sábado, 27 de agosto de 2016

Vanidad de vanidades

Todo parece dar a entender que el tal "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", que se dio a conocer esta semana a través del Comunicado conjunto No. 93 de las delegaciones del gobierno y las Farc, todavía no está firmado por las partes.(Vid. https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/comunicado-conjunto-93-la-habana-cuba-24-de-agosto-de-2016-1472079906.pdf; http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Texto-completo-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx). Así lo asevera El Nodo.(Vid.http://elnodo.co/acuerdofirma).

No obstante ello, Juan Manuel Santos corrió a presentar ante el Congreso la solicitud de pronunciamiento por parte del Senado y la Cámara de Representantes acerca de la convocatoria de un plebiscito refrendatorio de ese Acuerdo Final previsto para el próximo 2 de octubre, queriendo dar así cumplimiento a lo que establecen el artículo 20 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1806 de 2016 (Vid. http://es.presidencia.gov.co/noticia/160824-Congreso-expide-Ley-Estatutaria-para-regular-el-plebiscito-para-la-refrendaci%C3%B3n-del-Acuerdo-de-La-Habana).

Pues bien, como a la Corte Constitucional le corresponde decidir sobre la constitucionalidad de los plebiscitos en el orden nacional, por vicios de procedimiento en su convocatoria y su realización (Art. 241-3 Const. Pol.), no parece osado pensar que el beneplácito que dieran las Cámaras al plebiscito que se convocare para pedir la aprobación de un acto jurídicamente inexistente podría configurar precisamente un grave vicio procedimental.

A mí no me cabe duda de que el "Acuerdo Final", así haya sido divulgado por el gobierno, es apenas un borrador, un proyecto, mas no un acto jurídicamente eficaz. No hay que olvidar que tanto el Derecho internacional como el Derecho público interno son eminentemente formalistas, y la firma es precisamente uno de los elementos formales de cualquier documento al que se pretenda darle eficacia jurídica en cualquiera de esos dos escenarios.

En todo caso, enviarle al Congreso un documento que carece de existencia jurídica para que dé su beneplácito para someterlo a refrendación popular, es un grave irrespeto a la institución. Si los respectivos presidentes del Senado y la Cámara de Representantes fuesen personas decorosas, tendría que devolverle la solicitud a Santos por faltarle un requisito esencial para su validez.

Sucede que la premura de Santos para convocar el plebiscito obedece básicamente a tres motivos. todos ellos cuestionables.

El primero ha sido cantado hasta la saciedad y radica en que pretende evitar a toda costa que el proceso plebiscitario coincida con el trámite de la terrible reforma impositiva que tendrá que presentar ante la consideración del Congreso a más tardar en el mes de octubre. Cuando el común de la gente se entere del impacto que en su magra economía producirá esa reforma, el nivel de aprobación del gobierno caerá severamente y ello podría afectar la intención de votar Sí en el plebiscito.

El segundo obedece al sesgo radicalmente antidemocrático que ha presidido todo este proceso de negociaciones con las Farc. Santos sabe que los ciudadanos que se inclinan a votar en favor del Acuerdo Final lo harán a regañadientes, pues el mismo contiene "sapos" a granel y a medida que la opinión lo vaya examinando juiciosamente su apoyo declinará de modo vertiginoso. En un país serio, una iniciativa de tamaña importancia para su futuro tendría que contar por lo menos con varios meses que dieran tiempo para realizar la labor pedagógica necesaria para que el voto pudiera emitirse con suficientes información y discernimiento. No así en Colombia, que no está bajo un gobierno serio ni decente.

Acá se da también un grave irrespeto para con la ciudadanía, cuyo derecho a votar en conciencia y con la debida información se ve cercenado por el exiguo término que habrá entre la convocatoria y la realización del plebiscito.

