miércoles, 29 de noviembre de 2017

¿Transacción o cesión de bienes?

Se dice que en el extranjero llama la atención el poco respaldo que se advierte en nuestras comunidades en torno de los acuerdos con las Farc, que llevan un año de haber sido firmados en un espectáculo que tuvo lugar en el teatro Colón. Hay quienes se duelen, además, de que la gente no haya entendido que todo acuerdo de paz es imperfecto y entraña sacrificios que conviene aceptar por aquello de que suele ser mejor un mal arreglo que un buen pleito.

Sobre la opinión de la supuesta "comunidad internacional", hay que decir que no solo es casi siempre superficial y deficientemente informada, sino que lo que se entiende por tal es un conglomerado de burócratas, comunicadores, académicos, ideólogos y activistas políticos prácticamente colonizados por las izquierdas. Su mentalidad es la de lo "políticamente correcto", reflejada en el torpe dicho de un intelectual francés que proclamaba que prefería estar equivocado con Sartre y no acertado con Aron. 

Es un vicio mental muy difícil de desarraigar que sigue haciendo estragos, según puede observarse en estas declaraciones de André Versaille que acaba de publicar Causeur. (Vid. https://www.causeur.fr/andre-versaille-intellectuels-gauche-phoques-148004?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=7bf6fee67a-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-7bf6fee67a-57270229). 

En cuanto a lo de que un mal arreglo es preferible a un buen pleito, no es poca la tela que ofrece para cortar. 

Hace varias semanas el padre Hernando Uribe Carvajal recordaba en "El Colombiano" las advertencias de Tácito, el célebre historiador romano, acerca de los malos tratados de paz, que suelen ser la semilla de nuevas y quizás más graves confrontaciones.

Un caso célebre es el del Tratado de Versalles de 1919, con el que se pretendió poner fin a la Primera Guerra Mundial y abrió el camino de la Segunda, tal como lo advirtió Keynes en su famoso libro sobre "Las Consecuencias Económicas de la Paz". (Vid. https://archive.org/details/KeynesLasConsecuenciasEconomicasDeLaPaz).

Los acuerdos de paz, como cualquier otro convenio, pueden ser excelentes, buenos, regulares, malos y pésimos, vistos en una escala de 5 a 1.

¿Cómo calificar el que consta en el NAF?

Creo que cada día se corrobora más la impresión que tuve desde un principio acerca de que las Farc solo aceptarían un acuerdo que las beneficiara de tal modo que su ansiada toma del poder quedase al alcance de sus manos. Son tales las ventajas que el NAF les otorga, que traen a mi memoria la franca respuesta que le dio mi profesor Ignacio Moreno Peláez al rector de la Universidad de Antioquia, Eduardo Uribe Botero, que lo exhortaba a que fuese complaciente con la jauría comunista que se estaba tomando nuestra Alma Máter: "Lo que Ud. me propone no es una transacción, sino una cesión de bienes".

Los civilistas entenderán de una lo que estoy diciendo. La transacción implica concesiones recíprocas de las partes; en la cesión de bienes el deudor fallido se entrega a sus acreedores, es un acto de rendición. Y tal es lo que se convino con las Farc en La Habana: la claudicación de las autoridades de la República de Colombia ante un puñado de facinerosos de la peor laya poseídos por un credo totalitario y liberticida.

Los capos de las Farc no ocultan su adhesión a los dogmas del marxismo-leninismo ni su propósito de conquistar el poder para imponernos el fallido y criminal modelo castro-chavista. Quieren hacer de Colombia una nueva Cuba y una nueva Venezuela, y el pueblo no les come cuento, pues tiene a la vista los deplorables resultados de la puesta en marcha del socialismo. 

Pero bien se sabe que quienes lo promueven están obnubilados por una ideología que exhibe los peores rasgos de las actitudes religiosas, tales como la negación o la distorsión de la realidad, el fanatismo, la intolerancia o la crueldad. Recomiendo sobre este asunto la lectura del siguiente comentario acerca de la obra de Yuri Slezkine en torno de la Revolución Rusa, que muestra cómo los bolcheviques obraban animados por un credo de características similares a las de los fundamentalistas religiosos: http://www.nybooks.com/articles/2017/11/23/bolshevisms-new-believers/

Pues bien, las elocuentes y pavorosas muestras de crueldad que exhibieron las Farc en ejercicio de su "sagrado derecho de rebelión", tal como lo calificó un jesuíta indigno de su condición sacerdotal, justifican el rechazo con que a sus dirigentes y voceros se los recibe do quiera que se hacen presentes. Las comunidades saben, porque han sufrido sus depredaciones, que ese tal "sagrado derecho" no se ha ejercido contra un "establecimiento" cerrado, egoísta, explotador y criminal, sino contra el pueblo colombiano mismo. El mayor número de sus víctimas no se cuenta entre la gente "de modo", como aquí decimos, sino la del pueblo llano.

