"Yo hago lo que me dé la gana"

Este desafiante enunciado que se colige de unas declaraciones que hace poco dio Juan Manuel Santos sobre la pregunta del plebiscito carece de la majestad del que se atribuye a Luis XIV -"El Estado soy yo"-, pero pone de manifiesto el talante del absolutismo monárquico que no reconoce regla alguna por encima de la voluntad real.

De hecho, Santos ha gobernado a su amaño, como si para él no hubiese  Dios ni Ley. Sus modelos no han sido los gobernantes republicanos que contribuyeron decisivamente a forjar el carácter civil de nuestro régimen político, sino los déspotas caribeños que con ocres tonalidades pinta Germán Arciniegas en un libro que convendría releer en estos momentos aciagos:"Entre la libertad y el miedo".

Hace poco les recordaba a mis alumnos un deporte macabro que a veces se ha practicado en Colombia, consistente en decapitar personas y jugar fútbol con sus cabezas. Eso hizo la chusma el 9 de abril, creo que en Puerto Tejada, con los policías que asesinó, lo que dio lugar para que Darío Echandía dijera en frase que se hizo célebre que "Colombia es un país de cafres,... con perdón de los cafres". Entiendo que en otros lugares la guerrilla y los paramilitares han hecho lo mismo. Al fin y al cabo, olivos y aceitunos todos son uno.

Pues bien, eso mismo hace Santos con la Constitución. La descabeza y juega con sus despojos. 

No hay que olvidar que uno de los pilares del régimen constitucional es la separación de poderes. El artículo 16 de la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclama, en efecto, que toda sociedad en que no esté asegurada la garantía de los derechos ni establecida la separación de poderes, carece de Constitución.

En consecuencia, como bajo el oprobioso régimen de Santos ha desaparecido en Colombia la separación de poderes, acá ya no hay Constitución. Ni el Congreso, ni la Judicatura, ni los Órganos de Control, ni la Registraduría Nacional del Estado Civil, ni las Administraciones Departamentales y Municipales, escapan al mañoso imperio que bien sea por la compra de conciencias, ya por la intimidación, pretende ejercer Santos sobre todo el aparato estatal. Ha ido, incluso, más allá, sobornando y presionando a la Iglesia, a las entidades gremiales, a la prensa, en fin, a todo aquello que signifique presencia y manifestación de la sociedad civil.

De ese modo, les ha dado a las Farc los ejemplos más elocuentes acerca de cómo abusar del gobierno, para cuando asuman de frente esa tarea. Ya lo hacen subrepticiamente, pero si gana el sí en el evento plebiscitario  no tardarán en asumir las riendas del poder.

No cabe duda: la Constitución de 1991 ha dejado de existir. 

Si estuviera en vigencia, no se podrían haber cometido los abusos en que ha incurrido Santos para convocar el plebiscito el próximo dos de octubre. 

Los resumo:

-La convocatoria del plebiscito suponía un Acuerdo Final firmado con las Farc y una pregunta válida para formularle a la ciudadanía.

-Tanto el Acuerdo Final como la pregunta tendrían que haberse sometido a la consideración del Congreso para que sus cámaras dentro del término máximo de un mes aprobaran o improbaran la convocatoria.

-A la ciudadanía tendría que habérsele dado el mismo término para conocer suficientemente el texto de un Acuerdo Final íntegro y debidamente formalizado.

-El Congreso dio a las volandas su aprobación a la convocatoria del plebiscito sin tener a su disposición el texto idóneo del Acuerdo Final, pues lo que Santos le entregó fue un borrador no firmado por las partes ni autorizado por el gobierno. Y el Congreso no aprobó la pregunta que se le va a formular a la ciudadanía, pues Santos la dio a conocer después.

-Tanto en la formulación de la pregunta como en las actuaciones que ha seguido para promover el voto por el sí, Santos ha desdeñado descaradamente los condicionamientos que la Corte Constitucional dispuso para aprobar la exequibilidad de la Ley Estatutaria respectiva.

-Como la Corte Constitucional tiene dentro de las atribuciones que le asigna el artículo 241 de la Constitución la de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad de los plebiscitos del orden nacional, por vicios de procedimiento en su convocatoria y su realización, lo que se pretende celebrar el próximo dos de octubre tendría sobre sí la espada de Damocles de la Corte. Pero Santos al parecer ya la controla y sería altamente improbable que ella declarara esa inexequibilidad, no obstante las graves irregularidades procedimentales que rodean la convocatoria del plebiscito.

Ni qué decir sobre las consecuencias del voto por el sí. Si el mismo triunfare, entrará en vigencia el Acto Legislativo par la Paz que ya ha sido demandado ante la Corte Constitucional, pues más que una reforma de la Constitución, entraña la sustitución de la misma a través de la incorporación al Bloque de Constitucionalidad de un Acuerdo Final que socava toda su estructura y pretende imponerse sobre ella a título de una fementida supraconstitucionalidad.

Ya veremos a la Corte Constitucional, que hace poco declaró inexequibles unas reformas por considerar que no eran tales, enfrentada a su propia doctrina y a la más elemental lógica jurídica, para doblegar la cerviz bajo el peso de los hechos políticos que creará el resultado favorable al Acuerdo Final.

Ya no tendremos una Constitución concertada con el M-19, como la de 1991, sino la que impusieron las Farc entre sorbo y sorbo de mojito en La Habana. Y el déspota entrará a gozar de las atribuciones amplísimas para legislar que le concede el Acto Legislativo, las cuales ejercerá bajo la tutela de las Farc, de Cuba, de Venezuela, de Chile y de Noruega, según lo dispone la parte final del fatídico Acuerdo.

Colombia dejará entonces de ser un Estado soberano. La traición a la patria estará consumada.