Hay un tercer motivo para la angurria de Santos y es que en octubre vence el término para postular candidaturas al Premio Nobel de la Paz. Santos sabe que si a Obama le dieron un premio evidentemente inmerecido al comienzo de su gestión presidencial, él, con más veras, puede aspirar a esa distinción, así deje un país con el espíritu ásperamente dividido y bajo el riesgo de nuevas y quizás más letales confrontaciones.

Recordando los versos de Núñez que en otra oportunidad he citado, lo que Santos dejará al término de su mandato no será otra cosa que confusión y caos, pues ha desdeñado sabias enseñanzas que indican que la paz social solo se puede edificar sobre la base de fuertes cimientos morales. Dice, en efecto, la doctrina pontificia: 

"La Paz ha de estar fundada sobre la verdad, construida con las normas de la justicia, vivificada e integrada por la caridad y realizada, en fin, con la libertad”.(Vid. http://www.corazones.org/diccionario/paz.htm)

Contrariando lo anterior, el proceso de negociaciones con las Farc se ha caracterizado por el desprecio  por la verdad, la justicia, la caridad y la libertad.

Respecto de lo segundo, con sobradas razones acaba de manifestar José Miguel Vivanco que Human Rights Watch se propone denunciar ante la VPI ese afrentoso Acuerdo Final (Vid. https://oiganoticias.com/2016/08/27/human-rights-watch-demandara-acuerdo-de-santos-y-las-farc-ante-la-corte-penal-internacional/).

¿En qué parará toda esta feria de vanidades?




domingo, 21 de agosto de 2016

¿Hacia la impunidad para las Farc?

En La Habana se dialoga sobre temas que son cruciales para la suerte futura de Colombia. No se lo hace a la manera propia de una democracia, sino a puerta cerrada entre los representantes del gobierno y los de la subversión narcoterrorista. Y se pretende someter los acuerdos a que se llegue a su aprobación mediante un plebiscito en que al pueblo solo le quedaría la opción de tómelo o déjelo, sin que sea posible modificar un ápice de lo convenido, que se hará constar en documentos largos, densos y farragosos que a la gente del común no le será fácil discernir.

Así acontece con el tema de la justicia, que hace parte de tres borradores de acuerdo, a saber:

-https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-64-la-habana-15-de-diciembre-de-2015


-https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-88-la-habana-cuba-12-de-agosto-de-2016

El primero es un documento muy extenso que, a partir de la consideración del tema de las víctimas del conflicto, se explaya en la propuesta de una Comisión de la Verdad y la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz.

En el segundo enlace se llega al borrador de acuerdo para garantizar la seguridad de los integrantes de las Farc y perseguir a los enemigos de la paz.

El tercero toca con el mecanismo de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por amable invitación de "La Hora de la Verdad", el jueves pasado hice una presentación básica de estos temas en lo que concierne a la Jurisdicción Especial para la Paz, que puede consultarse por medio del siguiente enlace: 


Aunque dudo que haya plebiscito en este año, es necesario que la ciudadanía se entere del contenido de los acuerdos con las Farc, a fin de que su voto, como lo pide la Conferencia Episcopal, sea informado, razonado y en conciencia.

No se trata de temas simples que puedan dilucidarse a partir de unas pocas reflexiones. Por el contrario, son de enorme complejidad tanto en sus premisas y su formulación, como en su desenvolvimiento futuro. De hecho, suscitan muchísimas incertidumbres cuando se los aborda con ánimo desprevenido.

La premisa básica de estos acuerdos es la paridad entre el Estado Colombiano y las Farc, tal como se desprende del documento inicial de los diálogos que puede consultarse a través del siguiente enlace:

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/acuerdo-general-proceso-paz.html

Como consecuencia de esta paridad, se ha convenido que el Acuerdo Final a que se llegue tenga la calidad de Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.(Vid. http://caracol.com.co/radio/2016/06/02/politica/1464830590_863585.html).