Comencemos por la "guerrillerada", que en su inmensa mayoría se reclutó a través del infame tributo que las Farc les impusieron a miles de familias campesinas a las que les arrebataban sus hijos dizque en aras de la lucha popular. Esa es una de las causas del desplazamiento de muchísimos habitantes del campo hacia las ciudades, en donde esperaban recibir  protección para sus niños. Los millones de desplazados no lo fueron por la acción de la fuerza pública, sino por la de los alzados en armas, que a donde llegaban imponían su régimen de terror.

Abundan los testimonios acerca del infierno que se vivía en el interior de los frentes de las Farc y en las regiones sometidas a su atroz influencia. Centenares de pueblos conocieron la destrucción por obra de los ataques de la guerrilla. No faltaron aquellos en que se cebaron con aterrador encarnizamiento porque no se plegaban a fundar su economía en el cultivo de la coca. 

No, lo de las Farc no fueron errores, sino crímenes, muchos de ellos de lesa humanidad que abrieron heridas bastante difíciles de superar en el alma de las comunidades.

El coronel Plazas Vega ha reseñado los viernes en "La Hora de la Verdad" los espeluznantes prontuarios criminales de los cabecillas de las Farc. No estamos en presencia de unos próceres que, animados por la justicia de sus causas, hubiesen tenido que empuñar mal de su grado las armas para derrocar unos gobiernos espurios, sino de unos psicópatas sedientos de sangre. 

¿Quién, en su sano juicio, puede esperar que cuando tomen el poder actúen con moderación y buen sentido, si lo que saben del manejo de los hombres es que hay que tratarlos como a bestias? ¿Qué enseñan al respecto las filmaciones sobre el trato inhumano que se daba a los secuestrados en los campos de concentración que habían montado en medio de la espesura de las selvas? Me contaba una dama que sufrió el secuestro con el general Mendieta que a este lo amarraban con cadenas y lo obligaban a arrastrarse por el suelo. Y a un secuestrado que por su obesidad no podía andar al ritmo que pretendían imponerle lo amarraban con alambre de púas, dizque para que aprendiera a moverse.

Por supuesto que de estas atrocidades no se ocuparán probablemente la Comisión de la Verdad ni la JEP, pues el sesgo ideológico de los nombrados para integrarlas hará que, como lo ha dicho Ordóñez en otro contexto, "lloren por un solo ojo". Pero el pueblo las conoce y no las olvida. Cada víctima tiene una historia para contar que parte el alma. Y su testimonio hace que la gente se estremezca cuando ve pavonearse a los perpetradores de tantas atrocidades.

Reitero lo dicho en pasadas oportunidades: Santos y los negociadores de La Habana ignoraron que la búsqueda de la paz parte de unos condicionamientos morales imprescindibles. No basta con proclamarla en textos farragosos e indigeribles como el del NAF, sino que hay que suscitarla en el corazón de las comunidades y hasta en el de cada uno de los colombianos, especialmente los que de algún modo hemos sido víctimas de la violencia. Pero a ello no apuntan la altanería y el cinismo de que hacen gala a troche y moche los cabecillas de las Farc.

Se explica de ese modo que a Santos se lo reciba con rechiflas en todas partes y que De La Calle, que en otras circunstancias podría aspirar a cosechar el triunfo de una gestión digna del mayor encomio en bien de la patria, haya obtenido una muy magra y humillante votación en respaldo de su candidatura presidencial. El pueblo los desprecia y no porque sea malagradecido, sino porque los ve como cómplices de los verdugos de las Farc.


lunes, 20 de noviembre de 2017

La paz en veremos

Los defensores de los acuerdos con las Farc destacan la entrega de armas y la desarticulación de los frentes guerrilleros, así como la reducción del índice de homicidios en el país, como aspectos positivos de los mismos. 

No les faltan razones. Pero las cosas deben examinarse en su contexto. Al lado de los activos hay que anotar los pasivos y, como en la contabilidad de hace algunos años "las cuentas de orden por contra", es decir, los imponderables.

El abrumador crecimiento de los cultivos de coca, que nos convierte de hecho en un "Narcoestado", y  el tamaño de las disidencias de las Farc, junto con lo que ha registrado la prensa en estos días sobre el bajo nivel de cumplimiento de lo acordado por parte del gobierno, son, desde luego, aspectos negativos que no contribuyen a generar optimismo sobre los resultados del NAF.

Se ha abierto ahora una grave discusión sobre la JEP, que es, por así decirlo, la columna vertebral de los acuerdos, a raíz de un fallo reciente de la Corte Constitucional cuyos pormenores todavía no están a nuestra disposición, y del proyecto de ley estatutaria que está en su fase final en el Congreso y deberá definirse antes del 30 de este mes.

Conviene recordar que el tema de la responsabilidad penal de los integrantes de las Farc por sus innumerables delitos cometidos a raíz de su rebelión contra el ordenamiento legítimo de la República de Colombia, muchos de ellos de extrema gravedad y susceptibles de caer bajo el control de la CPI, tenía atrancadas las conversaciones de La Habana. A raíz de ello, el gobierno dejó de lado a sus negociadores y se integró una comisión de la que hicieron parte Juan Carlos Henao, Manuel José Cepeda, Álvaro Leyva y Enrique Santiago, para que en el estrecho límite temporal de un fin de semana elaborase una propuesta llamada a superar el escollo.

