Un irónico trinador definió con estas palabras el torpe legado de Juan Manuel Santos, quien obtuvo un inmerecido Premio Nobel de Paz, pero dejó a Colombia sumida en conflictos prácticamente insolubles.
En reportaje que publicó El Colombiano el domingo pasado, el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, puso el dedo en la llaga al afirmar que el acuerdo con las Farc produjo apenas un alivio transitorio, pues pronto se impusieron otras estructuras, tales como el Eln en su expansión, grupos residuales y disidencias de las Farc, que han recrudecido la violencia tratando de controlar los territorios en los que prevalecen los cultivos de coca y la minería ilegal (Vid. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/sustitucion-de-cultivos-ilicitos-en-colombia-es-el-corazon-de-la-paz-defensor-del-pueblo-JY9753946).
Ya se ve con entera claridad que entre Santos y las Farc no hubo el tal proceso de negociación de que trata un documental que se está exhibiendo en las salas de cine. Se trató más bien de un proceso de capitulación en el que se colmó de garantías a una de las organizaciones criminales más perversas habidas y por haber, sin que el Estado adoptara las salvaguardas necesarias para hacer que las Farc cumplieran a cabalidad lo estipulado y se lograse de veras la paz que se anhelaba.
Como resultado de las claudicaciones de Santos, los cultivos de coca se multiplicaron por cinco o más, haciendo de Colombia el primer productor de cocaína en el mundo. Es un fenómeno que de hecho es irreversible si se cumple lo ingenuamente estipulado en el NAF. Los propagandistas del acuerdo decían que las Farc colaborarían con la solución del problema, pero este ya no se encuentra bajo su control, pues, como lo dice el Defensor del Pueblo, otros son los actores que han entrado a dominar los territorios cocaleros.
El NAF omite toda referencia a otro problema crucial, el de la minería ilegal, en el que las Farc también han jugado rol protagónico. El Defensor del Pueblo destaca su gravedad, insistiendo en que la lucha violenta por el control territorial por parte de los diferentes grupos criminales también toca con esta destructiva empresa.
Algunos analistas temen que en el país se estén consolidando dos grandes y temibles áreas geográficas: una, en el norte, que iría desde la costa del Pacífico hasta el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, controlada principalmente por el Cartel del Golfo; la otra, en el sur, que cubriría los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas, sometida a lo que por un subterfugio viene denominándose disidencias de las Farc, pero que en el fondo pueden ser estas mismas.
El Defensor del Pueblo menciona los asesinatos de líderes sociales, el reclutamiento de niños, el confinamiento y desplazamiento de comunidades, la guerra entre los grupos ilegales y la falta de presencia del Estado en vastos sectores del territorio nacional.
Un viejo conocido al que hacía tiempos que no veía me contó antier que él vive de una finca en Urabá y, como todo propietario de tierras en la región, tiene que pagarle al Cartel del Golfo una cuota mensual de $10.000 por hectárea, que es más de lo que le liquidan por concepto de impuesto predial. Es una suma no deducible del impuesto de renta, sobre la que quienes la recaudan no liquidan dicho gravamen ni IVA . Si es cierto lo que me dice, ¿cuánto se gana el Cartel del Golfo por este concepto en toda la región?
Colombia parece estar recayendo en el hoyo negro de los Estados fallidos, en los que el orden jurídico y la autoridad legítima llamada a preservarlo son cada vez más ilusorios.
A mis alumnos suelo recordarles un concepto de Álvaro Gómez Hurtado acerca de que nuestra sociedad, en lugar de depender de un tejido de solidaridades, amenaza apoyarse en una red de complicidades. No de otro modo se explica el protagonismo de un personaje tóxico como lo es Gustavo Petro, para no ir más lejos.
Si alguien que se jacta de ser un faro moral se atreve a exhibir desnudo su trasero en el recinto del Senado y no le pasa nada, como tampoco a un expresidente que sale para el exterior violando sin tapujos la disposición constitucional que lo obligaba a obtener permiso del mismo Senado y haciendo de contera uso indebido del pasaporte diplomático, que por lo mismo la Cancillería habría debido ordenar su cancelación, todo ello significa que obra entre nosotros un proceso disolvente del que solo cabe esperar que nos conduzca hacia el caos.
No nos digamos mentiras: bajo el régimen actual, Colombia es un país ingobernable en el que las instituciones cada vez pierden más respetabilidad y eficacia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario