Aunque he pertenecido al Centro Democrático desde su fundación y conservo el apoyo a sus postulados, en esta oportunidad me abstendré de votar por sus candidatos oficiales porque si bien respeto la personalidad y las ejecutorias de Juan Daniel Oviedo no encuentro en él condiciones satisfactorias para ejercer la primera magistratura en caso de que faltare su titular. No comparto sus ideas y lo encuentro algo díscolo, como una rueda suelta en el engranaje de la alta dirección de la rama ejecutiva.
Hace algunos meses propuse a través de este medio que se considerara la posibilidad de incluir a José Manuel Restrepo en la lista de los presidenciables. Considero que fue un gran acierto de Abelardo de la Espriella el invitarlo a hacer parte de su fórmula electoral. Creo que ambos ofrecen promisorias perspectivas para enderezar el rumbo del país que anda al garete bajo el desgobierno del charlatán irresponsable que despacha desde la Casa de Nariño.
Leo en El Colombiano de hoy que varios excandidatos que se notan resentidos disparan contra la dupla Abelardo-José Manuel acusándolos de extremistas y poniéndolos al mismo nivel del comunista Cepeda, pero en el frente opuesto.
No cabe duda de que Cepeda es extremista. Su proyecto radica en provocar tres revoluciones que nos llevarían al caos reinante en Cuba y en Venezuela. Eso no es progresismo, que significa mejoramiento de las condiciones sociales en totos los órdenes, sino destrucción de lo que Marco Palacios denominó alguna vez como "la delgada corteza de nuestra civilización". La continuidad del actual gobierno comunista sólo acarrearía males sin cuento para nuestra infortunada Colombia.
Como suelen decirlo los polemistas franceses, "seamos serios". Expliquen las casandras de ocasión en qué consiste el extremismo de Abelardo y Juan Manuel.
¿Restablecer el imperio de la ley y vigorizar la fuerza pública para devolverles a nuestros compatriotas la seguridad que se logró durante el gobierno de Uribe Vélez es extremismo o simple buen sentido? Ese imperio de la ley que proponen no sólo versa sobre la acción de las bandas criminales que asuelan el territorio patrio, sino también sobre las autoridades encargadas de preservar el ordenamiento jurídico. Ni Abelardo ni José Manuel proponen que se combata el crimen con medios también criminales. La fórmula es simple y la aprenden los estudiantes de Derecho desde su primer semestre en la universidad: la ley debe aplicarse con todo rigor, aun mediante el uso de la fuerza legítima cuyo monopolio ostenta el Estado. En eso consisten su heteronomía y su coercibilidad. Sólo por una perversión ideológica impuesta por los enemigos del orden constitucional ha hecho carrera la idea de que cuando la autoridad no logra reducir a los facciosos entonces debe claudicar ante sus exigencias y garantizarles impunidad por sus crímenes atroces.
¿Reducir el enorme tamaño del Estado y adoptar un régimen tributario que no oprima a los emprendedores que generan riqueza colectiva y garantizan empleo digno para los trabajadores es extremismo? Sí lo es la propuesta de Cepeda de redistribuir la riqueza para así multiplicar la pobreza e incluso la miseria, como ha ocurrido en los regímenes comunistas. El proyecto de Abelardo y José Manuel no va en desmedro de las legítimas aspiraciones de los trabajadores y los menesterosos, que deben atenderse al tenor de la opción preferencial por los pobres que proclama la Doctrina Social de la Iglesia. Lo que estipula es que se las atienda racionalmente, de acuerdo con las posibilidades comunitarias.
La negativa de Abelardo a hacer componendas con "los de siempre" puede ser susceptible de críticas por su falta de realismo político, como le ha sucedido a Fajardo, pero no es muestra de extremismo, dado que no significa que se persiga a nadie, sino que no se vuelva a la práctica de parcelar el Estado a través de negociaciones que suelen desembocar en corrupción. La acción estatal debe racionalizarse y el punto de partida es convocar el auxilio de los mejores, sobre todo cuando se trata de la reconstrucción del país. La convocatoria de José Manuel representa un magnífico ejemplo de lo que se busca en estos momentos en que se requiere erradicar la apestosa oclocracia que se ha incrustado en los altos niveles de la organización política.
Bienvenido sea el extremismo si por tal se considera la idea de enaltecer la vida pública con el realce de los valores cristianos que constituyen el fundamento de nuestra civilización. Si la Carta Fundamental que nos rige se expidió invocando la protección de Dios, reconocer su presencia en la acción gubernamental es apenas pertinente. No se trata de volver a la intolerancia religiosa ni de imponer por la fuerza un sistema de creencias, sino de promover la política del espíritu que mencioné hace poco en uno de mis escritos. Si los escépticos, incrédulos o indiferentes reclaman sus espacios en ejercicio de la libertad de conciencia y las que de ella emanan, también nosotros los creyentes tenemos derecho a que en la esfera pública se nos respete y permita hacer valer nuestras voces en pro del mejoramiento espiritual de las comunidades. A la hora de la verdad, el verdadero progreso de la humanidad consiste en la promoción de su trascendencia espiritual, que es la que nos hace mejores y a ello no puede ser ajeno el Estado cuya finalidad primordial es la promoción del bien común. No son compatibles con ella los perniciosos ejemplos de degradación con que a diario nos ofende el que nos desgobierna.
Con Abelardo y Juan Manuel rescataremos la dignidad del buen gobierno de la república.
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