Esto nos da una idea de la ligereza y la consiguiente irresponsabilidad con que el gobierno adelantó este proceso. Un asunto de enorme magnitud, preñado de complejidades, en el que se decidía sobre temas fundamentales de la ordenación institucional de la República, se resolvió a las volandas, dejando de lado pormenores de vital importancia que son ahora tema de discusión en los distintos escenarios colectivos. Entonces vienen, como dice el Evangelio,"el llanto y el crujir de dientes", cuando la sociedad colombiana empieza a darse cuenta de las implicaciones de ese engendro concebido en una aventura de "week-end".

Las Farc creían haber tomado el sartén por el mango con este y otros acuerdos que parecían darles ventajas exorbitantes para aventurarse a la ansiada toma del poder, ya no por la fuerza de las armas, sino por medios institucionales estipulados a espaldas del pueblo y en contra de su  voluntad que se expresó en el plebiscito del dos de octubre del año pasado. 

Pero el fallo de la Corte Constitucional y lo que se espera que salga del Congreso en estos días les están aguando la fiesta. De ahí sus airadas protestas que se aúnan a la amenaza de dar por terminado el proceso de paz si no se atienden sus reclamos.

Bien dice el vulgo que "de la carrera no queda sino el cansancio". Santos estaba urgido de firmar el acuerdo con las Farc antes de la adjudicación del Premio Nobel de Paz que venía gestionando y para cuyo evento había ordenado desde hacía varios meses que se acondicionara un avión en el que pudiera viajar a recibirlo, tal como lo informó la prensa en su debida oportunidad. La precipitud con que obró le hizo perder todo control sobre la marcha de los acontecimientos. Quedó en manos de las Farc y para darles gusto se atrevió a desconocer los resultados del plebiscito, dando lugar así a un auténtico golpe de estado que trajo consigo el desquiciamiento de nuestra endeble institucionalidad. Esta quedó como "un viejo mueble descolado", según diría el pintoresco "Negro Cele", autor del famoso "Mano a Mano".

De ahí en adelante, todo ha acontecido a través de una seguidilla de burlas a la Constitución, como las que acaba de infligirle la Corte Constitucional al desconocer, sin asomo alguno de vergüenza, para este caso su discutible tesis sobre el juicio de sustitución de aquella, con lo que impidió la segunda reelección del presidente Uribe Vélez y la creación de una Comisión de Aforados para controlar los desafueros de las altas Cortes.

Insisto en que la argumentación jurídica carece de toda relevancia para lo que hoy se debate en el país. Estamos bajo un régimen de facto, y las Farc temen que del mismo modo que Santos le dio la espalda a Uribe, se vuelva ahora en contra de ellas y les dé unas amargas sorpresas, ya que saben que es un gobernante sin Dios ni Ley. Por eso están encendiendo las alarmas. Las asusta que de sopetón extraditen a sus capos a los Estados Unidos y acá mismo se hagan efectivas las severas condenas que les ha impuesto la justicia ordinaria.

No sobra recordar que los acuerdos se hicieron con un gobierno tramposo y no con la sociedad colombiana, que aspira a la paz, pero no al precio que tratan de imponer las Farc, sino en términos razonables.

Sobre estos últimos habrá que reabrir la discusión.


domingo, 5 de noviembre de 2017

"...ahora hueles mucho más que antes, y no a ámbar..."

El hedor que expele la gestión de Santos trae a mi memoria el episodio de los batanes que se relata en el capítulo XX del Quijote, cuando Sancho, presa del miedo y aferrado a la pierna de su señor, arroja ruidosamente heces de su vientre, excitando así el sensible olfato del Ingenioso Hidalgo, quien le dice:

"...-Me parece, Sancho, que tienes mucho miedo.

"-Sí lo tengo, ¿pero en qué lo nota vuestra merced ahora más que antes.

"-En que ahora hueles más que antes, y no a ámbar..."

La prensa anuncia hoy un nuevo episodio de corrupción que enloda a Santos. Se trata de su participación en sociedades domiciliadas en Barbados, que es un refugio fiscal en el Caribe (Vid.http://m.elcolombiano.com/colombia/paradise-papers-nuevo-escandalo-salpica-a-presidente-juan-manuel-santos-NL7638258; http://m.elcolombiano.com/colombia/paradise-papers-nuevo-escandalo-salpica-a-presidente-juan-manuel-santos-NL7638258).

Esto viene a descubrirse a poco del escándalo de la salida de la Directora General del Sena, que a raíz de la declaratoria de insubsistencia con que la castigó Santos dizque por haber desconocido el conducto regular para tramitar sus denuncias contra los malos manejos de su antecesor en el cargo y hoy Secretario General de la Presidencia, estremeció a la opinión pública con sus revelaciones acerca de esa impúdica gestión (https://www.elespectador.com/noticias/educacion/durante-tres-semanas-intente-denunciar-en-el-gobierno-exdirectora-del-sena-articulo-721153; http://www.eltiempo.com/vida/educacion/exdirectora-del-sena-habla-sobre-irregularidades-en-administracion-de-alfonso-prada-147670).

