofrecer espacios para todos, menos para los violentos que pretenden imponerse por medio de las armas y toda suerte de depredaciones. La paz sólo será posible si ellos se someten a la voluntad legítima del Estado. Sólo cuando éste monopoliza el uso de la fuerza en la sociedad puede hablarse de vigencia de la civilización política. Su insurgencia los ubica dentro de la categoría de "Civilization Killers" que ha sido objeto de importantes consideraciones por parte de Mgr. Charles Pope (vid. Civilization Killers – On the Decline of Three Basic Cultural Indicators and What it Means for America – La Linterna Azul).

Vuelvo sobre lo de la delgada corteza de nuestra civilización que ha sido tema de Marco Palacios. El gobierno venidero tendrá que ocuparse de fortalecer nuestra civilización política, no de erosionarla como viene haciéndolo el que nos desgobierna.

¿Fronterizo del delito?

Es bien sabido que el que nos desgobierna militó en sus mocedades en un tenebroso movimiento criminal, el M-19, que lo pervirtió convirtiéndolo en delincuente juvenil. Pagó cárcel por algunas de sus actividades ilegales, pero no obstante ello pudo ser elegido por votación popular, contrariando lo dispuesto por el artículo 197 de la Constitución Política, porque alguien le hizo el favor de sustraer del expediente respectivo los folios del fallo que lo condenó. A primera vista, ahí se configuró una modalidad de falsedad documental que a nadie se le ocurrió investigar.

Como es proclive a pasearse por los bordes del Código Penal, anda haciendo malabares alrededor del texto del inciso primero de su artículo 422, que a la letra dice:

Lea más: https://leyes.co/codigo_penal/422.htm

"El servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa, o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o directorios políticos, o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público."

Al tenor de la prohibición para el servidor público de utilizar su poder para perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, parece que la seguidilla de discursos vejatorios para Abelardo y la organización política que lo respalda que viene pronunciando en distintos lugares el que dice ser presidente de Colombia bordea descaradamente la susodicha prohibición.

Esos discursos vejatorios parecen configurar, además, sendos delitos de injuria y calumnia previstos en los artículos 221 y 222 también del Código Penal, pues no sólo arrojan ofensas contra el mencionado candidato, sino acusaciones concernientes a la comisión de gravísimos delitos.

Fuera de posibles violaciones del Código Penal, los iracundos y desaforados pronunciamientos públicos recientes del okupa de la Casa de Nariño ameritan que se los examine a la luz del régimen disciplinario de los servidores públicos, sobre lo cual resulta oportuno detenerse en las consideraciones que hizo la Procuraduría General de la Nación en documento que puede consultarse en directiva prohibiciones electorales.pdf.

Aquel funcionario parece ampararse en la impunidad que le otorga el control sobre la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la que según denuncia de uno de sus miembros fue beneficiada con el otorgamiento de cupos contractuales por valor de varios miles de millones de pesos. La incuria de dicha Comisión para proceder en averiguaciones sobre el comportamiento del servidor público de marras ya viene siendo objeto de investigaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación. 

No hay que olvidar que el fuero que favorece al servidor de marras tocará a su fin el próximo 7 agosto, cuando las investigaciones penales en contra suya pasarán a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Quizá entonces se haga justicia en torno de quien ha venido actuando como si para él no hubiera ni Dios ni ley.