El gobierno de Santos y las Farc pretendieron hacer del NAF una camisa de fuerza para amarrar al pueblo colombiano a unas disposiciones que, so pretexto de garantizar una paz estable y duradera con esa organización narcoterrorista y comunista, pueden estar llamadas a acarrearle grandes males.
Para tal efecto, urdieron una serie de maromas aparentemente jurídicas que dizque lo blindaban frente a cualquier intento de modificarlo, ignorando que la ciudadanía colombiana lo rechazó rotundamente en el plebiscito del dos de octubre del año pasado.
El exprocurador Ordóñez y el exministro Fernando Londoño Hoyos tienen toda la razón al calificar de ilegítimos ese texto y lo que con base en el mismo se ha ordenado. Para decirlo en términos civilistas, dado el pronunciamiento popular en contra suya, ahí se trata, más que de nulidad absoluta, de un evento de inexistencia.
Insisto en la tesis que he sostenido en este blog: haber convertido en un Sí el No que triunfó en el plebiscito trajo consigo el desmoronamiento del Estado de Derecho entre nosotros. A partir de ese momento, Colombia ha empezado a vivir bajo un régimen de facto, una verdadera dictadura, así sea con ciertas apariencias de constitucionalidad.
El fallo que produjo esta semana la Corte Constitcuional sobre el "fast track" es una de esas apariencias. Sobre el mismo hay que decir que una sola golondrina no hace verano. La Corte se rasgó las vestiduras por unas disposiciones del fementido "Acto Legislativo para la Paz", invocando que con ellas se desconocía el sagrado principio de la separación de poderes. Pero, según informa la prensa, dio por hecho que el Congreso, mediante meras proposiciones, sustituyera la manifestación de la voluntad soberana del pueblo que se requería para refrendar el NAF, como si con tan torpe procedimiento pudiera dársele vida jurídica a un texto que, en rigor, está llamado a sustituir la Constitución Política y no meramente a reformarla en aspectos puntuales.
No hay que olvidar que, de conformidad con lo que han expresado las Farc, a su juicio lo que se adelantó en La Habana fue un verdadero proceso constituyente encaminado a sentar las bases de la Nueva Colombia que su delirio ideológico pretende implantar, es decir, el régimen totalitario y liberticida a la cubana y la venezolana que pretenden instaurar entre nosotros.
Hay que esperar a que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el intento de incorporar el NAF a nuestro ordenamiento jurídico ya no como parte integrante de nuestra Constitución Política, sino como un Acuerdo Especial que según el Derecho Internacional Público prevalece sobre ella y está dotado, por consiguiente, de fuerza supraconstitucional.
Entonces sabremos si con su actual composición, de la que ha entrado a hacer parte un jurista de cualidades sobresalientes como Carlos Bernal Pulido, la Corte va a reasumir su papel de guardiana de la integridad de la Constitución o, por el contrario, contribuirá a seguir haciéndola trizas, que es lo que pretenden Santos y las Farc con las vergonzosas rabulerías con que han tratado de darle visos de juridicidad al proceso revolucionario que está en curso.
Se ha dicho hasta el cansancio que quienes ignoran la historia corren el riesgo de repetirla. En otras oportunidades he recordado que los constituyentes de Cúcuta en 1821 pretendieron que lo aprobado por ellos solo pudiera reformarse una vez transcurrido el término de 10 años. Esa decisión trajo consigo perturbaciones de tamaña gravedad que acarrearon la instauración de la dictadura de Bolívar, las guerras civiles y la disolución de la Gran Colombia. Y, años más tarde, los convencionistas de Rionegro, en 1863, pensaron que su obra era tan perfecta que, al decir de alguien,"guardaron las llaves de su reforma en una urna y la arrojaron al mar". Esa "Constitución para ángeles", como dicen que dijo Víctor Hugo, hizo de los flamantes Estados Unidos de Colombia un verdadero infierno. Rafael Núñez la ultimó, según Germán Arciniegas, de un "balconazo".
Lo que se acordó con las Farc difícilmente traerá consigo la paz, pues el pueblo lo rechaza.
Colombia está ad portas de una crisis de legitimidad, que es, como lo enseña la historia de Roma, el orto de la guerra civil.
Para que haya paz hay que contar con el pueblo, que es el gran ausente en todas estas deliberaciones.
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