A partir de esta caracterización a todas luces abusiva y hasta estrafalaria del Acuerdo Final como un Acuerdo Especial entre el gobierno de un Estado y una organización subversiva a la que se reconoce el estatuto de beligerante, se pretende que el mismo se tome como emanado de dos sujetos de Derecho Internacional Público y se lo califique de hecho como un Tratado que debe incorporarse al Derecho interno por el mismo procedimiento aplicable a ellos, tal como lo dispone el artículo 4o. del Acto Legislativo en mención.

Como se trata de dos partes que llegan a unos acuerdos en condiciones de igualdad, las Farc se niegan a reconocer la legitimidad del ordenamiento jurídico colombiano y a someterse a sus autoridades legítimas. Rechazan, por consiguiente, que nuestro sistema judicial pueda ocuparse de su atroz historial delictivo. Pero tampoco están dispuestas a someterse de buenas a primeras a la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto para nada las favorece.(Vid. http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)

La Jurisdicción Especial para la Paz no será entonces una de las varias jurisdicciones en que se proyecta la rama jurisdiccional del Estado, que pone ahí de manifiesto uno de los atributos básicos de su soberanía, sino una suprajurisdicción que por su origen, su estructura y sus poderes ubica por encima de las autoridades que por disposición del artículo 3 de la Constitución Política ejercen en nombre del pueblo la soberanía que a este exclusivamente le corresponde.

En efecto, el borrador del Acuerdo sobre mecanismo de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz le atribuye esa función a un Comité de Escogencia escogido por las siguientes personas y entidades:
  • Su Santidad el Papa Francisco
  • El Secretario General de las Naciones Unidas
  • La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
  • La delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ).
  • La Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.
Solo dos de los integrantes del Comité se elegirían por entidades de algún modo conectadas con la soberanía del pueblo colombiano, a saber: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado. Los tres restantes vendrían de la iniciativa del Papa, el Secretario General de las Naciones Unidas y una ONG cuya representatividad es asunto desconocido para el gran público.

Tres instancias extranacionales tendrían el poder de decidir quiénes van a ejercer una jurisdicción que contaría con enormes poderes y se superpondría a todo nuestro ordenamiento punitivo.

Según lo acordado, la Jurisdicción especial se integraría por un Tribunal para la Paz, tres salas de Justicia. un Presidente y un Director de la Unidad de Investigación y Acusación que sería, en rigor, un suprafiscal general de la Nación.

Como este Jurisdicción Especial para la Paz no sería tributaria del Estado ni de las Farc, la legislación de aquel no sería aplicable para su estructuración ni su funcionamiento.

El Acuerdo sobre Justicia prevé que actúe conforme a los principios del debido proceso, incluyendo las dos instancias, pero le asigna la tarea de dictar su propio ordenamiento, por encima de la autoridad del Congreso colombiano.

Su cometido principal será "para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario".

Se dice en el numeral 15 del borrador del acuerdo sobre justicia que "El funcionamiento del componente de justicia del SIVJRNR es inescindible y se aplicará de manera simultánea e integral a todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado, y sus decisiones ofrecerán garantías de seguridad jurídica a todos los anteriores.  Su ámbito de aplicación está determinado por lo señalado en los numerales 9 y 32.  En caso de que con posterioridad a la firma del acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, se aprobaran leyes o normas que al otorgar tratamientos diferenciados a agentes del Estado o a otras personas por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, fueran combatientes o no combatientes, provocaren que los anteriores sean excluidos de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, o tuvieren como resultado la inaplicación de dicha jurisdicción o la inaplicación de las condiciones referidas a las sanciones que se recogen en el presente texto respecto de dichas personas, el Tribunal Especial para la Paz ejercerá su jurisdicción preferente en las materias de su competencia conforme a lo establecido en este documento."

Pero, de entrada, el borrador del acuerdo establece una distinción de enormes repercusiones entre quienes serán objeto de amnistía e indulto por razón de delitos políticos y conexos con los mismos, y quienes no se verán favorecidos por esas medidas.