¿Y qué decir del escándalo de Odebrecht, que involucra, entre otros altos funcionarios y personajes cercanos al gobierno, a dos exministras que Santos defendió declarándolas impolutas y hoy sabemos que son unas "triple impolutas"? (Vid. http://cnnespanol.cnn.com/2017/03/17/los-tentaculos-de-odebrecht-en-colombia-la-red-de-los-implicados-en-elescandalo/#0; http://www.elcolombiano.com/colombia/politica/declaraciones-de-juan-manuel-santos-sobre-criticas-del-centro-democratico-a-exministras-por-odebrecht-LK5826973).

Santos, con el cinismo que lo caracteriza, ha dicho sobre los negociados que rodean a su gobierno que apenas acaba de enterarse y está combatiendo la corrupción que se está destapando, como si la cosa no fuera con él (Vid. http://www.radiosantafe.com/2017/10/07/la-corrupcion-se-esta-destapando-y-se-esta-combatiendo-santos/; https://www.elheraldo.co/colombia/se-esta-destapando-la-olla-podrida-dice-santos-sobre-casos-de-corrupcion-386287).

Las denuncias sobre corrupción en el gobierno de Santos no son de ahora. Desde hace un buen rato el senador por el CD Ernesto Macías ha venido destapando otras ollas podridas que tampoco huelen a ámbar.(Vid. 
http://girardot.extra.com.co/noticias/politica/santos-su-gobierno-ha-sido-el-mas-corrupto-de-la-historia-er-267146; http://www.eluniversal.com.co/politica/nueva-denuncia-contra-juan-manuel-santos-por-auxilios-parlamentarios-149274).

De hecho, Juan Manuel Santos ha fundado su acción política en el reparto de la tristemente célebre "mermelada" con la que compra a los congresistas para que apoyen sus iniciativas.

Los ingredientes de ese indigesto comistrajo son muy variados, pero todos ellos apuntan hacia el enriquecimiento personal de los congresistas y sus aliados, así como a la financiación ilegal de sus campañas políticas. Se sabe, por ejemplo, de alguno que vendió su "cupo indicativo" en varios miles de millones de pesos.

La separación de poderes, la independencia del Congreso, la transparencia de la gestión de sus miembros, en fin, todo aquello que quiso proteger la Constitución en aras del orden político, económico y social justo que promete su Preámbulo, ha venido a pique por obra de la inatajable tendencia a los malos manejos que caracteriza a Santos.

Los que lo han conocido de cerca, como Carlos Lleras de la Fuente, no ahorran epítetos de grueso calibre para referirse a lo avieso de su carácter.

Dice de Santos,  Fernando Balda, que lo defendió como abogado ante las autoridades ecuatorianas a raíz del atque al campamento en que murió Raúl Reyes, que es imposible compararlo con los más famosos traidores de la historia, pues a todos ellos juntos los supera en felonía (Vid. https://fernandobalda.wordpress.com/2013/04/24/el-traidor/).as 

Al tenor de lo que se sabe de quien ocupa hoy el cargo de presidente de Colombia, el registro de sus hazañas es digno de figurar como un apéndice de la "Historia Universal de la Infamia" que hizo famoso a Jorge Luis Borges. Si lo tenemos hoy como primer magistrado, ¿por qué ha de extrañarlos que un facineroso como el atroz Timochenko aspire a sucederlo?

En mis navegaciones por la red encontré esta mañana estas profundas palabras de Santo Tomás Moro:  "El hombre no puede ser separado de Dios, ni la política de la moral" (Vid. https://peregrinodeloabsoluto.wordpress.com/biblioteca-digital-pdf/).

Pues bien, Santos ha hecho gala de su total desprecio por la moralidad en la política. Es, en rigor, un amoral. Y así no es posible gobernar con tino. Ha convertido a Colombia en un albañal.


martes, 31 de octubre de 2017

Divagaciones constitucionales

Por una muy amable invitación de la Facultad de Derecho de la UPB hube de dictar en este semestre cuyo fin se aproxima un curso de Dogmática Constitucional Colombiana.

Como su nombre lo indica, el contenido de la materia versa sobre la parte dogmática de la Constitución. 

Es bien sabido que en la doctrina suele distinguirse en toda Constitución una parte dogmática, que atañe a los principios fundamentales que la inspiran, y una parte orgánica, contentiva de normas de detalle sobre la ordenación de los poderes públicos y sus relaciones con las comunidades y los individuos.

La línea divisoria entre ambos segmentos no es nítida, pero la distinción es importante porque la parte orgánica se inspira en la dogmática y, en tal virtud, la jurisprudencia considera que sus disposiciones no solo deben aplicarse en función de los principios básicos, sino que no pueden contrariarlos. 

De ese modo, se ha llegado a sostener que hay normas de la parte orgánica que son prácticamente inexequibles, a menos que se las entienda en el sentido e incluso bajo la redacción que la jurisprudencia impone. 

