Bienvenidos a la dimensión desconocida

Lo que se está tramitando en la Cámara de Representantes para cumplir lo que se estipuló con las Farc  en el Comunicado Conjunto No. 69 del pasado 12 de mayo significa, ni más ni menos, lo que he venido llamando un proceso de “blitzkrieg” contra la institucionalidad colombiana.

Esta palabra alemana se  traduce como “guerra relámpago”. Dice Wikipedia que “es el nombre popular que recibe una  táctica militar de ataque que implica un bombardeo inicial, seguido del uso de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente.”

Mutatis mutandis, lo convenido por el gobierno de Juan Manuel Santos con los negociadores de las Farc y apoyado por la Mesa de Unidad Nacional que controla al Congreso, es un asalto veloz y sorpresivo contra la Constitución que impedirá una defensa coherente de su supremacía y su integridad.

En buena lógica, esta aventura tendría que abortar en el seno de la Corte Constitucional, pues, si esta obrase de modo acorde con sus precedentes jurisprudenciales, se vería forzada a dictaminar que lo que acaba de aprobarse en la Comisión Primera de la Cámara viola flagrantemente el principio de consecutividad, fuera de que la pretensión de asignarle rango internacional y constitucional al Acuerdo Final con las Farc subvierte a no dudarlo el ordenamiento de la Constitución.

Desafortunadamente, la Corte Constitucional es un cuerpo muy poco confiable, ya que es bastante dada a los abusos interpretativos y a sesgar sus fallos por consideraciones ideológicas y de oportunismo político, más que en el riguroso escrutinio de los alcances de las normas fundamentales.

Hay que observar que los magistrados de la Corte Constitucional no le temen al ridículo. Median antecedentes muy penosos que ponen de manifiesto que no los arredra incurrir en absurdos desafíos al buen sentido jurídico cuando de imponer alguna consigna ideológica o de buscar un efecto de política coyuntural se trate.

Desde ya es previsible la presión que se ejercerá sobre la Corte para que dé el brazo a torcer en aras del elevadísimo valor de la paz, aunque de hecho se trata más bien de la obsesión de Juan Manuel Santos por pasar a la historia.

Desde luego que ya tiene puesto asegurado en ella, pero tal vez no el que desea. Como dijo alguna vez Raymond Aron acerca de Giscard d’Estaign, este ignoraba que la historia es trágica. Y lo mismo ocurre con Santos. Es posible que él sea, como apuntó alguna vez Carlos Villalba Bustillo, “inteligente, camaleónico y saltarín”, pero  no es hombre docto ni sabio. La prudencia no es virtud que lo adorne, pero ella es precisamente la que más necesita un gobernante en esta hora crucial para la suerte de Colombia.

No es la paz el tema central de todo esto, sino el encumbramiento de las Farc. Aquella suscita cuestiones demasiado complejas que no se resolverán a través del cacareado Acuerdo Final. Más fácil resulta, en cambio, abrir amplios espacios para que las Farc se lancen al asalto del poder por el que dicen haber luchado a muerte a lo largo de más de medio siglo.

Lo que se está promoviendo es una aventura en la que se juega la suerte de millones de colombianos para satisfacer las exigencias de una minoría que el pueblo desprecia y teme en razón de su ominoso pasado.

Hay que ignorarlo todo acerca del sentido normativo e incluso institucional de una Constitución, para pretender introducirle un texto como el de ese Acuerdo Final. Fuera de que no se lo conoce, es de presumir que contendrá un atiborrado catálogo de expresiones declamatorias, proclamas políticas, delirios ideológicos y propósitos  de toda índole, que sería necesario coordinar con la normatividad constitucional, que de suyo es bastante antitécnica, y traducir a enunciados jurídicos.

Esa será empresa de nunca acabar y generadora de toda suerte de discusiones sobre lo que se quiso decir al influjo de los mojitos habaneros.