El primer grupo lo conformarían los integrantes de las Farc a quienes solo se imputen delitos de rebelión, sedición y asonada, así como los conexos, categoría esta bastante incierta que se prestará a no pocos cuestionamientos. 

Señalo desde ya que, como lo he venido sosteniendo públicamente, los delitos relacionados con el narcotráfico no pueden considerarse conexos con los políticos, pues así lo dispone tajantemente el ordenamiento internacional sobre la materia.

El segundo grupo lo integrarían los demás integrantes de las Farc a quienes se imputen delitos no amnistiables según el Estatuto de Roma, como los de lesa humanidad, los agentes estatales e incluso los particulares que hayan incurrido incluso de modo indirecto en conductas relacionadas con el conflicto, salvo los casos de coacción.

Taxativamente se establece que "No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma."

Resulta prolijo entrar en el detalle de las estipulaciones de este documento. Me limitaré a presentar la siguiente síntesis:

- Según el numeral 31, " En el componente de justicia se establecerán sanciones a los responsables en aquellos casos en los que se determine que no los alcanza la amnistía o el indulto."

-Las personas que resultaren involucradas en conductas no amnistiables ni indultables sujetas a esta jurisdicción tendrán oportunidad de confesar detalladamente su autoría de modo que sea satisfactorio para la Jurisdicción Especial. Bajo este supuesto, estarán sometidas a sanciones restaurativas graduadas de acuerdo con su gravedad. 

Dice el numeral 60:

"Las sanciones propias de la JEP, que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento, respecto a determinadas infracciones muy graves, tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución, y además deberán garantizar la no repetición."

-De no reconocer los hechos y la responsabilidad consiguiente, el asunto se investigará por la Unidad de Investigación y Acusación. Pero habrá la oportunidad de aceptación tardía de las imputaciones, caso en el cual entrarán en juego las sanciones alternativas que en casos muy graves consistirán en penas privativas de la libertad no menores a 5 años ni superiores a 8 años.

-Al que insista en su juzgamiento por no aceptar temprana ni tardíamente sus responsabilidades, se le aplicarán las sanciones ordinarias del Código Penal, siempre y cuando la Jurisdicción Especial establezca plenamente la comisión de los delitos y su autoría por el incriminado.

La Jurisdicción Especial para la Paz podrá ocuparse de todas las conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado en cualquier tiempo, incluyendo las que hayan sido objeto de juzgamiento o de medidas disciplinarias por las autoridades colombianas. 

Dice sobre el particular el numeral 33:

"El componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión,   
por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas. 

Respecto a las sanciones o investigaciones disciplinarias o administrativas, incluidas las pecuniarias impuestas a personas naturales en cualquier jurisdicción, la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se limitará bien a anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, o bien a revisar dichas sanciones, todo ello a solicitud del sancionado o investigado. En todo caso la solicitud no podrá llevar aparejada la reapertura de una investigación penal por los mismos hechos. En caso de que se solicite la revisión de la sanción impuesta o la extinción de la sanción y responsabilidad, será competente la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz. Respecto a los investigados, será competente la Sala de definición de situaciones jurídicas."

Se echa de menos la participación de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo en todos estos procedimientos. No habrá control externo para la Jurisdicción Especial de Paz y, en últimas, su eficacia parece que dependerá ante todo de las organizaciones de víctimas, algunas de ellas quizás permeadas por las Farc.

Como lo dije al concluir mis declaraciones para "La Hora de la Verdad", la letra de este acuerdo parece bonita, pero todo dependerá de la música que se le ponga, que bien o mal podría ser de raggaeton.

No les faltan razones a quienes temen que por esta vía se consagre la impunidad para los capos de las Farc por sus innumerables atrocidades y que la misma sirva de ariete para perseguir a sectores de la comunidad que han sido señalados por aquellos como patrocinadores del conflicto.