No menos importante es, además, la tesis según la cual los "elementos basilares" de la Constitución no pueden modificarse por el Congreso, sino por una Asamblea Constituyente elegida por el voto ciudadano con ese propósito.

Según ello, hay en la Constitución unas "cláusulas pétreas" que hacen de ella un estatuto bastante rígido, aunque no del todo.

Cuáles sean esos "elementos basilares" o "pétreos" resulta, a primera vista, asunto de ardua dilucidación. De hecho, ellos se ponen de manifiesto cuando la Corte Constitucional decide  proferir un fallo político que le brinde la oportunidad de hacer gala del supremo poder de guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución que le confiere el artículo 241 de la misma.

Un viejo y discutible dicho del constitucionalismo norteamericano reza que "La Constitución es lo que la Suprema Corte diga que es". Esto significa que los jueces constitucionales identifican el contenido de la normatividad suprema del Estado y, de esa manera, deciden sobre sus alcances. 

Nuestra Corte Constitucional ha echado mano de ese dogma y lo aplica al pie de la letra, llegando a afirmar que entre la Constitución y su competencia para definirla "no se interpone ni una hoja de papel". Como es un organismo que carece de controles efectivos y de todo espíritu de autocontrol, en la práctica se arroga la función constituyente.

Por lo tanto, cuando uno se pregunta acerca de cuál es la Constitución que la Corte Constitucional debe salvaguardar en su integridad y  su supremacía, no puede ofrecer una respuesta decisiva. Por supuesto que ahí entran los textos de la Constitución Política de 1991 y los Actos Legislativos que la adicionan y reforman. Pero a ellos hay que agregarles las disposiciones del Bloque de Constitucionalidad a que alude el artículo 94 de la Constitución, los contenidos de la jurisprudencia constitucional y ese etéreo "Espíritu de la Constitución" que los magistrados de la Corte Constitucional invocan y canalizan como si fuesen médiums que entran en contacto con entidades inmateriales que se manifiestan a través de ellos.

Aunque en principio toda Constitución se basa en alguna ideología dominante, la nuestra es hija de un espíritu de compromiso que alberga una variada gama de influencias conceptuales que dan margen a muchísimas posibilidades interpretativas. En términos religiosos, podríamos decir que su nota dominante la da el sincretismo. En otras palabras, es una colcha de retazos.

Se supone que el ordenamiento jurídico del Estado se funda en normas claras y en principios sólidos a los que las autoridades y los súbditos pueden saber a qué atenerse. Este es un requisito de la racionalidad del sistema. Pero si la normatividad fundamental es aleatoria y evanescente, o como diría Montaigne, "cosa vaga, vana y ondulante", lo que se impone, en términos de Karl Schmitt, es un decisionismo voluntarista que reproduce el principio "Rex voluntas suprema lex est", que a juicio de Kelsen es la regla de oro del absolutismo monárquico.

Aunque el artículo 3 de la Constitución dice pomposamente que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de hecho Santos y sus cómplices del Congreso y la Corte Constitucional la han conculcado descaradamente. De ello da cuenta el grosero desconocimiento de la voluntad popular que se manifestó en el plebiscito del dos de octubre del año pasado, dando lugar lugar a una arbitraria refrendación y puesta en marcha del NAF, cuyo contenido se lleva de calle a las claras la normatividad constitucional. 

En sana lógica, la Corte Constitucional habría tenido que decir que ese remedo de estatuto solo es susceptible de imponerse a través del procedimiento que ella misma ha indicado que es el único viable para sustituir en todo o en parte las bases de la Constitución. Pero la racionalidad jurídica ha desaparecido en las altas esferas del poder, las cuales se han precipitado hacia el abismo de la arbitrariedad.

Desde el primer día de clase les advertí a mis alumnos que en Colombia que lo que hay entre nosotros en estos momentos es un régimen de facto que sigue los dictados del contubernio de Santos con las Farc, bajo la influencia del gobierno cubano. Estamos ya en una etapa de transición institucional que no sabemos a qué reglas se ciñe ni hacia dónde nos llevará. Tal como lo he señalado en otras ocasiones, mi opinión es que vamos hacia un agujero negro.

Santos podría exclamar, haciendo suyas las palabras de Núñez , cuando por el modo del "balconazo", como lo calificó Germán Arciniegas, expidió la partida de defunción de la Constitución de 1863,  que "la Consitución de 1991 ha dejado de existir".


miércoles, 25 de octubre de 2017

¿Propósitos de paz o ánimo de venganza?

El profesor Fernando Velásquez, persona respetable como la que más, escribió hace poco un artículo para "El Colombiano" en el que hace una inquietante disección de la JEP,  para concluir que ahí se está en presencia de una "Justicia de Vencedores". El enlace para leerlo es el siguiente: http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/justicia-de-vencedores-YD7500540.

Es evidente que el acuerdo a que llegaron el gobierno y las Farc sobre este tópico favorece excesivamente al grupo guerrillero.

