Cuando se expidió la Constitución de 1991, mi amigo José Alvear Sanín promovió la publicación de 12 ensayos sobre la misma y me hizo el honor de pedirme que escribiera el primero de ellos, en el que sostuve que ese que denominé el Estatuto del Revolcón contenía ingredientes susceptibles de hacer ingobernable a Colombia.
El próximo 4 de julio se cumplirán 28 años de la comedia en que Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Antonio Navarro dijeron a voz en cuello en cacofónico trío que expedían, sancionaban y promulgaban la carta de navegación dizque para un futuro promisorio en el que se harían realidad todos los sueños de este desventurado país.
Dije, y me ratifico en ello, que era de cierto modo la Constitución de Escalona, pues habían levantado una casa en el aire, que por cierto les quedó en obra negra y llena de remiendos. La que consideraron como obra perfecta e imperecedera, al cumplirse 27 años de su entrada en vigencia ya había sido objeto de 46 reformas (vid. https://www.lanacion.com.co/2018/07/08/a-los-27-anos-de-la-constitucion/), a las que siguieron las relacionadas con el NAF, con las que de hecho se la ha sustituído. No en vano ha observado Jorge Humberto Botero que el texto de ese acuerdo con las Farc, tal como lo refrendó el Congreso en acto a tudas luces irregular y lo legitimó la Corte Constitucional en decisiones más irregulares todavía, tiene todos los visos de una Supraconstitución inmodificable a lo largo de los tres períodos presidenciales subsiguientes a su firma (Vid. https://www.semana.com/opinion/articulo/acuerdo-de-paz-con-las-farc---columna-de-jorge-botero/609125).
Si la Constitución que se expidió en 1991 formalizó un acuerdo que saciara el apetito del M-19, protagonista del peor episodio de nuestra historia, que lo es el Holocausto del Palacio de Justicia, lo que ahora rige por obra y gracia de la claudicación de todos los poderes públicos coloca a la más sanguinaria y despiadada pandilla criminal que ha pisado el suelo patrio en el umbral del poder para que lleve a efecto su proyecto totalitario y liberticida.
En efecto, todo ahí está pensado para que los criminales de las Farc gocen de impunidad, se organicen políticamente bajo la protección de las autoridades, laven su imagen a través de la manipulación de la Memoria Histórica, la Verdad y la Justicia, gocen de libertad de acción para desestabilizar las instituciones invocando la movilización y la protesta populares, capitalicen la acción social del Estado en beneficio del sector rural, consoliden su poder económico por medio del narcotráfico, etc.
El funesto episodio de la "minga" que acaba de paralizar al suroccidente colombiano a lo largo de casi un mes es muestra fehaciente de lo que se avecina. Los agentes de la subversión gozan de la garantía de que sus desmanes no serán reprimidos ni castigados y, por el contrario, darán para ellos los frutos esperados. El gobierno, impotente para hacer valer sus prerrogativas, se siente bien servido porque no hubo el derramamiento de sangre que esperaban los subversivos para desacreditarlo ante el mundo. Se evitó la masacre que ellos esperaban, pero a costa del desquiciamiento de la autoridad.
Este es, en efecto, uno de los grandes males que aquejan a Colombia y la hacen, como digo, ingobernable. Una opinión mal orientada tiende a censurar el ejercicio de la autoridad, ignorando que sin el cabal ejercicio de la misma no puede haber orden ni garantía alguna de seguridad para los derechos más elementales que debe proteger una sociedad civilizada.
El imperio de la ley ha desaparecido entre nosotros. Los asesinos, los corruptos, los narcotraficantes, los azuzadores, los degenerados, en fin, los depredadores de todo género, obran a sus anchas porque saben que una ciudadanía desorientada por una prensa mercenaria no está dispuesta a apoyar a las autoridades cuando estas se apliquen a conservar y restaurar el orden social.
Alguna vez leí un escrito del finado Alberto Aguirre, que en el fondo era un anarquista, en el que citaba un texto de Lévi- Strauss: "La civilización es un reglamento". Pues bien, si queremos hacer de Colombia una sociedad civilizada tenemos que empezar por que sea gobernable, es decir, por la consolidación de la autoridad. Ese es el punto de partida. Si lo desconocemos, todo andará al garete.
Es cierto. Colombia es ingobernable porque la carta otorgada del 91 la hizo ingobernable. Si la del 91 fuera “Constitución” y no “carta otorgada” nuestro país sería fácilmente gobernable. ¿Por qué no empezamos una motivación popular para acabar con el código funesto y remplazarlo por una Constitución? Pero necesariamente una Constitución requiere una asamblea constituyente formada por representantes elegidos en distritos electorales unipersonales. Si por el contrario, los integrantes de la asamblea se votan en distrito electoral nacional mediante el sistema de listas de partidos, estos nos vuelven a meter gato por liebre, es decir, carta otorgada (o código funesto) por Constitución.
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