Sobre lo primero, traigo a colación el importantísimo libro que publicó hace poco la Procuraduría General de la Nación bajo el título "La paz no lo justifica todo-Mínimos penales para máximos responsables", en el que se demuestra con base en el Tratado de Roma y la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional que las sanciones restaurativas con que se pretende eludir la normatividad de dicho Tratado no podrán cumplir este proditorio objetivo.

Acerca de lo segundo, recomiendo la lectura del escrito que publicó hoy José Félix Lafaurie en "Contexto Ganadero" con el título de "Los Caminos de Santiago", en donde muestra cuáles son las intenciones reales de las Farc al promover la vinculación de terceros no combatientes a la Jurisdicción Especial para la Paz.(Vid. http://contextoganadero.com/columna/los-caminos-de-santiago).

Cuando me pongo a pensar en cómo operaría esta Jurisdicción Especial para la Paz de la mano con el estremecedor acuerdo que se proyecta para garantizar la seguridad de los integrantes de las Farc y combatir a los enemigos de la paz, me lleno de inquietudes. Como los sabios recomiendan que "en la duda, abstente", estas incertidumbres avalan mi tendencia que creo indeclinable a votar No en el plebiscito.

Es más, a la luz de jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional que señala que la Constitución puede reformarse por las vías ordinarias, pero solo podría sustituirse mediante asamblea constituyente convocada y elegida por el pueblo  para tal objeto, los temas que vengo mencionando no podrían pasar incólumes la revisión que según el Acto Legislativo para la Paz le compete a dicho alto tribunal respecto de la eventual proyecto de ley que apruebe el Acuerdo Final.

Se ha dicho hasta el cansancio que las Farc no quieren la paz, sino el poder, y que el mencionado Acuerdo Final no traerá consigo la primera, pues generará nuevos e insolubles conflictos que agriarán la convivencia armónica a que aspiramos los colombianos.

No habría pues el cacareado posconflicto, sino otras muy destructivas confrontaciones entre unas Farc soliviantadas y unas comunidades acobardadas y atemorizadas.















  


lunes, 8 de agosto de 2016

Guerra y Paz

El gobierno de Santos y sus secuaces pretenden centrar el tema del plebiscito sobre el Acuerdo Final con las Farc, si es que se produjere, en un dilema engañoso, el de guerra o paz.

Así lo dijo César Gaviria en declaraciones que recogió El Colombiano el pasado 5 de agosto:"La consecuencia de votar No al acuerdo de paz, la consecuencia es la guerra. No hay manera de que sea diferente"(p. 18).

Da a entender de este modo que la consecuencia de votar Sí será, en cambio, la paz.

Pero las cosas no son tan simples como lo quiere dar a entender el estadista de Dosquebradas. En realidad, el tema es complejo, demasiado complejo.

Su punto de partida es que estamos en guerra con las Farc y se trata de ponerle término mediante un acuerdo surgido de las negociaciones que se adelantan en La Habana.

Es cierto que con esa organización subversiva, así como con el Eln, hay situaciones de conflicto que vienen de bastante tiempo atrás. Pero es osado calificarlas como de guerra civil, según lo dijo con visible ignorancia el presidente Obama hace poco.

La realidad es muy otra: lo que hay es un alzamiento narcoterrorista de grupos que aspiran a instaurar en Colombia un régimen comunista por la fuerza de las armas y sin contar con el apoyo de unas comunidades que los rechazan por la barbarie de sus procederes.

No estamos en el caso de una sociedad violentamente escindida en varios bandos que tratan de imponerse unos sobre otros por medio de las armas, sino de una sociedad amenazada y agredida por exiguas minorías que profesan una ideología totalitaria y liberticida que el pueblo no comparte.