De ahí que, según lo ha destacado la prensa en estos días, la Fiscal de la Corte Penal Internacional haya hecho fuertes críticas a la JEP. (Vid. http://www.elpais.com.co/colombia/fiscal-de-la-corte-penal-internacional-hace-fuertes-criticas-a-la-jep.html; http://www.elcolombiano.com/colombia/acuerdos-de-gobierno-y-farc/linea-de-mando-y-graves-crimenes-de-guerra-son-las-preocupaciones-de-la-corte-penal-internacional-CC7545613).

A esas críticas se ha sumado el ex-vicepresidente y hoy virtual candidato presidencial Germán Vargas Lleras, cuyo movimiento político, en boca de su director Jorge Enrique Vélez, ha declarado que las irregularidades señaladas por aquel acerca de la JEP y los beneficios que ahí se conceden a las Farc "son muy graves"(Vid. http://www.lafm.com.co/politica/denuncias-irregularidades-la-jep-vargas-lleras-graves-cambio-radical/).

 Añade "El Colombiano" en su edición de hoy que los gremios objetan la justicia de paz, según se desprende de un comunicado que acaba de expedir el Consejo Nacional Gremial (Vid. http://www.elcolombiano.com/colombia/gremios-objetan-la-justicia-de-paz-FG7558326).

En varias oportunidades he llamado la atención acerca de los graves vicios constitucionales de que adolece la JEP, cuya concepción  entraña tan grave desconocimiento de la soberanía nacional que hace reos a sus autores del delito de traición a la patria.

Según cita de Mauricio Vargas, Jorge Humberto Botero afirma que la JEP viola la Convención Americana de Derechos Humanos  suscrita en San José de Costa Rica en 1969 y ratificada por Colombia, por cuanto ahí se garantiza a toda persona el derecho a ser oída por juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley, lo cual no se cumple en este caso, pues se trata de una jurisdicción que actuará  para fallar sobre casos anteriores a su creación (Vid. http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-vargas/lo-que-empieza-mal-en-la-jep-143470).

En fin, Carlos Holmes Trujillo, en sendos artículos publicados en "Debate", insiste en sus advertencias sobre la JEP y vuelve sobre las observaciones que al respecto ha formulado la CPI.(Vid. http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/itemlist/user/113-carlosholmestrujillo).

Lo que se espera de la JEP no es que se haga justicia, sino que sirva para exculpar a los capos de las Farc o tratarlos con dulzura, y al mismo tiempo actúe como martinete para aplastar a sus enemigos, trátese de integrantes de las fuerzas armadas, de agentes estatales o incluso de particulares a quienes se sindique de haber colaborado de alguna manera con el paramilitarismo.

De hecho, lo que se pretende es justificar el alzamiento y los crímenes de las Farc como ejercicio de lo que cierto jesuíta que probablemente abandonó la sotana hace tiempos defiende como legítimo ejercicio del derecho de rebelión contra un sistema estatal y de clase opresivo y genocida.

Todo invita a pensar que el andamiaje de la JEP es fruto de una siniestra conspiración contra el pueblo colombiano. No es por mera coincidencia que la comisión encargada de elegir los integrantes de la JEP haya resultado ser de extrema izquierda, ni que los elegidos en su gran mayoría, por no decir en su totalidad, sean de esa tendencia ideológica. Parafraseando un verso de Enríque Cadícamo, bien cabe preguntar "qué mano huesuda fue hilando estos males". Lo cierto es que de ahí solo desventuras podrán derivarse para Colombia.

El Centro Democrático está recogiendo firmas para que se convoque un refrendo derogatorio de este y otros dislates del NAF. A la ciudadanía le toca decir la última palabra acerca de asuntos de extrema gravedad como los que se mencionan. Hay que obrar con prontitud, antes de que la JEP empiece a hacer estragos.




domingo, 15 de octubre de 2017

Carambolas Mentales

Mi finado amigo Federico Villegas Barrientos publicó hace años un libro con las "Carambolas Mentales" que había dado a conocer a través de distintos periódicos para deleite de sus lectores. 

Esas carambolas eran una especie de gregerías como las que hicieron famoso a Ramón Gómez de la Serna, en las que Federico hacía gala de la agudeza de su ingenio, lo divertido de sus juegos lingüísticos, la osadía de sus acrobacias verbales.

Ese ameno género poco abunda hoy, pero quedan todavía secuelas de su influjo do uno menos lo esperaría. Para rastrearlas, sugiero que se lea lo que con  solemnidad digna de mejor causa suele producir la Corte Constitucional en su intento de darle presentación jurídica a lo que es un ejercicio mondo y lirondo de un poder político sin Dios ni Ley.