Lo que dice Gaviria, que coincide en ello con las amenazas que ha lanzado Santos, es que si no se aprueba el Acuerdo Final con las Farc, estas seguirán aterrorizando al país. Y a fe que hoy están en mejores condiciones para hacerlo, dado que Santos bajó la guardia al abandonar la exitosa política de seguridad democrática que había impulsado su antecesor Uribe.

Pero, ¿ceder ante la extorsión de las Farc traerá consigo la paz?

Eso no lo pueden garantizar Santos, ni Gaviria, ni nadie.

Por lo que se conoce de lo acordado hasta ahora en La Habana, las Farc probablemente se beneficiarán de de múltiples ventajas, sin que medie garantía  alguna de que cumplirán a cabalidad sus compromisos de desmovilización de efectivos uniformados y entrega de armas con el propósito de integrarse a la vida política en igualdad de condiciones con los demás actores de la misma.

Sus cabecillas han dicho que harán política sin armas, pero ello está por verse, pues no se sabe qué es lo que están dispuestos a entregar y qué es lo que piensan ocultar. La mentira, el engaño, la trampa hacen parte de lo que les autoriza su "moral" revolucionaria.

No hay certeza sobre los frentes que se desmovilizarán y los que permanecerán en acción, supuestamente bajo otras identidades. Se sospecha que muchos de sus efectivos están engrosando las filas del Eln, con el que habría que entrar a negociar después lo que las Farc no han podido obtener por lo pronto en La Habana. Y queda la incógnita de las milicias urbanas, tal como lo ha advertido el Procurador sin que Santos se haya dignado a darle respuesta.

¿Esas milicias serían las encargadas de extender la guerra terrorista a las ciudades, tal como lo advirtió el mismo Santos en tono amenazante?

Si así fuere, ¿por qué su desmovilización y entrega no hacen parte de los acuerdos?

No es cierto, además, que las Farc estén dispuestas a hacer política como los demás que se ocupan de la misma, pues lo acordado hasta ahora les ofrece prebendas y garantías que las pondrán en clara posición de ventaja respecto de los demás grupos políticos.

Fuera de que tendrían televisión y prensa propias, el acuerdo sobre protección de sus integrantes las dotará de de un oscuro aparato multiforme que alguno con buen ojo se ha atrevido a denominar como su propia Gestapo. Tendrán a su servicio, además, una jurisdicción especial de paz sujeta no solo a su influencia, sino a su control. Esa jurisdicción les servirá de ariete contra sus enemigos políticos, incluidos los integrantes de la fuerza pública, y probablemente les garantizará la impunidad por los innumerables crímenes atroces que han cometido.

De hecho, tal como lo ha denunciado reiteradamente José Félix Lafaurie, el Acuerdo Final se enfila hacia la entrega del sector rural a las Farc a través de zonas de reserva campesina que controlarán a través de organizaciones dizque comunitarias dependientes de ellas. Y la persecución contra los empresarios rurales, sean grandes, medianos o pequeños, se dejará venir con todo su rigor, para así llevar a efecto la pesadilla de una Reforma Agraria Integral al estilo cubano o venezolano. En síntesis, la ruina de la economía rural. Cuando se ponga en marcha el despojo de los propietarios rurales vendrán el llanto y el crujir de dientes: será la guerra civil.

Las Farc controlan de hecho las siembras de coca y el tráfico de sus derivados (pasta de coca, cocaína), así como la mayor parte de la minería ilegal. No han querido reconocerlo y el gobierno se hace el de la oreja mocha sobre estos particulares. Pero hay consenso en las esferas internacionales sobre la enorme riqueza que han acumulado y siguen devengando en razón de tan dañinas actividades.

Lo acordado hasta ahora no toca a fondo estos puntos sensibles. Con candorosa ingenuidad, el gobierno dice que ayudarán a convencer a los campesinos para que sustituyan por otros los cultivos de coca. Y les ha ofrecido a las Farc, en abierta transgresión de compromisos internacionales vigentes acerca del combate contra todas las modalidades de narcotráfico, la escandalosa gabela de considerar sus delitos como conexos con los delitos políticos de sedición, rebelión y asonada. Es decir, les está ofreciendo amnistía por delitos que los Convenios de Viena declaran que no son amnistiables.