De ello da muestra clara lo que se sabe del más reciente de sus fallos, el que se ocupa dizque del blindaje del NAF, cuyo contenido parece ser sibilino y evasivo en grado sumo. Quienes se han ocupado de interpretarlo prima facie han llegado a la conclusión de que en últimas, a su juicio, el NAF no es intocable, pero tampoco se lo puede hacer trizas. Piensa el fiscal Martínez que según ese fallo el NAF no es fuente de derecho (vid. http://www.semana.com/nacion/articulo/entrevista-fiscal-general-acuerdo-de-paz-y-corte-constitucional/543691), pero otros intérpretes afirman que, sin embargo, obligará a las autoridades a inspirarse en él durante los tres periodos presidenciales que seguirán al que ya anda penosamente por su cuesta final. 

"Que sí, que no", como reza una letrilla acerca de los mensajes de una margarita cuyos pétalos deshoja un ansioso pretendiente.

Según mi leal saber y entender, al tenor de lo que ha venido ocurriendo en Colombia en los últimos tiempos resulta ocioso examinar los avatares de la política a la luz de la normatividad jurídica, pues tengo claro que con el desconocimiento de la voluntad popular que se manifestó en el plebiscito hace un año, se produjo un golpe de estado que  puso término a lo que nos quedaba de régimen constitucional e instauró uno de facto que, si bien guarda ciertas apariencias de juridicidad, no obedece a la Regla de Derecho ("Rule of Law"), sino a la voluntad dictatorial de Juan Manuel Santos. 

A la luz de la definición tomista de la tiranía, Santos es, ni más ni menos, un tirano que hace de la ley lo que le da la gana.

¿Qué sucede cuando desparece la autoridad legítima en un país?

Tal como aconteció con el vacío de poder que se produjo en España y sus dominios a raíz del golpe que le propinó Napoleón a la dinastía de los Borbones, los pueblos resolvieron invocar su soberanía originaria, que no era invento de la Revolución Francesa, sino de la más ortodoxa escolástica medieval. Si en Colombia ya no  hay autoridad legítima, pues el poder está en manos de unos usurpadores, le toca al pueblo manifestarse para exigir que se respete su voluntad.

Estamos ya en vísperas de unas elecciones y la primera exigencia en torno suyo es que los llamados a organizarlas obren con lealtad y permitan que la opinión se manifieste libre y efectivamente. Pero como tenemos unos tramposos ejerciendo el poder, habrá que redoblar los esfuerzos para impedir sus tropelías. Al poder amañado será necesario enfrentarlo con la fuerza legítima de la voluntad popular.

Hay un antecedente digno de considerarse. El 5 de octubre de 1988 el pueblo chileno dijo No a la continuidad de Pinochet en el mando supremo. A pesar de las circunstancias adversas en que se desarrolló la campaña previa al certamen, el No triunfó abrumadoramente sobre el Sí , a razón del 55% sobre el 44 % (Vid. https://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_nacional_de_Chile_de_1988). Según algunos analistas de la política chilena, el liderazgo de Ricardo Lagos fue decisivo para el logro de ese resultado.

Colombia cuenta hoy con el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez, a quien hay que rodear y seguir con miras a que la votación popular el año entrante sea tan contundente que Santos y sus conmilitones no puedan tergiversarla ni, muchísimo menos, desconocerla. Obtenido el triunfo, las soluciones jurídicas vendrán por añadidura. Entonces se verá lo que pueda hacerse con el NAF, la JEP, la CISIV y otros engendros funestos de este régimen oprobioso que ha querido someternos a la coyunda de las Farc y lo que estas significan.

Cuando la gente me pregunta qué hacer, mi respuesta es: piensen, infórmense, opinen, manifiéstense, háganse sentir, reasuman la soberanía que el tirano ha pretendido conculcarles.

Hay que reconstituir a Colombia, pero no en el sentido de la refundación bajo las consignas totalitarias del marxismo-leninismo que pretenden las Farc, sino de las tradiciones democráticas y liberales que configuran la esencia de nuestro constitucionalismo.




lunes, 2 de octubre de 2017

El NAF hace trizas la institucionalidad colombiana

Hace un año la ciudadanía colombiana votó mayoritariamente en contra del Acuerdo Final convenido por Santos con las Farc. Con ese voto, en sana lógica democrática y jurídica, dicho documento habría debido quedar sepultado. Pero, en virtud de aviesas maniobras, Santos, con la complicidad del Congreso y de la Corte Constitucional, intentó darle nueva vida presentándolo como un Nuevo Acuerdo Final (NAF).

Con todo, el maquillaje que le aplicó a ese cadáver no lo purga de sus múltiples y letales vicios jurídicos. 

Señalaré tres de ellos, a saber:

1) El NAF viola el principio de la soberanía popular.

El artículo 3o. de la Constitución Política es del siguiente tenor:

"La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece".

Según el artículo 1o. de la Constitución, Colombia se organiza en forma de república democrática, participativa y pluralista. Dicho de otro manera, ha adoptado la modalidad de democracia participativa, que va más allá de la meramente representativa, lo cual significa, a todas luces, que los diferentes mecanismos de participación popular previstos en la Constitución, entre ellos el plebiscito, prevalecen sobre los de representación. 

En síntesis, el voto popular no puede ser sustituido ni  desconocido por el Congreso, ni siquiera por la vía del acto legislativo ni la de la ley, y muchísimo menos por la de una simple proposición aprobada por ambas cámaras.

Lo que al respecto hizo el Congreso y avaló la Corte Constitucional no es otra cosa que un adefesio mediante el cual se dio un verdadero golpe de estado contra la Constitución. Por eso he venido sosteniendo desde entonces que en Colombia desapareció el régimen constitucional y se ha instaurado un verdadero régimen de facto. Santos, de hecho, obra como un dictador, así aparente ciertas muestras de respeto por la institucionalidad. Pero el modo como la burla es descarado en grado sumo, como acaba de verse con el decreto reglamentario de la JEP, que reglamenta una ley inexistente.

El NAF, estipulado contra manifestación expresa de la voluntad popular, no solo es antijurídico, sino ilegítimo. No vincula al Estado ni al pueblo que el mismo representa. Es, como lo he dicho en otras oportunidades, una camisa de fuerza que tarde o temprano habrá de romperse, pues conduce a la destrucción de la sociedad colombiana. 

No es un acto de paz, sino un gravísimo atentado contra los fines esenciales del Estado que consagra el artículo 2o. de la Constitución:"...servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".

Todos estos fines valiosos quedan en entredicho con el contenido del NAF y las eventualidades de su implementación.

2) El NAF implica la sustitución de la Constitución por una vía que la Corte Constitucional considera lesiva de nuestro ordenamiento jurídico.

La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la ley que autorizó la convocatoria de un referendo que haría posible la segunda reelección del presidente Uribe Vélez, argumentando que por ese camino se afectarían las bases mismas del régimen constitucional, lo que implicaría en el fondo no solo la sustitución del mismo, sino incluso su subversión.(Vid. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-141-10.htm). 

Según la Corte, toda iniciativa tendiente a alterar la esencia de la Constitución Política solo puede adoptarse por una asamblea constituyente elegida por el pueblo con ese objeto. Ni siquiera la ciudadanía puede aprobar una reforma sustancial de la Constitución por medio de un referendo. Tampoco puede hacerlo el Congreso a través de acto legislativo ni, dese luego, de una proposición aprobada por sus cámaras.

Esta doctrina se reafirmó el año pasado, cuando  la Corte declaró la inexequibilidad de varias disposiciones del Acto Legislativo No. 2 de 2015, por considerar que implicaban la sustitución de "elementos basilares" del ordenamiento constitucional y no una mera reforma del mismo.(Vid. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-285-16.htm).

Pues bien, no hay que ser un jurista avezado para ver que el NAF se superpone a la Constitución y la altera sustancialmente. Si la Corte Constitucional decidiera en concordancia con la jurisprudencia que ha reiterado, tendría que llegar a la conclusión de que dicho documento solo podría tener viabilidad jurídica si lo aprobara una asamblea constituyente surgida de la elección popular.

La implementación que se le está dando es evidentemente contraria al régimen constitucional, pero este, como vengo diciéndolo, de hecho ya ha desaparecido entre nosotros. Lo que hay es un régimen espurio que cubre de vergüenza a Colombia. 

3) La adopción de la CSIVI y la JEP configura el delito de traición a la patria.

El artículo 111 del Código Penal tipifica dentro de las modalidades del delito de traición a la patria la realización de actos que tiendan "a menoscabar la integridad territorial de la República, a someterla en todo o en parte a dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional".

Pues bien, tanto el modus operandi de la CSIVI como de la JEP conllevan la sujeción por lo menos parcial del Estado colombiano a dominio extranjero y afectan su naturaleza de Estado soberano.

No otra cosa implica el hecho de que las diferencias que se presenten en el seno de la primera deban someterse a la decisión de cuatro gobiernos extranjeros (los de Cuba, Venezuela, Chile y Noruega). Y los cometidos de esa comisión no son de poca monta, pues a ella le corresponde el examen previo de toda la normatividad que pretenda aprobarse con miras a la implementación del NAF. O sea que las potestades normativas del congreso y el gobierno en estas materias se supeditan a lo que dispongan esos gobiernos. ¿No entraña ello la capitis diminutio de dichas potestades normativas, es decir, de nuestra soberanía?

Igual conclusión cabe respecto de la JEP, cuyos integrantes acaban de ser nombrados por una comisión de cinco miembros, tres de los cuales son extranjeros, fuera de que su secretario ejecutivo es nombrado por la ONU a través de una concesión de supranacionalidad no contemplada por la Constitución.

No cabe duda de que uno de los atributos básicos de la soberanía, tal como se la ha configurado a través de la historia, es la administración de justicia, a cuyo ejercicio está renunciando el Estado colombiano en lo concerniente a la elección de los magistrados de la JEP y el nombramiento de su secretario ejecutivo.

Se sigue de ahí que los negociadores del NAF, tanto de parte del gobierno como de las Farc, al parecer han incurrido en traición a la patria al acordar estas disposiciones. Y lo mismo cabe imputarles a los funcionarios que las están implementando.

Pero el Código Penal es hoy letra muerta frente a los desafueros del dictador Santos.¿Quién le pone el cascabel a ese gato?