En rigor, las Farc serían un partido o movimiento político dotado de ingente riqueza con la que no cuentan ni podrían contar sus competidores. Y bien sabido es que la plata pone votos.

Lo acordado hasta ahora prevé la creación de un  fondo multimillonario dizque para atender las necesidades de las áreas más desamparadas por las omisiones de los gobiernos y más afectadas por el conflicto. Se habla de un 4% del PIB, aunque creo que es uno de los temas que están por definirse. De todos modos, ¿quién manejaría esa enorme partida presupuestal? ¿Qué piensan los políticos del Congreso acerca de un competidor que tendría semejante poder financiero?

Hay ventajas adicionales que se les brindarían a las Farc, como la participación en el Banco de la República o en los organismos de Planeación. Y muy probablemente las políticas agropecuaria, minera y ambiental quedarían en su manos.

Es claro entonces que, de aprobarse el Acuerdo Final las Farc se convertirán en actor privilegiado de la política, con ventajas supuestamente blindadas por un exótico Acuerdo Especial incorporado a la Constitución como parte del famoso Bloque de Constitucionalidad.

Como si todo esto fuera poco, las Farc no han hecho profesión de apostasía de sus dogmas marxista-leninistas ni de sus propósitos de imponernos un régimen a la cubana valiéndose de la combinación de todas las formas de lucha.

El Acuerdo Final nos ofrecerá unas Farc revitalizadas, al tiempo que una fuerza pública desmotivada, desmoralizada y debilitada que no tendrá la disposición de luchar por la integridad de las instituciones, Peor aún, quizás puesta al servicio de la protección de los bandidos de las Farc.

En síntesis, no les creo a las Farc y votaré decididamente NO en el plebiscito, si llegare a convocarse.






miércoles, 3 de agosto de 2016

Me niego a arrodillarme

El impactante libro que con este título ha publicado el coronel Hernán Mejía Gutiérrez debería de leerse por todos los interesados en la suerte de Colombia en el futuro inmediato.

Son muchos los aspectos que merecen destacarse en el mismo, lo mismo que las inquietudes que suscita su lectura.

Es un doloroso testimonio de vida de quien como muchos otros se sintió atraído por la gloria y terminó cayendo en desgracia. Como lo definió la revista Semana, que es experta en mezquindades, su destino heroico terminó manchado por una implacable persecución judicial que lo presenta ante la opinión como un villano. El militar que libró las mejores batallas en defensa de la institucionalidad atacada por por un proditorio designio totalitario y liberticida no sufrió la derrota en el campo de batalla, sino en los estrados judiciales. No lo vencieron sus contendores en enfrentamientos bélicos, sino sus enemigos agazapados en las altas esferas gubernamentales, judiciales y mediáticas.

Queda claro después de leer las desgarradoras páginas de su libro que su suerte quedó echada no solo por los triunfos militares que obtuvo en la lucha contra la subversión, sino por haber denunciado la artera presencia de agentes de la misma en distintos escenarios sociales.

Se sabe desde hace años, en efecto, de la existencia de un Partido Comunista Clandestino en el que militan políticos, eclesiásticos, empresarios, magistrados, académicos, intelectuales, periodistas, burócratas, sindicalistas e incluso militares de alto rango, que actúan a la sombra en beneficio de la subversión.

El coronel Mejía Gutiérrez no teme suministrar claves y hasta nombres que identifican a algunos de los más significativos integrantes de los cuadros superiores y ocultos de las Farc. No es difícil leer ahí entre líneas el nombre de Juan Manuel Santos Calderón, que figura junto al de Sergio Jaramillo Caro como instigador de la atroz conjura de medios, fiscales, jueces y hasta altos mandos militares que lo tiene privado de su libertad y despojado de sus honores desde hace varios largos años.

Mucha gente se excita cuando oye decir que Santos está del lado de los comunistas y en contra de nuestra institucionalidad democrática liberal. Les parece imposible que así sea y lo toman como una inaceptable calumnia de la oposición.

Pero si se examinan sus antecedentes, a menudo distorsionados o velados por un espeso cortinaje de mentiras, la hipótesis va cobrando visos de seriedad.

Ricardo Puentes Melo viene sosteniéndolo a pie juntillas desde hace tiempos en "Periodismo sin fronteras". Pero lo mismo ha afirmado un periodista venezolano que hace varios meses le lanzó un desafío a Santos desde su espacio audiovisual, acusándolo de haber viajado clandestinamente a Cuba desde Panamá, cuando era ministro de Comercio Exterior en el gobierno de César Gaviria, para reunirse con los diabólicos hermanos Castro. Media, al parecer, registro gráfico de ese encuentro, en el que se dice que concertó su vinculación con la inteligencia cubana, con la cual supuestamente se ha comunicado con el alias de "Santiago".

En el año de 1997 Santos hizo público un estrafalario plan para provocar la renuncia de Samper a la Presidencia, diciendo que la misma facilitaría el entendimiento que él había logrado con autodefensas y guerrilleros. Según dijo después un vocero de estos últimos, Santos les propuso un Frente Nacional para hacer la paz entre todos.

Esa propuesta de Frente Nacional con la guerrilla estaba en la agenda de Tirofijo. Gente que habló con él en 1990 para invitarlo a participar en la Asamblea Constituyente y, después, cuando el gobierno de Andrés Pastrana, coincide en su insistencia en buscar la paz a través de una asamblea en que las Farc tuvieran la mitad de los miembros y el llamado "establecimiento" vería el modo de repartirse la otra mitad.

Andrés Pastrana declaró no hace mucho que la idea de la zona de distensión para iniciar negociaciones de paz con las Farc fue de Santos. Y según me cuenta un distinguido profesor de Ciencia Política, en el diseño de esa zona de distensión participó nadie menos que Sergio Jaramillo Caro, quien al parecer viene trabajando con Santos desde hace años.

Según funcionarios del Ministerio de Hacienda, cuando ocupó dicha cartera, Santos disminuyó de tal modo el presupuesto del ejército que hubo verdadera penuria en sus filas, a punto tal que los soldados que venían de alguna campaña tenían que entregarles toda su dotación a los que partían para relevarlos.

La figura de Sergio Jaramillo Caro es de una oscuridad espeluznante. Enrique Santos Calderón dijo en un reportaje que Jaramillo es el ideólogo del actual proceso que se adelanta en La Habana. Pero nadie sabe cómo apareció desde las sombras, primero en el gobierno de Pastrana y luego en el de Uribe, en el que llegó a ocupar el cargo de viceministro de Defensa y urdió la persecución contra el coronel Mejía Gutiérrez, así como contra los descabezados por los "falsos positivos".

Jaramillo exhibe todas las trazas de un "candidato manchuriano", un hombre de paja tras el cual quizás se oculta todo un aparato conspirativo.

En "Memoria Histórica de las Farc-Su verdadero origen", Fernando Vargas Quemba y Elkin Gallego recuerdan la vieja estrategia de los partidos comunistas consistente en preparar cuadros que no se identifican públicamente con ellos, pero secretamente persiguen sus objetivos, tal como aconteció con Fidel Castro en Cuba.

Si esta macabra hipótesis conspirativa es cierta, Colombia está perdida, a menos que la Providencia se apiade de su suerte.

Por lo pronto, vaya para el valeroso coronel Mejía Gutiérrrez, así como para el sinnúmero de militares de todos los rangos que han sido objeto de inicua persecución, el aliento de nuestra voz solidaria.